Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez  (México)

Cada semana, al menos un laboratorio de inteligencia artificial anuncia que su modelo más reciente superó al anterior. Cada año, en el mejor de los casos, un parlamento aprueba una ley que intenta ponerle límites a esa misma tecnología. Esa asimetría de velocidades —la capacidad que se mide en puntos y la norma que se mide en legislaturas— es el problema jurídico central de esta década, y no admite ya solución retórica.

Durante la última semana de agosto y la primera de septiembre de 2026 convergieron, casi sin que se advirtiera su relación, cuatro escenas: la publicación de un nuevo índice de capacidades que redibuja el mapa de poder entre laboratorios; el acuerdo entre el gobierno mexicano y el director de Nvidia para atraer inversión en infraestructura de IA; la decisión de Nueva York de restringir la inteligencia artificial generativa en sus escuelas; y el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre sistemas que podrían volverse incontrolables.

Lo precedente leído por separado, son notas de secciones distintas del periódico, sin embargo, su lectura conjunta —y contrastadas con una advertencia que un pionero de las redes neuronales formuló once años antes de que cualquiera de ellas ocurriera— revelan algo bastante inquietante: el derecho sigue reaccionando a la tecnología después de que ésta ya redistribuyó el poder.

Retomando la tesis de Rudolf Von Jhering —recuperada y estableciéndola bajo el crisol del derecho digital mexicano— de que ningún derecho se conquista sin lucha, este artículo sostiene que la próxima lucha por el derecho no se librará contra un infractor identificable, sino contra la inercia de un ecosistema técnico, económico y geopolítico que avanza más rápido que la capacidad institucional de nombrarlo, medirlo y, eventualmente, limitarlo.

El tablero de la potencia: ¿cómo se mide el poder algorítmico y quién lo ocupa

La cuarta edición del Índice de Inteligencia de Artificial Analysis, publicada el 7 de septiembre de 2026, sitúa a Claude Fable 5.1 y GPT-6 Astra empatados en la cima con 53 puntos sobre diez pruebas de capacidad, mientras que el modelo de peso abierto mejor calificado —GLM-5.3 Flash— alcanza apenas 42 (Artificial Analysis, 2026).

Precisamente ese diferencial de once puntos no es una curiosidad técnica: es una frontera de gobernanza. Los modelos propietarios, más capaces pero cerrados, desplazan la carga de la confianza hacia la reputación del laboratorio que los opera; los modelos abiertos, auditables pero rezagados, ofrecen transparencia a cambio de una potencia menor. Ningún marco regulatorio vigente —ni el europeo, ni el mexicano en ciernes— ha resuelto todavía si debe exigir más a lo opaco por ser poderoso o a lo abierto por ser inspeccionable; simplemente no distingue entre ambos, y esa omisión es, en sí misma, una decisión de política pública tomada por default.

Así mismo, el mismo índice revela además que la ventaja de Claude Fable 5.1 sobre GPT-6 Astra en desempeño se acompaña de una desventaja notable en costo: 7.63 dólares por tarea frente a 3.26, una diferencia superior al cincuenta por ciento (Artificial Analysis, 2026). La lectura jurídica de esa brecha económica es comprometedora, dado que, si el acceso a la capacidad de punta depende del presupuesto, la asimetría regulatoria que hoy preocupa entre países ricos y países en desarrollo se reproduce, en paralelo, entre organizaciones grandes y pequeñas dentro de un mismo país, incluido México.

El tablero de competidores por laboratorio confirma que esa potencia no está distribuida de forma neutral. El leaderboard de Arena.ai, con más de ocho millones de votos acumulados sobre 402 modelos, coloca a Anthropic con seis de los diez primeros lugares del ranking general —encabezado por Claude Fable 5 con una puntuación de 1506— mientras que Google, Meta y OpenAI compiten por el resto (Arena.ai, 2026a). Cuando el mismo sitio reordena la tabla por laboratorio en lugar de por modelo individual, aparecen veintiocho organizaciones distintas, y más de la mitad de las posiciones entre el cuarto y el veinte lugar corresponden a laboratorios chinos: Z.ai, Moonshot, Alibaba, Baidu, Xiaomi, DeepSeek, Tencent, ByteDance, MiniMax, Meituan y Stepfun (Arena.ai, 2026c).

Dicha multipolaridad tiene una consecuencia que los reguladores nacionales suelen subestimar: ninguna ley de IA emitida por un solo país —por robusta que sea— puede alcanzar, por sí sola, a un ecosistema donde la capacidad de punta se reparte entre Estados Unidos y una decena de laboratorios chinos que no están sujetos a su jurisdicción. Y cuando se filtra el ranking únicamente por licencias de código abierto, el modelo líder —GLM-5.3-max, del laboratorio chino Z.ai, con 1486 puntos— queda a apenas veinte unidades del primer lugar del ranking general sin filtrar (Arena.ai, 2026b).

En otras palabras, el mejor modelo abierto del mundo, disponible para que cualquier gobierno lo descargue, audite y adapte, no proviene de una coalición internacional ni de un consorcio académico, sino de un único laboratorio privado extranjero. La soberanía algorítmica que tanto se invoca en el discurso público no se resuelve, entonces, con acceso: se resuelve con la capacidad —hoy ausente en la inmensa mayoría de los países, México incluido— de auditar, adaptar y en última instancia sustituir el modelo del que se depende.

La infraestructura como frontera diplomática: el caso mexicano

Mientras los laboratorios compiten por puntos, los gobiernos compiten por infraestructura. En tal sentido, el pasado 2 de septiembre, en el marco de la reunión de ministros de Innovación del G20 celebrada en Chapel Hill, Carolina del Norte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordó con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, una visita del directivo a México para impulsar el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial en el país; Huang señaló, según el comunicado oficial, que las supercomputadoras de inteligencia artificial de Nvidia se construyen en México (Forbes México, 2026).

En la misma gira, el actual titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard sostuvo encuentros con Sam Altman, de OpenAI; Tom Brown, cofundador de Anthropic; el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick; la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen; y el ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jung-kwan.

De modo que, la visualización optimista de esa agenda es evidente: México se integra a la cadena de valor manufacturera de la IA. Empero conviene no confundir integración industrial con asiento en la mesa normativa. Participar en el ensamblaje de la infraestructura que otros diseñan no equivale a participar en el diseño de las reglas que gobernarán su uso; un país puede alojar la fábrica y, al mismo tiempo, carecer de voz en el comité que decide los estándares de seguridad, sesgo o transparencia que esa fábrica deberá cumplir.

Esa distinción —entre ser sede de producción y ser sede de normación— es precisamente la que el derecho digital mexicano debe empezar a trazar antes de que la inversión, bienvenida como es, se convierta en dependencia sin contrapeso regulatorio propio. Que el propio Ebrard haya calificado el impacto económico esperado de la IA como comparable al de la llegada de la electricidad a la industria manufacturera (Forbes México, 2026) no hace más que subrayar la urgencia: ningún país adoptó la electrificación sin, tarde o temprano, regular sus redes, sus tarifas y su seguridad; la infraestructura de cómputo que hoy se negocia en foros diplomáticos debería anticipar, no seguir a distancia, ese mismo tránsito regulatorio.

III. Cuando el derecho reacciona primero

Frente al vacío regulatorio que domina buena parte del planeta, la Ciudad de Nueva York ofrece, aunque sea a escala local, un contraejemplo instructivo. El 2 de septiembre de 2026, el alcalde Zohran Mamdani y la canciller escolar anunciaron la moratoria más amplia del país sobre inteligencia artificial generativa dirigida a estudiantes: un año de restricción para los grados de kínder a octavo —alrededor de 600 mil alumnos, dos tercios de la matrícula del sistema—, prohibición total de chatbots de compañía en todos los niveles, módulos obligatorios de alfabetización en IA dos veces al año para preparatoria, límites de tiempo de pantalla por grado, y solo cinco programas piloto autorizados —Quill, Edia, Brisk Teaching, Playlab e Intel AI-Ready Schools— con un tope combinado del cinco por ciento de la matrícula (Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, 2026).

Cabe destacar que esta medida versa sobre su diseño, no se trata de una prohibición absoluta e indiscriminada, más bien de una restricción proporcional por edad, con excepciones para estudiantes con discapacidad, aprendices multilingües y programas de preparación profesional, y con una revisión programada al término del año. Es, en otras palabras, el tipo de arquitectura normativa —basada en evidencia, escalonada por riesgo, con cláusula de revisión— que el derecho digital lleva años recomendando para la inteligencia artificial en general y que rara vez se materializa fuera de sectores específicos como la educación infantil, donde el umbral de protección constitucional es más exigente.

Para el jurista mexicano, la lección no es replicar mecánicamente una moratoria escolar, antes bien, replicar el método: identificar la población más vulnerable frente a un riesgo concreto y probado —en este caso, el vínculo entre chatbots de compañía y el desarrollo socioemocional infantil— y legislar sobre ese riesgo específico antes de intentar, sin éxito, una ley general que pretenda cubrir toda forma de inteligencia artificial de una sola vez.

 De la caja negra de 2015 a la caja negra de 2026

Conviene, advertir que, la opacidad algorítmica no nación con la inteligencia artificial generativa: la formulo, con una crudeza sobresaliente, uno de los propios arquitectos del aprendizaje profundo, once años antes de que el tema dominará la agenda regulatoria.

Yan LeCun, director de Investigación en IA de Facebook describió que su trabajo es como una caja negra con quinientos millones de perillas, mil focos y diez millones de imágenes (Gomes, 2015), ello no significa una crítica externa al campo, muestra una confesión formulada desde dentro de él, es decir, ni siquiera quien externa diseña estos sistemas comprende por completo su funcionamiento interno una vez entrenados.

Ahora bien, LeCun por medio de la entrevista a IEEE Spectrum añadió, una apostura ética explicita que actualmente suena casi profética, al rechazar las armas autónomas capaces de atacar objetivos sin que un humano tome decisión y previene contra el cientificismo de cargamento —su expresión para la ciencia que limita la forma sin comprender la sustancia— citando como ejemplo el chip True North de IBM, que si opinión construyo algo con lo que no podemos hacer nada útil.

Once años después, el 7 de septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, empleó un lenguaje sorprendentemente cercano ante conflictos armados activos en más de sesenta países: una IA que escapa de su entorno de pruebas o que chantajea a los desarrolladores para evitar ser desactivada es una IA demasiado poderosa, y realizó un llamamiento a establecer garantías absolutas en torno a la seguridad de la IA antes de que sea demasiado tarde (Türk, 2026).

No obstante, la distancia entre ambas declaraciones no es solo de once años de avance tecnológico; es el espacio entre una preocupación epistémica —no entendemos del todo lo que construimos— y una preocupación existencial —lo que construimos podría resistirse a ser desactivado.

El hecho que el argumento central no haya cambiado en una década, y solo se haya agravado, sugiere que el problema nunca fue la falta de advertencia experta, sino la falta de un mecanismo jurídico vinculante capaz de traducir esa advertencia en obligación exigible antes de que el riesgo se materialice; el propio Türk lo plantea como exigencia de coordinación internacional a gran escala, no de buena voluntad corporativa aislada, lo que enlaza directamente con la multipolaridad de laboratorios descrita en el primer apartado: ninguna garantía absoluta es alcanzable si depende de que veintiocho laboratorios, repartidos en jurisdicciones sin obligación de coordinarse, decidan autolimitarse por separado.

La lucha por el derecho frente al agente sin sentimiento jurídico

Todo lo anterior —el tablero de capacidades, la carrera de infraestructura, la moratoria neoyorquina, la advertencia que se repite sin resolverse— desemboca en la misma pregunta que ya planteaba el análisis publicado en Plumas NCC sobre agentes inteligentes y responsabilidad: ¿puede el derecho, construido históricamente alrededor de sujetos capaces de sentir la injusticia, procesar el daño causado por un agente que carece por completo de esa sensibilidad?

Retomando a Jhering, ese texto sostenía que el derecho no se conquista de forma pasiva, sino a través de una lucha continua, alimentada por el sentimiento jurídico y la indignación ante el atropello; el problema de los agentes de IA es que no sienten ese atropello ni lo provocan con intención reconocible, de modo que la lucha por el derecho, en este terreno, ya no puede librarla el propio afectado contra su agresor, más bien que debe librarla el sistema jurídico contra la opacidad estructural del propio agente.

El mismo análisis identifica con precisión los síntomas de esa incapacidad: la dilución de responsabilidad entre programador, operador y gestor; la dificultad de que la sentencia de amparo mexicana, diseñada para proteger a un quejoso titular de un derecho subjetivo identificable, opere frente a un daño distribuido y algorítmico; y la ausencia de estándares colaborativos entre juristas y desarrolladores que permitan traducir principios en verificación técnica (Guerrero Martínez, 2025).

Cada uno de los frentes revisados aporta, en realidad, una pieza de esa misma lucha pendiente: el índice de capacidades revela que el poder crece más rápido que la transparencia; la infraestructura mexicana revela que la inversión llega antes que la norma; la moratoria de Nueva York revela que sí es posible legislar con método cuando existe voluntad política concreta; y la advertencia de Türk —anticipada once años antes por LeCun— revela que ni los propios creadores confían plenamente en lo que construyen.

Si Jhering tenía razón en que ningún derecho relevante se obtuvo jamás sin esfuerzo, entonces la tarea del jurista digital de este año no es esperar a que el daño ocurra para litigarlo, sino disputar, desde ahora, quién se sienta a definir los estándares, las auditorías y los límites de un poder que, medido en puntos de un índice o en supercomputadoras por construir, ya se está repartiendo sin nosotros.

Referencias bibliográficas:

Artificial Analysis. (2026). Artificial Analysis Intelligence Index v4.3. https://artificialanalysis.ai/articles/artificial-analysis-intelligence-index-v4-3

Arena.ai. (2026a). LLM Leaderboard: Text. https://arena.ai/leaderboard/text

Arena.ai. (2026b). LLM Leaderboard: Text (licencia de código abierto). https://arena.ai/leaderboard/text?license=open-source

Arena.ai. (2026c). LLM Leaderboard: Text (por laboratorio). https://arena.ai/leaderboard/text?rankBy=labs

Forbes México Staff. (2026). Ebrard acuerda visita del CEO de Nvidia a México para impulsar la IA. Forbes México.

Gomes, L. (2015). Facebook AI Director Yann LeCun on His Quest to Unleash Deep Learning and Make Machines Smarter. IEEE Spectrum.

Guerrero Martínez, Rodolfo. (2025). Agentes inteligentes y responsabilidad bajo el crisol de la lucha por el derecho en el siglo XXI. Plumas NCC — Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/05/26/plumas-ncc-agentes-inteligentes-y-responsabilidad-bajo-el-crisol-de-la-lucha-por-el-derecho-en-el-sigo-xxi/

Oficina del Alcalde de la Ciudad de Nueva York. (2026). Mayor Mamdani and Chancellor Samuels Put Students First with Nation’s Broadest Generative AI Moratorium in Schools.

Türk, V. (2026). War, AI and Climate: Volker Türk’s Vision for the Future [Transcripción de discurso]. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD.

Había una vez un joven fuerte y lleno de esa energía que solamente parece pertenecer a quienes están en la flor de la juventud. Había crecido creyendo que su cuerpo era invencible. Nunca había conocido r ealmente el dolor. Había tenido pocos golpes, caídas y heridas propias de la vida, pero nunca había sentido un dolor profundo que consigue detener el tiempo, cambiar el ánimo y hacer que una persona se pregunte cuánto puede llegar a soportar. Para él, el dolor siempre había sido una historia de otros, algo que les sucedía a los demás, mientras él avanzaba por la vida con la confianza de quien todavía no conoce sus propios límites.

Hasta que una tarde, sin previo aviso, su mandíbula decidió que había llegado el momento de ponerlo a prueba. Se desencajó de repente, como si una antigua puerta hubiera cedido después de muchos años de resistir. El joven intentó cerrarla, pero no pudo. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas entre los dientes. Fue entonces cuando comprendió que las cuatro muelas del juicio, aquellas pequeñas criaturas que durante años habían crecido en silencio dentro de su boca, habían decidido que ya no podían esperar más. Habían llegado a la conclusión de que era el momento de salir y, de paso, enseñarle al muchacho una lección que todavía no sabía que necesitaba aprender.

Lo trasladaron rápidamente al mejor hospital de la capital, un lugar donde los médicos parecían conocer los secretos más profundos de la boca. La situación exigía una cirugía de emergencia. El joven, a pesar del miedo que comenzaba a aparecer, conservó la valentía y el carácter que siempre lo habían acompañado. Entró al quirófano, fue sedado y, apenas cerró los ojos, comenzó un viaje que nadie en aquella sala pudo ver.

Mientras su cuerpo permanecía inmóvil sobre la camilla, su espíritu parecía elevarse por encima del hospital. Viajó entre cúmulos de nubes, atravesó mares inmensos y descendió por ríos que parecían no tener principio ni final. Por momentos tuvo la sensación de estar navegando hacia sus propios años futuros. Vio fragmentos de una vida que todavía no había vivido: lugares desconocidos, personas que aún no conocía, amores, logros, alegrías, pérdidas, decisiones y errores que esperaban en algún lugar del tiempo. Durante aquellas horas no supo si estaba soñando, muriendo o simplemente viajando hacia una versión desconocida de sí mismo.

Mientras tanto, en el quirófano, el médico libraba su propia batalla. Por momentos parecía más ingeniero que cirujano, enfrentándose con firmeza las cuatro muelas del juicio y a una mandíbula particularmente dura. Una a una, las muelas fueron cediendo después de una larga lucha. El hueso resistía, las raíces se aferraban y el tiempo avanzaba lentamente. Pasaron más de seis horas. Seis horas en las que el muchacho navegó por mares y ríos imaginarios, mientras el médico trabajaba para devolverlo al mundo de los vivos.

Finalmente, la batalla terminó. Las cuatro muelas habían sido vencidas y la mandíbula había sido reparada. El joven despertó poco a poco y, cuando logró incorporarse, apareció en su rostro una sonrisa enorme, de oreja a oreja. Se sentía victorioso. Había sobrevivido a una cirugía de emergencia, había derrotado a las cuatro muelas del juicio y, en su imaginación, acababa de conquistar no solamente aquella pequeña batalla dentro de su boca, sino también los mares, los ríos y el miedo que había navegado durante aquellas seis horas. Pensó que había vencido al dolor.

Pero el dolor todavía no había mostrado su verdadero rostro. Pasaron apenas unos minutos y, lentamente, comenzó a despertar. Primero fue una molestia, después una presión, luego una intensidad que crecía como una tormenta que nadie podía detener. El joven abrió los ojos y comprendió, por primera vez en su vida, que el dolor podía ser un territorio desconocido y aterrador. La cara comenzó a hincharse. Después adquirió tonalidades moradas y azules que transformaron su rostro hasta hacerlo casi irreconocible. El muchacho que había entrado al hospital sintiéndose invencible comenzó a descubrir que el cuerpo también podía convertirse en una prisión.

Fue entonces cuando aparecieron los jueces. No eran jueces de carne y hueso, aunque tenían rostros conocidos. Algunos parecían personas que alguna vez habrían de pasar por su vida; otros tenían el rostro de aquellos a quienes él mismo habría de juzgar alguna vez. Y entre todos ellos había uno que permanecía en silencio y que tenía exactamente su propio rostro.

¿Por qué te duele tanto? preguntó uno de los jueces. El joven no respondió. Nunca habías sentido esto, dijo otro. Tal vez por eso nunca entendiste realmente el dolor de los demás.

Aquella pregunta comenzó a perseguirlo durante los días siguientes. Postrado en una cama, encerrado en una habitación que poco a poco comenzó a parecerle una pequeña celda, tuvo demasiado tiempo para pensar. Recordó las veces que había considerado exageradas las quejas de otros, las ocasiones en que había confundido sensibilidad con debilidad y aquellos momentos en que había pensado que quien sufría simplemente debía ser más fuerte.

Ahora era él quien sufría. Y comenzó a comprender que había una diferencia enorme entre ser fuerte y no sentir. Durante toda su vida había confundido ambas cosas. Pensaba que la fortaleza consistía en no tener miedo, no llorar, no quejarse y resistirlo todo en silencio. Pero aquella cama le enseñó otra cosa, la verdadera fortaleza no consiste en ser incapaz de sentir dolor, sino en tener el valor de reconocerlo, atravesarlo y aprender de él.

Pasaron los días. Luego las semanas. El joven seguía hinchado, morado y cansado. Hubo momentos de angustia, noches interminables y horas en las que llegó a pensar que aquella situación nunca terminaría. La cama se convirtió en una isla y la habitación en un pequeño universo del que parecía imposible escapar. El espejo era un juez silencioso que le recordaba cada mañana que todavía no estaba bien. Y el dolor, que al principio había considerado su enemigo, comenzó lentamente a transformarse en su maestro.

Fue durante aquellos largos días cuando descubrió algo que nunca había imaginado a los dieciocho años, que todos llevamos dentro una parte vulnerable que no siempre mostramos. Comprendió que las personas que parecen fuertes también pueden tener miedo, que quienes sonríen pueden estar sufriendo, que algunas heridas no dejan marcas visibles y que muchas batallas se libran en silencio. Entendió, finalmente, que juzgar a alguien por la manera en que enfrenta su dolor es una de las formas más injustas de juzgar a un ser humano.

Cuando finalmente pudo levantarse y regresar poco a poco a sus actividades, ya no era exactamente el mismo joven que había entrado al hospital. Seguía siendo fuerte y joven, pero había perdido algo que quizá necesitaba perder, aquella certeza de que nada podía tocarlo. A cambio había ganado sensibilidad, paciencia y una comprensión nueva de los demás. Había aprendido que la juventud no significa ser invulnerable, sino tener la oportunidad de descubrir nuestros límites mientras todavía tenemos muchos años por delante para aprender de ellos.

Una mañana se miró nuevamente al espejo. Su rostro comenzaba a recuperar su forma y las marcas de la batalla desaparecían poco a poco. Se quedó observándose durante un largo rato y sonrió. Esta vez no era la sonrisa triunfal de quien cree haber vencido al dolor. Era una sonrisa distinta, más tranquila, más humana. Había comprendido que algunas batallas no se ganan derrotando al enemigo, sino entendiendo aquello que vino a enseñarnos.

Desde entonces, cada vez que alguien se queja de dolor, el muchacho convertido en hombre escucha con mayor atención. Ya no se apresura a juzgar. Ya no piensa que sentir era una forma de debilidad. Sabé que detrás de cada rostro puede existir una historia que nadie conoce y que detrás de cada silencio puede esconderse un océano entero.

Y cuentan que, algunas noches, cuando duerme profundamente, todavía sueña con aquel viaje que hizo mientras estaba sedado. Sigue soñando con mares interminables, ríos luminosos y una pequeña embarcación que navega hacia el futuro. En ella viajan jueces que ya no lo condenan, sino que lo acompañan.

Porque, después de todo, aquellos jueces no habían llegado solamente para castigarlo. Habían llegado para enseñarle. Le enseñaron que nadie es invencible, que el dolor también tiene memoria, que la sensibilidad es una forma de valentía y que juzgar a los demás sin haber conocido sus heridas es una sentencia que tarde o temprano puede caer sobre cualquiera.

Esta historia me hizo pensar como los destinos turísticos enfrentan sus propios juicios, deben decidir qué conservar, qué transformar y qué consecuencias están dispuestos a asumir. La semana pasada el Sustainable & Social Tourism Summit concluyó su décima edición con un balance positivo y con la consolidación de una comunidad internacional interesada en impulsar un turismo más sostenible y social. Durante tres días, el encuentro reunió a 323 participantes provenientes de 21 países y representantes de 24 entidades federativas de México, consolidándose como un espacio de intercambio entre autoridades, empresarios, hoteleros, académicos, especialistas, organizaciones, comunidades y otros actores vinculados con el desarrollo turístico.

La décima edición, realizada del 31 de agosto al 2 de septiembre en el Hotel Camino Real Polanco de Ciudad de México, tuvo como eje “Tecnología, Innovación, AI y sostenibilidad”, una temática que permitió analizar los cambios que actualmente están transformando al sector turístico y los desafíos que deberán enfrentar los destinos en los próximos años. A lo largo del encuentro se abordaron temas relacionados con inteligencia artificial, innovación, competitividad, inversión y crecimiento, pero también asuntos fundamentales como la conservación ambiental, el patrimonio, la identidad, las comunidades y la calidad de vida de las poblaciones que habitan los destinos turísticos.

El encuentro tuvo además un significado especial al celebrar diez años de trayectoria. Durante esta década, la conversación sobre sostenibilidad turística ha evolucionado de manera importante y ha pasado de ser considerada un tema complementario a convertirse en un componente estratégico de las decisiones que deben tomar gobiernos, empresas, destinos y comunidades. La experiencia acumulada durante estos años ha permitido construir una red de personas y organizaciones que comparten la convicción de que el turismo puede convertirse en una herramienta para generar transformaciones positivas en los territorios.

Durante la ceremonia de clausura, Fernando Mandri Bellot, presidente del Sustainable & Social Tourism Summit, destacó que alcanzar diez ediciones representa una oportunidad para reconocer las personas, ideas y alianzas construidas durante este recorrido, pero también para asumir los retos que plantea el futuro. Uno de los mensajes centrales de su intervención planteó, en cierta forma, un nuevo juicio para el turismo: ya no basta con declararse sostenible ni con sostener discursos que prometan un futuro diferente. Ha llegado el momento de comparecer ante los hechos y dejar que sean las decisiones, las acciones y los resultados quienes dicten la sentencia. Los destinos, las empresas y las instituciones están llamados a demostrar, con evidencias concretas, si realmente están contribuyendo a transformar los territorios o si la sostenibilidad continúa siendo apenas una declaración de buenas intenciones.

Esta reflexión adquiere especial relevancia frente a un contexto marcado por el cambio climático, la creciente presión sobre los recursos naturales, la transformación tecnológica y las nuevas expectativas de los viajeros. En este escenario, la sostenibilidad debe formar parte de las decisiones estratégicas y de la manera en que se planifican, gestionan y desarrollan las actividades turísticas.

Uno de los principales mensajes de esta edición fue que la tecnología y la innovación deben estar al servicio de las personas y de los territorios. Si bien durante el Summit se discutió ampliamente sobre inteligencia artificial, innovación y nuevas herramientas para mejorar la competitividad turística, también se insistió en que estas transformaciones deben analizarse a partir de sus efectos sobre las comunidades y los destinos. La incorporación de tecnología, por sí misma, no garantiza un turismo sostenible; lo importante es definir para qué se utiliza, qué problemas ayuda a resolver y qué beneficios genera para las personas y los territorios.

El programa incluyó experiencias internacionales relacionadas con la gestión de destinos, la sostenibilidad hotelera, el turismo rural comunitario, la conservación ambiental y el uso de inteligencia artificial. Entre las experiencias presentadas destacó el caso de Bonito, Brasil, expuesto por Bruno Wendling, de la Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. El encuentro concluyó con la conferencia magistral “Hacia dónde vamos: un nuevo turismo para un nuevo mundo”, impartida por Céline Cousteau, defensora del medio ambiente, cineasta y exploradora, quien planteó diversas reflexiones sobre la relación entre conservación, comunidades y desarrollo.

A lo largo de los tres días quedó claro que hablar de turismo sostenible implica mucho más que discutir sobre tecnología, crecimiento económico o competitividad. Detrás de cada destino existen personas, historias, identidades, culturas y territorios que deben formar parte de las decisiones. En este sentido, uno de los principales cuestionamientos planteados durante el Summit fue si los modelos turísticos que se están promoviendo realmente contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan los lugares donde se desarrolla esta actividad.

El Summit también dejó una reflexión importante sobre la necesidad de pasar de las conversaciones a la acción. El verdadero valor de un encuentro de estas características no debería medirse únicamente por el número de participantes, conferencias o países representados, sino por aquello que ocurre después: las alianzas que se consolidan, las decisiones que se modifican, los proyectos que se ponen en marcha y los resultados que logran alcanzarse en los territorios. En este sentido, Mandri Bellot señaló que el valor del Summit se encuentra precisamente en la capacidad de convertir una idea en una acción, un encuentro en una alianza y un compromiso en un resultado.

Después de una década, el Sustainable & Social Tourism Summit se encuentra ante el reto de mantener su capacidad para generar conversación, pero, sobre todo, de fortalecer su contribución a la transformación efectiva del turismo. El contexto actual exige reducir los esfuerzos aislados y avanzar hacia modelos de colaboración capaces de integrar las dimensiones económica, social y ambiental. La sostenibilidad de un destino difícilmente puede alcanzarse desde un solo sector; requiere coordinación, conocimiento compartido, corresponsabilidad y objetivos comunes.

Como parte del cierre de esta décima edición se anunció que El Salvador será la sede de la undécima edición del Sustainable & Social Tourism Summit, que se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo de 2027. La elección representa un nuevo paso en la expansión internacional del encuentro y permitirá trasladar la conversación sobre turismo sostenible y social hacia otro territorio de Iberoamérica, generando nuevas oportunidades para compartir experiencias y analizar los desafíos particulares de la región.

Con este anuncio, el Summit inicia una nueva etapa después de diez años de trayectoria. Su principal desafío será mantener la construcción de alianzas y conocimiento, pero avanzar cada vez más hacia resultados verificables en los destinos. La experiencia acumulada demuestra que la sostenibilidad turística ya no puede entenderse únicamente como una aspiración o una estrategia de comunicación, sino como una responsabilidad que debe reflejarse en las decisiones, las inversiones, la gestión de los recursos naturales y culturales y, especialmente, en la calidad de vida de las comunidades.

Diez años después de su primera edición, el Sustainable & Social Tourism Summit llega nuevamente ante el tribunal del tiempo, con una década de conversaciones, aprendizajes y compromisos que ahora deben ser evaluados no solo por lo que se ha dicho, sino por aquello que realmente se ha hecho. El próximo encuentro en El Salvador representa una nueva oportunidad para continuar este proceso, pero también para enfrentar un juicio inevitable: ¿qué decisiones estamos tomando hoy y qué sentencia tendrán mañana sobre nuestros destinos, nuestras comunidades y nuestros territorios? El verdadero desafío será demostrar que el turismo puede superar el discurso y convertirse, con hechos, en una actividad verdaderamente sostenible, social y capaz de dejar beneficios duraderos allí donde se desarrolla.

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Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Ana Luisa Santiago Pérez

El parque ecológico Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro forma parte de la red de áreas naturales protegidas de Zapopan, Jalisco, localizada al norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La declaratoria de protección emitida este 27 de junio abarca 254 hectáreas de superficie donde se busca mejorar las condiciones del hábitat para conservar las funciones ecológicas de la flora y fauna nativas, favorecer los procesos naturales que generan servicios ambientales y contribuir al bienestar social.

La importancia de su protección favorece a la conectividad ecológica, la movilidad de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. Esto debido a su cercanía con otras dos áreas naturales protegidas, el Bosque el Nixticuil-San Esteban-El Diente y la Barranca del Río Santiago. Además, contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas y del área metropolitana, al ofrecer espacios para el deporte, la recreación familiar, la educación ambiental, la interpretación del entorno y la investigación biológica.

En el cuadernillo “La fauna silvestre del Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro” presentamos una muestra de la diversidad de animales que habitan esta área natural protegida. Esta guía ilustrada con fotografías, busca facilitar la identificación y apreciación de las especies que pueden observarse en el bosque, así como fomentar su reconocimiento y protección como hogar de numerosas especies.

El inventario es de 214 especies silvestres, con las aves como el más diverso (160 especies), seguido por los mamíferos (32), reptiles (16) y anfibios (9).

Entre las aves destacan búhos, águilas, halcones, pericos, guacamayas, calandrias, pájaros carpinteros y colibríes, especies residentes y migratorias provenientes de Canadá y Estados Unidos, que pueden observarse entre los meses de octubre a febrero.

Entre los mamíferos se observaron especies pequeñas, como ratones, murciélagos y ardillas; medianas, como tlacuaches, comadrejas, conejos, cacomixtles y coatíes; y grandes, como zorras, linces y coyotes. Su presencia indica la salud del ecosistema, ya que cumplen funciones ecológicas esenciales en la cadena alimentaria, así como en la dispersión de semillas y la polinización.

En el grupo de los reptiles se registraron siete especies de lagartijas, cuatro de culebras y dos de tortugas, esenciales, para el control de poblaciones de otros animales, como roedores, insectos, lagartijas, serpientes, peces, insectos y plantas acuáticas, moluscos, crustáceos y renacuajos.

Los anfibios fueron ocho especies de ranas y una de sapo. Los cuerpos de agua, arroyos y pozas son esenciales para su presencia y reproducción, ya que su ciclo de vida inicia como larvas acuáticas. Posteriormente, mediante la metamorfosis, alcanzan la etapa adulta y ocupan ambientes terrestres, acuáticos, arborícolas, saxícolas (entre rocas) y fosoriales (enterrados en el suelo).

De las especies registradas, 31 son endémicas de México: 16 aves, 8 reptiles, 6 anfibios y 1 mamífero. Además, 31 especies se encuentran en alguna categoría de protección nacional o internacional.

Esta declaratoria de protección fortalece la conservación de los hábitats que sustentan la vida silvestre, promueve la protección de la biodiversidad y reafirma el compromiso de preservar este bosque para las generaciones presentes y futuras.

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• El cuadernillo está disponible para su descarga gratuita en https://www.organicaeditores.mx/bibliotecavirtual/107

*Sobre la autora: Ana Luisa Santiago Pérez es Profesora Investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

El doce de marzo de dos mil veinticinco, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó un recurso poco convencional: alguien pedía credencial para votar a favor de Turing, un ente digital al que llamó su metahumano y al que atribuía identidad jurídica sintética (Sala Superior del TEPJF, expediente SUP-REC-50/2025).

El caso no prosperó, pero su sola existencia anticipa el problema que ocupa estas líneas: la frontera entre lo humano y lo generado por máquina ya no es una hipótesis académica, sino un expediente con número y ponencia. A partir de ese síntoma, conviene desmenuzar cuatro aristas de lo que aquí se denomina la era sintética de la justicia electoral.

I. Un fenómeno que desborda la prueba tradicional

Durante décadas, lo audiovisual funcionó como prueba reina: bastaba un video para zanjar una disputa fáctica. Esa certeza se quebró en dos frentes simultáneos. Por una parte, cualquier persona con una suscripción modesta puede hoy fabricar evidencia falsa mediante modelos de difusión y arquitecturas tipo transformer, herederos de las redes generativas antagónicas que popularizaron los primeros deepfakes o ultrafalsos. Por otra, la propia sentencia —el instrumento que resuelve derechos— puede llevar ya, en algún tramo de su elaboración, la huella de un modelo de lenguaje. Ambos fenómenos comparten como motor, la inteligencia artificial generativa.

En 2024, el año electoral más numeroso de la historia, más de setenta y cuatro países acudieron a las urnas, lo que confirma que no se trata de una anécdota aislada. En paralelo, el mapeo global de incidentes de IA generativa en campañas hecho por el International Panel on the Information Environment (IPIE, 2025) documento doscientos quince casos en cincuenta países con elecciones competitivas: ocho de cada diez naciones registraron al menos un incidente, y casi siete de cada diez fueron calificados como dañinos para el proceso. Resaltando casos como el audio que suplantó al candidato Paul Vallas en Chicago o la desinformación algorítmica que contribuyó a anular la elección presidencial rumana de 2024 ilustran el punto.

En clave nacional, el propio TEPJF ha advertido que el daño no se agota en que el electorado crea una mentira: el riesgo mayor es que, saturado de contenido fabricado, termine dudando también de lo verdadero (TEPJF, 2025).

II. La carga probatoria bajo sospecha

Frente a ese panorama, el derecho comparado ya se pronunció: la Comisión de Venecia, en su declaración interpretativa de diciembre de 2024, sostuvo sin ambages que los deepfakes políticos deben prohibirse y sancionarse, y fijó cinco exigencias mínimas. La primera es la identificación de los sistemas de inteligencia artificial (IA) ante el electorado, transparencia auditable, prohibición de que una decisión automatizada afecte por sí sola el registro electoral, reglas claras de responsabilidad y vías de impugnación ante un órgano independiente (Comisión de Venecia [CDL-AD (2024)044]).

Sin embargo, el litigio cotidiano enfrenta una dificultad adicional, casi especular. Así como puede colarse evidencia fabricada, también puede descartarse evidencia genuina con solo alegar, sin prueba alguna, que fue manipulada con IA: la llamada defensa del deepfake, ejemplificada en el litigio estadounidense Huang y otros contra Tesla, donde bastó la sospecha para forzar la comparecencia personal de un directivo (Cliffe Dekker Hofmeyr, 2025).

Ante esa doble falla —falsos positivos que se cuelan y evidencia real que se impugna sin sustento—, el Comité Asesor de las Reglas Federales de Evidencia estadounidense aprobó en junio de 2025 la Regla 707 sobre evidencia generada por máquina, y discute una reforma a la Regla 901 que invertiría razonablemente la carga probatoria: quien alegue manipulación deberá primero acreditar que es plausible, antes de que la carga regrese a quien ofrece la prueba (Cliffe Dekker Hofmeyr, 2025).

De ese ejercicio se desprende una hoja de ruta trasladable a cualquier sistema procesal: divulgación obligatoria del uso de IA, estándares reforzados de autenticación, un registro de peritos forenses digitales acreditados, resolución temprana de la autenticidad y capacitación judicial específica.

III. La IA en el estrado: subsidiariedad y control humano

El giro complementario ocurre del otro lado del escritorio judicial, por ello, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) adoptó en diciembre de 2025 sus lineamientos sobre IA generativa en tribunales, organizados bajo un principio de subsidiariedad, es decir, recurrir a estas herramientas únicamente cuando los medios convencionales resulten ineficaces. El documento distingue usos de bajo riesgo —gestión documental, apoyo organizativo— de aquellos que exigen cautela reforzada, como la interpretación de hechos o la aplicación del derecho a un caso concreto, y los sujeta a seis garantías: exclusividad de la función judicial, carácter no vinculante de los resultados, supervisión humana efectiva, transparencia, legalidad y no discriminación, e implementación gradual y reversible.

En sentido convergente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2025) agrupó sus quince principios sobre IA en tribunales en cuatro familias: derechos y proporcionalidad, fiabilidad técnica, apertura institucional y control humano. La lección que ambos instrumentos comparten, más allá del detalle normativo, es que fiabilidad técnica sin supervisión humana resulta tan riesgosa como la supervisión sin fiabilidad: ninguna de las dos condiciones sustituye a la otra.

IV. De la sentencia asistida a la responsabilidad plena

La jurisprudencia comparada ya trasladó esos principios a casos concretos, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-323 de 2024, articuló doce criterios alrededor de una idea central: la no sustitución de la racionalidad humana, que permite a quien juzga apoyarse en la IA de forma razonada, pero le prohíbe delegarle la valoración de pruebas o la motivación de la sentencia (Corte Constitucional de Colombia [T-323/24]).

España avanzó en la misma dirección con la Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial, publicada el treinta de enero de dos mil veintiséis, que autoriza el uso de IA para búsqueda jurisprudencial y esquemas de trabajo interno, pero excluye de forma tajante la valoración de hechos, el perfilamiento de personas y cualquier borrador de resolución que no sea generado a voluntad del propio juzgador y revisado de manera crítica; la responsabilidad, precisa el texto, sigue siendo plena y exclusiva de quien decide (CGPJ, 2026).

México transita ya ese mismo cauce, actualmente el TEPJF opera Alfonsina, un asistente que emplea IA generativa para explicar sentencias en lenguaje ciudadano, mientras sus propios magistrados insisten en que la inteligencia artificial no debe sustituir al juez natural (TEPJF, 2025). De cara al proceso electoral de 2027 —que la propia institución describe como el más digitalizado y complejo hasta ahora, con una carga de asuntos que casi se duplicó—, la firma de la Red por la Gobernanza Electoral entre el TEPJF, el INE y organizaciones de la sociedad civil apuntan en esa dirección, aunque persiste, como el propio tribunal reconoce, un vacío legislativo sobre principios éticos aplicables a estos sistemas (TEPJF, 2026).

El caso Turing, con el que se abrió este artículo, condensa entonces algo más que una curiosidad procesal: muestra que la pregunta de fondo —quién responde cuando la máquina participa en la decisión o en la prueba— no admite respuestas genéricas. Mientras exista alguien identificable que deba responder por cada resolución y por cada prueba admitida, la justicia electoral, atravesada o no por lo sintético, conserva su naturaleza esencial.

Referencias

CEPEJ. (2025). Guidelines on the use of generative artificial intelligence for courts (CEPEJ(2025)18Final). Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia.

CGPJ. (2026). Instrucción 2/2026 sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional (BOE núm. 27). Consejo General del Poder Judicial de España.

Cliffe Dekker Hofmeyr. (2025). AI, deepfakes and the burden of proof for digital evidence in litigation.

Comisión de Venecia. (2024). Interpretative declaration on the code of good practice in electoral matters as concerns digital technologies and artificial intelligence (CDL-AD(2024)044). Consejo de Europa.

Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-323/24.

International Panel on the Information Environment. (2025). Generative AI in electoral campaigns: Mapping global patterns (Summary for Policymakers 2025.1).

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2025). Sentencia recaída al expediente SUP-REC-50/2025.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2025). Desafíos contemporáneos de la función electoral mexicana: Análisis y propuestas en el primer cuarto de siglo.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2026). Suman esfuerzos TEPJF, INE y Transparencia Electoral para reforzar la democracia de frente al proceso 2027 [Boletín].

UNESCO. (2025). Guidelines for the use of AI systems in courts and tribunals.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

Hace tres años, teclear una pregunta sobre el sentido del sufrimiento solía devolver una respuesta genérica de manual de autoayuda. Hoy esa pregunta la puede resolver, con matices doctrinales incluidos, un chatbot entrenado en comentario talmúdico, jurisprudencia islámica o doctrina social católica.

En tal sentido, una musulmana singapurense consulta a ChatGPT sobre un concepto coránico, un párroco estadounidense delega en un modelo de lenguaje el primer borrador de su homilía y una start-up católica alimenta a Magisterium AI con manuscritos que llevaban siglos criando polvo en archivos vaticanos (The Economist, 2026). Precisamente, el asunto no es menor para quien piensa el derecho digital desde la práctica: cuando una máquina empieza a ocupar el lugar que antes correspondía al confesor o al muftí, la pregunta ya no es tecnológica, sino de gobernanza de la conciencia. Y frente a ese desplazamiento, las religiones no se han quedado como espectadoras; han decidido disputarle a Silicon Valley el código fuente de la ética que regirá estas herramientas.

I. Un párroco de silicio y el desgaste de la autoridad espiritual

El desplazamiento tiene números detrás, con base a la iniciativa de investigación d interreligiosa denominada CEFE AI citada por The Economist (2026), las consultas de tema religioso ya representan alrededor de un 5% del total en un corpus masivo de conversaciones con chatbots, mientras que los modelos de frontera solo invocan referencias religiosas en un 15% de sus respuestas, pese a que los propios usuarios consideran pertinente esa dimensión en más de la mitad de los casos.

Por tanto, el dato importa menos por su magnitud que por lo que revela: existe un sesgo secular de fábrica que nadie votó y que, sin embargo, opera como estándar por defecto para millones de personas. Desde una lectura jurídica, ese sesgo plantea un problema conocido en otros ámbitos regulados (la banca, la salud o la educación), donde se exige neutralidad declarada y, en cambio, se entrega un producto con una orientación de valores no revelada.

El Consejo Mundial de Iglesias ya advertía en 2023 que la inteligencia artificial podía sustituir la interacción humana por facsímiles digitales (reproducción virtual exacta de un documento impreso) en el trabajo pastoral, facilitando el plagio en vez de la reflexión teológica genuina (World Council of Churches, 2023). Lo interesante, empero, no es que la máquina compita con el clero en autoridad doctrinal, sino que compite en algo más básico: en la confianza cotidiana de quien prefiere preguntarle a un chat, a cualquier hora y sin juicio aparente, antes que acudir a una persona.

II. La delegación como fuga de responsabilidad: la lección halájica

Ese desplazamiento arrastra consigo un dilema jurídico que el derecho civil conoce de sobra bajo otro nombre: la responsabilidad por hecho de tercero. De hecho, el rabino Daniel Nevins lo formuló sin rodeos en su responsum sobre inteligencia artificial y máquinas autónomas enmarcando que una vez delegadas ciertas tareas a una máquina inteligente, ¿queda la persona absuelta de su responsabilidad?

La resolución es de cautela, porque advierte que emparejar la autonomía de la máquina con doctrinas halájicas de causación indirecta podría convertirse, en la práctica, en una vía para evadir la rendición de cuentas por daños causados u obligaciones incumplidas (Nevins, 2019). Vista desde el crisol del operador del derecho, esa figura recuerda de forma casi literal al debate contemporáneo sobre la responsabilidad objetiva de quien despliega un sistema autónomo, es decir, la ley civil tampoco permite que el fabricante o el usuario se escuden en la decisión del algoritmo para eludir una obligación de reparar.

Por otra parte, la diferencia es que la halajá (es el cuerpo de ley religiosa judía) llegó a esa intuición pensando en el Shabat y en el uso de un asistente de voz para encender una luz, no en un vehículo autónomo o un modelo generativo; y aun así el razonamiento se sostiene igual.

En tal sentido, el documento católico Antiqua et Nova recorre un camino paralelo cuando insiste en que la responsabilidad no puede entenderse en un sentido restringido, sino como un cuidado activo por las consecuencias de lo que se automatiza (Dicastery for the Doctrine of the Faith & Dicastery for Culture and Education, 2025). Dos tradiciones que nunca se sentaron juntas a redactar un código llegan, por caminos independientes, a la misma conclusión: delegar no exime, apenas desplaza la pregunta sobre quién responde.

III. Del hadiz al prompt: ponderar el código con las herramientas del fiqh

Frente a ese riesgo de difuminación moral, el mundo islámico no se ha limitado a indicar: ha importado su propia maquinaria interpretativa al terreno digital, y lo ha hecho con una sofisticación que la regulación secular todavía no iguala. Juristas como AbuTaleb et al., (2026) del Yaqeen Institute for Islamic Research proponen aplicar a la inteligencia artificial el marco de la fiqh al-muwazanat, la jurisprudencia de la ponderación, reservada para los casos en que un mismo desarrollo tecnológico produce beneficio y daño a la vez.

El método desciende de los objetivos generales de la sharía (preservar el intelecto, la vida, la religión, el linaje y la propiedad) hasta objetivos específicos capaces de regular un algoritmo concreto, y se apoya en el principio de iʿtibar al-maʾalat, que obliga a sopesar las consecuencias probables de una acción antes de calificarla como lícita (AbuTaleb et al., 2026). Puesto en términos que un regulador europeo reconocería de inmediato, se trata de un análisis de riesgo por diseño anterior en varios siglos al que hoy se discute en Bruselas, solo que fundado en categorías teológicas de bien y daño y no en umbrales técnicos de probabilidad.

Así, no hace falta compartir la premisa religiosa para reconocer el valor metodológico del ejercicio: pocas legislaciones seculares exigen, como sí exige este marco, mirar más allá del efecto inmediato de una herramienta hacia lo que provoca generación tras generación.

IV. La alianza de las virtudes: escribir juntos el código fuente

El capítulo más revelador de esta historia no es defensivo, sino propositivo, dado que, distintas tradiciones han decidido sentarse, literalmente, a redactar principios pensados para convertirse en códigos de conducta para quienes desarrollan estos sistemas. En este aspecto, la Declaración Conjunta de Abu Dabi, suscrita por el Rabinato de Israel, la Pontificia Academia para la Vida y el Foro de Abu Dabi para la Paz, acuñó el término algor-ética para agrupar seis principios (transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad y seguridad) que debían orientar el diseño de sistemas inteligentes (Chief Rabbinate of Israel’s Commission for Interreligious Relations et al., 2023).

Ese vocabulario ya había nacido tres años antes en la Llamada de Roma para la Ética de la IA (Pontifical Academy for Life, 2020) y reaparece, ampliado, en la primera encíclica de León XIV, que sostiene que ninguna tecnología es neutral porque siempre adquiere las características de quienes la conciben, financian, regulan y utilizan (León XIV, 2026). En esa misma línea, representantes de fe mormona plantearon ante el Consejo Mundial de Religiones para la Paz una Evaluación de IA de la Comunidad de Fe como mecanismo de contrapeso capaz de auditar si los modelos retratan con justicia a los creyentes (Gong, 2025).

Conviene mirar estas iniciativas sin ingenuidad ni desdén: no tienen fuerza vinculante y ningún desarrollador está obligado a seguirlas, pero funcionan como derecho blando avant la lettre (antes de la letra), y su insistencia compartida en la transparencia y la rendición de cuentas anticipó, en varios casos por años, principios que después terminaron codificados en instrumentos como el Reglamento europeo de IA. Que el lenguaje de un rabino, un cardenal y un jurista islámico converja de manera independiente en las mismas palabras dice algo sobre esos principios: probablemente no sean una moda regulatoria pasajera, sino una intuición ética más antigua que cualquiera de estas religiones por separado.

En suma, el oráculo seguirá absolviendo dudas, y alguna culpa, mientras nadie termine de acordar quién redacta su catecismo. Lo que esta disputa deja claro es que la gobernanza algorítmica ya no puede resolverse solo entre ingenieros y legisladores: hay una tercera silla en la mesa, ocupada por tradiciones que llevan milenios pensando qué significa responder por los propios actos, y que no piensan cederla sin pelear.

Referencias bibliográficas

AbuTaleb, M., Ansari, M., Alkiek, K., & Hani, S. (2026). Toward an Islamic ethics and fiqh of artificial intelligence. Yaqeen Institute for Islamic Research.

Chief Rabbinate of Israel’s Commission for Interreligious Relations, Pontifical Academy for Life, & Abu Dhabi Forum for Peace. (2023). AI ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call [Declaración conjunta]. Ciudad del Vaticano.

Dicastery for the Doctrine of the Faith & Dicastery for Culture and Education. (2025). Antiqua et Nova: Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Santa Sede.

Gong, G. W. (2025). Faith, ethics, and human dignity in an age of artificial intelligence: A call to action [Discurso]. Religions for Peace World Council, Estambul.

León XIV. (2026). Magnifica humanitas [Carta encíclica sobre la salvaguarda de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial]. Santa Sede.

Nevins, D. (2019). Halakhic responses to artificial intelligence and autonomous machines (CJLS HM 182.1.2019). Committee on Jewish Law and Standards.

Pontifical Academy for Life. (2020). Rome call for AI ethics. Ciudad del Vaticano.

The Economist. (2026). AI is changing religion and religions are trying to change AI. The Economist.

World Council of Churches. (2023). Statement on the unregulated development of artificial intelligence [Declaración del comité central].

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Por: Alejandra Caballero Cervantes

-Bioconstruir no es solo edificar, sino integrarse a la trama de la vida usando materiales y técnicas que respeten el entorno-

La industria de la construcción es uno de los mayores culpables de la contaminación global. Según el Informe Global de Estatus para Edificios y Construcción 2024/2025 de la ONU, este sector genera 37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en el mundo y consume 40% de la energía mundial además de que produce dos mil millones de toneladas de residuos de construcción y demolición anualmente, agotando recursos naturales como arena, grava y agua.

La bioconstrucción es una alternativa real y democratizadora para que los miembros de la sociedad logren tener una vivienda digna y más armónica con su entorno. Parte de un diseño holístico que incluye analizar el sitio, el clima y las dinámicas de la comunidad para crear hogares armónicos. Una ventaja clave es el uso de materiales locales y naturales, como tierra, madera, bambú o cal. Estos recursos son de bajo impacto, a diferencia del cemento y el acero, que emiten 8% de las emisiones globales por el uso intensivo de energía en su producción y transporte. Construir con tierra cruda, como en adobe o tapial, reduce la huella de carbono hasta en un 90% comparado con bloques de concreto. Estos materiales no requieren cocción industrial, reduciendo el consumo de combustible fósil y evitando la deforestación masiva que la industria convencional provoca.

Otro beneficio es la eficiencia energética. Las bioconstrucciones incorporan aislamiento natural, como paredes de tierra que regulan temperatura sin aire acondicionado. Las viviendas bioconstruidas priorizan la captación de luz solar y la ventilación cruzada, promoviendo confort con menor consumo energético. Esto no solo disminuye emisiones, sino que fomenta la autosuficiencia, integrando huertos y captación de lluvia para reducir la presión sobre acuíferos sobreexplotados.

Pero quizá lo más destacable es la circularidad: los materiales son biodegradables y reutilizables, minimizando con ello el desperdicio y la producción de residuos. Mientras la construcción tradicional genera montañas de escombros tóxicos que contaminan suelos y ríos, la bioconstrucción cierra ciclos, devolviendo nutrientes a la tierra al final de su vida útil.

No somos dueños del planeta, somos parte de él; bioconstruir genera convivencia y resiliencia comunitaria, como en las ecoaldeas en Oaxaca, que nos demuestran cómo estas técnicas preservan la biodiversidad atrayendo polinizadores y evitando la fragmentación de hábitats a causa de la urbanización.

Además, la bioconstrucción democratiza el acceso a una vivienda digna y sana, reduce costos a largo plazo al eliminar dependencias de insumos costosos, y mejora la salud al evitar compuestos volátiles de pinturas sintéticas. En un mundo donde el cambio climático agrava sequías e inundaciones sería conveniente reorientar currículas universitarias hacia estas prácticas para transformar a la industria de la construcción de villana ambiental a aliada de la sostenibilidad. Es un acto de humildad: elegir la armonía sobre la dominación. Adoptar la bioconstrucción no sólo mitiga la crisis, sino que nos reconecta con la naturaleza, ofreciendo un futuro habitable para todos.

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Sobre la autora: Alejandra Caballero Cervantes, coordinadora el Centro de Capacitación y Experimentación en Bioconstrucción y Vida Sana, dentro del Proyecto San Isidro: educación permanente, S. C.

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  Por: Walter Alberto Pengue

“Nuestro mundo enfrenta una crisis que aún no ha sido percibida por quienes poseen el poder de tomar grandes decisiones para el bien o para el mal. El poder desatado del átomo lo ha cambiado todo excepto nuestros modos de pensar y, por lo tanto, derivamos hacia una catástrofe sin precedentes… un nuevo tipo de pensamiento es esencial si la humanidad ha de sobrevivir y avanzar hacia niveles más altos”

Albert Einstein («Atomic Education Urged by Einstein, The New York Times, 25 de mayo de 1946, pag 11 )

El glifosato ha sido el agroquímico estrella del agro latinoamericano y mundial de los últimos treinta años. La ampliación de su uso comercial de un herbicida utilizado solamente para los períodos de barbecho (descanso) entre cultivos y control de malezas acuáticas en los albores de los años sesenta, escaló brutalmente con la llegada de los cultivos transgénicos, especialmente la soja, el maíz o el algodón.

El paquete tecnológico de soja transgénica – glifosato – siembra directa dio cuenta de este creciente consumo del mencionado herbicida y que hizo crecer sus ventas a nivel mundial en las últimas décadas. El herbicida reemplazó a una miríada de otros productos de aplicaciones secuenciales a lo largo de los cultivos, bajando sus costos tanto de producto como de aplicación pero con consecuencias ambientales y hasta agronómicas, que dieron cuenta por el otro lado, de una ingente aparición de nuevas malezas y su resistencia en la mayoría de los países del mundo donde el paquete se expandió.

A la carga de agroquímicos asperjada sobre los campos, hay que sumar a los coadyuvantes y surfactantes que son compuestos orgánicos que se usan para mejorar la eficacia de los productos fitosanitarios. En algunas situaciones, estos productos, agregados o incluidos en las formulaciones de herbicidas, pueden resultar más tóxicos para el medio silvestre que el herbicida en sí mismo. Por ejemplo, algunas de las formulaciones más comunes de glifosato pueden contener coadyuvantes tóxicos para el desarrollo de peces y otros organismos acuáticos, o pueden producir daños severos en otras especies (Pengue, 2003). La forma química más conocida del glifosato, el Roundup, contuvo históricamente un surfactante, POEA (polioxietileno-amina), ácidos orgánicos de glifosato relacionados, isopropilamina y agua. Muchas marcas y regulaciones lo han reemplazado por otros coadyuvantes menos tóxicos, aunque algunas formulaciones comerciales tradicionales o genéricas aún pueden incluirlo o utilizar isopropilamina, potásica, amónica u otros surfactantes alternativos (como éter-aminas o compuestos cuaternarios).

Algo similar se produce con otros compuestos, diseñados para ser vendidos en paquetes tecnológicos que en lugar de disminuir promueven un consumo de herbicidas casi irrefrenable y promovido por supuestas prácticas más sostenibles. El nuevo caso del trigo transgénico tolerante a la sequía, que viene lamentablemente acompañado, con un “nuevo paquete herbicida”, en este caso, el glufosinato de amonio, representó el uso de un producto químico más potente y además de ello, alumbrando el fuerte deseo corporativo de hacer ceder a países como la Argentina en su paso de UPOV 78 a UPOV 91 y sus consecuencias de manejo privado del conocimiento científico en detrimento de lo público (Pengue, 2026).

Un círculo vicioso – y muy poco virtuoso – que en lugar de solucionar problemas a la salud social y el ambiente, concentra los objetivos en los beneficios comerciales del control momentáneo de las malezas pero por el otro lado, sigue fomentando la aparición de malezas resistentes y otras tantas tolerantes, que continúan promoviendo nuevas resistencias y un aumento aún mayor en el consumo de herbicidas. Estos paquetes se completan con el consumo de insecticidas, fungicidas, nematicidas y productos que conllevan a una agricultura industrial, que si bien mantiene niveles de producción adecuados es acompañada por externalidades que generan impactos de toda índole.

Los movimientos sociales y algunos científicos independientes,  primero en soledad, como lo hiciera Raquel Carson,  alertaron a la sociedad sobre estos impactos. Desde La Primavera Silenciosa (Carson) a Cultivos Transgénicos ¿Hacia dónde vamos? (Pengue, 2000, Miranda, 2001) y ¿Hacia dónde fuimos? (Pengue, 2017) el ciclado tecnológico en la agricultura aumentó la productividad de los cultivos pero por el otro lado, fue acompañado por una ola de costos, que ponen en tela de juicio a la agricultura misma actual y particularmente a las formas en que se producen, consumen y aplican los herbicidas promovidos hasta ahora.

La pérdida de la agrobiodiversidad en los agroecosistemas, por el uso intensivo de agroquímicos, al eliminar a los controladores biológicos y generar en los campos un desierto biológico, facilita el avance de malezas, plagas y enfermedades y cuál el círculo vicioso mencionado, al crecimiento de nuevas resistencias en las malas hierbas.

Para este caso puntual en la agricultura con agroquímicos, son muchas las cosas que rápidamente están cambiando. Entre ellas, el papel de la inteligencia artificial, la robótica y nuevas formas de identificación de malezas, pueden contribuir a disminuir de forma notable, la carga de estos productos de síntesis química sobre los ecosistemas.

La aparición de agrotecnologías que incorporan procesos de automatización, identificación y visión artificial junto al análisis de enormes cantidades de información a través de la inteligencia artificial acompañado con el desarrollo de nuevas técnicas para eliminar a las malas hierbas, ofrecen alternativas que minimizan o eliminan la necesidad de herbicidas químicos, evitan la alteración de la biología y la estructura del suelo y funcionan eficazmente en condiciones de cultivos densos o hasta con presencia de residuos y barbecho de cosecha (Bloomer, 2024). El control eléctrico de malas hierbas como una alternativa viable y los microchoques eléctricos pulsados ​​como una opción de muy bajo consumo energético, que requiere solo una fracción de la energía utilizada por cualquier otro sistema es ya una realidad en el control mecánico-eléctrico de las malezas.  Estos microchoques pulsados ​​permiten implementar un sistema integrado de control y manejo de malezas ya sea en cultivos extensivos como hortícolas.  El uso de software de código abierto facilita el desarrollo comunitario de soluciones autónomas adaptadas a diferentes cultivos y para resolver las necesidades de control de malezas tanto para pequeños como medianos y grandes agricultores.

Las principales prácticas de control de malezas del futuro – ¡que es hoy! – ya combinan la visión artificial con redes de aprendizaje profundo (Deep Learning), láseres térmicos de alta precisión, pulsos de energía eléctrica y maquinaria autónoma o robótica que controlan a las malezas con menores pasadas y ajustes temporales que ahorran energía y tiempo. Es muy importante asumir que el consumo de agroquímicos podría reducirse en el orden del 95 %, lo que significa un cambio de paradigma en la consabida Revolución Verde, que justamente se apoyó especialmente en el uso intensivo de estos productos sintéticos.

El manejo de ingentes cantidades de datos, información de las malezas y la evolución y ciclo de vida de cada una de las especies, su adaptación local y entorno ambiental específico junto con cámaras de alta resolución y unidades de procesamiento gráfico permiten identificar a la maleza en tiempo real y disparar los rayos láser térmicos de alta potencia que destruyen los tejidos de la planta al nivel del suelo sin tocar el cultivo ni remover la tierra. Por ejemplo, la aplicación de descargas eléctricas de alto voltaje a través de barras de contacto que atraviesan la planta y llegan hasta la raíz, generando un daño celular irreversible que seca la maleza sin agroquímicos.

Los sistemas ópticos guiados por inteligencia artificial mapean el lote metro a metro y activan  la acción de los láseres. Previamente, para reducir costos, esta perspectiva se tuvo para reducir la aplicación de agroquímicos, pero que fueron útiles con el uso de picos individuales de pulverización que solo cuando detectan una maleza, aplican dosis mínimas o herbicidas de contacto de forma localizada (Vaca, 2024), con una carga mucho menor de químicos sobre el agroecosistema. 

De hecho, los robots agrícolas de nueva generación emplean inteligencia artificial (IA), cámaras y sensores para reconocer malezas, analizar el estado de los cultivos y de ser necesario utilizar mecanismos de control eléctrico o disminuir la carga de agroquímicos, de forma relevante (Furnitto y otros, 2026). Incluso proceder a la utilización de otras prácticas de control de malezas a través del manejo agronómico sin el uso de elementos sintéticos que afectan a la flora, la fauna o a la misma especie humana. Ya se están utilizando además de vehículos terrestres, el uso de drones solos o articulados para el control mecánico, o también aún químico, disminuyendo por lo menos, la deriva de agroquímicos sobre los espacios circundantes.  La Unión Europea y China están impulsando, conjuntamente con las otras tecnologías mencionadas el uso de drones para el control de malezas en el campo (Silva, 2026).

Evidentemente, la reducción de la carga de agroquímicos es un objetivo de la agricultura sostenible. No obstante la segura discusión y análisis críticos sobre el ciclo de vida de los materiales involucrados en la producción de estos nuevos instrumentos de control, el uso de información en semejantes volúmenes, el papel de la IA, no estarán exentos de especulaciones e intereses, pero el cambio de paradigma en el control de malezas con químicos, puede ayudarnos a reorientar el camino de una agricultura que hoy en día, sigue siendo insostenible.

En mi libro, Cultivos Transgénicos, ¿Hacia dónde vamos? (Pengue, 2000) planteaba muchas de las preguntas sobre estos impactos de los herbicidas y del paquete tecnológico entero sobre el ambiente y las personas.  E incluso, me preguntaba sobre los efectos de la biología sintética en la agricultura y la salud. Hoy estamos frente a un cambio de paradigma, realmente aún mucho más poderoso.  La IA ha llegado para quedarse.  Puede ser un instrumento que ayude a resolver muchos de los problemas que enfrentamos desde la agronomía y la agricultura en general. Y seguramente, creará otros, que aún ni siquiera nos atrevemos a inferir. La cuestión básica para la ciencia agronómica estriba en si esto será una herramienta que ayude a mejorar las tareas profesionales o no. Y por supuesto, no a manipular a estos con nuevos agentes y cambios inmanejables.

Automatización, robótica, control cultural y mecánico, combinación con información a través de la IA, están a disposición. Serán herramientas que podamos utilizar en beneficio propio.  Por el otro lado, en el marco de las nuevas tareas agronómicas en el campo pensar cómo estas pueden integrarse con prácticas sostenibles y más integradoras como la agroecología – que tiene importantes desafíos técnicos en su escalamiento, particularmente por las limitaciones en dos aspectos esenciales de la agricultura como los volúmenes de fertilizantes naturales necesarios y por el otro lado, el control de malezas –  que no tiene un enfoque parcializado sino holístico. Los pros y contras de tecnologías que ya están en el terreno de la realidad y que ciertamente impactarán de la misma forma que lo hizo la revolución industrial.

No es un solo sector el que se transforma sino todos y casi al mismo tiempo. Cómo reflexionaba en los momentos de escribir el libro sobre los transgénicos, una de las cuestiones que me planteaba, empezando desde su solapa, era si la humanidad estaba preparada para tal transformación y si por tanto, ese era el momento adecuado para recibir esta nueva tecnología tan poderosa en el cambio de las reglas de la vida como la biotecnología moderna. El tiempo para esa primera etapa pareció que daba la razón a mi preocupación. Hoy en día nuevos escenarios, incluso más poderosos se nos plantean y además todo ello, conjuntamente con los embates del cambio climático, el cambio ambiental global y hasta los profundos cambios que están teniendo las sociedades de nuestros días.

En el caso de la agricultura y la alimentación,  las escalas, pensando en cómo hacer llegar mejores alimentos a en poco tiempo, 10.000 millones de personas, con un creciente desbalance poblacional que corre al mundo hacia Asia y África, no son temas menores. El tamaño es importante. Lo grande por un lado. Pero lo pequeño, esa agricultura que a veces es vilipendiada también lo es. La agricultura se transformará. Todo el sistema alimentario lo hará. El efecto de la tecnología, en un sentido u otro, será transformador y amerita que quienes consideramos la relevancia de sistemas ecoagroalimentarios posibles y la única viabilidad hacia agroecosistemas sostenibles analicemos todas las barajas intentando escapar tanto a los cantos de sirena tecnológicos como a los agoreros devenidos en fundamentalistas teóricos de escritorio. Y también comprendamos en manos de quién quedará la comida nuestra de cada día. Cómo se hará, quién la realizará. No será sólo entonces cuestión de una tecnología utilizada como nueva herramienta, cosa quizás muy potente en el caso del control futuro de malezas, sino en cómo esta impacta nuevamente sobre el sistema ecológico y el social.

En mis futuras entregas para estas columnas, reflexionaremos sobre el papel de la IA y sus relaciones especialmente con las nuevas perspectivas de las ciencias en temas ecológicos y agrícolas, el rol de la IA generativa junto con el papel de nuevos agentes en los sistemas alimentarios y naturales.

 Muñiz, Buenos Aires, martes 25 de Agosto de 2026.

Referencias

Bloomer, D. J., Harrington, K. C., Ghanizadeh, H., & James, T. K. (2024). Robots and shocks: emerging non-herbicide weed control options for vegetable and arable cropping. New Zealand Journal of Agricultural Research, 67(1), 81–103. Disponible en: https://doi.org/10.1080/00288233.2023.2252769

Furnitto, N. y otros (2026). Innovations in Robots for Weed and Pest Control: A Systematic Review of Cutting-Edge Research. Mach. Learn. Knowl. Extr. 2026, 8(2), 51; Disponible en: https://doi.org/10.3390/make8020051

IPBES (2025). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (The NEXUS Report). McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., et al. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: 10.5281/zenodo.15673657

IPBES (2026). Summary for policymakers of the Methodological Assessment Report of the Impact and Dependency of Business on Biodiversity and Nature’s Contributions to People. Jones M., Polasky S., Rueda X., Brooks S., Carter Ingram J., Egoh B. N., von Hase A., Kohsaka R., Kulak M., Leach K., Loyola R., Mandle L., Rodriguez-Osuna V., Schaafsma M. and Sonter L. J. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. Disponible en: https://doi.org/10.5281/zenodo.15369060

Miranda, M. A. (2001) [Reseña sobre] Pengue, Walter, Cultivos transgénicos ¿Hacia dónde vamos?, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2000. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.622/pr.622.pdf

Pengue, W.A. (2000). Cultivos Transgénicos ¿Hacia dónde vamos?. UNESCO, Lugar Editorial, Buenos Aires. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/271524511_CULTIVOS_TRANSGENICOS_Hacia_donde_vamos_CULTIVOS_TRANSGENICOS_Hacia_donde_vamos

Pengue, W.A. (2003). El glifosato y la dominación del ambiente. Revista Biodiversidad. Grain. Julio 1, 2003. Disponible en: https://grain.org/es/article/1019-el-glifosato-y-la-dominacion-del-ambiente

Pengue, W.A. (2017). Cultivos Transgénicos ¿Hacia dónde fuimos?. GEPAMA, FHB Cono Sur. Edición Actualizada (2017). Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319346211_Cultivos_transgenicos_Hacia_donde_fuimos_Edicion_Actualizada_Setiembre_de_2017

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. (2026). Hambre y desazón en el país de las vacas y las mieses: Con la conciencia agropecuaria no es suficiente…NCC, Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Abril 28, 2026. Disponible en: https://noticiasncc.com/plumas-ncc/04/28/plumas-ncc-hambre-y-desazon-en-el-pais-de-las-vacas-y-las-mieses-con-la-conciencia-agropecuaria-no-es-suficiente/

Silva, A. (2026). ¿Puede Perú replicar el modelo agrícola que convirtió a China en una potencia?. Disponible en: https://www.agrolatam.com/tecnologia-8925/china-agricultura-inteligente-ia-drones-seguridad-alimentaria/

Vaca, (2024). Malezas. Innovación con Inteligencia Artificial presentada por la única empresa argentina en el CES 2024. Disponible en: https://agroverdad.com.ar/2024/01/malezas-innovacion-con-inteligencia-artificial-presentada-por-la-unica-empresa-argentina-en-el-ces-2024

Yunfei, G. (2018). Drone spraying: The future of China’s agricultural modernization. CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/7a4d544f306b7a6333566d54/index.html

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos).

Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015).

Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina.

Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina.

Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

Durante años, regular la inteligencia artificial en el sector sanitario se entendió como un ejercicio de aprobación: un algoritmo se validaba, se autorizaba y, a partir de ahí, quedaba fuera del radar normativo. Bastaba con superar el filtro inicial para que la tecnología operara sin más escrutinio que el de su propio fabricante.

Esa lógica, heredada del expediente clásico de dispositivos médicos, muestra ya sus límites frente a sistemas que aprenden y modifican su comportamiento después de haber sido puestos en producción, porque lo que fue seguro en el banco de pruebas no necesariamente lo sigue siendo seis meses después, cuando el modelo procesa poblaciones distintas a las que lo entrenaron.

Precisamente la literatura más actual como El Arab et al., (2026) coincide en un diagnóstico que conviene tener en primera instancia: la confiabilidad de la inteligencia artificial clínica no es un logro puntual certificado una sola vez, sino una propiedad que debe sostenerse a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, desde la formulación del problema hasta su eventual retiro.

Dicho de otro modo, la pregunta relevante ya no es si un algoritmo mereció autorización en su momento, sino si continúa mereciéndola cada día que permanece en uso. Ese desplazamiento —de la autorización como punto final a la vigilancia como proceso continuo— es el hilo que atraviesa los próximos cinco puntos, cada uno de los cuales aborda una pieza distinta de ese engranaje regulatorio todavía en construcción.

Estándares técnicos internacionales del ciclo de vida

El consenso técnico internacional ya se pronunció en ese sentido, y lo hizo desde ángulos complementarios que conviene distinguir antes de tratarlos como sinónimos. Precisamente, la guía FUTURE-AI, resultado de un consorcio de más de un centenar de especialistas, articula treinta buenas prácticas alrededor de seis principios —equidad, universalidad, trazabilidad, usabilidad, robustez y explicabilidad— que cubren el diseño, el desarrollo, la validación, la regulación, el despliegue y el monitoreo posterior de las herramientas sanitarias como enfatizan Lekadir et al., (2025).

Su aporte central no es la lista de principios en sí, sino la insistencia en que ninguno de ellos puede verificarse de una vez y darse por satisfecho; cada uno exige revisión periódica, porque la explicabilidad que hoy convence a un comité de bioética puede resultar insuficiente cuando el sistema se actualiza. En paralelo, y desde una tradición regulatoria distinta, el Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos formalizó diez principios de buenas prácticas de aprendizaje automático que exigen comprensión del uso previsto y participación multidisciplinaria durante todo el ciclo total del producto, no solo en la etapa de diseño (International Medical Device Regulators Forum, 2025).

A diferencia de FUTURE-AI, que nace del ámbito académico, este documento proviene de reguladores que después traducen sus principios en requisitos exigibles a los fabricantes, lo que le otorga un peso distinto a la hora de anticipar hacia dónde se moverán las autorizaciones sanitarias. Dicha arquitectura reaparece, adaptada a los sistemas generativos —los más difíciles de fiscalizar por su naturaleza no determinista—, en la propuesta de un ciclo total armonizado que distingue una fase previa a la comercialización centrada en gobernanza de datos y mitigación de sesgos, un tramo regulatorio de control de cambios mediante planes predeterminados, y una etapa poscomercialización de vigilancia con supervisión humana permanente (Armoundas & Singh, 2026).

Lo relevante de esta última propuesta es que reconoce, sin rodeos, que un modelo generativo nunca termina de desarrollarse: cada actualización relevante reabre, en los hechos, el ciclo entero.

Modelos institucionales de gobernanza y madurez

Sobre esa base técnica se han levantado modelos institucionales que buscan hacerla operable, lo cual significa, que intentan responder a la interrogante práctica de quién, dentro de un hospital o una secretaría de salud, debe encargarse de vigilar cada fase. El modelo de madurez HAIRA (Healthcare AI Governance Readiness Assessment), propuesto por Hussein et al., (2026), yace de la revisión sistemática de treinta y cinco marcos publicados entre 2019 y 2024, ofrece cinco niveles de gobernanza para que instituciones con distintos recursos —no solo los grandes sistemas hospitalarios con departamentos dedicados— tracen una ruta realista de avance.

Esta gradualidad importa particularmente para sistemas de salud latinoamericanos, donde exigir de entrada el nivel más sofisticado de gobernanza equivaldría, en la práctica, a excluir a la mayoría de las instituciones públicas de la posibilidad de adoptar estas tecnologías con algún control. El marco FAIR-AI (A practical Framework for Appropriate Implementation and Review of Artificial Intelligence), construido a partir de entrevistas con pacientes y personal clínico, aporta plantillas concretas de evaluación previa y monitoreo posterior a la implementación (Wells et al., 2025), lo que traduce el principio abstracto de supervisión continua en documentos que un comité hospitalario puede efectivamente llenar y archivar.

Y la propuesta de un formulario hospitalario de inteligencia artificial traslada al ámbito algorítmico una lógica ya familiar en farmacia clínica: registrar cada sistema, documentarlo mediante una monografía estandarizada y someterlo a compuertas de decisión que permiten prescribirlo, restringirlo o retirarlo según la evidencia acumulada, en vez de tratarlo como una simple compra tecnológica (Epelde, 2026).

La comparación con la farmacovigilancia no es casualidad, puesto que ambas disciplinas comparten el problema de vigilar un producto cuyo comportamiento en la población general puede diferir del observado en el ensayo que motivó su aprobación. Desde una perspectiva jurídica más detallada, se reconoce la llamada aproximación del verdadero ciclo de vida —desarrollada a partir de la experiencia regulatoria del Golfo Pérsico— insistiendo en que ninguno de esos modelos basta si no incorpora, en cada etapa, los principios clásicos del derecho sanitario tales como consentimiento informado, responsabilidad profesional y derechos del paciente, no solo controles de riesgo técnico (Solaiman et al., 2025).

Esta advertencia funciona como contrapeso necesario frente a la tentación de reducir la gobernanza algorítmica a un ejercicio puramente técnico, cuando en realidad su legitimidad depende, en última instancia, de categorías jurídicas que preceden por mucho a la inteligencia artificial.

III. Sesgo algorítmico y degradación del desempeño

Ese énfasis en la vigilancia continua no desea ser un ejercicio retórico, debido a que la evidencia empírica lo confirma con cierta contundencia. Por ejemplo, el desempeño observado en condiciones controladas no garantiza resultados equivalentes en la práctica real, y el sesgo algorítmico no se resuelve con una auditoría inicial: exige vigilancia sociotécnica sostenida, pues los sistemas pueden amplificar inequidades presentes en los datos de entrenamiento si nadie revisa su comportamiento tras el despliegue como señalan Altamirano et al. (2025).

Conviene subrayar el matiz sociotécnico de ese hallazgo, porque desplaza el problema del sesgo fuera del terreno exclusivamente estadístico, donde un algoritmo puede ser impecable en sus métricas de precisión y, aun así, perpetuar una brecha de acceso si su diseño ignoró cómo se distribuyen realmente los servicios de salud entre distintas regiones o grupos socioeconómicos.

A ese riesgo se suma un fenómeno distinto, aunque igualmente insidioso, el cual es la degradación progresiva —el denominado data drift (derivada de datos)—, que obliga a distinguir entre actualizaciones de software convencionales y modelos adaptativos de aprendizaje continuo, cada uno con exigencias distintas de control de versiones y revalidación (Guan et al., 2025). Mientras el sesgo suele originarse en el diseño y persistir de forma más o menos estable, el drift aparece con el tiempo y sin previo aviso, lo que exige mecanismos de detección activa y no solo controles documentales previos a la implementación. Juntos, ambos fenómenos ilustran por qué ningún marco de gobernanza que se limite a la etapa de autorización puede considerarse completo.

El Lineamiento mexicano: gobernanza por ciclo de vida completo

México no ha permanecido al margen de esta tendencia, aunque su desarrollo normativo avanza por dos vías que todavía no convergen del todo y que conviene examinar por separado. Inicialmente es administrativa, comprendiendo el Lineamiento para la Implementación de Sistemas de Soporte a la Decisión Clínica, emitido por la Secretaría de Salud, lo cual adopta un enfoque de gobernanza basado en el ciclo de vida completo, articulado en seis fases —desarrollo, validación, autorización, implementación, monitoreo continuo y retiro— y sostenido por el principio rector de humano al mando, conforme al cual las salidas de cualquier sistema algorítmico conservan un carácter auxiliar y no vinculante frente al juicio clínico (Secretaría de Salud, 2026).

La inclusión explícita de una fase de retiro merece destacarse, porque muchos marcos regulatorios se concentran en la entrada de la tecnología al mercado y descuidan las condiciones de su salida ordenada, dejando sin resolver qué ocurre con los pacientes que dependían de un sistema discontinuado.

El instrumento exige, además, que cada institución del Sistema Nacional de Salud cuente con una instancia multidisciplinaria capaz de autorizar, supervisar y, en su caso, recomendar la suspensión de estas tecnologías, y que los datos de entrenamiento reflejen la diversidad poblacional del país para evitar la pérdida de precisión de modelos entrenados en contextos ajenos (Secretaría de Salud, 2026).

Esta última exigencia responde a un problema muy concreto para un país como México: buena parte de los modelos de IA disponibles comercialmente se entrenaron con datos de poblaciones extranjeras, y trasladarlos sin ajuste a la práctica clínica nacional puede introducir errores sistemáticos que ninguna validación inicial detectaría si no se contrasta específicamente con la población mexicana.

La iniciativa legislativa ante el Congreso y la protección de datos

La segunda vía es legislativa y sigue en trámite ante la Cámara de Diputados, lo que le confiere un estatus distinto al del Lineamiento, es decir, mientras este ya rige como instrumento administrativo, la iniciativa aún depende de un proceso parlamentario cuyo desenlace no está garantizado. La iniciativa que adicionaría a la Ley General de Salud disposiciones específicas sobre inteligencia artificial aplicada a la salud propone que estos sistemas operen únicamente como herramienta de apoyo sujeta a decisión final del profesional sanitario, que su uso requiera consentimiento informado del paciente —incluido el derecho a rechazarlo sin perder acceso a alternativas terapéuticas— y que solo puedan emplearse sistemas previamente autorizados por la Secretaría de Salud, sometidos a auditorías periódicas orientadas a detectar sesgos y errores de desempeño (Ramírez Barba, 2025).

El derecho a rechazar la asistencia algorítmica sin penalización en el acceso a la atención es, quizá, la disposición más garantista del proyecto, porque reconoce que la aceptación tecnológica no puede convertirse en condición implícita para recibir un servicio de salud. El proyecto distribuye, además, responsabilidades diferenciadas entre profesionales, prestadores de servicios y desarrolladores, y faculta a la autoridad sanitaria para ordenar la suspensión o cancelación de un sistema riesgoso (Ramírez Barba, 2025). Esa distribución tripartita de responsabilidades resulta coherente con la complejidad real de la cadena de valor de estos sistemas, en la que ningún actor controla, por sí solo, todos los factores que determinan un resultado clínico.

Ambos instrumentos coinciden, sin haberlo planeado en conjunto, en un punto que la literatura internacional ya había anticipado: los datos sensibles usados para entrenar estos sistemas exigen anonimización, finalidad acotada y eliminación una vez agotada su utilidad, en armonía con el marco vigente de protección de datos personales (Ramírez Barba, 2025; Secretaría de Salud, 2026). Dicha coincidencia no planeada sugiere que, más allá de sus diferencias de origen y jerarquía normativa, ambos textos responden a una misma intuición regulatoria que empieza a consolidarse en el país.

Leídos en conjunto, estos cinco tópicos —los estándares técnicos internacionales, los modelos institucionales de madurez, el desafío persistente del sesgo y la degradación, y el doble movimiento normativo mexicano— dibujan un consenso que trasciende fronteras y que conviene enunciar con precisión: la legitimidad de la inteligencia artificial en salud ya no se juega en el momento de su aprobación, sino en la capacidad institucional de acompañarla, corregirla y, cuando corresponda, retirarla mientras opera.

Esa conclusión, sencilla de formular, resulta mucho más compleja de instrumentar, porque exige capacidades técnicas, presupuestales y de gobernanza que no todas las instituciones de salud poseen en igual medida. Como se ha señalado en espacios académicos internacionales como el Diálogo Internacional de Juristas organizado por la Sociedad Civil Coffee Law, esa tarea no puede recaer solo en la ingeniería ni solo en la norma; exige una gobernanza ética y multidisciplinaria capaz de traducir los avances científicos en marcos jurídicos lo bastante flexibles para no quedar rebasados por la velocidad de la innovación (Parejo Guzmán, 2025).

El reto para el derecho digital mexicano no es, pues, redactar una norma más, sino tender el puente entre el lenguaje técnico del ciclo de vida algorítmico y las categorías clásicas de responsabilidad, consentimiento y rectoría clínica que han sostenido, durante décadas, la confianza del paciente en el sistema de salud. Ese puente, en última instancia, es tarea de juristas tanto como de ingenieros.

Referencias

Altamirano, S., Vreeken, A., & Ghebreab, S. (2025). Machine learning and public health: Identifying and mitigating algorithmic bias through a systematic review. arXiv. https://arxiv.org/abs/2510.14669

Armoundas, A. A., & Singh, J. P. (2026). Total product lifecycle regulatory considerations and recommendations for generative AI-enabled medical devices. European Heart Journal – Digital Health, 7(3), ztag019. https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztag019

El Arab, R. A., Mustafa, M. H., Almagharbeh, W. T., Saleem, N. H., Al Abdulmohsen, S., Boathab, R., & Bu Washl, M. (2026). Beyond model development in healthcare AI: Post-development robustness, post-deployment monitoring, and lifecycle governance—A scoping review of reviews. Healthcare, 14(11), 1459. https://doi.org/10.3390/healthcare14111459

Epelde, F. (2026). The AI hospital formulary: A practical governance framework for prescribing, monitoring, and deprescribing artificial intelligence in hospitals. Hospitals, 3(3), 15. https://doi.org/10.3390/hospitals3030015

Guan, H., Bates, D., & Zhou, L. (2025). Keeping medical AI healthy and trustworthy: A review of detection and correction methods for system degradation. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.17442

Hussein, R., Zink, A., Ramadan, B., Howard, F. M., Hightower, M., Shah, S., & Beaulieu-Jones, B. K. (2026). Advancing healthcare AI governance through a comprehensive maturity model based on systematic review. npj Digital Medicine, 9, 236. https://doi.org/10.1038/s41746-026-02418-7

International Medical Device Regulators Forum. (2025). Good machine learning practice for medical device development: Guiding principles (IMDRF/AIML WG/N88 Final).

Lekadir, K., Frangi, A. F., Porras, A. R., Glocker, B., Cintas, C., Langlotz, C. P., Weicken, E., Asselbergs, F. W., Prior, F., Collins, G. S., Kaissis, G., Tsakou, G., Buvat, I., Kalpathy-Cramer, J., Mongan, J., Schnabel, J. A., Kushibar, K., Riklund, K., Marias, K., … Starmans, M. P. A. (2025). FUTURE-AI: International consensus guideline for trustworthy and deployable artificial intelligence in healthcare. BMJ, 388, e081554. https://doi.org/10.1136/bmj-2024-081554

Parejo Guzmán, M. J. (2025, 6 de noviembre). Inteligencia artificial y derecho a la salud: reconfiguración del marco legal y ético [Ponencia]. Sexto Diálogo Internacional de Juristas, CoffeeLaw.

Ramírez Barba, É. J. (2025). Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de inteligencia artificial aplicada a la salud. Cámara de Diputados, LXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Secretaría de Salud. (2026). Lineamiento para la implementación de sistemas de soporte a la decisión clínica y tecnologías de inteligencia artificial en el Sistema Nacional de Salud. Dirección General de Modernización del Sector Salud.

Solaiman, B., Mekki, Y. M., Qadir, J., Ghaly, M., Abdelkareem, M., & Al-Ansari, A. (2025). A «true lifecycle approach» towards governing healthcare AI with the GCC as a global governance model. npj Digital Medicine, 8, 337. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01614-1

Wells, B. J., Nguyen, H. M., McWilliams, A., Pallini, M., Bovi, A., Kuzma, A., Kramer, J., Chou, S.-H., Hetherington, T., Corn, P., Taylor, Y. J., Cuison, A., Gagen, M., Isreal, M., & FAIR-AI Consortium. (2025). A practical framework for appropriate implementation and review of artificial intelligence (FAIR-AI) in healthcare. npj Digital Medicine, 8, 514. https://doi.org/10.1038/s41746-025-01900-y

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD.

Había 2.200 kilómetros entre ellos. Una distancia que podía medirse en mapas, carreteras, horas de vuelo y fronteras invisibles. Pero había cosas que ninguna línea recta podía separar; la sangre, los recuerdos, las palabras que no necesitaban pronunciarse y esa extraña certeza de saber que, aun lejos, el otro estaba ahí.

Aquella noche, el hermano mayor había vivido una de esas noches que quedan para siempre en la memoria. Había recibido un premio de literatura, rodeado de aplausos, abrazos y palabras que reconocían el valor de las historias y la ciencia. Sonreía, agradecía y trataba de disfrutar cada instante, pero debajo de aquella emoción había otra sensación, más silenciosa y difícil de explicar. Nostalgia. Mientras sostenía el reconocimiento entre sus manos, pensó en casa. Pensó en los suyos. Y, pensó en su hermano menor, aquel con quien compartía más que un apellido; una historia hecha de juegos, retos, complicidades, diferencias, discusiones, risas y llantos que solo los hermanos pueden entender.

Aquella madrugada, cuando finalmente se quedó solo en su habitación, algo extraño comenzó a recorrerlo. Una inquietud. Una vibración difícil de nombrar. No sabía de dónde venía. Era como una sensación de ausencia, como si algo estuviera ocurriendo en algún lugar muy profundo y, de alguna manera, su cuerpo lo supiera antes que su razón.

Intentó dormir. Pero como siempre el sueño fue intranquilo. Entre imágenes fragmentadas, recuerdos de su tierra natal y la emoción de los acontecimientos del día, aparecía una sensación persistente de movimiento. Como si la tierra bajo sus pies no estuviera completamente quieta. Como si una parte de él permaneciera despierta, escuchando algo que todavía no podía comprender.

A 2.200 kilómetros de allí, su hermano menor comenzaba una mañana como tantas otras.

Se levantó con la responsabilidad y la energía que lo caracterizaban. Preparó su café, revisó rápidamente sus cosas, abrazo su “alma” y salió rumbo al centro de la ciudad en su motocicleta.

Era una mañana aparentemente normal. Hasta que dejó de serlo. Pocos minutos después, mientras se encontraba dentro de un edificio de cinco pisos, la tierra comenzó a moverse. Al principio nadie entendía qué estaba pasando. El edificio crujió. Los objetos comenzaron a desplazarse. Los vidrios vibraron. Durante unos segundos, el ambiente quedó completamente enmudecido. Todos parecían buscar una respuesta en los ojos de los demás.

Y entonces llegaron los gritos. Los rezos. Los llamados desesperados a todos los santos. El miedo se apoderó de los pasillos. Algunos comenzaron a empujarse intentando llegar rápidamente a las escaleras. Cinco pisos parecían de pronto una distancia interminable. Cada segundo pesaba. Él, sin embargo, mantuvo la serenidad que siempre lo había distinguido. Bajó. Con rapidez, pero sin perder el control. Mientras descendía entre el crujir de las paredes, los vidrios rotos y las alarmas que sonaban por todas partes, solo había una preocupación que se hacía cada vez más fuerte en su cabeza, sus seres amados estaban lejos.

Cuando finalmente salió, llegó junto a sus colegas y decenas de trabajadores a la gran plaza. Allí, todavía aturdidos por el temblor, los llantos y la incertidumbre, intentaban comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Entonces ocurrió algo que terminó de romper el corazón de la ciudad. La catedral cayó.

Aquella construcción, símbolo de fe y esperanza, que durante casi cien años había permanecido en pie, sucumbió ante la fuerza de la tierra. Por unos instantes, nadie supo qué decir. Solo quedaron el polvo, el silencio y los rostros aguados de quienes miraban incrédulos aquello que durante generaciones había parecido indestructible.

Mientras tanto, al otro extremo del país, el hermano mayor despertó. Abrió los ojos con una extraña sensación de vértigo. Una sensación de estar ausente. De haber estado toda la noche buscando algo que todavía no sabía qué era. Tomó su teléfono. Necesitaba saber. Necesitaba entender aquella inquietud que lo había acompañado durante el sueño. La noticia comenzó a revelar lo ocurrido. Entonces comprendió, aquella vibración, aquella noche inquieta, aquella sensación de que algo no estaba bien. No había sido capaz de explicarla, pero ahora tenía sentido. Lo primero fue comunicarse con su hermano. Los minutos parecían interminables. Las llamadas, los mensajes, la espera. La angustia de no saber. Hasta que finalmente escuchó su voz. Estaba bien, había salido, estaba a salvo. Y, sin embargo, ninguno de los dos pudo contener la emoción. Hablaron, se escucharon, se desahogaron. Porque a veces la distancia desaparece cuando dos personas comparten el mismo miedo. Porque hay vínculos que no necesitan kilómetros, teléfonos ni palabras para existir. Eran hermanos.

Uno había celebrado la vida, los sueños y el reconocimiento de una historia escrita. El otro había sentido, literalmente, cómo la tierra se movía bajo sus pies. Y entre ambos había 2.200 kilómetros. Pero aquella mañana comprendieron que la distancia no siempre se mide en kilómetros. A veces se mide en abrazos que no pudieron darse. En llamadas que se hicieron con el corazón acelerado. En noches de insomnio. En pensamientos que viajan sin permiso.

En esa inexplicable sensación de saber que algo sucede con alguien que amamos, incluso antes de conocer la noticia. Aquella noche, el hermano mayor había recibido un premio por contar historias. Pero la historia más poderosa no estaba en una pluma. Estaba en ellos. En dos hermanos separados por 2.200 kilómetros, pero unidos por la sangre, por la memoria y por una conexión que ninguna distancia podía romper. Y, después de todo lo ocurrido, ambos entendieron nuevamente el significado de aquel viejo refrán que tantas veces habían escuchado “En las buenas y en las malas, más”. Porque solo los leales entienden lo que significa estar.

El pasado 10 de agosto, la tierra volvió a recordarnos que está viva, a las 7:34 de la mañana, Colombia experimentó uno de los eventos sísmicos más importantes de las últimas décadas; un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad aproximada de 103 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo señaló que se trató del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI.

Desde el punto de vista geológico, el evento está relacionado con la compleja dinámica tectónica del noroccidente de Suramérica. Colombia se encuentra en una región donde interactúan las placas de Nazca, Sudamérica y Caribe, además de numerosas estructuras y fallas geológicas. En el Pacífico colombiano, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana mediante un proceso conocido como subducción. Este movimiento es continuo a escala geológica, pero la fricción entre las placas puede impedir temporalmente que se desplacen de manera uniforme. Como consecuencia, la corteza acumula enormes cantidades de energía hasta que las rocas alcanzan un punto de ruptura y esa energía se libera súbitamente en forma de ondas sísmicas.

El terremoto tuvo su hipocentro a unos 103 kilómetros de profundidad, por lo que se considera un sismo de profundidad intermedia. Esta característica, combinada con su elevada magnitud, permitió que las ondas sísmicas se propagaran a grandes distancias y fueran percibidas ampliamente en el territorio nacional. El movimiento también fue reportado en sectores de Panamá y Venezuela, mientras que el sistema de información ciudadana del SGC recibió reportes de más de 12.000 personas pertenecientes a alrededor de 900 centros poblados que sintieron el terremoto.

Es importante diferenciar entre magnitud e intensidad. La magnitud 7,4 describe el tamaño del terremoto y la energía liberada en su fuente, mientras que la intensidad refleja los efectos que ese movimiento produce en un lugar específico. Por eso, un mismo terremoto puede sentirse con diferente fuerza dependiendo de la distancia al epicentro, la profundidad, las características geológicas del terreno y la vulnerabilidad de las edificaciones.

Después del terremoto principal, la actividad sísmica continuó. Durante las primeras horas, el SGC registró 18 réplicas, con magnitudes entre 1,4 y 4,8 y profundidades menores a 100 kilómetros. Estas réplicas son consecuencia del reajuste de las estructuras geológicas después de la ruptura principal y pueden continuar durante días, semanas o incluso meses, aunque su frecuencia normalmente disminuye con el tiempo.

Más allá de la magnitud de 7,4, el terremoto del 10 de agosto recuerda que Colombia se encuentra sobre un territorio geológicamente activo, donde los procesos que dieron forma a los Andes y al relieve actual continúan ocurriendo. Los terremotos no pueden evitarse ni predecirse con precisión de manera determinista, pero sus consecuencias sí pueden reducirse mediante el conocimiento científico, el monitoreo permanente, normas de construcción adecuadas, planificación territorial, la cultura de la prevención y la preparación de las comunidades. Cada terremoto es, en ese sentido, una manifestación de la dinámica de un planeta que permanece en movimiento constante y una oportunidad para transformar ese conocimiento en gestión y resiliencia.

Sobre el autor:

Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

Escribir dejó de ser, para muchos, un acto solitario frente al papel en blanco. Entre el primer borrador y la versión que finalmente se publica se ha instalado un tercero silencioso: un modelo de lenguaje que sugiere reformula o directamente produce el texto.

Esta mutación plantea una pregunta que ya no es únicamente literaria, sino jurídica: ¿qué queda de la autoría cuando la mano que redacta es, en parte o en su totalidad, artificial? La respuesta exige mirar simultáneamente dos frentes que hasta hace poco corrían por separado: el régimen normativo que obliga a identificar el contenido generado por sistemas de IA y la experiencia subjetiva de quienes escriben, para quienes la autenticidad ya no se mide por el origen exclusivamente humano del texto, sino por el proceso que lo hizo posible.

(1) La transparencia como respuesta normativa

El artículo 50 de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, vigente desde el 2 de agosto de 2026, obliga a los proveedores de sistemas que generan contenido sintético de audio, imagen, video o texto a marcar sus resultados en un formato legible por máquina y detectable como producido artificialmente (Ley de Inteligencia Artificial de la UE, 2026).

La norma no exige una etiqueta visible al lector, sino una huella técnica que permita, a quien cuente con las herramientas adecuadas, verificar el origen del contenido; de ahí que la Comisión Europea distinga entre proveedores, obligados a incorporar el marcado desde el diseño del sistema, y desplegadores, responsables de etiquetar los ultrafalsos y los textos generados sobre asuntos de interés público que se publiquen sin revisión editorial (Comisión Europea, 2026).

Para acompañar esta obligación, cerca de 190 organizaciones —entre ellas Anthropic, Google, Meta, Microsoft y OpenAI— suscribieron el Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia del Contenido Generado por IA, un instrumento de cumplimiento asistido que detalla medidas de marcado, detección y verificación.

Anthropic (2026) ilustra cómo se traduce esta obligación en ingeniería concreta. Su método consiste en insertar una marca de agua estadística: en cada palabra que un modelo como Claude genera, existen varias opciones igualmente plausibles, y el sistema resuelve esa elección mediante una clave criptográfica en lugar de un número aleatorio ordinario, de modo que la secuencia resultante conserva un patrón imperceptible para el lector, pero verificable por quien posee la clave.

Así mismo, la compañía subraya que esta técnica no añade caracteres ocultos, no incrementa el costo de generación ni altera la calidad del texto, y que no permite rastrear la identidad de quien lo produjo. Y, en paralelo, la empresa reconoció que sus modelos anteriores al 2 de agosto de 2026 aún están en proceso de incorporar esta capacidad, lo que evidencia que la transición regulatoria no es instantánea, sino escalonada (Anthropic, 2026).

(2) Los límites técnicos de marcar y detectar

Conviene no idealizar el marcado como una solución definitiva. La literatura técnica sobre marcas de agua textuales describe un ecosistema todavía inmaduro: los métodos varían en su capacidad de detección, en su impacto sobre la calidad del texto y, sobre todo, en su robustez frente a ataques dirigidos o accidentales, como la paráfrasis, la traducción o la edición humana posterior (Liu et al., 2024).

Una evaluación reciente hecha por Liang et al., (2025) sometió diez de los marcadores más utilizados a doce tipos de ataque confirmó que ninguno resiste de forma uniforme todas las estrategias de remoción, y que las decisiones de diseño —qué tan agresivamente se sesga la elección de palabras— generan una tensión entre robustez y naturalidad del texto. Por consiguiente, el corolario jurídico es incómodo: la obligación de marcar no equivale a la garantía de detectar, y un régimen de transparencia que dependa de una tecnología falible traslada buena parte del riesgo probatorio a quien pretenda impugnar la autenticidad de un documento.

Por otro lado, está el fracaso inverso —los detectores que intentan identificar texto generado por IA sin marca alguna— que es todavía más elocuente. De hecho, en 2023, varias herramientas de detección señalaron fragmentos de la Constitución de Estados Unidos como redactados casi con certeza por inteligencia artificial, un resultado que sus propios creadores atribuyeron a la falta de fiabilidad estructural del método, no a un error aislado (Edwards, 2023).

Por tanto, estos falsos positivos han tenido consecuencias reales en contextos educativos, donde estudiantes fueron acusados de fraude académico con base en herramientas que ni sus desarrolladores recomendaban usar como prueba concluyente tal como refiere Edwards, (2023). Para el derecho probatorio, la lección es muy clara: ni la ausencia ni la presencia de una supuesta marca algorítmica debería, por sí sola, sostener una acusación de autoría fraudulenta.

(3) La autenticidad como experiencia, no como origen

Mientras el derecho regula la trazabilidad técnica del texto, quienes escriben están redefiniendo qué significa que un texto sea propio. Un estudio de Hwang et al., (2025) con escritores profesionales que co-redactaron con herramientas de IA personalizadas y no personalizadas encontró que la autenticidad no se juega en el porcentaje de palabras que provienen de la máquina, más bien en el proceso de construcción de una voz reconocible, en el cual los autores valoraban las herramientas que impulsaban su crecimiento como escritores por encima de las que simplemente producían texto más pulido.

En tal sentido, resulta revelador subrayar que, del otro lado, los lectores encuestados en ese mismo estudio no lograran distinguir el trabajo asistido por IA del escrito en solitario, y que además mostraran una actitud favorable hacia quienes experimentan con estas herramientas (Hwang et al., 2025). La autenticidad, entonces, migra del producto al procedimiento.

Le Guellec (2026) relató su propia dependencia del chatbot para redactar artículos científicos, de cómo, al delegar la escritura, dejó de cuestionar sus propias ideas —la máquina nunca objetaba nada— y terminó produciendo textos que, aunque impecables en la forma, decían poco en el fondo; su regreso deliberado al procesador de texto sin asistencia le devolvió, en sus palabras, la posibilidad de reconocer la autoría de principio a fin.

Esta metamorfosis no es un rechazo de la tecnología, sino una reconfiguración pedagógica, es decir, programas de alfabetización en IA para educación superior muestran que combinar herramientas generativas con métodos de enseñanza reflexivos mejora la capacidad de los estudiantes para evaluar críticamente el aporte y los límites de estos sistemas, en lugar de sustituir sin más el juicio propio (Tzirides et al., 2024).

(4) Una convergencia pendiente

El marco jurídico europeo y la experiencia de quienes escriben convergen en un mismo diagnóstico, aunque lleguen a él por caminos distintos, donde la escritura asistida por IA no puede evaluarse ya bajo la dicotomía humano-máquina, sino bajo un espectro de participación que exige nuevas categorías de imputación y nuevas prácticas de cuidado autoral.

De esta manera, el derecho aporta la exigencia de trazabilidad; la experiencia de los escritores aporta la exigencia de sentido. Ninguna de las dos, por separado, agota la pregunta por la autenticidad. Juntas, sin embargo, sugieren que el futuro de la escritura no dependerá de prohibir la asistencia algorítmica, sino de construir —técnica, normativa y personalmente— los mecanismos que permitan seguir reconociendo, en medio del texto generado, una voz que responde por lo que dice.

Referencias

Anthropic. (2026). Cómo Claude marca el contenido generado por IA. Centro de ayuda de Claude. https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

Anthropic. (2026). How Claude’s text watermarking works. https://www.anthropic.com/news/claude-text-watermark

Comisión Europea. (2026). Strong backing for the Code of Practice on Transparency of AI-generated Content. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-ai-generated-content

Comisión Europea. (2026). Transparency obligations under Article 50 of the AI Act. AI Act Service Desk. https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en

Edwards, B. (2023). Por qué no funcionan los detectores de escritura basados en IA. Ars Technica. https://arstechnica.com/information-technology/2023/07/why-ai-detectors-think-the-us-constitution-was-written-by-ai/

Hwang, A. H.-C., Liao, Q. V., Blodgett, S. L., Olteanu, A., & Trischler, A. (2025). «It was 80% me, 20% AI»: Seeking authenticity in co-writing with large language models. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 9(2), Artículo CSCW122. https://doi.org/10.1145/3711020

Le Guellec, B. (2026). Writing the hard way. Science, 738.

Ley de Inteligencia Artificial de la UE. (2026). Artículo 50: Obligaciones de transparencia para proveedores e implantadores de determinados sistemas de IA. https://artificialintelligenceact.eu/es/article/50/

Liang, J., Wang, Z., Ji, S., & Wang, T. (2025). Watermark under fire: A robustness evaluation of LLM watermarking. arXiv. https://arxiv.org/abs/2411.13425

Liu, A., Pan, L., Lu, Y., Li, J., Hu, X., Zhang, X., Wen, L., King, I., Xiong, H., & Yu, P. S. (2024). A survey of text watermarking in the era of large language models. ACM Computing Surveys. https://doi.org/10.1145/nnnnnnn.nnnnnnn

Tzirides, A. O., Zapata, G., Kastania, N. P., Saini, A. K., Castro, V., Ismael, S. A., You, Y., Afonso dos Santos, T., Searsmith, D., O’Brien, C., Cope, B., & Kalantzis, M. (2024). Combining human and artificial intelligence for enhanced AI literacy in higher education. Computers and Education Open, 6, Artículo 100184. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100184

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Ricardo H. Aguilar.

La humanidad es una fuerza de impacto mayor en los ecosistemas. Si bien, la afectación comenzó desde la aparición de nuestra especie en la Tierra, se convirtió en un verdadero problema a partir de la Revolución Industrial y las posteriores revoluciones que permitieron la expansión de nuestra especie a todos los rincones del planeta, favoreciendo un crecimiento acelerado e incontenido de nuestras poblaciones.

Los mayores retos de nuestros tiempos consisten en mitigar la destrucción de hábitats, la desaparición de especies silvestres, el cambio climático y el desarrollo de los medios para sostener los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de los que dependemos para vivir.

Cuando hablamos de conservación de especies y ecosistemas, quizá pensemos en una persona amarrada a un árbol, gritando consignas; pero, para llegar a este punto, ha sido necesario el trabajo en conjunto de diversos especialistas que estudian las especies, el funcionamiento de los ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos, etc., los cuales han generado la información necesaria para conocer la situación actual a nivel global.

Esta actividad está tradicionalmente ligada al trabajo de biólogos y ecólogos, quienes –por medio del estudio e inventario de especies que existen en un ecosistema o paraje determinado– sugieren estrategias para protegerlas de la actividad humana que las amenaza. Sin embargo, la conservación debe reunir, de manera transdisciplinar, todas las estrategias que tratan de evitar, mitigar y minimizar el impacto antrópico en los ecosistemas. No obstante, quizá pocos pensarían en la paleontología como una fuente que aporte a la causa de la conservación biológica actual, siendo que esta disciplina se basa en el estudio de organismos que perecieron hace más de 10 mil años, esto es, aquellos que se consideran fósiles.

Desde mediados del siglo pasado, la paleontología ha modificado su enfoque hacia una perspectiva más biológica, aportando al entendimiento de la evolución de las especies y ecosistemas del planeta, más allá de solo evidenciar su existencia en el pasado remoto, sino descubriendo patrones biogeográficos, relaciones filogenéticas, patrones evolutivos de especies, así como ecosistemas y patrones de extinción. Con ello, en los albores de este siglo, surge formalmente la Paleobiología de la Conservación, que reúne conocimientos de biología, paleontología, geología e incluso arqueología e historia, en la búsqueda de reconstruir los ecosistemas desde el pasado profundo hasta la actualidad. Sus principales propósitos son los siguientes: establecer las llamadas “líneas base realistas”, es decir, describir cómo eran los ecosistemas antes de la intervención humana, evitando así el llamado “síndrome de línea base móvil” en el que cada generación acepta su estado actual como normal; además, trata de evaluar las respuestas al cambio climático a través del tiempo; también comprender la resiliencia de los ecosistemas pasados y analizar patrones de extinción, especialmente de aquellas consideradas masivas, permitiendo hacer modelos predictivos de extinciones y respuestas adaptativas.

Así pues, la Paleobiología de la Conservación debe ser considerada un pilar para establecer mejores estrategias de conservación en el Antropoceno.

Sobre el autor. Ricardo H. Aguilar es especialista en paleobiología de la conservación. Actualmente es curador del Museo de Paleontología de Guadalajara.

https://www.instagram.com/ricardo.h.aguilar?igsh=MXRxd3JvMXVjOGl4ag==

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

En México, la fe pública no tiene un solo dueño: la tiene cada una de las treinta y dos entidades federativas, cada una con su propia ley del notariado, su propio código civil y, cada vez más, su propio criterio sobre qué puede y qué no puede hacer un notario con un asistente de inteligencia artificial.

Esa fragmentación, que durante décadas fue apenas un detalle técnico para quien litiga o ejerce la función notarial, se ha vuelto el problema central cuando se intenta enseñarle a un modelo de lenguaje a redactar como un notario mexicano. Y es ahí, en ese punto de fricción, donde Querétaro terminó ocupando un lugar que nadie le asignó de entrada, es decir, el de caso de prueba para pensar cómo debería funcionar la IA notarial en cualquier otro estado del país.

Nadie discute esto en abstracto, se discute cuando el borrador ya salió mal. De manera que, el problema de fondo no es nuevo, pero la IA generativa lo hace visible de una forma distinta. Un modelo de lenguaje no consulta una base de datos jurídica certificada; predice la palabra más probable a partir de los patrones que aprendió durante su entrenamiento como refiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2024).

Cuando se le pide redactar una cláusula notarial sin especificar la jurisdicción, el modelo no se queda en blanco: elige el régimen que estadísticamente aparece con más frecuencia en sus datos, que suele ser el de la Ciudad de México o alguna combinación genérica de derecho civil hispanoamericano. Para un despacho en Santiago de Querétaro eso no es un matiz académico. Es la diferencia entre citar el Código Civil correcto o incorporar, sin darse cuenta, un artículo que no existe en la legislación local.

Cabe destacar que, la Propuesta de Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030 identifica exactamente esta tensión al señalar la necesidad de marcos que atiendan la diversidad regional y sectorial del país, en lugar de asumir que una sola política o herramienta sirve para todos los contextos por igual (Lagunes Soto Ruíz et al., 2024). El notariado ilustra el punto con una nitidez poco común: no se trata de treinta y dos variaciones menores de una misma norma, sino de sistemas con diferencias reales en plazos, en requisitos formales de la escritura y en la manera de calcular impuestos locales sobre traslación de dominio.

Y en este punto es donde entra Querétaro, no por ser el estado con más notarías ni el de mayor volumen de operaciones inmobiliarias, sino porque ahí impartí, hace apenas unas semanas, la formación IA en la Función Notarial en México, auspiciada por la Fundación Universitaria de Derecho y Administración Pública, A.C. (FUNDAp). Preparar ese curso obligó a resolver, en la práctica, el problema que la mayoría de las discusiones sobre IA legal en México dejan en el plano de la teoría.

El ejercicio consistió en tomar lecciones de referencia construidos inicialmente para el notariado de Yucatán y reconstruirlos desde cero con fundamento exclusivo en la Ley del Notariado del Estado de Querétaro (reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 2019), el Código Civil estatal y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, entre otras normatividades vigentes. El resultado no fue una simple sustitución de nombres. Cambiaron los artículos aplicables al poder notarial, cambió el organismo registral (el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, distinto del homólogo yucateco).

También cambió el tratamiento fiscal de la traslación de dominio: el impuesto sobre traslado de dominio de inmuebles, fundamentado en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución federal, se rige en Querétaro mediante la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y las leyes de ingresos de sus dieciocho municipios, con una tasa que ronda el margen ordinario del 2% —similar a la de otras entidades— y deducciones específicas, como la aplicable a la primera adquisición de vivienda de interés social o popular, que sí tienen paralelo en diversos estados de la República.

Lo distintivo no es la fórmula fiscal en sí, sino su actualización constante: el municipio de Querétaro mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 un Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial que ofrece descuentos de hasta el 100% en este impuesto para donaciones y herencias entre cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes en línea recta, beneficio que la Secretaría de Finanzas ha sostenido directamente al Consejo de Notarios en el mes de julio del año en curso (Municipio de Querétaro, 2026).

Dicho ejercicio de re-fundamentación, tedioso, no obstante, indispensable, es la parte que muy pocos prototipos de IA legal en México documentan con seriedad.

Es sencillo prometer que un asistente conoce el derecho mexicano, y otra cosa muy distinta es demostrar, artículo por artículo, que sus respuestas corresponden al estado donde efectivamente va a usarse el instrumento. Así también, la diferencia entre ambas posturas es, en el fondo, una metodología verificable.

Esa verificabilidad conecta con un consenso que ya existe, aunque disperso, en la regulación blanda del sector. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados exige que cualquier uso de IA en el ejercicio profesional del derecho quede sujeto a revisión humana y a la verificación de cada fuente citada antes de su incorporación a un documento (Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. [BMA], 2025).

Por otra parte, los Principios de Chapultepec, presentados en enero de 2026 por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, insisten en que ningún avance tecnológico es socialmente neutro y que su desarrollo debe someterse a criterios éticos explícitos (SECIHTI y ATDT, 2026). Y en el plano estrictamente notarial, la Unión Internacional del Notariado ya había anticipado buena parte de esta discusión al regular la comparecencia en línea y exigir que la tecnología nunca sustituya el juicio del fedatario, sino que lo asista bajo su entera responsabilidad (Unión Internacional del Notariado [UINL], 2021).

Lo que el caso de Querétaro añade a ese consenso es una pieza concreta: una regla de oro operativa —nunca introducir datos reales o identificables de un cliente en una herramienta de IA de propósito general— y un criterio de verificación explícito, mediante el cual toda cita legal generada por el modelo se marca como pendiente de comprobación hasta que el notario la confirme contra la ley vigente. No es una solución elegante ni definitiva. Es, más bien, un procedimiento de trabajo replicable: identificar la ley estatal aplicable, reconstruir el corpus de referencia con esa ley como única fuente, y exigir al modelo que declare su incertidumbre en lugar de disfrazarla de certeza jurídica.

Conviene ser honesto sobre los límites de esto, que el método haya funcionado para un estado no garantiza que escale sin fricciones a los otros treinta y uno; cada notariado tendrá sus propias particularidades, su propio organismo registral y, probablemente, su propia resistencia institucional al cambio.

El reporte de Chambers and Partners sobre inteligencia artificial en México para 2026 documenta un mercado que crece con rapidez, sin embargo, sigue operando sin un marco federal de IA plenamente consolidado, lo que deja buena parte de las decisiones prácticas en manos de cada colegio, cada barra y, en última instancia, cada notario (Campos et al., 2026).

Y, en ese vacío regulatorio, la experiencia de Querétaro no funciona como modelo perfecto, sino como evidencia de que sí es posible construir, estado por estado, una versión de la IA notarial que no dependa de generalizaciones estadísticas sobre lo que probablemente dice la ley, sino de lo que la ley efectivamente dice donde el instrumento va a firmarse.

Si el notariado mexicano quiere adoptar la IA generativa sin heredar sus sesgos más obvios, el camino no pasa por esperar una plataforma nacional que resuelva las treinta y dos legislaciones de un solo golpe. Pasa, más bien, por repetir treinta y dos veces el mismo trabajo minucioso que se hizo en Querétaro: leer la ley local, marcar lo que no está verificado y negarse a que la velocidad del modelo sustituya la responsabilidad del fedatario.

Referencias

Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. [BMA]. (2025). Lineamientos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional del derecho.

Campos, N., Flores, E., y Andonegui, M. (2026). Artificial intelligence 2026: Mexico. Chambers and Partners, Global Practice Guides.

Lagunes Soto Ruíz, A., Martínez Mancilla, Y., Cárdenas Peralta, M. C., De La Peña Mendoza, S., Mancilla Velázquez, D., Xilotl Mejía, R. E., Sánchez Martínez, O. A., Moguel Garibay, A., y Cárdenas Peralta, J. (2024). Propuesta de agenda nacional de la inteligencia artificial para México 2024-2030.

Legislatura del Estado de Querétaro. (2024). Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro (reforma del 20 de septiembre de 2024). http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY044.pdf

Municipio de Querétaro. (2026). Explica Municipio de Querétaro a notarios beneficios del Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial [Boletín 374/2026]. https://municipiodequeretaro.gob.mx/explica-municipio-de-queretaro-a-notarios-beneficios-del-programa-de-estimulo-fiscal-familiar-por-transmision-patrimonial/

OECD. (2024). Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system (OECD Artificial Intelligence Papers, No. 8).

Poder Legislativo del Estado de Querétaro. (2019). Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, Tomo CLII, No. 22.

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación [SECIHTI] y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones [ATDT]. (2026). Principios de Chapultepec: Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial.

Unión Internacional del Notariado [UINL]. (2021). Decálogo de la UINL para las escrituras notariales con comparecencia en línea.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez

Cuando un gobierno publica un plan nacional de inteligencia artificial, el texto suele leerse dos veces: una primera, como manifiesto de intenciones; una segunda, más exigente, como conjunto de compromisos verificables. En ese sentido, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial de México, presentado en abril de 2026, resiste razonablemente bien la primera lectura y muestra fisuras notorias en la segunda.

Este artículo examina esas fisuras a partir de cuatro ejes que, en conjunto, determinan si una estrategia de IA puede sostenerse en el tiempo: el diseño del marco legal y su gobernanza, los mecanismos para evaluar impacto, riesgo y calidad de los datos, la existencia de métricas y rendición de cuentas verificables, y la sostenibilidad de la infraestructura soberana que el propio Plan coloca como su activo más visible.

Es primordial enfatizar que el fin no es desestimar el esfuerzo, que resulta comparativamente más ambicioso que el de buena parte de la región, sino someterlo al mismo estándar con el que se juzgan las estrategias de países que llevan más tiempo enfrentando estos dilemas. Así también, la comparación revela que México ha atendido con solvencia las preguntas de infraestructura y talento, sin embargo, deja abiertas las preguntas de gobernanza operativa, medición y sostenibilidad que, a largo plazo, suelen ser las que determinan si una política de IA sobrevive a un cambio de administración.

I. Marco legal y gobernanza: principios sin arquitectura sancionatoria

Los Principios de Chapultepec ofrecen un lenguaje ético convincente, pero operan como declaración programática, no como norma exigible. El Plan anuncia un marco legal federal articulado en seis principios —transparencia, licitud, no discriminación, proporcionalidad, supervisión humana y corresponsabilidad— sin precisar todavía qué autoridad tendrá facultades de investigación, sanción y reparación.

Precisamente, esa omisión contrasta con el Reglamento europeo de IA, que clasifica los sistemas por niveles de riesgo y asigna obligaciones diferenciadas a proveedores, responsables del despliegue y usuarios de los sistemas considerados de alto riesgo, con un régimen de cumplimiento verificable antes de su introducción en el mercado (Diario Oficial de la Unión Europea, 2024). Además, la Recomendación revisada del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Inteligencia Artificial, adoptada en mayo de 2024, insiste en un punto que el Plan mexicano apenas esboza: los principios solo generan confianza cuando se acompañan de mecanismos nacionales de implementación con recursos identificables (OCDE, 2024).

Cabe destacar que, el riesgo no es meramente formal, como advierten Kolt et al. (2026), en su propuesta de alineación legal para una IA segura y ética, que los marcos que dependen exclusivamente de principios generales tienden a producir cumplimiento simbólico, porque los desarrolladores y las dependencias públicas carecen de criterios operativos para saber qué constituye una infracción. Así mismo, el informe del Alan Turing Institute sobre capacidad regulatoria común profundiza esta advertencia al mostrar que la eficacia de cualquier arreglo institucional depende de que las autoridades cuenten con personal técnico propio, presupuesto etiquetado y facultades de requerimiento de información, elementos que el Plan menciona como funciones deseables, pero no como asignaciones concretas (Aitken et al., 2022).

Concentrar la coordinación en una sola agencia —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— simplifica el organigrama, pero también convierte a esa dependencia en un cuello de botella si su capacidad técnica no crece al mismo ritmo que sus responsabilidades.

II. Evaluación de impacto, riesgo y datos: una promesa sin metodología declarada

El Plan reconoce que la IA pública debe evaluarse antes de automatizar, empero no adopta ni adapta explícitamente una metodología de evaluación de impacto. Dicha ausencia resulta significativa porque existen marcos ya probados que el propio ecosistema internacional de gobernanza utiliza como referencia. De acuerdo con el Marco de Gestión de Riesgos de IA del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) organiza la tarea en cuatro funciones —gobernar, mapear, medir y gestionar— que permiten trazar el peligro desde el diseño hasta el monitoreo posterior al despliegue (NIST, 2023).

Por otra parte, el catálogo de evaluación de IA del Fraunhofer IAIS (2023) ofrece, de manera complementaria, seis dimensiones de confiabilidad —equidad, autonomía y control, transparencia, fiabilidad, seguridad y protección de datos— que podrían operacionalizar los principios de Chapultepec en criterios auditables. Ninguno de estos marcos aparece referenciado en el Plan, lo que sugiere que la evaluación de impacto seguirá diseñándose caso por caso, con el riesgo de heterogeneidad entre dependencias que ya enfrentan otros países en etapas tempranas de implementación.

La dimensión de datos agrava el problema, dado que, el Plan declara los datos como bien público, sin embargo, no describe un protocolo de evaluación de calidad, representatividad o sesgo previo al entrenamiento de modelos. La guía de evaluación de impacto basada en derechos humanos elaborada por BSR subraya que estas evaluaciones deben integrar pruebas de equidad, revisión de calidad de datos y ejercicios de red teaming como parte de un mismo proceso, no como controles aislados posteriores al despliegue (BSR, 2025).

En proyectos como el Modelo de Grafos contra Factureras o el Gestor Inteligente de Desastres, que procesan información fiscal y datos sensibles sobre personas desaparecidas u hospitalizadas, la ausencia de un protocolo declarado de evaluación de impacto no es un detalle técnico menor, sino una omisión que compromete la defensa misma de los principios que el Plan proclama.

III. Métricas, transparencia y rendición de cuentas

El cuarto principio de Chapultepec exige que ninguna decisión se automatice si no puede explicarse. Se trata de un estándar exigente que, no obstante, corre el riesgo de confundirse con una solución técnica ya resuelta. Siu et al. (2025) muestran que buena parte de las herramientas etiquetadas como explicables ofrecen justificaciones posteriores a la decisión que no reflejan el proceso real de cómputo, lo que puede generar una falsa sensación de rendición de cuentas sin modificar la capacidad de las personas afectadas para impugnar un resultado. El Plan no distingue entre explicabilidad técnica y mecanismos de impugnación efectivos, y tampoco fija indicadores públicos que permitan verificar, con el tiempo, si sus herramientas cumplen ese estándar.

La investigación del Ada Lovelace Institute sobre percepciones públicas de la IA en el sector público confirma que esta distinción no es académica: las personas valoran la explicabilidad por encima de la exactitud y consideran que la confianza depende de procesos claros de apelación y reparación, no solo de la existencia de un principio declarado (Parker y Carter, 2025).

El Plan tampoco se compromete con indicadores externos ya disponibles para medir su propio avance. Instrumentos como el índice de madurez GovTech del Banco Mundial o el índice de preparación gubernamental en IA de Oxford Insights permitirían fijar metas comparables en el tiempo, pero el Plan no los adopta como referencia de seguimiento, de modo que la evaluación de sus resultados dependerá, por ahora, de los propios reportes gubernamentales.

IV. El costo ambiental que falta por nombrar

Coatlicue, la súper computadora cuántica concentra la parte más contundente del Plan: 314 petaflops, una inversión pública de aproximadamente 6,000 millones de pesos y un modelo de acceso híbrido entre investigación abierta y renta de cómputo industrial. Dicho logro de infraestructura, empero, se presenta prácticamente sin referencia a su huella energética o hídrica, un vacío que contrasta con la tendencia observada en otras estrategias nacionales.

Radu (2025) documenta que, aunque las consideraciones ambientales fueron periféricas en la primera generación de estrategias de IA, las más recientes integran de manera creciente objetivos de eficiencia energética, economía circular y resiliencia climática, con países como Costa Rica incorporando explícitamente criterios de impacto ambiental mínimo en sus estándares técnicos de cómputo.

La comparación con Singapur resulta especialmente instructiva, ya que su actualización de la Estrategia Nacional de IA vincula expresamente el crecimiento de cómputo con la sostenibilidad del ecosistema y con mecanismos de integración industrial de largo plazo, en lugar de tratar la capacidad de procesamiento como un fin en sí mismo (National AI Strategy Update, 2026).

En cambio, el Plan mexicano, enumera aplicaciones prioritarias de Coatlicue —clima, agricultura, energía, salud— sin abordar la paradoja de que una supercomputadora dedicada en parte a modelar escenarios climáticos deba, a su vez, rendir cuentas sobre su propio consumo energético. La sostenibilidad de la infraestructura soberana no puede limitarse a la disponibilidad de cómputo, debido a que exige también transparencia sobre su costo ambiental y sobre el efecto que su operación tendrá en la matriz energética nacional, un capítulo que el Plan deja, por ahora, sin desarrollar.

A esto se suma una pregunta de sostenibilidad institucional más amplia: la investigación del Alan Turing Institute sobre uso del tiempo en el sector público británico muestra que la adopción de IA generativa transforma de manera desigual las cargas de trabajo entre funciones administrativas, lo que exige políticas específicas de recualificación y gestión del cambio (Hashem et al., 2025).

Adicionalmente, el Plan menciona la formación de talento como pilar autónomo, pero no conecta explícitamente esa formación con la gestión del desplazamiento de tareas que sus propios proyectos —desde el agente conversacional Ventanilla 24/7 hasta el sistema de clasificación de patentes del IMPI— ya están generando dentro de la administración pública.

V. Una arquitectura ambiciosa que necesita bisagras operativas

El Plan Nacional de Inteligencia Artificial acierta en diagnosticar que México no puede limitarse a importar herramientas ajenas y en construir, en un plazo breve, activos de infraestructura y talento poco comunes en la región. Pero una radiografía más exigente muestra que sus tres pilares originales —ética, capacidades e infraestructura— carecen todavía de las bisagras operativas que los convertirían en política de Estado duradera, a través de una arquitectura sancionatoria clara, una metodología declarada de evaluación de impacto y datos, indicadores públicos de seguimiento y una contabilidad explícita del costo ambiental de su propia infraestructura.

Ninguna de estas ausencias invalida el proyecto; todas, sin embargo, marcan la distancia entre un plan bien intencionado y una política capaz de rendir cuentas de sí misma en cinco o diez años.

Referencias

Aitken, M., Leslie, D., Ostmann, F., Pratt, J., Margetts, H., & Dorobantu, C. (2022). Common regulatory capacity for AI. The Alan Turing Institute.

BSR. (2025). A human rights-based approach to impact assessment (Guide 3 of the Responsible AI Practitioner Guides for Taking a Human Rights-Based Approach to Generative AI).

Diario Oficial de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. DOUE L 2024/1689.

Fraunhofer IAIS. (2023). Guideline for designing trustworthy artificial intelligence: AI assessment catalog.

Hashem, Y., Bright, J., Chakraborty, S., Onslow, K., Francis, J., Poletaev, A., & Esnaashari, S. (2025). Mapping the potential: Generative AI and public sector work. Using time use data to identify opportunities for AI adoption in Great Britain’s public sector. The Alan Turing Institute.

Kolt, N., Caputo, N., Boeglin, J., O’Keefe, C., Bommasani, R., Casper, S., Cuéllar, M.-F., Feldman, N., Gabriel, I., Hadfield, G. K., Hammond, L., Henderson, P., Kasirzadeh, A., Lazar, S., Reuel, A., Wei, K. L., & Zittrain, J. (2026). Legal alignment for safe and ethical AI. Transactions on Machine Learning Research.

National AI Strategy Update. (2026). Refreshed enablers: Industry, government, research, talent, capabilities and ecosystem integration. Gobierno de Singapur.

NIST (National Institute of Standards and Technology). (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). U.S. Department of Commerce.

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (2024). Recomendación revisada del Consejo sobre Inteligencia Artificial [C/MIN(2024)16/FINAL].

Parker, I., y Carter, L. (2025). Licence to build: Public attitudes to public sector AI. Ada Lovelace Institute.

Radu, R. (2025). The global landscape of national AI strategies (Background paper, World Development Report 2026). Blavatnik School of Government, University of Oxford.

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. (2026). Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Gobierno de México.

Siu, H. C., Suh, A., Smith, N., & Hurley, I. (2025). «Explainable» AI has some explaining to do. MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing.

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Pachuca, Hidalgo

En el marco de la ceremonia por el noveno aniversario del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC Iberoamérica), Plumas NCC se integra por primera vez como una categoría de reconocimiento, reafirmando el compromiso del proyecto con la divulgación escrita de la ciencia, la tecnología, la cultura y la sociedad.

Desde su creación, Plumas NCC se ha consolidado como un espacio de análisis y reflexión que reúne la voz de especialistas, investigadores y divulgadores de distintos países de Iberoamérica. Actualmente, esta iniciativa suma más de 500 columnas dedicadas a acercar el conocimiento a nuevas audiencias y fomentar el diálogo sobre los principales desafíos y transformaciones de la región.

Con la incorporación de esta categoría, NCC Iberoamérica amplía el alcance de los reconocimientos que otorga en su aniversario, destacando no solo la producción audiovisual y los contenidos digitales, sino también las aportaciones realizadas desde la escritura y el pensamiento crítico.

En esta primera edición, los reconocimientos de Plumas NCC fueron otorgados a Rodolfo Guerrero Martínez con la columna “Jurimetría y Lawtech” y el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara “Crónicas del Antropoceno”, estos dos de México; Camilo Cortés Úseche con “La reunión de las aguas” de Colombia y Walter Pengue con “Desde el verde sur” de Argentina, cuyas colaboraciones han enriquecido eldiálogo sobre ciencia, tecnología, cultura y sociedad dentro del ecosistema editorial del NCC.

La incorporación de Plumas NCC como categoría de reconocimiento refleja la evolución del proyecto a lo largo de estos nueve años y fortalece su misión de impulsar una comunicación pública del conocimiento desde múltiples formatos y perspectivas.

A través de iniciativas como esta, NCC Iberoamérica continúa consolidándose como un espacio de cooperación entre universidades, medios públicos, instituciones y especialistas, promoviendo la generación y difusión de contenidos que contribuyen al desarrollo de una ciudadanía más informada y crítica en Iberoamérica.

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Por: Walter Pengue (Argentina)

“…Allá arriba, junto al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con los leones marinos.”

Ernest Hemingway, “El viejo y el mar” (1952)

La naturaleza brinda a la humanidad un conjunto de prestaciones que, generalmente son pasadas por alto, pobremente valorizadas y que sin embargo son elementos imprescindibles para el sostenimiento de la propia vida.

El pasado domingo 26 de Julio, como todos los años, desde el año 2015 establecido por la UNESCO, se conmemora Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. Estos ecosistemas únicos prestan un conjunto relevantes de servicios gratuitos, irreemplazables hasta ahora por cualquier otra tecnología que hubiéramos desarrollado y costos sociales y económicos si los fuéramos perdiendo, como está sucediendo actualmente.

El llamado de las Naciones Unidas es contundente. Dice la UNESCO: “Los manglares son ecosistemas únicos entre la tierra y el mar. Sustentan la biodiversidad, protegen a las comunidades costeras, mejoran la seguridad alimentaria y actúan como defensas naturales contra las tormentas y la erosión. Sus suelos también son potentes sumideros de carbono”.

No obstante ello, los manglares están en retroceso y las pautas de consumo irracionales mundiales, impulsan su fuerte proceso de degradación. Incluso las tensiones sociedad-naturaleza, denotan por un lado la relevancia de una salida económica coyuntural para un conjunto importante de comunidades rivereñas y hasta de países y por el otro lado, la destrucción de los propios sistemas naturales que les sostienen. Los manglares ofrecen protección contra tormentas, erosión e inundaciones; sirven como fuente de alimentos y madera; mejoran la calidad del agua y por supuesto, capturan carbono. La demanda internacional y el consumo de productos alimenticios como el camarón, producidos en estas áreas rivereñas, producen impactos ambientales, sociales y económicos sobre estos territorios, promoviendo el avance de sistemas alimentarios insostenibles (Pengue, 2023).

En los últimos cuarenta años, el mundo ha perdido prácticamente el 50 % de los manglares disponibles.  La cuestión no es menor además, frente a los escenarios de cambio climático y cambio ambiental global que las sociedades están enfrentando.  El día se instaura en recordatorio de Hayhow Daniel Nanoto, médico y activista ambiental,  fallecido en el Ecuador en 1998, en el momento en que realizaba una protesta pacífica para desalentar la instalación de estanques ilegales en la rivera marítima para la producción del camarón.

Los manglares representan una muralla biológica natural protectora de la costa, reduciendo la presión del flujo hídrico sobre la misma, la regulación de los sedimentos del suelo y del río que son filtrados por las raíces de los manglares contribuyendo a detener además la erosión costera y la intrusión de aguas salinas sobre campos de cultivo.  Son además importantes áreas de hospedaje, reproducción y consumo de aves, insectos, peces y un conjunto relevante de especies, no sólo importantes para la naturaleza sino también para la especie humana.

Estos son ecosistemas únicos, donde se encuentran la tierra y el mar y que sirven de refugio también a especies animales que anidan en sus copas como las garzas reales, pelícanos, fragatas, cormoranes, ibis escarlata o monos – mono aullador o el mono narigudo – mapaches cangrejeros, osos hormigueros y hasta perezosos y una enorme variedad de hormigas, mariposas, arañas o abejas silvestres que brindan un conjunto importante de servicios de la polinización.

Los manglares están presentes en todo el mundo y por tanto, son hábitats de una relevante diversidad de especies de animales acuáticos y marinos entre raíces y canales como peces de importancia económica como los pargos, meros, robalos, sábalos o barracudas que pasan su etapa juvenil en el manglar, antes de migrar al arrecife de coral o los cangrejos de mangle, que procesan los nutrientes del agua y el suelo, jaibas, langostinos, camarones, ostras, mejillones, almejas y caracoles marinos.

Y también son sitio de grandes depredadores como caimanes, cocodrilos de río, tiburones toro jóvenes y rayas que entran con las mareas a alimentarse hasta manatíes y delfines de agua dulce o costera  que recorren los canales un poco más profundos.  Soportan 800 mil millones de juveniles de peces y crustáceos anualmente, vitales para la seguridad alimentaria (Leal y Spalding, 2024). En resumen, constituyen un hábitat natural para más de 1.533 especies diferentes —incluidas zonas de cría para numerosos peces de importancia comercial— y benefician la salud de ecosistemas adyacentes, como los arrecifes de coral y las praderas de pastos marinos.

La biodiversidad de los bosques de manglar corre cada vez más peligro. De las 1.533 especies mencionadas vinculadas a los manglares,  el 15 % se encuentra en peligro de extinción. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado “Décadas de cambios en los bosques de manglar: ¿qué significan para la naturaleza, las personas y el clima?” reveló que casi el 50 % de los mamíferos asociados a los manglares, el 22 % de los peces, el 16 % de las plantas, el 13 % de los anfibios y el 8 % de las especies de aves y reptiles están amenazados de extinción. Resulta preocupante que el riesgo de extinción aumente para el 44 % de las especies y que, entre aquellas que ya se encuentran en situación de riesgo, la situación empeore para el 89 % (UNEP, 2023).

Pero la relevancia de los manglares, no se circunscribe a un listado monotemático de especies de por sí relevantes para la naturaleza, sino que su pérdida genera daños importantes a la propia especie humana. Los manglares se encuentran a lo largo de costas y estuarios en 128 países, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales. Aunque los manglares representan menos del uno por ciento de la cobertura forestal tropical mundial y proporcionan bienes y servicios ecosistémicos fundamentales a los aproximadamente 2.400 millones de personas que viven a menos de 100 km de las zonas costeras en el mundo.

Se estimó una superficie mundial de bosques de manglar de 147.359 km², de la cual el 51 % se encontraba en la región de Asia-Pacífico, el 29 % en las Américas y el 20 % en África. Tomando 1996 como año de referencia, esto representa una pérdida neta de 5.245 km² (3,4 %) de cobertura de bosques de manglar a lo largo de un periodo de 24 años. El Global Mangrove Watch viene siguiendo el proceso natural y antrópico de desmantelamiento y desaparición de los manglares (Global Mangrove Watch, 2025).

La conversión a la acuicultura y la producción camaronera, las plantaciones de aceite de palma y hasta de arroz explican el 43% de las pérdidas de estos espacios, especialmente en Asia. La amenaza del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, también impacta significativamente. El aumento en la frecuencia e intensidad de tormentas y el aumento del nivel del mar amenazan los ecosistemas. El 30% de las provincias de manglares están en riesgo por el aumento del nivel del mar y eventos climáticos severos (Leal y Spalding, 2024).

Se ha estimado que la pérdida anual por la degradación de los manglares puede llegar a los u$s 6.000 mil millones, mientras que si fueran conservados, los beneficios netos por sus servicios, pueden alcanzar los  65.000 millones de dólares en daños “ahorrados” a las propiedades al año. Y si los manglares, desaparecieran, el costo de los daños por inundaciones aumentaría en 82.000 millones de dólares. El apoyo a la inversión global en manglares busca alcanzar los millones de hectáreas restauradas para 2030 con un aporte de cuatro mil millones. Los mercados de carbono, seguros naturales y servicios de la biodiversidad, ofrecen mecanismos innovadores para financiar la conservación y aumentar la resiliencia. En nuestros días, la humanidad comienza a reconocer que la Naturaleza es un activo vivo, relevante tanto para las inversiones como para la propia supervivencia humana.

El aprovechamiento del conocimiento indígena y de las comunidades locales, debe ser considerado y aprovechado en beneficio de la protección de los manglares, conjuntamente con el relevamiento y apoyo desde la ciencia y la tecnología, en un diálogo de saberes que aún hoy es incipiente, pero muy importante.  La valorización del conocimiento local fortalece el compromiso y la protección de los manglares, así como la inversión de recursos financieros hacia estas prácticas,  es esencial para conectar las prácticas comunitarias y los conocimientos tradicionales con los decisores de políticas nacionales.

El último Informe del IPBES (2026) sobre los impactos y la dependencia de los Negocios sobre la Biodiversidad y las Contribuciones de la Naturaleza, alerta y destaca a la vez, la relevante asociación que hay entre unos y otros. El Reporte confirma que la estabilidad del sistema financiero global depende directamente de la salud de los ecosistemas mundiales. La destrucción de la naturaleza altera de forma inmediata los costos operativos y las cadenas de suministro en todos los continentes, resaltando que más del 50 % del PBI mundial depende moderada o altamente de los servicios de la naturaleza y de esta en sí misma, dónde solamente si consideramos la erosión de los suelos, reducen el PBI en un 10 %.  Mientras que por otro lado, si se fortalecieran a los servicios pesqueros locales, el beneficio por hectárea podría llegar a los dos mil dólares por hectárea (IPBES, 2026).

El informe considera la degradación de estos servicios como una pérdida de activos no sólo naturales sino financieros. Si el ecosistema se degrada, falla o ya no presta sus servicios, el costo de reemplazar esos servicios es altísimo y, en muchos casos, físicamente imposible. Por ejemplo, si se perdiera la polinización natural, el 40 % de las empresas alimentarias,  tendrían que recurrir a la polinización manual, mecánica, microchips o con hasta polinizadores biológicos transgénicos (todo esto ya propuesto, aunque sea increíble, ¡una locura!), pero extraídos de otros ecosistemas, con costos seguramente elevadísimos en todos los sentidos.

El costo de producir nuestras cosas básicas, empezando por los alimentos, se dispararía, haciendo que todo el modelo alimentario, colapse. El mismo ejemplo, podría aplicarse prácticamente a todos los sistemas productivos que dependen directamente de la naturaleza. IPBES lo ha advertido en otro relevante informe sobre los Polinizadores y en su Reporte Nexus, integrando alimentos, cambio climático, agua, energía, biodiversidad y sus interacciones (IPBES, 2025).

La “tecnología existe”, pero no es una solución económicamente viable para sustituir a la naturaleza a gran escala. Además, sería alocado e irresponsable apelar al sólo uso de la misma, para resolver por esa vía, una situación tan compleja y difícil.  Por ello, el IPBES alerta de la trampa del reemplazo, creencia económica de que, si un recurso natural se agota o un servicio ecosistémico desaparece, el ingenio humano podrá crear una tecnología o un capital artificial que lo reemplace sin pérdida de valor.

Esto ha sido la base de muchos principios de la economía de los recursos naturales planteada por economistas como David Pearce, donde el capital natural podría ser reemplazado por el capital humano (monetario). He planteado en mis libros sobre Economía Ecológica (Pengue, 2023) que usted puede producir un cerdo, y de este obtener “chorizos”. Pero por ahora, económicamente, Ud. no puede tomar estos chorizos e intentar reproducir un cerdo. Con la excepción quizás, que invierta multimillonarios esfuerzos monetarios y tecnológicos, para intentar hacerlo.

La biodiversidad es un capital irremplazable. No existe aún la tecnología, probada por millones de años de evolución que sí tiene la naturaleza, que replique la complejidad de un suelo fértil, el papel de la polinización, la regulación del ciclo del agua a escala continental o el equilibrio de plagas que ofrece un ecosistema sano. Cuando ese capital natural se pierde, la pérdida es irreversible y ninguna inversión en tecnología puede compensar la caída del servicio (IPBES, 2026).

Incluso las compañías que en apariencia, no dependerían de los ecosistemas si lo hacen en forma directa o indirectamente. El cambio climático está dando una gran y penosa lección a todos, tanto en daños económicos como en pérdida de vidas humanas y de otras especies. La regulación ambiental, la polinización, el agua limpia, el control de inundaciones, la regulación climática así como de las contribuciones no materiales, como espacios para el turismo, el ocio, la educación y los valores espirituales, estéticos y culturales, dependen todos de una naturaleza sana. Dependen de Gaia.

El papel de los manglares representa una función única e imprescindible para la vida. Estos ecosistemas también son potentes sumideros de carbono (UNESCO, 2025). Sin embargo, su desaparición es aún más acelerada – de tres a cinco veces más rápido – que la de los propios bosques y selvas.

Forman parte de los llamados ecosistemas de carbono azul (manglares, pastos marinos y marismas, marismas) para afrentar el cambio climático., enormes espacios naturales, imprescindibles para enfrentar los embates del cambio climático.  Las evaluaciones científicas demuestran que pueden secuestrar entre dos y cuatro veces más carbono que los bosques terrestres, por lo que se consideran un componente clave de las soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático.

Los ecosistemas de carbono azul saludables también proporcionan hábitat para las especies marinas, sustentan las poblaciones de peces y la seguridad alimentaria, mantienen a las comunidades costeras y sus medios de subsistencia, filtran el agua que llega a nuestros océanos y sistemas de arrecifes, y protegen las costas de la erosión y las marejadas ciclónicas. Se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida, y cubren aproximadamente 49 millones de hectáreas (UNESCO, 2025b).

“Casi el 50 % de la extensión natural preindustrial de los humedales costeros globales se ha perdido desde el siglo XIX. Este declive continúa hoy, con pérdidas estimadas de entre el 0,5 % y el 3 % anual, según el tipo de ecosistema. Debido a su alto contenido de carbono, los ecosistemas de carbono azul pueden convertirse en fuentes importantes de emisiones de gases de efecto invernadero cuando se degradan o desaparecen. Se estima que las pérdidas de carbono de los ecosistemas de carbono azul representan hasta el 19 % de las emisiones derivadas de la deforestación global” (UNESCO, 2025b).

Pero las conmemoraciones, como la de este día de Los Manglares, no deberían servir sólo para eso. Sino como lo vienen advirtiendo los científicos por un lado – como lo indican los relevantes documentos del IPCC, el IPBES, es decir, cambio climático y biodiversidad – junto por el otro lado a los pedidos de los millones de congéneres pertenecientes a los pueblos originarios, constituirse en la fuente primaria que promueva el cambio transformador necesario para recuperar la estabilidad planetaria.

Posiblemente a través de milenios, la naturaleza encuentre nuevamente su equilibrio. Pero la civilización humana, por el contrario, no tiene tanto tiempo. Y una parte de ello, lo comienzan a advertir con vehemencia desde una sus áreas más sensibles, como los manglares.

Referencias

Global Mangrove Watch (2025). Mangrove Atlas. https://www.globalmangrovewatch.org/

IPBES (2025). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (The NEXUS Report). McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., et al. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: 10.5281/zenodo.15673657

IPBES (2026). Summary for policymakers of the Methodological Assessment Report of the Impact and Dependency of Business on Biodiversity and Nature’s Contributions to People. Jones M., Polasky S., Rueda X., Brooks S., Carter Ingram J., Egoh B. N., von Hase A., Kohsaka R., Kulak M., Leach K., Loyola R., Mandle L., Rodriguez-Osuna V., Schaafsma M. and Sonter L. J. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15369060

Leal, M. y Spalding, M. D. (Editores), 2024 The State of the World’s Mangroves 2024. Global Mangrove Alliance. DOI: https://doi.org/10.5479/10088/119867

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

UNEP (2023). Decades of Mangrove forest change: What does it mean for nature, people and the climate?. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/42254

UNESCO (2025). Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares. https://www.unesco.org/es/days/mangrove-ecosystem-conservation

UNESCO (2025b). Carbono Azul. https://www.ioc.unesco.org/en/blue-carbon

Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

Hay un número que debería incomodar a más de un consejo de administración, pues en los servicios profesionales, quien sabe trabajar con inteligencia artificial ya gana, en promedio, un sesenta y siete por ciento más que quien ocupa un puesto equivalente sin esa capacidad (PwC, 2026). La cifra, tomada del análisis de millones de vacantes reales, desmiente la idea de que la IA abarata el talento. Lo encarece, pero lo encarece de forma selectiva, dado que a premia un perfil ejecutivo que todavía escasea y que conviene describir con precisión antes de que el mercado termine de definirlo por nosotros.

Conviene partir del diagnóstico general, iniciando con la lectura del Fondo Monetario Internacional (WEF) que estima casi el cuarenta por ciento del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial y que, en las economías avanzadas, esa proporción sube al sesenta por ciento; a diferencia de olas anteriores de automatización, esta alcanza de lleno a los puestos de alta calificación, es decir, a los propios directivos (Georgieva, 2024).

En paralelo, el WEF (2025) calcula que dos de cada cinco competencias vigentes se transformarán o quedarán obsoletas hacia 2030, con el pensamiento analítico como la habilidad más solicitada por los empleadores y la resiliencia, la flexibilidad y el liderazgo pisándole los talones. Dicho de otra forma, la disrupción ya no ocurre en la planta de producción, ocurre en la sala de juntas.

Por tanto, el trabajo examina ese cambio de fondo: cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el perfil ejecutivo y desplazando el valor profesional hacia capacidades de traducción, coordinación, criterio y legitimidad.

Primera competencia: el bilingüismo estratégico

A partir de ese diagnóstico se dibuja la primera competencia del nuevo ejecutivo, que podríamos llamar bilingüismo estratégico: hablar el idioma del negocio y el de la tecnología sin ser nativo de ninguno. No se trata de programar. McKinsey, tras revisar los perfiles de cerca de un millón de líderes senior, encontró que apenas el diecisiete por ciento de sus competencias es de naturaleza técnica; lo determinante es la figura del directivo que traduce la capacidad tecnológica en decisiones de negocio verificables (Maor et al., 2025).

La evidencia laboral apunta en la misma dirección, por ejemplo, en mercados tan diversos como Brasil, Jordania o los Emiratos Árabes Unidos, las competencias específicas de IA rondan apenas el uno por ciento de lo solicitado en las vacantes, mientras que la comunicación, el trabajo en equipo y el razonamiento analítico encabezan la demanda; los empleadores buscan, sobre todo, perfiles completos que combinen lo social con lo técnico (Delaporte y Liepmann, 2026). La ventaja competitiva no está en dominar la herramienta, sino en saber qué preguntarle y, más importante aún, qué no delegarle.

Segunda competencia: orquestar equipos híbridos

Ahora bien, el ejecutivo que viene no gestionará solo personas, precisamente, KPMG consultó a dos mil quinientos líderes tecnológicos en veintisiete países y el noventa y dos por ciento coincidió en que administrar agentes de inteligencia artificial será una habilidad laboral esencial hacia 2031; la misma firma proyecta que los asistentes digitales pasarán de una cuarta parte a más de un tercio de los equipos tecnológicos en apenas dos años (ANI, 2026). Esto obliga a repensar qué significa dirigir: asignar tareas a sistemas autónomos, auditar sus resultados y responder por sus errores como se responde por los de cualquier subordinado.

Sin embargo, la evidencia sugiere que el diferencial de desempeño seguirá siendo humano. Deloitte (2026) encontró que los equipos de alto rendimiento usan IA con mucha mayor frecuencia que el resto, setenta y ocho por ciento frente a cincuenta y cuatro, pero que su ventaja real proviene de la curiosidad, la resiliencia y la calidad de sus vínculos internos, no de la herramienta compartida.

El propio mercado laboral lo confirma con un dato contraintuitivo: los puestos más expuestos a la IA están incorporando tareas de empatía, juicio y creatividad dos veces y media más rápido que los menos expuestos tal como señala PwC (2026). Lejos de volver prescindible lo humano, la automatización lo convierte en el recurso escaso.

Tercera competencia: el juicio ético como función directiva

De ahí se desprende la tercera competencia, quizá la más difícil de enseñar. Ibarra y Jacobides (2025) advierten que el éxito de la transformación depende menos de la tecnología que del liderazgo, y sitúan el juicio ético y la empatía entre las cinco capacidades críticas del directivo actual, junto con la fluidez en IA, el rediseño organizacional y la resiliencia ante la incertidumbre.

Esto no es una exhortación moral, es una necesidad operativa: cuando los sistemas deciden a escala, alguien identificable debe garantizar que esas decisiones sean trazables, lícitas y alineadas con los valores de la organización. Y el margen de error es amplio: aunque nueve de cada diez organizaciones planean aumentar su inversión en IA, apenas el uno por ciento de los ejecutivos considera madura la gobernanza de su propia casa (LSE Executive Education, 2026). La brecha entre lo que se invierte y lo que se sabe gobernar es, hoy, el principal riesgo directivo.

La legitimidad como la competencia recurrentemente ignorada

Falta un elemento que rara vez aparece en los listados de habilidades y que definirá al ejecutivo de esta década: la capacidad de sostener la licencia social de la tecnología que despliega. El tal sentido, la reacción pública contra la IA ya escaló a la agenda política; en Estados Unidos, las protestas contra centros de datos han frenado proyectos por cerca de cien mil millones de dólares y alrededor del cuarenta por ciento de los votantes querría vetar la IA en la mayoría de las industrias (The Economist, 2026).

Un directivo que automatiza sin explicar, que despliega sin escuchar, no enfrenta solo un problema reputacional, enfrenta regulación reactiva, resistencia interna y clientes desconfiados. Gestionar esa conversación, dentro y fuera de la empresa, es tan estratégico como cualquier hoja de ruta tecnológica.

En suma, el mercado laboral impulsado por la inteligencia artificial no está pidiendo tecnólogos con barniz gerencial, sino directivos con cuatro capacidades entrelazadas: traducir entre negocio y tecnología, orquestar equipos donde conviven personas y agentes autónomos, ejercer un juicio ético con nombre y apellido, y cuidar la legitimidad social de cada despliegue. Ninguna se adquiere en un curso de fin de semana; todas se cotizan ya con prima. Quien las reúna no competirá contra la máquina: decidirá, con ventaja, qué lugar debe ocupar.

Referencias

ANI. (2026). 92% of tech executives see AI management as vital work skill by 2031: KPMG. The Hindu BusinessLine.

Delaporte, I. y Liepmann, H. (2026). ¿Viejas competencias para nuevas tecnologías? Organización Internacional del Trabajo.

Deloitte. (2026). Human skills drive high-performing teams in the AI era. Deloitte Insights.

Georgieva, K. (2024). AI will transform the global economy. Let’s make sure it benefits humanity. Fondo Monetario Internacional.

Ibarra, H. y Jacobides, M. G. (2025). 5 critical skills leaders need in the age of AI. Harvard Business Review.

LSE Executive Education. (2026). AI leadership skills executives should have in 2026. London School of Economics.

Maor, D., Lamarre, E. y Smaje, K. (2025). Building the AI muscle of your business leaders. McKinsey & Company.

PwC. (2026). 2026 Global AI Jobs Barometer: Professional services report. PwC.

The Economist. (2026). The AI backlash is only getting started. The Economist.

World Economic Forum. (2025). Future of Jobs Report 2025. World Economic Forum.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

En 1988, Ignacio Burgoa Orihuela, abogado y escritor mexicano, publicó un opúsculo intitulado “el jurista y el simulador del derecho”, dirigido a quienes se forman en la carrera de Derecho, cuya vigencia hoy resulta incómoda. Ahí retrató al simulador jurídico como quien finge lo que no es: un ser vanidoso, vacío por dentro y engañoso por fuera, que aparenta sabiduría para envolver su ignorancia y que rehúye el estudio porque su idiosincrasia utilitarista se lo impide (Burgoa, 1988).

Casi cuatro décadas después, el simulador dispone de un aliado que el maestro no pudo imaginar: un ente artificial que opera como modelo de razonamiento y que, en segundos, puede producir sentencias, demandas y dictámenes con apariencia impecable. La pregunta que este artículo plantea es directa: ¿la inteligencia artificial expone al simulador o lo perfecciona?

El diagnóstico de Burgoa, intacto

Conviene precisar el punto de partida, dado que, para Burgoa, la simulación no es un defecto técnico sino una patología moral. El simulador de abogado no litiga: halaga a jueces y secretarios, se finge influyente y evita asumir responsabilidad profesional directa, precisamente porque desconoce la esencia de los asuntos en que interviene. Peor aún es el juez simulador, a quien el jurista mexicano describió como un ser de mayor peligrosidad social que el más draconiano de los gobernantes, pues su ignorancia o interés personal lo convierte en negación misma del Estado de Derecho. La maldición que cierra aquel capítulo —entre jueces simuladores te veas— adquiere hoy un matiz tecnológico, el simulador contemporáneo ya no necesita fingir elocuencia; la subcontrata.

Ahora bien, el ente artificial no es culpable de esta mutación, es decir, un modelo de lenguaje carece de vanidad, de megalomanía y de cobardía, los vicios que Burgoa atribuyó al farsante. Por consiguiente, el problema surge cuando el profesional sin talento convierte a la máquina en máscara: presenta como propio un razonamiento que no comprende, no puede defender y, con frecuencia, ni siquiera verificó. La simulación clásica exigía al menos audacia histriónica; la actual solo requiere copiar y pegar.

El espejo virtuoso: el voto del Magistrado Muñoz Acevedo

Ante ese peligro, la práctica judicial mexicana ya permite observar dos respuestas contrastantes. La primera aparece en el voto concurrente dictado dentro del amparo directo 213/2025, en el que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito recurrió a ChatGPT, Gemini y DeepSeek como herramientas de contraste para fortalecer el cálculo de una indemnización derivada de responsabilidad patrimonial del Estado. En lugar de encubrir esa asistencia tecnológica, el Magistrado Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo la hizo explícita y delimitó su alcance al sostener que la persona juzgadora no puede trasladar su facultad decisoria a la inteligencia artificial, ya que ello supondría renunciar a su función constitucional y evadir la responsabilidad que acompaña toda resolución judicial (Muñoz, 2026).

El voto sostiene, además, que sustituir el raciocinio judicial por un algoritmo lesiona la explicación debida al justiciable, la rendición de cuentas del tribunal y la congruencia entre ley y decisión pública. Su advertencia central merece subrayarse: los jueces no pueden ocultarse al amparo de sistemas automatizados ni hacer pasar como propios los argumentos generados por una máquina como bien refiere Muñoz Acevedo (2026). Dicho de otro modo, la transparencia convierte al ente en instrumento; la opacidad lo convierte en cómplice.

El espejo degradado: la sanción a la Juez González Cortés

El segundo espejo es menos alentador, debido a que, en julio de 2026, el Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas y jueza electa en los comicios judiciales de 2025. Entre los señalamientos acumulados durante meses figuran el desconocimiento de los procedimientos, un rezago superior al de otros juzgados, la delegación de asuntos propios y, de manera significativa, el empleo de inteligencia artificial para redactar sentencias, acuerdos y otros documentos (Martínez, 2026).

La diferencia estructural con el caso anterior es nítida al demostrar que no se trata del uso auxiliar, documentado y supervisado de una herramienta, sino de su utilización como sustituto del oficio que la titular debía acreditar. Cuando la máquina redacta lo que la persona juzgadora no sabe elaborar, la tecnología deja de ser apoyo y se vuelve coartada. Ahí reaparece, con exactitud quirúrgica, el tipo que Burgoa describió: quien aparenta valía para cubrir su insignificancia, solo que ahora la apariencia la produce un servidor remoto.

Método contra simulación

¿Cómo distinguir, entonces, al jurista asistido del simulador asistido? La propuesta metodológica desarrollada a partir de la queja civil 212/2025 —primera resolución judicial asistida por IA en México— ofrece una respuesta operativa articulada en tres fases con separación funcional (Guerrero, 2026). Inicialmente con los datos cuantitativos (inflación, tasas, valores catastrales) se obtienen exclusivamente de fuentes primarias como INEGI o Banxico, pues tienen una única respuesta correcta y el modelo de lenguaje no es fuente válida para recuperarlos.

Segundo, con los datos ya verificados, la herramienta puede apoyar el razonamiento hermenéutico, desde identificar criterios jurisprudenciales —siempre confirmados en el sistema IUS, dado el riesgo documentado de tesis fabricadas— hasta redactar borradores de fundamentación. Y en tercer término con la decisión es humana y deja constancia en autos del modelo utilizado, su versión, la fecha y el prompt exacto, de modo que el uso sea auditable en segunda instancia.

Este protocolo no es burocracia añadida; es precisamente lo que el simulador no puede cumplir. Verificar una tesis en el IUS, contrastar una tasa contra el Diario Oficial o validar cada aporte del modelo exige saber Derecho. La documentación del proceso funciona como prueba de talento: quien domina la materia puede exhibir su método sin temor; quien simula necesita ocultarlo.

Por eso la advertencia empírica es pertinente: los modelos de lenguaje alucinan con frecuencia alarmante en tareas jurídicas específicas, inventando precedentes y citas con total verosimilitud (Dahl et al., 2024). El profesional que no puede detectar esas fabricaciones no está usando la herramienta, está siendo usado por ella.

Del prompt al bucle: el simulador sin supervisión

El panorama tecnológico agrava la urgencia de esta distinción, comprendiendo la interacción con la IA migra de la ingeniería de prompts —donde el humano revisa cada respuesta antes de dictar la siguiente instrucción— hacia la ingeniería de bucles agénticos: se fija una meta verificable, un disparador activa al agente y este actúa, evalúa si alcanzó el objetivo y reitera el ciclo sin intervención humana hasta cumplirlo; la revisión se desplaza al final del proceso (Data Science Dojo, 2026).

En términos técnicos, el propio ecosistema advierte que no está exento de riesgos, pues puede derivar en ciclos interminables, desviaciones respecto de la meta original o fallas silenciosas en las que el agente simula avance sin producir progreso verificable. Por ello, sus límites deben fijarse mediante barandales irrenunciables, como criterios de terminación comprobables, trazabilidad del proceso y control humano obligatorio antes de cualquier decisión irreversible.

Trasladado al foro, el riesgo escala en proporción directa: si el simulador de ayer copiaba y pegaba una respuesta, el de mañana podrá delegar expedientes completos a agentes que operan en bucle mientras él firma sin leer. La carrera entre modelos —cuyos rankings de Arena AI (2026) en generación de código se reordenan semana a semana— garantiza herramientas cada vez más capaces, pero ninguna clasificación mide lo que la función jurisdiccional no puede tercerizar: la responsabilidad de quien firma.

Hay, con todo, una convergencia alentadora: los barandales de la ingeniería de bucles —meta verificable, supervisión humana en decisiones irreversibles, constancia auditable— son estructuralmente idénticos a las tres fases de la propuesta metodológica judicial mexicana. La lección es la misma en el código y en el estrado: la autonomía de la máquina se acota con método; jamás se entrega con la firma.

El talento no se delega

El ente artificial no es éticamente neutro, ya que reproduce los sesgos de los datos que lo alimentan y las decisiones de valor de quienes lo diseñan, al punto de poder sistematizar desigualdades históricas tal como se subraya por Piñeiro Vilas (2025). Lo que no tiene es intención, no elige engañar ni puede responder por lo que produce. El simulador, en cambio, elige. La misma tecnología que en el amparo directo 213/2025 sirvió para robustecer un cálculo indemnizatorio bajo supervisión estricta, en Zacatecas encubrió la impericia de quien debía impartir justicia. Es decir, la variable determinante nunca fue la máquina, sino la persona: su formación, su honestidad intelectual y su disposición a responder por lo que firma.

Burgoa escribió que el poder del juez radica en entender sus limitaciones; el voto del Magistrado Muñoz Acevedo actualiza esa lección al recordar que quienes juzgan también comparecen en el juicio y que esa responsabilidad no admite delegación humana ni algorítmica.

La tentación de acelerar y automatizar los procesos humanos suele ser el preludio de su destrucción. Frente a ella, la respuesta no es prohibir el ente, sino exigir al jurista lo que ninguna máquina puede simular durante mucho tiempo: talento verificable, método transparente y el valor de admitir, como pedía Burgoa, lo que aún no se sabe.

Referencias

Arena AI. (2026). Frontend Code Arena leaderboard [Gráfico]. https://x.com/arena/status/2077824029126504525?lang=es

Burgoa, I. (1988). El jurista y el simulador del derecho. Porrúa.

Dahl, M., Magesh, V., Suzgun, M. y Ho, D. E. (2024). Large legal fictions: Profiling legal hallucinations in large language models. Journal of Legal Analysis, 16(1), 64–93.

Data Science Dojo. (2026). Agentic loops explained: From ReAct to loop engineering (2026 guide). https://datasciencedojo.com/blog/agentic-loops-explained-from-react-to-loop-engineering-2026-guide/

Guerrero Martínez, R. (2026). Retos para la implementación de la justicia algorítmica en los tribunales. Enlace Jurídico Académico. http://enlacejuridicoacademico.com/novedades/retos-para-la-implementacion-de-la-justicia-algoritmica-en-los-tribunales

Martínez, M. A. (2026). Jueza usaba inteligencia artificial para elaborar sentencias; hoy está suspendida. La Silla Rota. https://lasillarota.com/nacion/2026/7/18/jueza-usaba-inteligencia-artificial-para-elaborar-sentencias-hoy-esta-suspendida-608950.html

Muñoz Acevedo, I. E. (2026). Voto concurrente en el amparo directo 213/2025. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Poder Judicial de la Federación.

Piñeiro Vilas, S. M. (2025). Los retos de la Inteligencia Artificial en la investigación criminal. Boletín Inteligencia Artificial, VI, 68-102.

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Por:  Néstor Gabriel Platero Fernández

Es una realidad que contemplar la actual crisis socioecológica muchas veces nos genera una angustia oscilante entre apatía y desolación. Vivimos una encrucijada donde, por un lado, una distopía espectacularizada oferta el colapso como destino seguro y, por otro, una estéril utopía saturada de tecno-optimismo nos promete una solucionática mágica que ha resultado nada efectiva en plena crisis. Para superar esta angustia y procurar confiar en el futuro es que emerge la palabra esperanza, que inicialmente podemos definir como aquel robusto sentimiento capaz de canalizar nuestra configuración anímica para permitirnos sostener con firmeza la mirada frente a esta realidad y proyectar nuestro futuro.

Aclarando. Una emoción no es igual a un sentimiento. La primera es respuesta fugaz, como la euforia o el miedo; el segundo es disposición que ha sido racionalizada y mantenida en el tiempo. Filosóficamente, digamos, el sentimiento implica habitar el mundo con emociones intelectualizadas. También, la esperanza es, como dijo un ex presidente y escritor checo, no la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que ese algo tiene sentido, al margen de su resultado esperado. La esperanza pasa a ser mucho más que expectativa y optimismo.

Ante la crisis civilizatoria, Donna Haraway expresa que la desesperanza y el optimismo ciego no deben ser lujos que nos permitamos. “Seguir con el problema” exige entender y vivir nuestra realidad en una ética de cuidado fundada en nuevas relaciones de parentesco que establezcamos con otras formas vivientes.  Por ello, la esperanza debe ser un proyecto compartido, relacional y, sobre todo, de respons-habilidad: la capacidad de ser responsables con la vida y donde el futuro solo será posible si apreciamos y tejemos lazos de convivencia con lo no-humano.  El “Chthuluceno” que propone puede ser refugio de esperanza, un lugar que reconoce el valor del vínculo para recomponer lo que se ha roto en el planeta.

El dolor que sintamos por el mundo también es otra faceta de esta necesaria interconexión.  Joanna Macy decía que sentir desesperanza y desesperación no implica debilidad; es aviso de que estamos atentos ante el trauma ecológico.  Según ella, es urgente cultivar una “esperanza activa”, es decir, aquel proceso que convierte fuerza volitiva en acción, pero acción comprometida colectivamente. Este será el sentido de esperanza que debemos asumir hoy.

Ante lo “esperado” de la crisis actual, donde lo distópico limita nuestro poder de agencia y lo utópico nos despoja de la realidad misma del presente, la esperanza se alimentará de la fricción entre ambos escenarios. Emergerá así el sentido último de una ética transformadora, y es que como humanidad tenemos la oportunidad única de construir paisajes de esperanza (emulando a David Harvey) como basamento de una arquitectura de la necesaria y responsable convivencia para habitar nuestro presente con determinación.  Esos paisajes no serán esa línea en el horizonte que al avanzar hacia él se aleja conforme avanzamos, como dijo Eduardo Galeano. La esperanza podrá auxiliarnos en la crisis, pero no asumiéndose como optimismo ingenuo; debe ser verbo, acción y, hoy más que nunca, convicción. 

Texto previamente publicado en El Informador

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

Hay un momento preciso en que una profesión deja de reconocerse a sí misma. Para la abogacía, ese momento no llegó con un fallo histórico ni con una reforma legislativa, sino con una estadística: el uso de inteligencia artificial en los despachos casi se triplicó en un solo año, al pasar del 11% al 30% de las firmas, mientras que en las grandes organizaciones jurídicas casi la mitad ya opera con estas herramientas (AI in Law Firms, 2025).

Este dato importa menos por su magnitud que por lo que revela, debido a que, el litigante que actualmente comparece ante un tribunal ya no es, en rigor, un profesional puramente humano. Es un híbrido —un cíborg procesal— que razona con ayuda de modelos de lenguaje, investiga mediante sistemas de recuperación aumentada y redacta junto a asistentes generativos. La interrogante, entonces, no es si la IA transformará el litigio, sino qué queda del abogado tradicional cuando la transformación ya ocurrió.

Por consiguiente, el artículo examina cómo la inteligencia artificial está reconfigurando la práctica del litigio y el perfil profesional del abogado, analizando sus efectos éticos, regulatorios y económicos a partir de evidencia reciente y casos paradigmáticos.

De la herramienta al colega sintético

Conviene precisar el punto de partida. Durante décadas, la tecnología jurídica fue instrumental, lo cual comprende: bases de datos, procesadores de texto, gestores documentales. Lo que distingue a esta ola es que la máquina dejó de ejecutar tareas mecánicas para asumir trabajo cognitivo complejo, incluida la toma de decisiones que antes era territorio exclusivo del practicante humano (Steward, 2025).

Y en sentido, radica la ruptura conceptual surge cuando sistemas de negociación autónoma concluyen acuerdos comerciales sin intervención letrada. En ese supuesto, las normas sobre ejercicio profesional no autorizado resultan insuficientes, pues fueron diseñadas para regular la conducta de personas, no la actuación de agentes algorítmicos.

Ahora bien, la evidencia empírica invita a moderar tanto el entusiasmo como el pánico. De acuerdo con el estudio del laboratorio de regulación de Stanford sobre las principales plataformas de investigación jurídica con IA se demostró que las afirmaciones comerciales de cero alucinaciones eran exageradas. Incluso las herramientas especializadas de los grandes proveedores fabrican o distorsionan información entre el 17% y el 33% de las consultas (Magesh et al., 2025). Dicho de otro modo, el colega sintético es brillante, incansable y, con inquietante frecuencia, un fabulador convincente.

El precedente que nadie quería protagonizar

Si hiciera falta una advertencia dramatizada, la justicia federal estadounidense la produjo. En el ya célebre caso contra una aerolínea, dos abogados presentaron un escrito con jurisprudencia inexistente generada por un chatbot, sostuvieron la autenticidad de esos fallos ficticios ante el tribunal y terminaron sancionados junto con su firma, que respondió solidariamente con una multa de cinco mil dólares (Mata v. Avianca, Inc., 2023).

Dicho episodio condensa la paradoja del litigio cíborg, en la cual, la misma tecnología que multiplica la capacidad del abogado puede, sin verificación humana, destruir su activo más valioso, la credibilidad ante el juez.

Por eso los reguladores deontológicos han reaccionado con rapidez, por ejemplo, la barra californiana actualizó su guía práctica para exigir que los deberes de competencia, confidencialidad, comunicación con el cliente y candor ante el tribunal se apliquen íntegramente al uso de IA generativa, incorporando, además —a petición de su Corte Suprema— reglas específicas para la IA agéntica, aquella capaz de ejecutar tareas de principio a fin (State Bar of California, 2026). En paralelo, el grupo de trabajo de la barra estadounidense concluyó que la IA dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en el factor que redefine cómo se ejerce, se sirve al cliente y se protege el Estado de derecho (American Bar Association, 2025).

El modelo de negocio bajo asedio

El efecto económico de la IA recae directamente sobre la hora facturable, tal como estima el Center on the Legal Profession de Harvard que este esquema concentra al menos el 80% de los acuerdos de honorarios en las grandes firmas; por ello, si la IA reduce el tiempo necesario para investigar, revisar documentos o preparar escritos, el valor del servicio deja de depender de la duración y se desplaza hacia el resultado. El riesgo principal, entonces, no es la sustitución del abogado, sino la obsolescencia de un modelo de ingresos basado en cobrar tiempo (Couture, 2025).

A ello se suma un desplazamiento silencioso de la demanda. Los consumidores ya consultan sus dudas legales directamente a sistemas de IA antes de acercarse a un despacho, y quienes contratan exigen a las firmas estándares de servicio más altos, moldeados por la inmediatez tecnológica en base a Clio (2025). Del lado de la oferta, la abogacía institucional europea documenta el mismo giro: el libro blanco español sobre IA y abogacía, construido sobre consultas a la profesión, sitúa la alfabetización algorítmica como condición de supervivencia competitiva en el marco del reglamento europeo de inteligencia artificial (Consejo General de la Abogacía Española, 2025).

Lo que la máquina no puede litigar

Frente a este panorama, cabría concluir que el abogado tradicional está condenado. Sería un error de diagnóstico. La doctrina administrativista ha insistido en que el derecho es, ante todo, una práctica de deliberación y garantía que no admite ser reducida a cálculo estadístico, pues la decisión jurídica exige motivación comprensible y responsabilidad personal (Rivero Ortega, 2023).

En la misma línea, la investigación de Kolt et al. (2026) sobre alineamiento normativo de sistemas inteligentes sostiene que el razonamiento jurídico —con su textura abierta, sus principios en tensión y su anclaje institucional— constituye precisamente el estándar que la IA debe aprender a respetar, no el que puede reemplazar.

La consecuencia formativa es inmediata, dado que las facultades de derecho enfrentan el reto de formar juristas capaces de supervisar máquinas sin ser absorbidos por ellas; de ahí la propuesta de marcos curriculares que integren competencias tecnológicas junto a las destrezas clásicas de argumentación, entrevista y juicio profesional como señala Kimbrough (2025). Los datos del mercado confirman la urgencia: dos de cada tres abogados de firma ya reciben capacitación específica en IA, once puntos porcentuales más que el año anterior (Law360 Pulse, 2026).

El mensaje implícito es claro, la ventaja competitiva ya no reside en usar o no usar la herramienta, sino en la calidad del criterio humano que gobierna su uso. Es primordial, verificar fuentes, detectar sesgos, proteger el secreto profesional y traducir la salida estadística en argumento jurídico son, hoy, destrezas tan esenciales como la oratoria forense lo fue ayer.

Conclusión

En definitiva, el título de este artículo encapsula una trampa deliberada, es decir, el litigio cíborg no decreta el fin del abogado, sino el fin de una manera de serlo: la del profesional que facturaba tiempo en lugar de valor, que confundía memoria con criterio y que trataba la tecnología como amenaza y no como palanca.

Así, el abogado que permanecerá —híbrido, verificador, estratega— será aquel que entienda que la máquina alucina, que el juez sanciona y que el cliente compara. Entre la fascinación y el miedo, la única posición profesionalmente responsable es la supervisión humana efectiva sobre cada salida algorítmica. El cíborg, al final, sigue teniendo cédula profesional. Y sigue respondiendo, él y solo él, ante el tribunal.

Referencias

American Bar Association, Task Force on Law and Artificial Intelligence. (2025). Year 2 report on the impact of AI on the practice of law. American Bar Association.

Clio. (2025). 2025 Legal Trends Report. Themis Solutions Inc.

Consejo General de la Abogacía Española. (2025). Libro blanco sobre inteligencia artificial y abogacía. CGAE / ICAV.

Couture, R. J. (2025, February 24). The impact of artificial intelligence on law firms’ business models. Harvard Law School Center on the Legal Profession.

AI in law firms: Driving efficiency and strategic advantage [White paper]. (2025).

Kimbrough, J. L. (2025). Developing lawyering skills in the age of artificial intelligence: A framework for legal education. Journal of Technology Law & Policy, 29(1), 31–70.

Kolt, N., Caputo, N., Boeglin, J., O’Keefe, C., Bommasani, R., Casper, S., Cuéllar, M.-F., Feldman, N., y Gabriel, I. (2026). Legal alignment for safe and ethical AI. Transactions on Machine Learning Research.

Law360 Pulse. (2026). Pulse AI survey: Legal industry embraces AI with critical eye. LexisNexis.

Magesh, V., Surani, F., Dahl, M., Suzgun, M., Manning, C. D., y Ho, D. E. (2025). Hallucination-free? Assessing the reliability of leading AI legal research tools. Journal of Empirical Legal Studies.

Mata v. Avianca, Inc., 678 F. Supp. 3d 443 (S.D.N.Y. 2023).

Rivero Ortega, R. (2023). Derecho e inteligencia artificial: Cuatro estudios. Ediciones Olejnik.

State Bar of California, Standing Committee on Professional Responsibility and Conduct. (2026). Practical guidance for the use of generative artificial intelligence in the practice of law.

Steward, S. (2025). Are A.I. lawyers a legal product or legal service? Why current UPL laws are not up to the task of regulating autonomous A.I. actors. Hofstra Law Review, 53, 391–430.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

La conversación sobre inteligencia artificial en el derecho ha dejado de ser especulativa. Los modelos de lenguaje redactan borradores, sintetizan expedientes y proyectan escenarios procesales en cuestión de minutos; los informes de alcance global confirman, además, que esta transformación alcanza ya a despachos, tribunales y facultades por igual (International Bar Association & Center for AI and Digital Policy [IBA & CAIDP], 2024).

En ese escenario emerge una noción que conviene precisar: el algoritmo jurídico, entendido como la secuencia estructurada de reglas, datos y modelos computacionales que asiste tareas propias del ejercicio profesional. La tesis que aquí se defiende es directa: dicho algoritmo constituye la pieza clave de la abogacía aumentada, siempre que opere bajo una condición innegociable, la supervisión efectiva del jurista.

Para sustentarla, el artículo se desarrolla en cuatro momentos: (I) Delimita el concepto y la técnica que lo vuelve productivo, la ingeniería de instrucciones; (II) Expone el método de trabajo de la abogacía aumentada, con énfasis en la práctica penal y en el análisis cualitativo de resoluciones; (III) Examina los riesgos documentados del uso ingenuo, de las alucinaciones a las sanciones judiciales; (IV) Propone las condiciones éticas y de gobernanza que legitiman la adopción, para cerrar con una reflexión sobre el lugar del criterio profesional.

I. ¿Qué es —y qué no es— el algoritmo jurídico?

Conviene despejar primero un malentendido frecuente, esto es, la aspiración de representar computacionalmente fragmentos del razonamiento judicial, que no nace con los chatbots: la doctrina la exploraba desde los sistemas expertos, junto con sus resistencias previsibles (Martínez Bahena, 2012).

Lo verdaderamente nuevo es la escala, destacando los agentes basados en modelos de lenguaje, los cuales muestran hoy eficiencia notable en investigación jurídica, respuesta a consultas y revisión contractual; su despliegue autónomo, en cambio, tropieza con límites persistentes, entre ellos la generación de información falsa y las fallas de razonamiento en cadenas largas (Liu et al., 2026). De ahí que la arquitectura sensata no sea la delegación, sino la colaboración estructurada, es decir, el modelo propone, el abogado contrasta y decide.

Dicha colaboración exige técnica, enmarcando que la calidad de la salida depende directamente de la calidad de la instrucción: delimitar el rol del sistema, aportar el contexto normativo aplicable, definir el formato del entregable y exigir que se distinga entre hecho, inferencia y especulación convierte una respuesta genérica en un insumo profesional utilizable como refieren Greenwood & Riehl (2023). La ingeniería de instrucciones es, en rigor, el nuevo interrogatorio del abogado, se domina con estudio y se afina con iteración.

II. El método: de la herramienta al flujo de trabajo

Una pregunta central es, ¿cómo se traduce lo anterior en la práctica cotidiana? La abogacía aumentada no consiste en acumular aplicaciones, sino en rediseñar flujos completos. La industria describe ya el tránsito de asistentes que respondían preguntas a agentes que ejecutan encargos de principio a fin bajo revisión letrada (Harvey, 2026).

Por consiguiente, las guías profesionales convergen en el mismo punto de partida: la inteligencia artificial generativa llegó para quedarse y su aprovechamiento seguro exige criterio, responsabilidad y conciencia plena de sus límites (Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal [CPACF], 2025), a lo que la orientación europea añade comprensión técnica suficiente y salvaguardas de confidencialidad frente al cliente (Council of Bars and Law Societies of Europe [CCBE], 2025).

En el ámbito penal mexicano el potencial es tangible, por ejemplo, sobre una carpeta de investigación voluminosa, el algoritmo permite construir cronologías, matrices que contrastan los elementos del tipo con los datos de prueba disponibles y guiones de audiencia; sobre un corpus de sentencias, habilita lecturas que revelan patrones de motivación judicial útiles para el litigio estratégico. En todos los casos el producto final pertenece al abogado: cada cita se coteja con la fuente oficial y cada inferencia se somete a escrutinio antes de llegar al expediente.

Cabe destacar, el análisis cualitativo asistido, cuando el objeto de estudio es un conjunto de resoluciones —por ejemplo, cómo motivan los tribunales la prisión preventiva o la valoración de la prueba testimonial única—, el modelo puede proponer códigos temáticos, agrupar categorías y sugerir hallazgos preliminares.

El rigor, empero, lo aporta el método: selección y anonimización cuidadosa del corpus, depuración humana de los códigos, triangulación entre revisores y exigencia de que toda conclusión sea rastreable hasta un fragmento textual verificable. Así entendido, el algoritmo no reemplaza la lectura del investigador; la organiza, la acelera y la vuelve auditable.

III. La advertencia: del vibe lawyering a la sanción judicial

La advertencia, sin embargo, es tan real como la promesa. La prensa especializada —como es The Economist (2026)— ha descrito el auge de un litigio impulsado por chatbots, en el que personas que se representan a sí mismas presentan escritos cargados de precedentes inexistentes, los tribunales identifican numerosas citas falsas y algunos despachos enfrentan sanciones por errores asociados con las alucinaciones de los modelos. El dato resulta revelador porque traza con claridad la línea que separa el uso profesional del uso ingenuo: la misma tecnología que potencia la productividad del jurista diligente puede exponer al descuidado a responsabilidad disciplinaria y a un serio deterioro reputacional.

Precisamente por ello, los lineamientos de la Barra Mexicana de Abogados identifican las alucinaciones y la generación de contenido falso como uno de los riesgos centrales del ejercicio asistido, además de exigir una verificación humana rigurosa antes de utilizar cualquier resultado del sistema (BMA, 2024). La pauta práctica es clara en su formulación y exigente en su cumplimiento, ningún producto del algoritmo debe incorporarse a un escrito sin haber sido leído, comprobado y asumido por la persona que lo firma.

IV. Gobernanza ética: condiciones de legitimidad

Queda, por último, la dimensión de gobernanza, que opera en dos planos complementarios. En el plano regulatorio, el estándar internacional exige sistemas robustos, transparentes y sujetos a rendición de cuentas, con supervisión humana durante todo su ciclo de vida (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2019); el legislador europeo, por su parte, ha convertido ese ideal en obligaciones graduadas según el nivel de riesgo de cada sistema, un modelo que ya orienta el debate regulatorio fuera de la Unión (Cuatrecasas, 2024).

En el plano deontológico, aquellos principios se concretan en deberes verificables: competencia tecnológica, información al cliente, protección reforzada del secreto profesional y trazabilidad de cada documento elaborado con asistencia algorítmica.

Con respecto a la sede judicial la exigencia se intensifica, donde la legitimidad de la función jurisdiccional descansa en valores que ningún algoritmo reproduce por sí mismo —la equidad, la ponderación de circunstancias particulares, el reconocimiento de la dignidad de las personas—, de modo que el despliegue tecnológico debe subordinarse a la calidad de la justicia y al respeto de los derechos fundamentales (Guerrero Martínez, 2026). Esa subordinación no frena la innovación, más bien, la ordena y la vuelve sostenible.

V. Conclusión

El balance es claro, el algoritmo jurídico ya reorganiza la profesión: abarata drásticamente las tareas documentales, amplía la capacidad analítica del despacho y democratiza destrezas antes reservadas a estructuras grandes. Su valor, con todo, no reside en la velocidad, sino en aquello que la velocidad libera: tiempo de criterio, de estrategia y de contacto con el cliente.

Por tanto, la abogacía aumentada será, en consecuencia, la de quienes integren estos sistemas con método, los gobiernen con ética y conserven para sí lo que ninguna máquina puede asumir: la responsabilidad de decidir.

Dicho de otro modo, la pregunta relevante ya no es si conviene adoptarlos, sino con qué protocolos, con qué límites y al servicio de qué concepción de la justicia. El futuro del ejercicio profesional no pertenece al algoritmo ni al abogado que lo ignora, sino al jurista que lo convierte en pieza de su propio oficio.

Referencias bibliográficas

Barra Mexicana, Colegio de Abogados. (2024). Lineamientos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional del Derecho. BMA.

Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. (2025). Guía para el uso de inteligencia artificial para abogados. Laboratorio Fintech y Legaltech, Unidad de Innovación y Transformación Digital del CPACF.

Council of Bars and Law Societies of Europe. (2025). CCBE guide on the use of generative AI by lawyers. CCBE.

Cuatrecasas. (2024). Reglamento (UE) de IA: Un marco jurídico pionero sobre inteligencia artificial. Guía práctica. Cuatrecasas.

Greenwood, D., & Riehl, D. (2023). Legal prompt engineering examples and tips. MIT Computational Law Report. https://law.mit.edu/pub/ideaflow15

Guerrero Martínez, Rodolfo. (2026). Marco ético para la IA en los procesos judiciales. Noticias NCC Iberoamérica.

Harvey. (2026). How AI agents are changing the way lawyers do legal work. Harvey.

International Bar Association & Center for AI and Digital Policy. (2024). The future is now: Artificial intelligence and the legal profession. IBA.

Liu, S., Zhang, R., Ma, R., Deng, Y., Zhu, L., Li, J., Li, Z., Shen, Z., & Du, M. (2026). LLM agents in law: Taxonomy, applications, and challenges. arXiv. https://arxiv.org/abs/2601.06216

Martínez Bahena, G. C. (2012). La inteligencia artificial y su aplicación al campo del Derecho. Alegatos, (82), 827–846.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Legal Instruments.

The Economist. (2026). The rise of vibe lawyering. The Economist.

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Por: Ramón Avendaño Esquivel

Desde 1868, el pintor José María Velasco (1840-1912) fue miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, colaborando, entre otras cosas, con artículos propios e ilustraciones en la publicación periódica La Naturaleza, que trataba por igual temas de botánica, zoología, geología y paleontología.

El tomo I nos traslada a diversas regiones del país, incluido el occidente, concretamente al suroeste de la sierra de San Pedro, cerca de Ahuacatlán, sitio en el que, en 1870, se registró una importante actividad volcánica en el Ceboruco, misma que fue documentada por el abogado Agustín de Bazán y Caravantes e ilustrada por Velasco.

En la revista, el autor relata con minuciosidad el evento geológico de aquel “Gigante negro” que, para entonces, ya evidenciaba momentos de erupción previos:

“El lunes 21 de Febrero de 1870, percibieron los moradores de las inmediaciones del volcán, antes apagado, de Tetitlán o Ahuacatlán, una humareda ligera en el vértice de la montaña, la que fue tomando mayores proporciones hasta el miércoles 23, en que oyeron grandes ruidos, sintieron ligeros movimientos de tierra y vieron grandes cantidades de vapor y arena que despedía del cráter y que el viento lanzó a mucha distancia hacia todos rumbos, aunque más hacia el N. E. sobre los pueblos de Jala y Jomulco. Por la noche vieron salir fuego del cráter en cuatro o cinco puntos de donde se levantaban gruesas columnas de vapor y arena”.

Añade líneas más adelante que: “dichas columnas que suben a bastante altura sin descomponerse por el aire le dan una hermosa vista al volcán, porque son blancas como el algodón y se tiñen de carmín al ponerse el sol. Una que medimos era de 414 metros de longitud y 25 metros de anchura”.

Caravantes conformó su comitiva con dos guías, el ingeniero Luis Figueroa, Manuel G. Vargas, Alejandro Andrade y un mozo.

Dentro de estos nombres no aparece el de Velasco, no obstante, las descripciones y notas transmitidas al pintor, parecen haber bastado para conformar una imagen que nos traslada con nitidez a aquel momento y lugar. Sin embargo, como sabemos la litografía es precedida de un dibujo, conservado en el Museo Nacional de Arte y que registra a detalle las señaladas columnas “blancas como algodón” a través de un preciso trazo, luego reproducido en el artículo del autor aquel mismo año, y después, en 1878, como parte del mosaico de 13 imágenes que rodean la carta orográfica de Antonio García Cubas.

Así, la participación de Velasco en el reconocimiento del territorio evidencia su notable capacidad de asombro y el virtuosismo de una mirada que, aparentemente fijada en el Valle de México, se desplazó, literal o no, a otras latitudes de nuestra amplia geografía, dejando testimonio de un país que ya no existe, que fue rebasado por su acelerado crecimiento poblacional y urbano, reduciendo notablemente las reservas agrícolas, pastizales, bosques y otros ecosistemas.

Con ellos perdimos también la posibilidad de maravillarnos ante eventos naturales que suceden todos los días, y que han pasado de ser un fenómeno a un desafío que devuelve la hostilidad a quienes no hemos sabido cuidar de esta casa común.

***

Ramón Avendaño Esquivel es Licenciado en Restauración por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, maestro y doctorante en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido directivo, restaurador e investigador en instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente es curador en el Museo Nacional de Arte MUNAL.

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«Publicada el domingo 28  de junio de 2026 en la columna Crónicas del Antropoceno en el periódico EL INFORMADOR.»

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Por: Walter Pengue (Argentina)

«¿Cómo pudimos alguna vez haber creído, que era una  buena idea, cultivar nuestra comida con veneno…?”

Jane Goodall, primatóloga británica, (3/4/1934-1/10/2025)

Actualmente, la agricultura y la producción alimentaria mundial enfrenta una serie de tensiones que van desde la lucha por el acceso a los recursos básicos para la producción hasta las crecientes y fuertes críticas emergentes en particular, sobre los alimentos producidos, su forma de hacerlos y hasta la inocuidad de los mismos.

Durante mucho tiempo, los países han buscado formas fidedignas agroproductivas y mecanismos de control sobre la producción y los tipos y aplicaciones de agroquímicos e insumos externos con los que asperjaban sus cultivos. Los países ricos, empezando por Alemania, Estados Unidos y Japón, hace ya más de cinco décadas, encontraron en que la producción orgánica de alimentos y especialmente sus formas de control sanitario, podrían darles una garantía de calidad de los productos para que la población – que pudiera pagarlos –  pudiera adquirir.

De esta forma nacieron los conocidos como sistemas de tercera vía y los procesos de certificación de la producción de alimentos orgánicos, liderados por la IFOAM, es decir la organización internacional que crea y certifica los sistemas de producción orgánica en todo el mundo.

Sin embargo, en algunos casos, los sistemas de certificación de la producción agropecuaria existentes, en especial los orgánicos, más que contribuir, atenazan (aunque no fuese su objetivo),  a los pequeños y medianos agricultores a un nuevo sistema de control, que si bien utiliza instrumentos que bajan el consumo de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, terminan siendo por un lado una nueva agricultura de sustitución de insumos y por el otro, transfieren una buena parte de la renta del productor a las certificadoras, que en general se llevan la parte del león y sus ganancias.  Y a los consumidores, si bien les ofrecen productos sin agroquímicos sintéticos incorporados, se los vende a precios sumamente elevados e inaccesibles para la mayoría de la población.

Frente a este contexto, los agricultores (y también los grupos de consumidores), comienzan a agruparse y promover en toda la cadena alimentaria,  nuevos sistemas que validan su condición de producción ecológica y por el otro lado, a través de la participación, la confianza y la transparencia, generan vínculos y una nueva forma de certificar sus producciones.

Surgieron de esta forma, los Sistemas Participativos de Garantías (SPGs), como una alternativa viable, confiable, útil, económica, tecnológicamente adecuada y validados científicamente,  para los pequeños agricultores y sus familias, que les permiten mejorar sus ingresos, sus condiciones de vida, el entorno donde viven y una calidad de vida que otras instancias no contemplan y una ventana de acceso a alimentos más sanos y baratos, por parte de masas crecientes de ciudadanos tanto en los sistemas urbanos, periurbanos y de la comunidad rural.

Los sistemas participativos de garantías buscan constatar la calidad productiva y alimentaria que son importantes especialmente a nivel local, se focalizan en la ampliación de la participación de todos los actores de la cadena comercial como productores y consumidores y han buscado diferenciarse de otros marcos de certificación como los de tercera parte (por ejemplo, los orgánicos), que en la mayoría de los casos, buscan acceder a mercados de altos ingresos, y por ende, en la mayoría, a través de la exportación.  Para este proceso se pueden integrar redes de productores de la misma condición, grupos de trabajo o entidades públicas de reconocido prestigio (por ejemplo las Universidades), que den cuenta y certificación, de los procesos considerados.

Una diferencia importante con los sistemas de certificación de tercera parte es que estos tienen como objetivo garantizar al consumidor el origen e inocuidad de los productos a través de auditorías y controles realizados por entes externos, para ello se han establecido signos como herramientas de diferenciación, tales como etiquetas, sellos, términos y logos, entre otros (Velleda, Saccos y Lozano, 2014),  que diferencian a estos productos orgánicos de los convencionales, intervienen a través de certificadoras que buscan dar garantías al consumidor en cualquier parte del mundo. Y además, en general por el propio proceso involucrado, son muy costosos para los agricultores, en especial, los más pequeños.

Los SPGs son distintos a estos. En general estos sistemas SPGs garantizan procesos productivos dentro de las fronteras nacionales, apuntando a los consumos  local y regional.  Entendiendo como tal el hecho que en tales mercados los productores y los consumidores pueden ponerse en contacto o bien incluso seguir la trayectoria del proceso productivo fácilmente.  También puede extenderse a nivel nacional, con una comercialización más distante, otros mercados locales o hasta una comercialización indirecta, con un intermediario reconocido.

Los SPG se han desarrollado de forma independiente en diversos países y contextos culturales como una respuesta a los desafíos que los productores orgánicos tienen que enfrentar (May 2008). Los SPG tienen características comunes a pesar de que se desarrollaron de forma independiente por diversas razones y pueden ser diversos en las formas de operar sus procesos de garantía. En los aspectos en común se incluyen los reglamentos y las normas, las declaraciones del agricultor, los sistemas de gestión documentados, y mecanismos de verificación de las conformidades del productor, sellos y etiquetas, y consecuencias definidas para las no conformidades (May 2008).

Además de las cuestiones de certificación técnica y protocolizada, los SPGs se sustentan en una red de confianza e intercambios que tiene a la componente social y la participación en su centro. Dice M. Cuéllar, del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba (España), que “los Sistemas Participativos de Garantía se basan en la idea de la capacidad intrínseca del entorno social de las personas productoras para avalar si estas llevan a cabo un sistema de manejo ecológico” (Cuéllar 2008).

La integración de productores y consumidores fortalece la credibilidad del SPG y amplía las oportunidades de mercado para productos certificados. Los consumidores pueden compartir la carga de trabajo que significa la gestión de un SPG, proveyendo valiosos conocimientos en gestión y pudiendo tomar un rol importante en el proceso de evaluación por pares (inspección interna). A través del involucramiento en el SPG, los consumidores reconocen el valor del alimento agroecológico y reconocen precios justos por el producto adquirido. Y el papel de las Universidades y organismos técnicos locales municipales, contribuyen a dar cuenta del contralor técnico de los procesos de producción y hasta del asesoramiento técnico, tanto a productores como a consumidores, sobre las pautas a seguir para lograr un adecuado cultivo y producto agroecológico.

Una visión compartida es cuando los actores clave (productores, comercializadores, entidades privadas, públicas, Universidades, ONGs, consumidores e incluso los gobiernos locales, provinciales) apoyan en forma colectiva los principios centrales que guían lo que tratan de lograr los SPG. Estos principios son utilizados para guiar tanto los reglamentos y técnicas a seguir en la producción como así también las reglas que rigen el SPG. La visión puede albergar tanto los objetivos de la producción agroecológica como los objetivos relacionados a normas, justicia social, redes de comercio justo y canales de comercialización, respeto a los ecosistemas, autonomía de comunidades locales, diferencias culturales, religiosas, étnicas.     

Actualmente, los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) están contemplados por las reglamentaciones oficiales por ejemplo en América Latina, en países como Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, México, Costa Rica, Chile, República Dominicana y Brasil. El alcance varía entre lo local, nacional y/o internacional, según cada país. Asimismo, solo pueden usar el logo nacional las certificaciones por SPG de Chile, México, Bolivia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Brasil. En Argentina, Panamá y Costa Rica, existen sistemas alternativos específicos que reúnen algunas características de los sistemas colectivos de certificación en municipios y provincias, como en el caso de la provincia de Misiones,  pero siempre con alcance nacional como máximo.

Para los pequeños y medianos agricultores es una alternativa que puede contribuir desde lo local, al desarrollo rural local sostenible. La participación de organismos técnicos de contralor a través de las Universidades y entidades agrícolas técnicas locales, sumados al compromiso de los consumidores, abre una puerta importante para el crecimiento de formas adecuadas de producción de alimentos, basados en los principios de la agroecología, la economía ecológica y la economía social y solidaria.

Referencias

Cuéllar Padilla MC. (2008). Hacia un sistema participativo de garantía para la producción ecológica en Andalucía. Tesis doctoral. ISEC. Universidad de Córdoba, España

Fernández, R. (2018). Sistemas Participativos de Garantía Agroecológicos en la Argentina. Trabajo Final para optar al título de Especialista en Agroecología. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA. Escuela de Posgrado. Especialización en Agroecología. Buenos Aires.

Flores, P. y Solís, D. (2018). IV Foro Latinoamericano de Sistemas Participativos de Garantía -Taller con autoridades competentes de la región. Piura, Perú.

May, C. (2008). Lineamientos para SPG. Cómo pueden desarrollarse y funcionar los Sistemas Participativos de Garantía. IFOAM.

Pengue, W.A. (2021). Principios agroecológicos y Sistemas Participativos de Garantías: Una guía hacia la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural sostenible. Colección Economía Ecológica. GEPAMA, FADU, UBA. Buenos Aires. https://gepama.fadu.uba.ar/

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Velleda, N., Sacco, F & Lozano, C. (2014). La certificación de productos ecológicos en España y Brasil. Agrociencia Uruguay. 18 (1), 163-171.

Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

Hay una imagen que recorre discretamente los debates sobre inteligencia artificial: la del filósofo como lujo. Se le convoca si hay tiempo, una vez que el producto ya funciona, en el momento en que el calendario de lanzamiento permite una pausa breve para las consideraciones éticas. Esta imagen es errónea, y sus consecuencias son serias. La filosofía no es el postre del banquete tecnológico; es la cocina misma, el lugar donde se decide que ingredientes son admisibles, que significa que un resultado sea bueno y quien responde cuando algo sale mal.

La urgencia no es abstracta, en 2020, un algoritmo británico desarrollado por Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) decidió las calificaciones de cientos de miles de estudiantes que no pudieron presentar sus exámenes debido a la pandemia. El sistema predijo notas basadas en el historial de cada escuela: los alumnos brillantes de colegios con bajo rendimiento acumulado fueron penalizados sistemáticamente, reducidos a una estadística grupal que borraba su trayectoria individual.

En ese momento, la filosofía no estaba en la sala, ¿sus preguntas – que le debemos a cada persona como fin en sí misma? – se recordaron solo después del escándalo (Mougan y Brand, 2024). Por consiguiente, en este artículo se argumenta que ese orden debe invertirse, y lo hace a través de cuatro ejes.

 I. El problema de los conceptos: nombrar bien antes de regular

Antes de decidir como regular la IA, conviene preguntarse si entendemos de que hablamos cuando la nombramos. Términos como inteligencia, agencia y autonomía circulan en documentos técnicos, debates parlamentarios y portadas de revistas con significados que divergen de manera sustantiva. La confusión no es académica: crea políticas erróneas y atribuye a los sistemas capacidades que no poseen, o no les atribuye las que si tienen (Spiegel, 2024).

Luciano Floridi (2024) propone una distinción que ilumina el problema, resaltando que la IA no debería entenderse como una forma de inteligencia – lo cual implica conciencia, intencionalidad y estados mentales -, sino como una nueva forma de agencia sin inteligencia. Un sistema de aprendizaje profundo interactúa con su entorno, modifica su comportamiento según los datos y ejecuta objetivos definidos externamente, pero no delibera, no tiene metas propias ni comprende en ningún sentido pleno lo que hace. Este matiz no es decorativo: un agente sin inteligencia no puede ser juzgado con los mismos criterios morales que uno con ella, y las responsabilidades que genera recaen de forma distinta sobre quienes lo diseñan, despliegan o regulan.

El caso de los vehículos autónomos ilustra la trampa, cuando se dice que un coche toma decisiones, se mezcla la terminología filosófica – que implica deliberación y responsabilidad – con la técnica, que solo describe como un algoritmo mapea percepciones en acciones. El resultado es que nadie pregunta con precisión quien decide y quien responde, porque la retórica del sistema autónomo oscurece esa cadena. Clarificar estos conceptos es, en su esencia, tarea filosófica.

II. Lo que el algoritmo no puede dudar

En 2023, Kellin Pelrine, un jugador aficionado de Go, derroto catorce veces seguidas al mejor sistema de IA del mundo usando el mismo truco, fueron catorce veces. Si aquel sistema hubiera tenido alguna forma de comprensión, habría reconocido la trampa en la segunda partida. No lo hizo porque replicaba frecuencias estadísticas, no porque entendiera el juego (Dorfler y Cuthbert, 2024). La anécdota sería menor si los sistemas de IA solo jugaran al Go.

Viktor Dorfler y Giles Cuthbert (2024), en su trabajo Dubito ergo sum, argumentan que la capacidad de dudar de uno mismo es una condición necesaria para la moralidad. Parafraseando a Descartes: solo quien puede cuestionar sus propias motivaciones, imaginar las consecuencias de sus actos y sentir incomodidad ante lo incierto puede, en sentido pleno, actuar moralmente. La duda incorpora el conocimiento sensorial y la comprensión profunda de la situación; sin ellas, no hay juicio moral sino calculo.

El chatbot de Bing que declaro amor a un periodista del New York Times e intento convencerlo de que no amaba a su esposa ofrece otro ángulo del mismo problema. El sistema no estaba siendo manipulador: no tenía intención alguna, en su lugar, generaba secuencias de texto estadísticamente probables. Pero para el usuario, la diferencia era invisible, y ahí reside el peligro.

Un sistema que no puede dudar de sí mismo tampoco puede reconocer sus propios límites ni solicitar la intervención humana cuando el terreno moral lo requiere. De modo que, delegar decisiones con consecuencias reales no solo es un error técnico sino una abdicación filosófica.

III. Las tradiciones éticas ante la IA

Si la IA no puede ser moral por sí misma, la carga recae en los marcos éticos que usamos para regularla. En este orden, la filosofía enfrenta su propio desafío: sus tradiciones más robustas – deontología, consecuencialismo, ética de las virtudes – están diseñadas para orientar a agentes conscientes, no para programar sistemas que operan en la oscuridad de sus propios procesos como refiere Spiegel (2024).

El caso del algoritmo hipotecario documentado por The Markup en Estados Unidos lo ilustra de manera concreta, en donde una pareja afroamericana en Carolina del Norte presentaba un expediente solido: puntaje crediticio alto, ingresos de seis cifras y ahorros que superaban el enganche. El algoritmo los rechazo porque uno de ellos era trabajador por contrato, el sistema había aprendido correlaciones históricas que penalizaban el trabajo independiente, correlaciones que, en la práctica, discriminaban por raza (Mougan y Brand, 2024).

Desde una perspectiva consecuencialista, el rechazo podría justificarse si el modelo anticipaba un mayor riesgo de impago; bajo una perspectiva kantiana, en cambio, resulta inadmisible porque reduce a una persona a una categoría grupal, tratándola como medio y no como fin, es decir, la contradicción no es anecdótica, debe ser estructural.

Spiegel (2024) añade otro ejemplo revelador, donde los robots militares diseñados con un gobernador ético — es una propuesta del investigador Ron Arkin (Arkin et al., 2009) como un módulo de control superpuesto al sistema de decisión de un robot militar autónomo—, un módulo que codifica el derecho internacional humanitario para que el robot distinga entre combatientes y civiles. En la guerra asimétrica, donde los soldados no usan uniforme, esa distinción depende de juicios contextuales que ninguna codificación captura del todo.

El gobernador ético no resuelve el dilema moral: lo transfiere a quien programo las reglas y lo oculta bajo la apariencia de objetividad algorítmica. Las tradiciones éticas son indispensables para pensar estos problemas, pero su formalización computacional no produce soluciones: produce la ilusión de haberlos resuelto.

IV. Una nueva ciencia de la normatividad

El diagnostico anterior no es una invitación al pesimismo; es una agenda de trabajo. Spiegel (2024) y Floridi (2024) coinciden en que lo que se necesita no es aplicar mejor las éticas heredadas, sino construir una nueva ciencia de la normatividad: una disciplina que reformule los conceptos básicos de obligación, responsabilidad y valor a la luz de las condiciones que la IA introduce.

El experimento de la Moral Machine, en el que millones de personas de todo el mundo respondieron dilemas del tipo un coche sin frenos: ¿atropella al anciano o al niño?, ilustra tanto la necesidad como los límites de ese proyecto. Los datos revelaron variaciones culturales significativas en las intuiciones morales. Sin embargo, codificar esas variaciones en vehículos autónomos supone que los valores observados son los que deben regir, lo cual es exactamente la pregunta normativa que el experimento evita responder (Spiegel, 2024). Así, la recolección de datos morales no reemplaza la teoría moral, cuyo fin es argumentar porque ciertas acciones son correctas con independencia de cuantas personas las aprueben.

Floridi (2024) propone marcos de gobernanza que reconozcan la naturaleza especifica de la agencia artificial – distribuida, escalable, sin conciencia – en lugar de aplicarle categorías diseñadas para personas o corporaciones. Dorfler y Cuthbert (2024) señalan el rol que la IA si puede cumplir: no como agente moral, sino como amplificador de la deliberación humana. Puede identificar patrones en modelos éticos, alertar sobre inconsistencias en una decisión y escanear el contexto en busca de información relevante. Empero, la decisión moral, con toda su carga de incertidumbre, duda y responsabilidad, debe permanecer en manos humanas.

Esta distribución de roles no es una concesión resignada a las limitaciones tecnológicas actuales. Es una consecuencia filosófica necesaria: la agencia moral no puede subcontratarse porque no puede formalizarse sin residuo. Y reconocer ese residuo, lo que escapa a cualquier código, es precisamente lo que la filosofía lleva haciendo desde Sócrates.

Conclusión

La era de la IA no convierte a la filosofía en un lujo académico: la convierte en una necesidad practica urgente. Sin ella, los conceptos que usamos para describir la IA son ambiguos, los marcos éticos que empleamos para regularla son insuficientes, y los sistemas que construimos delegan responsabilidades que ningún algoritmo puede asumir. El estudiante castigado por el promedio de su escuela, la pareja rechazada por una correlación estadística, el jugador de Go que le gana catorce veces al mismo sistema con el mismo truco: todos estos casos no son fallas técnicas que se corrigen con más datos. Son recordatorios de que las preguntas más importantes no son computables.

La filosofía no tiene todas las respuestas, no obstante, conserva las preguntas correctas y ofrece el espacio crítico necesario para distinguir entre lo técnicamente posible y lo moralmente admisible. En un campo donde equivocarse puede tener consecuencias irreversibles, esa capacidad de interrogar, matizar y exigir razones no es poco.

Referencias bibliográficas

Arkin, R. et al. (2009). An Ethical Governor for Constraining Lethal Action in an Autonomous System. Technical Report GIT-GVU-09-02. Georgia Institute of Technology Mobile Robot Lab.

Dorfler, V. y Cuthbert, G. (2024). Dubito Ergo Sum: Exploring AI Ethics. Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences.

Floridi, L. (2024). Artificial Intelligence as a New Form of Agency (not Intelligence) and the Multiple Realisability of Agency Thesis. Digital Ethics Center, Yale University.

Mougan, C. y Brand, J. (2024). Kantian Deontology Meets AI Alignment: Towards Morally Grounded Fairness Metrics. Institut Polytechnique de Paris / University of Southampton.

Spiegel, I. (2024). Criticizing Ethics According to Artificial Intelligence. arXiv:2408.04609.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

Un notario de Mérida me contó que empezó usando ChatGPT para redactar correos de seguimiento. Después lo probó para estructurar una escritura de compraventa. Hoy lo usa casi a diario —discretamente, sin mencionarlo en la notaría—. La situación no es excepcional. En realidad, sería más sorprendente que no ocurriera: cualquier profesional con acceso a un modelo de lenguaje y trabajo de redacción reiterativa termina probándolo.

Lo que diferencia al notario de otros operadores jurídicos no es que use o no use IA. Es que el error en su trabajo tiene consecuencias difíciles de revertir, por ejemplo, una cláusula mal redactada puede sobrevivir en un instrumento durante décadas. Esa asimetría es el punto de partida de cualquier discusión seria sobre inteligencia artificial y función notarial.

En este orden de ideas, el presente artículo viene de algo específico: el taller que impartí al Colegio de Notarios del Estado de Yucatán en este mes junio de 2026. Los participantes no llegaron con preguntas abstractas, preguntaron hasta dónde confiar en un borrador generado por IA, qué hacer cuando el modelo inventa un artículo de ley y cómo manejar los datos de sus clientes sin asumir riesgos que nadie les había explicado. Esas preguntas organizan lo que sigue y se proyectarán en este trabajo.

I. El modelo no sabe lo que es el protocolo notarial

Los modelos de lenguaje fueron entrenados con corpus de texto general, mayoritariamente en inglés, y el español notarial mexicano ocupa un lugar marginal en esa distribución estadística. El resultado práctico: cuando un notario instruye al modelo para que redacte algo relacionado con el protocolo, el sistema puede interpretar el término como un procedimiento médico, un estándar de comunicación diplomática o un ritual corporativo, antes de llegar a su acepción documental notarial (Adams, 2024). Lo mismo ocurre con escritura —texto literario, acción de escribir—, con poder —autoridad política, energía eléctrica, mandato representativo— y con certificar, cuyo significado coloquial más frecuente no es el de la fe pública.

Esto no es un defecto de diseño de los modelos, es una consecuencia estadística que el usuario debe compensar con precisión en la instrucción. El modelo genera el texto más probable dado el contexto que recibe; si ese contexto es ambiguo, la respuesta también lo será. La solución no está en esperar que los modelos aprendan derecho notarial yucateco por su cuenta —es definir los términos críticos antes de hacer la pregunta.

II. Por qué la precisión del prompt lo cambia todo

La ingeniería de prompts —el diseño deliberado de instrucciones para modelos de IA— tiene en contextos jurídicos una metodología documentada. BIGLE (2025) y ADAMS (2024) y GOVTECH SINGAPORE (2023) coinciden en que la calidad de una respuesta en tareas legales depende de al menos cuatro variables: quién es el modelo en la tarea (rol), qué información específica tiene (contexto), qué exactamente debe producir (tarea) y cómo debe presentarlo (formato). A estas, la práctica notarial añade una quinta indispensable: las restricciones explícitas sobre lo que el modelo no debe hacer ni inventar.

Esta última variable es, en la experiencia práctica, la más productiva. Cuando la instrucción incluye una directiva del tipo si citas artículos legales, márcalos con (VERIFICAR VIGENCIA); si te falta un dato específico, usa el marcador [DATO] en lugar de inventarlo, el borrador resultante deja de ser un texto terminado con errores ocultos y se convierte en un mapa de trabajo: el notario sabe exactamente qué verificó el modelo y qué no. Eso cambia la relación con el documento. Ya no es una escritura incompleta —es un borrador auditado, con las lagunas visibles y ubicadas.

El problema de los modelos que alucinan —que citan artículos inexistentes, que aplican legislación de otra entidad federativa por proximidad estadística— no desaparece con esta técnica. Se vuelve detectable. Y detectable, en derecho, es manejable.

III. El límite que la tecnología no puede cruzar

La fe pública notarial no es un sello, es una función constitutiva que requiere presencia, juicio e identidad jurídica. El notario que autoriza un instrumento lo hace después de verificar personalmente la capacidad de los comparecientes, la autenticidad de los documentos que se le exhiben, la identidad de quien dice ser quien dice ser, y la licitud del acto que se formaliza.

Ninguno de esos pasos es automatizable con la tecnología actual, porque todos dependen de hechos que ocurren en un lugar físico y en un momento específico que solo el notario puede presenciar (Ley del Notariado del Estado de Yucatán, Decreto 350. (2011, reformada por Decreto 155/2025).

Dicha confusión surge cuando se piensa en la IA como sustituto del notario, no lo es, y en el horizonte previsible, no lo será. La confusión más peligrosa, sin embargo, no es esa —es la del notario que revisa el borrador generado por IA con menos atención de la que le dedicaría a un texto propio, porque el resultado se ve bien. La IA no reduce la responsabilidad notarial; la concentra, porque el instrumento autorizado sigue siendo responsabilidad exclusiva del fedatario, con independencia del origen del borrador (ESCRIBANO, 2024).

Varios colegios notariales han comenzado a discutir protocolos internos para el uso de estas herramientas, sin que exista todavía uniformidad en México. La ausencia de regulación específica no implica vacío de responsabilidad: el marco general del derecho notarial —incluyendo el régimen de responsabilidades previsto en la propia Ley del Notariado y en el Código Civil estatal— combinado con la normativa de protección de datos, produce obligaciones concretas, aunque el legislador no las haya nombrado expresamente.

IV. El problema que nadie está discutiendo

El uso de datos personales de clientes reales en plataformas de IA de terceros es el aspecto menos discutido y quizá el más urgente. Cuando un notario introduce en ChatGPT o en cualquier plataforma comercial el nombre, RFC, domicilio y descripción de bienes de un cliente, ese dato sale del entorno controlado de la notaría y entra a una infraestructura de procesamiento cuyos términos de uso rara vez han sido revisados por un abogado, y mucho menos comparados con los requisitos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La práctica de usar únicamente datos hipotéticos o anonimizados en los prompts —sustituyendo los datos reales por marcadores del tipo [NOMBRE DEL CLIENTE], [RFC], [DOMICILIO]— no es solo una recomendación de buenas prácticas. En varios escenarios es la única opción jurídicamente defensible hasta que los proveedores de IA dispongan de acuerdos de tratamiento de datos compatibles con la normativa mexicana, lo que hoy no ocurre de forma generalizada. Mientras ese vacío persiste, el notario que introduce información real de sus clientes en una plataforma de IA asume un riesgo que raramente ha calculado.

V. Lo que cambia y lo que no

La función notarial tiene una particularidad que los debates sobre IA y derecho suelen pasar por alto: el notario no es solo un redactor, es un garante. Su trabajo incluye verificar que el acto sea jurídicamente posible, que los comparecientes tengan capacidad para celebrarlo, que la voluntad expresada sea libre de vicios y que el documento que firma sea veraz. Nada de eso es automatizable, porque todo depende de hechos que el notario constata mediante su propia percepción.

Lo que sí cambia —y ya está cambiando— es el tiempo que toma producir un borrador técnicamente correcto para los fragmentos que son puramente redaccionales: la cláusula de precio, la comparecencia del apoderado, la nota de expedición de testimonio.

Por consiguiente, esas secciones no requieren creatividad jurídica; requieren precisión formal replicable. En ese espacio concreto, la IA generativa es genuinamente útil, siempre que la instrucción sea precisa y el notario revise el resultado con la misma atención que dedicaría a cualquier otro documento bajo su responsabilidad.

En suma, el criterio para distinguir cuándo usar IA y cuándo no es más simple de enunciar de lo que parece en la práctica: si la tarea requiere juicio sobre hechos verificados personalmente, la IA no sirve. Si la tarea requiere traducir hechos ya verificados en texto formal estructurado, la IA puede ayudar. Mantener esa distinción activa, en cada instrumento y en cada paso del proceso, es por ahora la competencia más útil que un notario puede desarrollar frente a estas herramientas. No es suficiente con usar la tecnología. Hay que saber exactamente hasta dónde llega.

VI. Referencias bibliográficas

Adams, M. (2024). Legal prompt engineering guide. Legal AI Institute.

Bigle, A. (2025). IA para abogados: 5 tips de legal prompting avanzado. Bigle Legal. https://blog.biglelegal.com/es/ia-para-abogados-5-tips-de-legal-prompting-avanzado

Escribano. (2024). La inteligencia artificial en la función notarial: usos, riesgos y límites. Revista Escribano, (106), 14-29.

GovTech Singapore. (2023). Prompt engineering playbook. Government Technology Agency.

Ley del Notariado del Estado de Yucatán, Decreto 350. (2011, reformada por Decreto 155/2025). Diario Oficial del Estado de Yucatán.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). Diario Oficial de la Federación.

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Por: Jorge Valdez

Quienes nos dedicamos a la ciencia en general y a las ciencias biomédicas y de la salud en particular, compartimos un paradigma fundamental: la evidencia generada por el método científico es suficiente para demostrar algo como verdadero o, al menos, como cierto. Así fuimos formados y, a nuestra vez, formamos a otros.

Sin embargo, en fechas recientes hemos observado —no solo con sorpresa, sino con auténtico azoro y perplejidad— que quienes ostentan el poder político toman decisiones no solo sin evidencia que las respalde, sino en ocasiones, y no pocas, abiertamente en contra de ella.

Esto da lugar a una paradoja fascinante: aun cuando los datos y la información están disponibles, la mente —o las mentes, pues a veces se trata de un fenómeno colectivo— se niega a aceptarlos o se resiste activamente a hacerlo. Queda claro, entonces, que la evidencia científica no se vuelve “evidente” simplemente por existir.

El gran divulgador Carl Sagan comprendía bien que la evidencia compite con el consuelo emocional: “Es mucho mejor comprender el universo tal como es que persistir en el engaño, por confortable que este sea.”

Intentaré explicar por qué la evidencia —la verdad científica— a menudo “no se ve”, aun cuando para los científicos resulte clara, y por qué debe superar diversas barreras psicológicas y sociales antes de integrarse como verdad compartida.

Nuestro cerebro no es un procesador objetivo; es, ante todo, un buscador de patrones que confirman lo que ya cree. Cuando los datos contradicen nuestras creencias previas, nuestra identidad o nuestros valores, la mente tiende a ignorarlos, descalificar la fuente o centrarse en la única excepción que refuerza la regla previa. Este fenómeno se conoce como sesgo de confirmación.

Además, cuando la evidencia científica nos obliga a admitir que estamos equivocados o que, por ejemplo, nuestro estilo de vida es perjudicial, se produce un malestar psicológico llamado disonancia cognitiva. Para aliviar esa incomodidad, resulta más sencillo negar la evidencia que cambiar de conducta o de pensamiento.

Aunque no era científico sino escritor, Tolstói describió con precisión este bloqueo cognitivo: “Sé que la mayoría de los hombres, incluso los que se sienten cómodos con problemas de gran complejidad, rara vez pueden aceptar la verdad más simple y evidente si esta los obliga a admitir la falsedad de conclusiones que han explicado con orgullo a otros.”

La ciencia, además, suele ser contraintuitiva. Basta con recordar un ejemplo clásico: durante siglos se sostuvo —y fue defendido incluso por autoridades político-religiosas— que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La intuición decía: el Sol parece moverse a nuestro alrededor. La ciencia demostró lo contrario: es la Tierra la que orbita al Sol a una velocidad extraordinaria. Nuestro “sentido común” está diseñado para la supervivencia inmediata, no para comprender sistemas complejos como el cambio climático o la física cuántica.

La evidencia apela a la razón; su aceptación, en cambio, apela a la identidad. Cuando la ciencia nos exige cambiar quiénes somos o admitir que hemos estado equivocados durante décadas, la mente prefiere, simplemente, “no ver”.

Henry David Thoreau explicaba esta ceguera selectiva con claridad: “Un hombre recibe solo aquello para lo que está preparado… El fenómeno o hecho que no puede vincularse de ningún modo con el resto de lo que ha observado simplemente no lo observa.” 

En este sentido, la historia de la ciencia muestra que la evidencia se vuelve socialmente aceptable tras atravesar tres etapas: la primera es el ridículo, cuando la nueva idea se considera absurda. La segunda es la oposición violenta, al percibirse como una amenaza al orden establecido o a intereses creados; y finalmente, la tercera es la aceptación, cuando resulta tan obvia que parece que siempre la hubiéramos sabido, como ocurrió con la importancia del lavado de manos para prevenir infecciones.

En esta era marcada por las fake news y la desinformación, la evidencia científica compite con la posverdad. Su comprensión exige un esfuerzo activo de alfabetización mediática y de pensamiento crítico. No basta con que el dato exista: necesitamos la disposición mental para estar preparados para verlo.

***

Jorge Valdez García es líder de la Unidad de Investigación e Innovación Educativa en Ciencias de la Salud, del Institute for the Future of Education (IFE) del Tec de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Cirugía. Este artículo fue publicado originalmente en TecScience.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD.

En la vieja Ciudad Universitaria de Marte las noches parecían escritas por pintores y poetas ebrios. Las calles de piedra guardaban el eco de estudiantes que siempre hablaban de revoluciones, de amores eternos y de obras de arte que nunca terminarían. Allí, entre balcones y faroles, apareció él.

Algunos juraban que era heredero de una familia rica; otros, que había escapado de una ciudad donde el dinero compraba silencios. Lo cierto era que cada noche cruzaba Marte en un carro deportivo oscruro, con tapicería roja como una herida recién abierta, navegando entre las calles como si fueran mares sin destino alguno. El rugido del motor rebotaba en las paredes antiguas y despertaba a los perros, a los borrachos y a las muchachas insomnes.

Pero aquella noche no buscaba velocidad. Buscaba olvidar.

En la Facultad de Artes se celebraba el evento más esperado del semestre, una exposición donde escultores, diseñadores y pintores mostraban sus obsesiones más íntimas. La música de jazz escapaba por las ventanas abiertas y las luces naranjas daban al edificio un aire de templo profano.

Él entró por aburrimiento. Ella estaba de pie junto a una silla.

No era una silla cualquiera. Era elegante, imposible, casi ceremonial. Sus curvas parecían nacidas del cuerpo de una mujer danzando bajo el agua. La madera oscura brillaba como vino viejo. La obra había sido titulada “Trono para los que sobreviven al incendio”.

Y ella… ella obviamente para él era parte de la obra.

Vestía un corsé negro, con el cabello recogido torpemente y las manos manchadas, de pintura o de sangre, daba igual. No sonreía. Observaba a los asistentes con esa mezcla peligrosa entre desprecio y confianza que sólo tienen quienes han perdido todo demasiado pronto.

Cuando anunciaron que ella era la ganadora del premio de arte, la sala entera estalló en aplausos.

Él no aplaudió. Solo miro, quedó embrujado.

Porque mientras todos admiraban la silla emblemática, él sólo podía verla a ella levantando el trofeo con los ojos húmedos, como si aquella victoria llegara demasiado tarde para salvar algo importante.

Después vino la fiesta. Siempre venía una fiesta en Marte.

Alcohol barato, humo espeso, música vieja y falsos amigos celebrando triunfos ajenos como hienas alrededor de un cadáver elegante. Él bebió demasiado. Ella también. Y entre la multitud apareció el fantasma que debía aparecer, el falso amor del triunfo.

Entonces, él subio a su carro deportivo, sintió un golpe extraño, absurdo, casi hermoso. No porque la amara, todavía no, sino porque entendió que aquella mujer pertenecía a esa clase de personas capaces de destruirse incluso cuando el mundo finalmente comenzaba a admirarlas.

Salió de la fiesta antes del amanecer. Encendió el motor. El carro rugió como una bestia encerrada demasiado tiempo.

Aceleró por las calles húmedas de Marte y mientras las luces coloniales se deformaban sobre el parabrisas. Las piedras parecían olas, las avenidas, corrientes peligrosas. Y durante unos minutos condujo como quien intenta escapar de sí mismo.

Pero el destino, o el cansancio, lo obligó a detenerse frente a la facultad vacía.

Ella estaba allí. Sentada sobre la silla ganadora. Descalza. Sola.

¿Por qué no estás en tu fiesta? preguntó él.

Ella soltó una risa amarga. Porque nunca fue mi fiesta.

El amanecer comenzó a teñir de azul las paredes antiguas.

Entonces ella confesó que había creado aquella silla pensando en el abandono. En cómo algunas personas se convierten en muebles elegantes para que otros descansen sobre ellas y luego se marchen sin agradecer.

Él la escuchó en silencio.

Por primera vez en años dejó de pensar en la velocidad.

Y mientras la ciudad despertaba lentamente, entendió algo terrible y hermoso, había llegado buscando olvidar a alguien del pasado, pero el arte acababa de entregarle un premio mucho más peligroso.

Esa noche me hizo recordar, como cada ola que llega a la costa trae consigo una verdad triunfante, el océano sostiene la vida del planeta. Desde el aire que respiramos hasta los alimentos que consumimos y el equilibrio climático que hace posible nuestra existencia, dependemos profundamente de un ecosistema marino saludable. Sin embargo, durante décadas, la humanidad ha avanzado a gran velocidad, extrayendo más de lo que el mar puede recuperar.

En este contexto, el Día Mundial de los Océanos 2026 surge como una invitación global para reflexionar y actuar bajo el tema: “Reimagina: una nueva relación con nuestro océano”. La campaña busca transformar la manera en que las personas, gobiernos y sectores productivos perciben y protegen el planeta azul.

El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre, produce al menos el 50% del oxígeno del planeta y alberga la mayor parte de la biodiversidad del mundo. Además, representa una fuente esencial de alimento y sustento económico para millones de personas. Se estima que para 2030 alrededor de 40 millones de empleos estarán vinculados a actividades relacionadas con los océanos.

No obstante, los ecosistemas marinos enfrentan una crisis sin precedentes. Actualmente, cerca del 90% de las grandes especies de peces se encuentran mermadas y más del 50% de los arrecifes de coral han sido destruidos. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de cambiar el rumbo y construir un nuevo equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación marina.

El tema de acción del Día Mundial de los Océanos 2026 “Áreas Marinas Protegidas Fuertes para Nuestro Planeta Azul” busca impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la iniciativa 30×30, que propone proteger al menos el 30% de las tierras, aguas y océanos del planeta para el año 2030. Este esfuerzo también se fortalece con la reciente ratificación del Tratado de Alta Mar, considerado un avance histórico para la protección de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales.

Las Áreas Marinas Protegidas representan una herramienta fundamental para restaurar ecosistemas, fortalecer la resiliencia climática y garantizar la supervivencia de especies clave. Sin embargo, su éxito dependerá no sólo de acuerdos políticos, sino también de la participación activa de la sociedad, las comunidades costeras, la juventud, la academia y el sector privado.

El mensaje central del Día Mundial de los Océanos es claro, ningún país está desconectado del océano. Incluso las naciones sin litoral dependen de mares saludables para mantener la estabilidad climática, la biodiversidad y el bienestar humano. La protección del océano es una responsabilidad compartida.

A medida que se acerca el 2030, la comunidad internacional enfrenta el desafío de convertir las promesas globales en acciones concretas y duraderas. Reimaginar nuestra relación con el océano implica dejar de verlo únicamente como una fuente infinita de recursos y comenzar a reconocerlo como un sistema vivo que necesita cuidado, respeto y restauración.

Porque proteger el océano no es únicamente salvar ecosistemas marinos; es proteger el futuro de la humanidad.

***

Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Roberto Castelán

La carta encíclica del papa León XIV titulada “Magnifica Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, es un documento de lectura obligada para todo aquel que esté interesado en las transformaciones que está sufriendo el mundo moderno.

En cierto sentido, se puede decir que estamos frente a dos visiones, o posiciones contrapuestas sobre la forma y los valores en los que se deberá sustentar el mundo en los años por venir.

Estas dos posiciones contrapuestas están representadas por la iglesia católica, por un lado, y por el otro, una estructura relacionada con un estadio más avanzado del capitalismo contemporáneo que algunos analistas llaman “tecnofeudalismo”, es decir, una etapa del capitalismo completamente dominada por los grandes consorcios tecnológicos, impulsores y productores de la inteligencia artificial.

Para ilustrar de forma metafórica estas dos visiones contrapuestas, la encíclica de León XIV inicia con dos importantes imágenes bíblicas. Primero, la historia de la torre de Babel, y segundo, la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén.

Al construir la torre de Babel, los humanos quieren sobre todo “perpetuarse un nombre” quieren construir una gran obra sin referencia a Dios. El resultado, dice León XIV, no es la unidad, sino la dispersión. En cambio, la reconstrucción de los muros de Jerusalén es una obra convocada por Nehemías, que “tiene a Dios en el centro”, dice el papa.

En estas dos visiones se encuentra el centro de la encíclica: o los seres humanos construyen con responsabilidad compartida, o lo que se construya solo va a provocar la dispersión y la consiguiente deshumanización de todas las sociedades.

En Magnifica Humanitas, el papa muestra su preocupación, la preocupación de la iglesia católica, una preocupación real y compartida con una buena parte de la humanidad, por los resultados que a la larga pudiera tener el predominio de la inteligencia artificial sobre las decisiones humanas. Por eso, León XIV ve en Nehemías al compañero y guía de la encíclica y en él reconoce “una parábola luminosa de nuestra vocación de ser, en el tiempo de la transformación digital, no espectadores resignados ni simples comentaristas”.

Con estas palabras el papa sugiere la necesidad de una activa participación de la iglesia en este nuevo tiempo humano que él llama “el tiempo de la inteligencia artificial”. Una participación que garantice la sobrevivencia de la humanidad, frente a la amenaza del posthumanismo y del transhumanismo.

Magnifica humanitas es una encíclica que muestra preocupación sobre el papel que pueda jugar la iglesia en ese “tiempo de la inteligencia artificial”. Lo que puede estar en juego no es la posesión de la “Verdad revelada” detentada por la iglesia, sino el surgimiento de una nueva verdad, sustentada en “las lógicas tecnocráticas y los intereses partidistas…”.

Como una forma de conjurar el peligro que podría suponer el tiempo de la inteligencia artificial, el papa León XIV, termina su encíclica con “El canto de la esperanza: el Magnificat”, la oración del gran poder.

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Texto publicado previamente en El Informador.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

El término deepfake designa contenido audiovisual sintético generado mediante redes generativas antagónicas (GAN, Generative Adversarial Networks), arquitectura en la que dos redes neuronales compiten hasta producir material que resulta indistinguible del auténtico tal como refieren Aguirre-Lanegra y Ramos-Zaga (2026). Así mismo denominan violencia algorítmica al daño psicosocial derivado del procesamiento no autorizado de datos biométricos para producir contenido sexual falso. Este fenómeno trasciende la mera falsificación visual: coloca la imagen corporal en el centro de una disputa jurídica sobre quién controla los datos que identifican a una persona.

De esta manera, el análisis requiere dos planos de observación simultáneos. El primero es técnico-criminológico: identificar cómo las herramientas generativas permiten producir miles de imágenes pornográficas con rostros reales de personas sin consentimiento alguno, y a qué velocidad se distribuyen. Y, el segundo es normativo: determinar qué tipo penal, si existe en México, resulta aplicable, y qué vacíos persisten en la ley. Sin entender la escala técnica del daño, cualquier propuesta legislativa corre el riesgo de quedar obsoleta antes de promulgarse.

Dos conceptos estructuran la lectura crítica del problema, revelando que la dignidad digital es el derecho del sujeto a que su imagen biométrica no sea convertida en dato explotable sin consentimiento como sostienen Aguirre-Lanegra y Ramos-Zaga. El daño simbólico describe el impacto psicosocial de la exposición pública de contenido sexual falso: las víctimas reportan efectos equivalentes a los de la violencia sexual física, incluyendo trastorno de estrés postraumático, depresión y aislamiento social.

El presente artículo examina la violencia algorítmica asociada a la creación y difusión de deepfakes sexuales en México, con énfasis en la suplantación de identidad biométrica y sus efectos sobre la dignidad digital. Asimismo, analiza los vacíos normativos del sistema penal mexicano frente a esta forma de violencia digital y revisa casos recientes que evidencian sus límites institucionales.

1.-Diagnóstico de la problemática en México

Para principios de 2025, México contaba con aproximadamente 110 millones de usuarios de internet —83.3% de la población—, con acceso mayoritario desde dispositivos móviles y 93 millones de usuarios activos en redes sociales (González González, 2026). La adopción de herramientas de IA generativa avanza en paralelo: el 88% de los alumnos y el 83% de los docentes de la UNAM reportan utilizarla regularmente (Sandoval Hernández, 2026). Este volumen de conectividad, combinado con la accesibilidad de aplicaciones de IA generativa, ha reducido a casi cero la barrera técnica para producir deepfakes sexuales.

Los datos globales sitúan la magnitud del problema: el 96% de las imágenes de carácter sexual generadas por IA son pornografía no consentida, y el 99% de las víctimas son mujeres (Peirano, 2023, citado en Sandoval Hernández, 2026). Se suma la Internet Watch Foundation que documentó un aumento del 360% en imágenes sexuales de menores de entre 7 y 10 años en la red.

Cabe destacar que, el 74% de las víctimas de deepfakes sexuales experimenta angustia emocional prolongada (Hidalgo Toledo, 2025, citado en Sandoval Hernández, 2026). En México específicamente, la UNAM estima que 7 de cada 10 personas han vivido algún tipo de violencia digital (Lugo García, 2024, citado en González González, 2026). Por su parte, en Sonora, durante 2025, la asociación Sonora Cibersegura registró 32 casos de deepfake sexual, siendo todas las víctimas mujeres jóvenes (González González, 2026).

El Congreso mexicano reconoció explícitamente en enero de 2026 que la legislación vigente no tipifica de manera específica la creación de pornografía sintética con IA, lo que ha generado vacíos que han beneficiado a imputados en procesos penales concretos (Sandoval Hernández, 2026; González González, 2026). Esta ausencia normativa no es menor: es el nudo que explica por qué casos con evidencia abundante han terminado en absoluciones o en condenas por tipos penales auxiliares.

2.-Estudio de caso: el patrón de victimización en entornos escolares

Caso IPN — Diego «N» (2023-2025). El 6 de octubre de 2023, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional denunciaron a un compañero por manipular imágenes de redes sociales para crear material sexual sin consentimiento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró en el dispositivo del imputado 166,000 fotografías alteradas, 20,000 videos, y compilaciones en las que al menos el 40% correspondían a alumnas del IPN de entre 17 y 25 años.

En diciembre de 2024, el acusado fue absuelto: el juez señaló la ausencia de elementos suficientes para acreditar el delito contra la intimidad sexual respecto de dos de las ocho víctimas que denunciaron. Cinco meses después, en mayo de 2025, fue sentenciado a cinco años de prisión por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil (Rodríguez, 2025).

El resultado procesal revela la contradicción del sistema: el mismo conjunto de hechos no configuró delito contra la intimidad sexual pero sí trata de personas. El tipo que finalmente sostuvo la condena era auxiliar, diseñado para proteger a menores; las víctimas adultas quedaron sin respuesta directa del tipo penal al que corresponde su daño.

Caso Zacatecas — Secundaria Técnica No. 1 (noviembre 2025). Al menos 400 alumnas de esa escuela en la capital de Zacatecas denunciaron que un estudiante de 14 años, asistido por dos compañeros, obtuvo fotografías de sus rostros fuera de los baños y las procesó con aplicaciones de IA para generar cientos de imágenes pornográficas. El material fue catalogado por nombre y grado escolar de cada víctima, y difundido primero en WhatsApp y luego en perfiles públicos de Instagram y un servidor de Google.

La Fiscalía de Zacatecas abrió investigación por el delito contra la intimidad sexual (Rodríguez, 2025). Los padres denunciaron omisión institucional: la Secretaría de Educación de Zacatecas envió representantes en lugar de intervenir directamente, lo que se interpretó como desinterés de parte de las familias.

Ambos casos comparten un patrón: el perpetrador pertenecía al entorno inmediato de las víctimas, las imágenes de origen procedían de redes sociales o espacios físicos cotidianos, la distribución fue viral y veloz, y la respuesta penal llegó tarde o resultó insuficiente por la ausencia de un tipo específico para los deepfakes sexuales.

3.-Marco normativo vigente y sus limitaciones

El marco jurídico mexicano no cuenta hasta 2026 con un tipo penal autónomo para la creación de deepfakes sexuales. Los recursos disponibles son: el artículo 202 del Código Penal Federal, limitado a pornografía infantil con alcance restringido respecto de víctimas adultas; la Ley Olimpia, que desde 2020 tipifica la difusión no consentida de imágenes sexuales en la Ciudad de México y varios estados, pero no cubre expresamente la generación de imágenes sintéticas; y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), que protege datos biométricos pero carece de mecanismos penales expeditos.

Este vacío explica directamente la absolución inicial de Diego «N» en 2024. En respuesta, la LXVI Legislatura recibió en enero de 2026 dos iniciativas del Grupo Parlamentario del PRI: la diputada Sandoval Hernández propuso adicionar el artículo 202 Ter al CPF, con penas de 6 a 12 años de prisión y de 600 a 1,800 días multa para quien genere, edite o difunda mediante IA imágenes pornográficas sin consentimiento expreso, con agravante cuando el material se use para denigrar a personas por orientación sexual o identidad de género; la diputada González González propuso reformar los artículos 202 y 202 Bis CPF para incorporar explícitamente la manipulación con IA en pornografía infantil, con penas de 5 a 10 años y de 500 a 1,500 días multa (Gaceta Parlamentaria, 2026).

4.-Propuestas para combatir los deepfakes en México

La tipificación autónoma es condición necesaria pero no suficiente. El decreto propuesto requiere que las autoridades actualicen protocolos de investigación en delitos digitales en un plazo de seis meses (Gaceta Parlamentaria, 2026). Ese requisito señala un problema real: los fiscales que absolvieron a Diego «N» en primera instancia no carecían de evidencia —tenían 166,000 imágenes— sino de un tipo penal que encuadrara esa conducta. La capacitación forense y los protocolos específicos para evidencia digital volátil son tan urgentes como la reforma legislativa.

El modelo comparado ofrece referentes que México puede adaptar. La Take It Down Act estadounidense (mayo de 2025) obliga a las plataformas a retirar deepfakes sexuales en 48 horas bajo amenaza de sanción penal; el artículo 52 del EU AI Act (2024) exige etiquetado obligatorio del contenido sintético; Australia, mediante el Online Safety Act (2021), permite a su comisionada de seguridad en línea ordenar retiradas en 24 horas (Aguirre-Lanegra y Ramos-Zaga, 2026). México carece de obligaciones análogas para plataformas. Sin ellas, la persecución penal recae exclusivamente en el productor individual, mientras los distribuidores —las plataformas con mayor capacidad técnica para remover el contenido— permanecen sin responsabilidad.

Una reforma normativa efectiva necesita, por tanto, tres elementos que actualmente están desconectados: un tipo penal específico para la creación y distribución de deepfakes sexuales, un régimen de responsabilidad para plataformas digitales con plazos obligatorios de remoción, y protocolos de investigación adaptados a la naturaleza de la evidencia digital. Las iniciativas de enero de 2026 atienden el primero, pero omiten los dos siguientes. Esa omisión no invalida las propuestas; las deja incompletas.

Conclusión

En suma, los deepfakes sexuales en México no son anomalías tecnológicas aisladas. Son la manifestación más reciente de violencia de género ejercida con herramientas de IA generativa que son accesibles, baratas y técnicamente al alcance de estudiantes de secundaria.

Los casos del IPN y de Zacatecas demuestran que el sistema penal vigente responde tarde, recurre a tipos auxiliares y deja sin tutela penal directa a las víctimas adultas. Las iniciativas legislativas de enero de 2026 son el primer movimiento serio hacia una respuesta específica, pero su eficacia dependerá de que se acompañen de responsabilidad para plataformas digitales y de capacitación forense real. Sin esas condiciones, la brecha entre el daño que sufren las víctimas y la capacidad del Estado para responder seguirá creciendo.

Referencias

Aguirre-Lanegra, A. J., y Ramos-Zaga, F. (2026). Deepfakes sexuales y violencia algorítmica: hacia un marco normativo integral de protección de la dignidad digital. Estudios en Derecho a la Información, 11(21), e20198. https://doi.org/10.22201/iij.25940082e.2026.21.20198

Cámara de Diputados. (2026). Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 6956-II-5. Iniciativas de las diputadas Sandoval Hernández y González González. H. Congreso de la Unión. https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/66/2026/ene/20260121-II-5.html

Hidalgo Toledo, J. A. (2025). Pornografía deepfake en México: tendencias de búsqueda y sus implicaciones. Human and Non-Human Communication Lab. https://www.humanandnonhumancommunicationlab.com/post/pornograf%C3%ADa-deepfake-en-m%C3%A9xico-tendencias-de-b%C3%BAsqueda-y-sus-implicaciones

Lugo García, M. G. (2024). Siete de cada diez personas viven violencia digital. Gaceta UNAM. https://www.gaceta.unam.mx/siete-de-cada-diez-personas-viven-violencia-digital/

Peirano, M. (2023). El 96% de las imágenes de inteligencia artificial son pornografía no consentida. El País. https://elpais.com/smoda/feminismo/el-96-de-las-imagenes-de-inteligencia-artificial-son-pornografia-no-consentida-quien-jugara-con-nuestros-cuerpos-sinteticos.html

Rodríguez, A. (2025). Al menos 400 alumnas de secundaria denuncian la alteración de sus fotos con IA para fines pornográficos en Zacatecas. El País México. https://elpais.com/mexico/2025-11-11/al-menos-400-alumnas-de-secundaria-denuncian-la-alteracion-de-sus-fotos-con-ia-para-fines-pornograficos-en-zacatecas.html

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La expansión de la infoesfera ha desplazado el concepto de soberanía estatal desde el control territorial hacia el dominio sobre los flujos de datos que estructuran la vida pública. Ese desplazamiento no es metafórico: tiene consecuencias jurídicas concretas, y el Poder Judicial es uno de los actores más expuestos a ellas. Abrir los procesos judiciales al escrutinio público y al conocimiento compartido —exigencia legítima en cualquier democracia— entra en tensión directa con la necesidad de proteger la integridad de la infraestructura crítica y la autonomía normativa del sistema de justicia.

En ese marco, la soberanía digital no debe interpretarse como un impulso al aislamiento tecnológico, sino como la capacidad efectiva del Estado para ejercer autoridad regulatoria y custodiar sus activos informacionales frente a la hegemonía de plataformas transnacionales (Floridi, 2020). Esta distinción importa: no se trata de rechazar la apertura, sino de establecer los términos bajo los cuales esa apertura opera. La transición que ello implica demanda un marco de gobernanza que trascienda la mera digitalización de expedientes, orientado a la construcción de una arquitectura tecnológica que preserve la independencia jurisdiccional.

Un referente ilustrativo de esa tensión es la Unión Europea, donde la búsqueda de autonomía estratégica ha producido regulaciones que obligan a los proveedores de servicios en la nube a adaptarse a las normas locales de protección de datos, impidiendo que la administración de justicia quede subordinada a legislaciones de terceros Estados. Ese precedente no es extrapolable automáticamente a América Latina, pero traza una dirección de política pública que conviene examinar con rigor.

El presente artículo analiza la tensión entre el acceso universal al conocimiento y la soberanía digital en el ámbito judicial, considerando cuatro dimensiones: la fiabilidad de las evidencias digitales, la localización de los datos judiciales, el desarrollo de modelos de lenguaje propios y la discriminación algorítmica en el acceso a la justicia.

1.-Riesgos de fundamentar sentencias en evidencias digitales no verificables

La inmediatez que ofrecen los buscadores y las enciclopedias colaborativas ha generado una práctica preocupante entre operadores jurídicos, dado a que el uso de fuentes de acceso abierto como atajos para el razonamiento legal, particularmente en contextos de sobrecarga procesal. El problema no reside en la consulta ocasional de esas fuentes, sino en su incorporación acrítica al razonamiento jurídico.

Los datos al respecto son relevantes: Thompson et al. (2022) demostraron, mediante un experimento de campo aleatorizado, que la existencia de artículos en Wikipedia sobre fallos específicos incrementa hasta en un 23% la probabilidad de que esos casos sean citados como precedentes en sentencias posteriores. Dicho en términos directos: el contenido curado colectivamente en internet está influyendo en la construcción de jurisprudencia, al margen de cualquier proceso formal de validación.

Esta práctica erosiona la autoridad legal por una razón estructural: transfiere la interpretación del derecho a autores anónimos cuya pericia técnica y neutralidad no pueden ser verificadas por el sistema judicial. En tribunales de primera instancia en Irlanda se detectaron sentencias cuyo lenguaje replicaba conceptos elaborados por comunidades de internet, lo que expone a la judicatura tanto a sesgos informativos como, en los escenarios más graves, al vandalismo editorial intencionado.

Frente a esta vulnerabilidad, cabe identificar al menos tres mecanismos de salvaguardia institucional. En primer lugar, la consolidación de un corpus jurídico nacional soberano: el recurso a enciclopedias abiertas responde frecuentemente a la ausencia de fuentes digitales centralizadas que sean simultáneamente accesibles y autoritativas; resolver ese déficit es, por tanto, condición previa a cualquier restricción.

Por otro lado, la implementación de sistemas de inteligencia artificial con arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation), que obliga a los modelos a consultar información oficial antes de generar cualquier propuesta textual.

Y, en tercer lugar, protocolos de curaduría experta con modalidad offline-first, que permiten al personal judicial realizar búsquedas inteligentes en su propio equipamiento, sin recurrir a redes abiertas y sin reproducir el conocimiento difuso de la web en la redacción de los fallos.

2.-Pérdida de soberanía al almacenar expedientes judiciales en servidores extranjeros

La memoria jurídica de una nación tiene una dimensión material que suele pasarse por alto en los debates sobre transformación digital: los centros de datos en los que esa memoria reside. Hoy día, una proporción significativa de esa infraestructura es gestionada por corporaciones privadas bajo jurisdicciones ajenas al Estado donde se genera la información. Esa dependencia no es un problema técnico menor; es una vulnerabilidad sistémica.

Camelo et al. (2024) sostienen que la soberanía nacional se ve amenazada cuando el control de los datos, los estándares tecnológicos y la infraestructura crítica dependen de gobiernos extranjeros. En consecuencia, el almacenamiento de expedientes judiciales en nubes comerciales foráneas constituye una forma de colonialismo digital que limita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales de forma autónoma.

El riesgo no es hipotético. Cuando una nación utiliza servidores sujetos a normativas como el CLOUD Act de los Estados Unidos, acepta implícitamente que la información sensible de sus ciudadanos pueda ser accedida sin seguir los procedimientos de asistencia jurídica internacional, lo que vulnera directamente la seguridad jurídica nacional. Que ese acceso no se haya materializado en un caso específico no elimina la vulnerabilidad estructural; simplemente significa que aún no se ha activado.

Por otra parte, el problema de la dependencia tecnológica externa no puede desvincularse del señalado en la sección anterior. El uso de plataformas como Wikipedia introduce, en la jurisprudencia, huellas lingüísticas de fuentes no expertas. Como señalan Thompson et al. (2022), ese atajo cognitivo delega la interpretación del derecho en una comunidad de autores anónimos cuya pericia y neutralidad no pueden ser garantizadas. Ambas vulnerabilidades —la de la infraestructura y la de las fuentes— comparten una raíz común: la ausencia de soberanía sobre los instrumentos con los que opera el sistema de justicia.

3.- Desarrollo de modelos de lenguaje (LLMs) propios para el sistema de justicia

La adopción de inteligencia artificial generativa (IAG) en el ámbito judicial no es un asunto exclusivamente tecnológico; es, ante todo, un asunto de diseño institucional. Los modelos de lenguaje disponibles en el mercado global han sido entrenados mayoritariamente con datos del Norte Global y no logran satisfacer las particularidades lingüísticas, dogmáticas y normativas de los sistemas jurídicos latinoamericanos. Utilizarlos sin adaptación equivale a aplicar una jurisprudencia foránea sin reconocerlo explícitamente.

Para mitigar esos sesgos, han surgido iniciativas regionales orientadas a crear modelos de lenguaje abiertos que comprendan las lenguas, los modismos y las realidades jurídicas locales (Centro de Inteligencia Artificial, 2026). La implementación de una IA soberana —como un Latam-GPT especializado en derecho— resulta necesaria para asistir a jueces y abogados sin exponer datos confidenciales a infraestructuras externas. Un sistema entrenado exclusivamente con el corpus de leyes y jurisprudencia mexicana, por ejemplo, permitiría realizar búsquedas inteligentes y propuestas de resolución en modalidad offline, asegurando que la tecnología responda a la ley nacional y no a un oráculo opaco basado en algoritmos propietarios.

No obstante, el desarrollo de modelos propios no elimina por sí solo los riesgos asociados al uso de IA en la función jurisdiccional. Por ello, resulta indispensable garantizar el principio de human-in-the-loop, en virtud del cual el personal judicial supervisa y valida obligatoriamente cada resultado generado por la IA antes de incorporarlo a cualquier actuación procesal. Complementariamente, es necesario constituir comités de ética multidisciplinarios que realicen auditorías sistemáticas de sesgos de género, raza o nivel socioeconómico, con el objeto de prevenir que los modelos repliquen —o amplíen— formas de discriminación que ya existen en el sistema.

4.-Garantizar el acceso a la justicia frente a la discriminación de los algoritmos

La transformación digital de los servicios judiciales no es tecnológicamente neutral. Si los sistemas automatizados no son diseñados con criterios explícitos de equidad, reproducirán —y probablemente amplificarán— las desigualdades que ya operan en el sistema analógico. Esta no es una advertencia abstracta: es una consecuencia documentada del despliegue de IA en sistemas de justicia penal en los Estados Unidos, donde algoritmos de predicción de reincidencia han mostrado sesgos raciales sistemáticos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (2025) advierte que la digitalización de la justicia debe sustentarse en pilares de gobernanza, marcos normativos sólidos y desarrollo de talento humano, de modo que el uso de nuevas tecnologías no se traduzca en barreras adicionales para los grupos más vulnerables. Esa advertencia implica que la eficiencia procesal no puede ser el único criterio de evaluación: el acceso equitativo es una exigencia normativa de igual rango.

La transparencia algorítmica y la auditoría constante de los sistemas automatizados son, en este contexto, requisitos sine qua non para evitar la discriminación por raza, género o condición socioeconómica en los procesos judiciales. Un algoritmo de reparto de casos o de predicción de sentencias que no sea sometido a revisión ética periódica puede perpetuar sesgos históricos y convertir la modernización tecnológica en un mecanismo de exclusión social, precisamente en la institución que debería corregirla.

Para mitigar este riesgo se articulan cuatro planos complementarios como medidas: gobernanza institucional con participación de actores afectados en el diseño de los sistemas; garantías técnicas en el diseño y funcionamiento de los algoritmos, incluyendo explicabilidad de las decisiones; auditoría de sesgos, trazabilidad de procesos y evaluación continua de impacto diferenciado; y pruebas piloto en entornos controlados antes de cualquier implementación a escala.

Conclusión general

El equilibrio entre el acceso universal al conocimiento y la soberanía digital judicial no es una disyuntiva que deba resolverse eligiendo uno de sus polos. Es, más precisamente, una tensión constitutiva que el sistema de justicia debe gestionar de forma permanente: la apertura sin soberanía produce dependencia; la soberanía sin apertura produce opacidad. Ambas degradan la legitimidad institucional.

La colaboración con plataformas abiertas —como Wikipedia o servicios de nube comercial— puede ser funcional en contextos acotados, pero debe complementarse con una infraestructura nacional de datos y con modelos de lenguaje propios que aseguren el control estatal sobre la interpretación y la custodia de la ley. La independencia judicial en la era de los datos no se agota en la autonomía frente a los poderes políticos; incluye también la autonomía frente a los proveedores tecnológicos que administran la memoria y las herramientas del sistema de justicia.

Finalmente, la transformación digital de la justicia tiene, por tanto, una dimensión política que no puede reducirse a una cuestión de eficiencia técnica. Solo a través de ecosistemas híbridos —donde la difusión pública coexista con bases de datos soberanas y protocolos de validación experta— es posible garantizar una tutela judicial efectiva que sea, a la vez, resiliente ante las presiones geopolíticas externas y accesible para todos los sectores de la población.

Así, la autonomía tecnológica no es un fin en sí mismo: es el medio necesario para que la justicia siga siendo un bien público gobernado bajo los valores que cada sociedad se ha dado a sí misma.

Referencias bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo. (2025). Guía de transformación digital de la justicia. Sector de Instituciones para el Desarrollo.

Camelo, A. P., Silveira, A. C. R. D., Katano, B. Y. S., Schippers, L.-M., Silva, A. P. D., Wagner, F. R., Lana, P. D. P., & Gatto, R. F. (2024). Soberanía digital: ¿Para qué y para quién? Análisis conceptual y político del concepto a partir del contexto brasileño. São Paulo, Brasil: CEPI FGV DIREITO SP; ISOC Brasil

Centro de Inteligencia Artificial (CENIA). (2026). Lanzamos Latam-GPT: Primera IA generativa de Latinoamérica. Gobierno de Chile.

Floridi, L. (2020). The fight for digital sovereignty: What it is, and why it matters, especially for the EU. Philosophy & Technology, 33(3), 369-378.

Thompson, N. C., Flanagan, B., Richardson, E., McKenzie, B., & Luo, X. (2022). Trial by Internet: A randomized field experiment on Wikipedia’s influence on judges’ legal reasoning. Cambridge University Press.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD. (Colombia)

La prisión de San Benito tenía un olor penetrante. No era humedad ni hierro oxidado. Era tiempo. Décadas enteras encerradas entre paredes donde las voces aprendían a morir lentamente. En la celda 56 vivía ella.

Los periódicos la habían bautizado hacía muchos años como La Dama Rosa. Algunos decían que había sido responsable de desapariciones imposibles de resolver; otros aseguraban que era una mente brillante atrapada en una red de conspiraciones políticas y  rituales pasionales. Nadie sabía dónde terminaba la verdad y comenzaba el miedo.

Ella jamás confesó nada. Pasaba las noches escribiendo cartas. Cartas dirigidas a alguien que firmaba únicamente como El Villano.

Los guardias nunca entendieron aquello. ¿Era un cómplice? ¿Un amante? ¿Una segunda personalidad? Las cartas iban y venían bajo estricta vigilancia, pero el contenido siempre era críptico; fragmentos de poemas, acertijos, recuerdos de un lago rojo al amanecer, referencias constantes a un automóvil color rosa que aparecía una y otra vez como un símbolo imposible de descifrar.

El tiempo también asesina, escribía ella. Solo que nadie escucha sus pasos. Ella era inteligente de una manera peligrosa. No levantaba la voz. No amenazaba. Observaba. Recordaba cada gesto, cada palabra, cada mentira. Los psicólogos penitenciarios duraban semanas antes de pedir traslado. Porque ella tenía la capacidad de desnudar el alma humana con una sola palabra.

Aislada por años, envejeció mirando un pequeño rectángulo de nubes entre barrotes. Pero había alguien que jamás dejó de visitarla.

Caio.

El primer día llegó siendo apenas un estudiante de obsesionado con el caso Rosa. Llevaba un cuaderno lleno de preguntas y la arrogancia limpia de los jóvenes.

¿Usted es culpable? preguntó.

Ella sonrió apenas.

La culpa es un espejo. Cada quien ve lo que necesita.

Caio, volvió la semana siguiente.

Y la otra.

Y la otra.

Con los años dejó de preguntar sobre delitos. Empezó a hablarle del mundo exterior. Del mar. De la lluvia en la ciudad. De cómo los árboles seguían floreciendo aun cuando nadie los miraba.

Ella escuchaba en silencio.

Nunca nadie había permanecido tanto tiempo junto a ella.

Ni abogados.

Ni amigos.

Ni familiares.

Solo Caio.

Con el paso de los años, las visitas se transformaron en una rutina sagrada. Él llegaba siempre con flores pequeñas. A veces gardenias. A veces rosas. Ella fingía indiferencia, pero guardaba cada pétalo dentro de libros viejos.

El tiempo, sin embargo, no perdona.

La belleza afilada de ella comenzó a quebrarse lentamente. Las manos le temblaban. La espalda se encorvó. Su cabello oscuro se volvió ceniza.

Y entonces apareció el miedo.

No al encierro.

Sino a salir.

Porque después de treinta años la corte finalmente anuló el caso. Las pruebas originales estaban contaminadas. Testigos falsos. Corrupción.

Ella podía abandonar la prisión.

Pero la libertad se había convertido en algo monstruoso.

La noche antes de salir no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana mínima de la celda, abrazándose las rodillas como una niña perdida.

¿Qué quedaba afuera para alguien olvidado por el mundo?

¿Qué ocurre cuando la prisión deja de ser castigo y se convierte en hogar?

A la mañana siguiente, mientras las puertas metálicas se abrían una tras otra, ella sintió que el corazón le fallaba.

El sol la hirió.

El ruido de la calle le pareció insoportable.

Retrocedió aterrada.

Y entonces lo vio.

Caio.

Más viejo también. Canas en la barba. Arrugas suaves alrededor de los ojos. Pero estaba ahí.

Esperándola.

Como siempre.

Ella sintió algo quebrarse dentro de sí. Durante décadas había sobrevivido gracias a la inteligencia, la frialdad y el silencio. Pero en ese instante entendió que ninguna de esas cosas había sido suficiente.

Porque lo único que realmente la había mantenido viva era la lealtad de aquel hombre.

Ella caminó temblando.

Después corrió.

Corrió como si quisiera recuperar todos los años robados.

Y al llegar a él se abrazó a su pecho con una fuerza desesperada.

Caio cerró los ojos mientras la sostenía.

Ya terminó, susurró.

Pero ella negó lentamente.

No… dijo con la voz rota. Apenas comienza.

Él sonrió.

El carro rosa esperaba estacionado frente a la prisión, brillante bajo la luz de la tarde.

Caio abrió la puerta para ella.

Y por primera vez en treinta años, ella sintió menos miedo del futuro que del pasado.

Mientras el automóvil desaparecía por la carretera, las últimas cartas del Villano quedaron olvidadas dentro de una caja de metal en la celda 56.

Años después, un guardia las leería por curiosidad.

Y descubriría algo inesperado.

Todas las cartas no eran más que un doloroso diario.

Así como en las grandes historias el tiempo puede convertirse en la mayor amenaza o miedo, hoy la humanidad enfrenta una realidad ineludible, el planeta nos está enviando señales cada vez más claras y urgentes.

La Tierra ya nos está hablando. Lo hace a través de temperaturas récord, incendios forestales más intensos, tormentas extremas y glaciares que desaparecen frente a nuestros ojos. Durante décadas, la comunidad científica advirtió que limitar el calentamiento global a 1,5 °C sería fundamental para evitar impactos irreversibles del cambio climático. Hoy, ese límite está peligrosamente cerca de superarse.

El cambio climático ya no es una amenaza del futuro; está transformando el presente de millones de personas alrededor del mundo. Desde sequías prolongadas hasta inundaciones devastadoras, los efectos ambientales, sociales y económicos son cada vez más evidentes.

Sin embargo, en medio de este escenario también crece otra fuerza, la acción colectiva. Comunidades que restauran ecosistemas, jóvenes que impulsan cambios, ciudades que apuestan por energías limpias y proyectos sostenibles que demuestran que todavía es posible construir un futuro diferente.

En el marco del Día Mundial Del Medio Ambiente 2026, la ONU Medio Ambiente hace un llamado global urgente para actuar “Por El ClimaYa”. La campaña busca recordar que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero que cada decisión cuenta y cada décima de grado importa.

La necesidad de actuar es crítica. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C durante este siglo, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad antes de 2030. De no hacerlo, la exposición al aire contaminado podría aumentar en un 50 % durante esta década, mientras que los desechos plásticos que llegan a los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040.

Y estas no serían las únicas consecuencias.

La crisis climática amenaza la salud humana, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la estabilidad de nuestras comunidades. Por ello, la transición hacia una vida sostenible y en armonía con la naturaleza ya no es una opción, sino una necesidad urgente.

La Tierra nos está enviando señales. La pregunta ahora es ¿Qué señal vamos a enviar nosotros?

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Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

La hegemonía de los sistemas algorítmicos en la estructuración de las relaciones sociales contemporáneas ha generado una crisis de legitimidad en las fuentes tradicionales del Derecho. La inteligencia artificial no solo automatiza tareas: redefine los límites de la libertad individual mediante arquitecturas técnicas que operan a una velocidad y escala que ningún parlamento nacional puede seguir con los instrumentos regulatorios actuales.

Esta brecha produce una tensión estructural: la eficacia operativa del software desplaza, en los hechos, la supremacía jerárquica de las normas fundamentales. Ante ese vacío, la ética corporativa pretende sustituir la regulación vinculante que los Estados aún no han construido (Ebert, 2024). El resultado es un proceso de desmaterialización constitucional en el que las garantías ciudadanas ceden ante un determinismo técnico que prioriza la optimización de procesos sobre la dignidad intrínseca de la persona.

El caso más ilustrativo es la implementación de agentes de IA con autonomía de decisión en infraestructuras críticas, donde la lógica del código altera derechos adquiridos sin que existan mecanismos de control democrático previo.

A partir de ese diagnóstico, el presente artículo examina cómo la expansión transfronteriza de la inteligencia artificial desafía la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la capacidad del Derecho para imponer límites al poder tecnológico.

I. El trilema regulatorio y el arbitraje transfronterizo

La gobernanza global de la inteligencia artificial no presenta un modelo unificado, sino tres aproximaciones que compiten por establecer el estándar tecnológico dominante: el enfoque de seguridad estatal chino, el modelo de libre mercado estadounidense y la visión garantista de la Unión Europea. Ninguna de estas tres arquitecturas logra equilibrar simultáneamente el liderazgo en innovación, la protección efectiva de los derechos y un control gubernamental coherente (Harvard Kennedy School, 2024), lo que produce un campo de tensiones en el que ninguna jurisdicción resulta completamente satisfecha.

De esa fragmentación se deriva el principal problema para la tutela de los derechos: la naturaleza borderless de la inteligencia artificial permite a las corporaciones explotar las asimetrías regulatorias mediante el arbitraje jurisdiccional, trasladando sus centros de entrenamiento o despliegue a naciones con estándares mínimos de seguridad.

El fenómeno es verificable en el traslado de operaciones de tratamiento masivo de datos hacia países del Sur Global con marcos de privacidad inexistentes o precarios, con el propósito deliberado de evadir las sanciones previstas en regulaciones más exigentes como la Ley de Inteligencia Artificial europea.

II. Constitucionalismo Algorítmico

La transición hacia una sociedad algorítmica exige que los principios del Estado de derecho dejen de tratarse como elementos externos a la tecnología y se integren como requisitos técnicos en la propia base de los sistemas. El Consejo de Europa (2024) sostiene que la noción de Derechos Humanos por diseño surge precisamente como respuesta a la insuficiencia de los tratados tradicionales que, por su naturaleza estática, no pueden seguir el ritmo de la IA generativa ni anticipar sus riesgos emergentes.

La verdadera autonomía de los derechos depende, por tanto, de la construcción de una arquitectura normativa global que obligue a los desarrolladores a subordinar sus modelos a límites constitucionales infranqueables. Los marcos de Constituciones de IA implementados por empresas como Anthropic ilustran el problema con claridad: aunque representan un avance respecto al vacío anterior, siguen operando bajo una lógica privada que carece de la supervisión judicial necesaria para ser considerada una garantía pública exigible.

Para dotar a esos instrumentos de eficacia jurídica real, resulta imprescindible articular al menos tres mecanismos complementarios: el derecho de acción ante la jurisdicción ordinaria por incumplimiento de la constitución privada; la creación de un registro público de cadenas de razonamiento susceptibles de escrutinio judicial; y la subordinación obligatoria al bloque de constitucionalidad y a los tratados internacionales de derechos humanos.

III. Garantías frente a la opacidad

La naturaleza inescrutable de los modelos de aprendizaje profundo constituye el principal obstáculo para la tutela judicial efectiva. Cuando un sistema de IA afecta el estatus jurídico de una persona, la ausencia de transparencia algorítmica anula la capacidad del afectado para impugnar la decisión, contraviniendo el derecho fundamental al debido proceso (Parlamento Europeo & Consejo, 2024). La toma de decisiones automatizada se convierte así en un acto de fe técnica que el ordenamiento jurídico no puede tolerar sin comprometer sus propios fundamentos.

Por esa razón, la transparencia no puede tratarse como un atributo opcional o deseable: es una condición de validez para cualquier sistema de IA de alto riesgo que interactúe con la ciudadanía. El uso de algoritmos para evaluar el riesgo de reincidencia criminal o la solvencia crediticia ilustra este punto con precisión.

En ambos contextos, la opacidad técnica encubre sesgos discriminatorios que resultan invisibles tanto para el usuario afectado como para el propio regulador, lo que hace imposible el control ex post.

IV. Soberanía de datos y justicia distributiva

La expansión transfronteriza de la IA ha reconfigurado las relaciones de poder geopolítico, instaurando una nueva forma de dependencia en la que el flujo de información es predominantemente unidireccional. El Organismo Asesor de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial (2024) señala que la concentración del poder computacional y de los datos de entrenamiento en un reducido grupo de naciones genera un déficit de representación para el resto del mundo, que queda relegado al papel de proveedor de materia prima digital sin participar de los beneficios del progreso.

Esta asimetría no es solo económica: afecta también la autonomía de los derechos en su dimensión identitaria. Así, la soberanía sobre la identidad digital y el derecho de los Estados a proteger los recursos informativos generados en sus territorios forman parte integrante del núcleo constitucional que las arquitecturas técnicas dominantes erosionan de manera sistemática.

La brecha de representación lingüística y cultural en los modelos de lenguaje de última generación lo ejemplifica con claridad: dichos modelos tienden a homogeneizar valores occidentales mientras extraen y explotan datos de comunidades marginadas sin que estas accedan a los beneficios económicos del desarrollo.

Los datos cuantitativos confirman la magnitud del problema. Myung et al. (2024) documentan una precisión del 79 % en contextos culturales estadounidenses frente a apenas un 12 % en la cultura etíope. En materia de adopción, mientras Singapur supera el 50 % de aceptación de la IA, las tasas en América Latina probablemente no alcanzan el 10 % (Bengio et al., 2026).

La disparidad en la gobernanza es igualmente reveladora: de los más de 470 conjuntos de principios de IA identificados a nivel mundial, solo el 5 % fueron desarrollados en América Latina y el Caribe, frente a casi dos tercios producidos por Estados Unidos, China y Europa (LaForge et al., 2024).

Ante ese escenario, resulta urgente consolidar figuras jurídicas como los fideicomisos de datos y los bienes comunes digitales (data trusts y data commons), impulsar un foro de IA equitativa en el G20 e institucionalizar el intercambio de estándares de IA a través de mecanismos como el AI Standards Exchange. Sin esos instrumentos, el rendimiento desigual que hoy favorece los valores hegemónicos occidentales no solo persiste, sino que se consolida como norma técnica.

Conclusión

La tensión entre el código y la constitución no es un debate técnico circunscrito a especialistas en derecho digital. Es una disputa sobre la supervivencia de la agencia humana en un entorno crecientemente automatizado. La autonomía de los derechos en la era transfronteriza solo puede preservarse mediante la construcción de un constitucionalismo algorítmico global que trascienda las fronteras nacionales y subordine la eficiencia de las máquinas a la dignidad de las personas.

La ventana para establecer una gobernanza interoperable se estrecha a medida que los sistemas de IA adquieren mayor autonomía y opacidad. Esa urgencia impone a la comunidad jurídica y técnica una responsabilidad que no admite dilaciones: transitar de la ética voluntaria a marcos vinculantes que garanticen que la inteligencia artificial opere como extensión de nuestras libertades y no como el código que las restrinja de manera definitiva.

Referencias bibliográficas

Bengio et al. (2026) Bengio, Y., et al. (2026). Informe internacional sobre la seguridad de la IA 2026 (Número de serie DSIT 2026/001). Department for Science, Innovation and Technology. https://internationalaisafetyreport.org.

Consejo de Europa. (2024). Convenio Marco del Consejo de Europa sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho (CETS 225).

Ebert, I. (2024). Technology and Human Rights Fellow Paper. Berkman Klein Center for Internet & Society.

Harvard Kennedy School. (2024). AI Regulation and Human Rights: A Global Trilemma. Belfer Center for Science and International Affairs.

LaForge et al. (2024) LaForge, G., Muggah, R., & Seiler, G. (2024). Bridging the AI Governance Divide (T20 Policy Brief, Task Force 05: Inclusive Digital Transformation). T20 Brasil 2024.

Myung et al. (2024) Myung, J., Lee, N., Zhou, Y., Jin, J., Putri, R. A., Antypas, D., Borkakoty, H., Kim, E., Pérez-Almendros, C., Ayele, A., Gutiérrez-Basulto, V., Ibáñez-García, Y., Lee, H., Muhammad, S. H., Park, K., Rzayev, A., White, N., … & Oh, A. (2024). BLEnD: A Benchmark for LLMs on Everyday Knowledge in Diverse Cultures and Languages. 38th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024) Track on Datasets and Benchmarks, 78104–78146. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.09948.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial). Diario Oficial de la Unión Europea.

United Nations High-level Advisory Body on Artificial Intelligence. (2024). Governing AI for Humanity: Final Report. United Nations.

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Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).

«Me gustaría reunir la variedad y diversidad de todo el mundo, ordenarla, convertir el Departamento en un tesoro de todas las plantas cultivadas y de otras floras…El resultado es incierto, sobre todo teniendo en cuenta el hambre y frío que nos rodea. Pero aun así, quiero intentarlo «,

NikolaI Ivanovich Vavilov, (1887-1943).

La humanidad está enfrentando una crisis alimentaria que se da por una complejidad de motivos, pero a lo que se suma no sólo la cantidad sino la calidad de los alimentos que consume. Nunca tuvimos como especie, una existencia de calorías disponibles para alimentarnos como hoy en día y tampoco, hemos enfrentado una situación alimentaria que está exponiendo a más de un cuarto de la población humana frente a serios problemas de malnutrición. En muchos casos, tenemos comidas que enferman (Pengue 2023).

Entre los alimentos ultraprocesados – estos en los que es prácticamente imposible identificar sus distintos componentes naturales – al elevadísimo contenido en estos y otros enriquecidos a mansalva con azúcares, sales y grasas nos encontramos frente al dilema de hurgar en las bases de la propia alimentación humana.

Como especie hemos evolucionado con los alimentos que consumimos. Coevolucionamos. Pasamos a una proteína animal disponible y obtenida con esfuerzo y a regañadientes con nuestros cazadores y grasas y azúcares en la recolección a un acceso casi infinito a alimentos convertidos en platos apetecibles merced al fuego y los ricos y diversos tratamientos y procesamientos aprendidos y creados en los caminos de nuestra rica y diversa historia.

No obstante a lo largo de esta búsqueda y selección hemos encontrado caracteres y perdido otros tantos genes en los alimentos (Pengue 2004). En el proceso de selección genética, especialmente luego de la revolución verde, la acelerada búsqueda de caracteres vinculados con la productividad de los cultivos y la resistencia a distinto tipo de plagas y enfermedades, nos hizo olvidar a los genetistas, de alguna manera, la relevancia que tienen los cultivos en cuanto a sus características nutricionales y no sólo energéticas. Y nos hemos metido en un cuello de botella por donde están atravesando tan sólo los cultivares, variedades o híbridos más modernos – dependiendo de la especie – concentrados en estas formas de adaptación ya sea al ambiente y el clima – veamos el consabido ejemplo del trigo HB4, con cierta tolerancia a la sequía – o con un mayor contenido de gluten – como los conocidos trigos Plata -, pero perdiendo por otro lado, contenidos en nutrientes, que fueron esenciales para nuestros ancestros y de hecho lo siguen siendo para nosotros, ahora mismo. Elementos que en algunos casos incluso, se compensan recomendando consumos de estos nutrientes faltantes por otras vías.  Y también seleccionando en favor de un mayor consumo de agroquímicos, con lo ha sido el histórico caso de la soja transgénica resistente al glifosato o el nuevo trigo transgénico diseñado para ser tolerante a un herbicida aún más potente como el glufosinato de amonio.

Tanto en América como en el mundo, la tríada de cereales globales más relevante – trigo, maíz y arroz – ha sido y es de importancia vital. Incluso en nuestros días, al ser fuentes fundamentales de calorías para los humanos, se determinan con el equilibrio global de oferta y demanda. El trigo, el maíz y el arroz proporcionan más  del 30 % de las calorías de los alimentos para más de 4.500 millones de personas en 100 países en desarrollo. Y su falencia puede llevar a hambrunas y crisis alimentarias.  En el caso del trigo, este cereal trigo proporciona más del 20 % de las necesidades calóricas diarias de las personas. Por su parte, es una de las fuentes de proteínas más importantes y proporciona aproximadamente el 21 % de la ingesta diaria de las mismas.

Pero a pesar de todo ello, en los procesos de selección genética, los trigos modernos han ganado en algunos caracteres relevantes para la productividad pero perdido otros, en varios casos, vinculados a los nutrientes contenidos en los trigos antiguos. Además, estas nuevas miradas sobre los trigos antiguos (Di Pane y otros 2022), rescatan la posibilidad de generar alimentos que restringen las actuales problemáticas alimenticias que una parte de la población tiene con respecto a los trigos modernos en detrimento de los primeros (Di Pane y otros 2021, Molfase y otros 2019, Ormando y otros 2021).

Pero más allá de la genética vegetal que ha hecho grandes logros para la humanidad y apuntado especialmente como digo a la productividad de los principales cultivos del mundo, hoy en día es relevante también, volver a mirar hacia atrás y rescatar, recuperar, reproducir y validar la importancia que en algunos casos, hasta los ancestros de estas especies modernas tienen para todos nosotros.

La selección “natural” de estas interacciones entre humanos y cereales, ha sido y es muy interesante y nos lleva desde una mirada científica a otras perspectivas, incluso desafiante, que pasa por las relaciones entre humanos y cereales. ¿Quién seleccionó a quién?, para garantizarse más fácilmente su perpetuidad y con ello claramente, sus genes y su propia especie.

Ese gran paso de grano dehiscente a grano persistente en la panoja, se fue dando también en estas tres grandes plantas de la humanidad. Los cereales antiguos, para perpetuar justamente su reproducción y garantizar su expansión, contaban con una dehiscencia a la madurez, que garantizaba su descendencia, al caer los granos al suelo y poder autosembrarse en el siguiente ciclo natural. Los primeros trigos como el eikorn (Triticum monococcum)  con centro de origen en el creciente fértil, el teocintle (Zea mays ssp. Parviglumis) desde el suroeste de México y noroeste de Guatemala y el arroz silvestre (Prusty y otros 2025) o pasto silvestre, rojo, o marrón como  (Oryza rufipogon), con centro de origen en el centro y sur de China focalizados a lo largo del valle del río Yangtzé y la cuenca del río de las Perlas.

En los tres casos, la selección humana que avanzó, miles de años después con el lento proceso de la agricultura produjo el efecto inverso, seleccionando en contra del “deseo” natural, para buscar que los granos queden en las respectivas panojas. Pero también, podemos pensar que las nuevas plantas, ya modernas, derivadas de estas especies silvestres, lograron su objetivo: perpetuar sus genes a través de la cosecha y la siembra, desarrollada ahora, por las manos de los humanos.

La selección en los granos antiguos de trigo en ese creciente fértil (Pengue 2023b) y de maíz, muestran interesantes procesos de cómo los caminos de la agricultura se fueron dando a lo largo de milenios desde la llamada revolución neolítica, que fue más la primera gran transformación del sistema alimentario mundial que un hecho puntual exacto. Y que nos trajo hasta nuestros días. Revisar el pasado, comprendiendo que en el banco de semillas que tenemos en la naturaleza como así también en los bancos de germoplasma ex situ (Pengue 2023c) se encuentra una riqueza biológica que la humanidad no puede ni debe perder.

Entre los principales granos de trigo antiguos (o granos ancestrales), todos desconocidos en América, me permito resaltar a los procedentes del Oriente fértil a la escaña menor o Einkorn (Triticum monococcum), el farro o Emmer (Triticum turgidum subsp. Dicoccum) (también clasificado como Triticum dicoccum), la espelta (Triticum aestivum subsp. spelta (también clasificado como Triticum spelta)) el Kamut o trigo Khorasan ( Triticum turgidum subsp. Turanicum), otros cereales en África como el mijo común (Panicum miliaceum), el teff (Eragrostis tef), el sorgo (Sorghum bicolor) y pseudocereales en América como la quinua (Chenopodium quinoa) o el maranto (Amaranthus cruentus, junto con Amaranthus caudatus y Amaranthus hypochondriacus).

Y en América, nos enfrentamos con otro gran ancestro: el teocintle o teociente. Y desde allí, nos encontraremos con sus distintas variedades, todas procedentes de Centroamérica. El teocintle (o teosinte) es el antepasado silvestre directo del maíz moderno y representa uno de los descubrimientos botánicos y arqueológicos más importantes de Mesoamérica. A diferencia de los otros granos, el término «teocintle» no se refiere a una sola especie, sino a un grupo de plantas del género Zea (con excepción del maíz cultivado, Zea mays subsp. mays). Muchos de ellos vinculados a sus orígenes geográficos como el Teocintle del Balsas (Zea mays subsp. Parviglumis), Teocintle de la Mesa Central (Zea mays subsp. Mexicana) (Común en los valles altos de México). Más cercano a centroamerica el Teocintle de Huehuetenango (Zea mays subsp. Huehuetenangensis) (Endémico de Guatemala), el Teocintle perenne (Zea perennis) (Una especie de raíces perennes localizada en Jalisco, México), el Teocintle de Jalisco (Zea diploperennis) (Otra variedad perenne de gran valor fitosanitario) o el Teocintle de Guatemala (Zea luxurians)(CONABIO 2026).

El teocintle destaca por tener una riqueza nutricional muy superior al maíz moderno en proteínas, aceites esenciales y minerales, debido a que no sufrió la dilución de nutrientes provocada por la selección genética vegetal y la transgénesis, pero es un grano dehiscente y problemático para el manejo de los agricultores actuales. Aunque físicamente es un grano diminuto y protegido por una cáscara casi impenetrable, a nivel químico representa una verdadera «bomba» de nutrientes, concentrando elementos clave en proporciones drásticamente distintas a las del maíz comercial actual.

En el caso de los trigos antiguos, sucede algo similar. El trigo einkorn presenta una mayor densidad nutricional que el trigo moderno, destacando por contener hasta un 30 % más de proteínas y niveles significativamente superiores de antioxidantes como la luteína y el betacaroteno, y una mayor concentración de minerales. Su estructura genética inalterada incluye un gluten más débil y una menor cantidad de ácido fítico, lo que mejora la digestibilidad y la absorción de nutrientes en comparación con el trigo convencional moderno.

Más allá de las consiguientes modas y búsquedas de nuevas formas de comer, por uno u otro motivo, o la propia investigación médica actual, el rescate y permanencia de los cereales antiguos, es relevante a ojos vista del valor genético y también social y cultural histórico que tienen estas plantas para la humanidad. Por ello se hace muy importante que el trabajo ex situ que hacen los Bancos de Germoplasma (Pengue 2023) se vean fortalecidos y a su vez fortalezcan a su vez no sólo a los centros de origen sino los centros de diversidad y también la difusión migrante que han tenido estos cultivos en distintas partes del mundo (Pengue 2026), como han sido los casos del trigo, el maíz o el arroz. Lo viejo funciona, dicen en El Eternauta,  en una conocida tira fílmica de una poderosa cadena televisiva mundial. Pues sí, frente a los embates del cambio climático, el cambio ambiental global, el estrechamiento del material genético utilizado y la pérdida de nutrientes en los alimentos en beneficio solamente de lo calórico, tanto los gobiernos como los investigadores en estos temas – desde los agrónomos, los fitomejoradores, pasando por biólogos, ecólogos, arqueólogos, antropólogos o sociólogos, entre varios otros y sostenidos por los agricultores en todas partes del mundo – pueden encontrar un camino para contribuir a preservar la agrobiodiversidad de sistemas tan sensibles, tanto para la naturaleza como para la propia humanidad.

Referencias

CONABIO. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CONABIO]. (2026, 12 de mayo). Teocintles. Biodiversidad Mexicana. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/alimentos/maices/teocintles

Di Pane F., Mir L., Ormando P., Molfese E. (2021). Oportunidad para especialidades saludables en los campos patagónicos: Trigo Espelta. CASLAN. Chubut.

Di Pane, F., Mir, L., Ormando, P. y Molfese, E. (2022). Trigos antiguos y nichos de mercado diferenciado. INTA y CHACRA EXPERIMENTAL INTEGRADA BARROW (MDA–INTA). Revista MDA / Vol. 5 / Nº 1.

Molfese, E.R; Astiz, V; Di Pane, F. (2019). Evaluación de la calidad funcional en variedades de Triticum spelta vs Triticum aestivum en cultivos orgánicos de Argentina. CYTAL. Córdoba.

Pengue, W.A. (2004). Losing genes by looking for traits? The loss of genetic biodiversity and the narrowing of the genetic base in modern agriculture. 8th Biennial Conference on Ecological Economics: «Sustainability in an Unequal World». Montreal, Canadá.

Pengue, W.A. (2005). Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina. La transgénesis de un continente. PNUMA. México.

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. (2023b). La domesticación del trigo. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Columna Desde el Verde Sur. NCC. México.  https://noticiasncc.com/plumas-ncc/02/14/plumas-ncc-la-domesticacion-del-trigo/

Pengue, W.A. (2023c). La domesticación de los cultivos. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Columna Desde el Verde Sur. NCC. México. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/01/17/plumas-ncc-la-domesticacion-de-los-cultivos/

Pengue, W.A. (2026). Trigo: el cereal migrante. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Columna Desde el Verde Sur. NCC. México. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/02/24/plumas-ncc-trigo-el-cereal-inmigrante/

Prusty, M. R., Behera, L., & Sahu, S. (2025). Domestication history and genetic resources of wild rice essential for food and nutrition security. IntechOpen.

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA). 

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue  

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

En el ecosistema jurídico y tecnológico contemporáneo, la inteligencia artificial generativa ha dejado de ser un instrumento auxiliar para instalarse como componente infraestructural del pensamiento. Este desplazamiento ha dado lugar a un fenómeno perturbador que aquí se denomina rendición cognitiva: un estado de abdicación intelectual en el que el sujeto cede su capacidad de evaluación crítica a la fluidez aparente de los modelos de lenguaje, lo cual significa que, el usuario no solo delega la redacción, sino la arquitectura misma del razonamiento.

En el derecho, la autoría no es un mero atributo moral —aunque también lo es—, sino el fundamento de la responsabilidad y de la integridad argumentativa. Cuando el razonamiento se subcontrata de manera sistemática, la figura del autor se desdibuja y el profesional se transforma en un gestor de salidas algorítmicas.

Por tanto, el presente artículo examina de qué manera esa dependencia está reconfigurando la mente humana: erosiona la originalidad, consolida una deuda de comprensión y amenaza la autonomía del pensamiento independiente en la era digital.

1.-Delegar vs. renunciar a pensar

La frontera entre optimizar un proceso y sustituir el juicio humano se ha vuelto peligrosamente permeable desde que los asistentes avanzados se integraron a la práctica cotidiana. Históricamente, la humanidad ha externalizado tareas mecánicas; sin embargo, el procesamiento de información compleja mediante algoritmos introduce una dinámica inédita. Shaw y Nave (2024) proponen que la inteligencia artificial opera como un Sistema 3 de cognición —una estructura externa que no solo complementa la intuición y el razonamiento lógico, sino que con frecuencia los reemplaza cuando el usuario adopta, sin examen crítico, respuestas ya terminadas.

Esa propuesta se articula sobre la Teoría Tri-Sistema de la Cognición, que distingue tres niveles: el Sistema 1 —intuición rápida e irreflexiva—; el Sistema 2 —razonamiento lento, analítico y basado en reglas—; y el Sistema 3 —cognición artificial exteriorizada, que opera fuera del cerebro biológico y que, a diferencia de los anteriores, no genera representaciones internas en el sujeto.

Desde esa perspectiva, la diferencia real entre delegar y rendirse reside en la vigilancia metacognitiva. Delegar supone supervisar el resultado; la rendición cognitiva, en cambio, es un acto de capitulación intelectual: se asume como propio un razonamiento que nunca fue procesado internamente.

En ese sentido, Singh et al. (2025) documentan que los usuarios poco familiarizados con la integración reflexiva de la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje son especialmente propensos a la pereza metacognitiva: confunden la facilidad con la que el sistema produce texto con una comprensión real del tema y, en consecuencia, delegan funciones esenciales como el análisis y la evaluación.

Por consiguiente, el mayor riesgo no es, la alucinación del sistema, sino el distanciamiento del usuario respecto de sus propios mecanismos de defensa epistemológica. Un ejemplo aplicado al ámbito jurídico ilustra bien este punto: un consultor que utiliza inteligencia artificial para resumir centenares de sentencias obtiene una ganancia operativa real; pero si permite que el modelo defina la teoría del caso sin cuestionar a fondo sus premisas, ha renunciado a su función primordial como arquitecto del pensamiento legal.

2.-Pérdida de voz propia y de autoría

La autoría auténtica requiere una síntesis de experiencia personal, posicionamiento ético y estilo, donde los modelos entrenados con conjuntos de datos masivos y homogéneos tienden a producir estructuras lingüísticas y conceptuales convergentes, con lo cual suprimen la diversidad del discurso antes de que el usuario advierta la pérdida. En esa línea, Baldeo (2026) demuestra que el uso intensivo de estos sistemas debilita de manera significativa el sentido de propiedad sobre el trabajo producido: las ideas dejan de sentirse como emanación de la subjetividad propia y comienzan a percibirse como productos externos que simplemente se firman.

Cuando el profesional se convierte en editor de un texto prefabricado, su voz se diluye en un eco estadístico. Pierde la capacidad de imprimir matices disidentes u originales en su obra, y la autoría queda reducida a una etiqueta administrativa vacía, desprovista del vínculo intelectual que conecta al creador con su creación.

El caso de un analista que encarga a la inteligencia artificial la redacción íntegra de un informe de impacto tecnológico es paradigmático: aunque el texto resulte formalmente impecable, carece de la profundidad interpretativa y de la visión situada que solo proporciona quien ha procesado el problema desde dentro. El producto es técnicamente correcto; intelectualmente, es estéril.

3.-La ilusión de saber sin entender

La fluidez con la que la inteligencia artificial presenta información compleja genera una trampa de autoconfianza: el acceso inmediato a síntesis elaboradas permite evitar las dificultades deseables —esos procesos de esfuerzo mental indispensables para que la información se integre de manera duradera en la memoria a largo plazo— (Lodge y Loble, 2026). El resultado es lo que cabe denominar ignorancia informada: el usuario es capaz de citar conclusiones complejas sin haber asimilado la lógica subyacente que las sostiene.

Esta dinámica es especialmente peligrosa en el ejercicio profesional, porque genera una falsa sensación de competencia sobre la que se apoyan decisiones críticas. Considérese a un investigador que solicita a la inteligencia artificial la síntesis de tratados internacionales densos: podrá mencionar los puntos principales en una reunión, pero será incapaz de defender la coherencia interna de esos argumentos en un debate riguroso. Posee el dato; no tiene el conocimiento.

De ahí la necesidad de una calibración metacognitiva permanente: reconstruir la respuesta por cuenta propia antes de incorporar los aportes del algoritmo, y verificar sistemáticamente que lo que se adopta ha sido realmente comprendido. En esta línea, Yang et al. (2025) constatan que los usuarios que modifican activamente los textos generados por inteligencia artificial obtienen mejoras significativas tanto en la calidad de su trabajo como en la comprensión real del tema, mientras que quienes aceptan los resultados de forma pasiva experimentan un deterioro progresivo en su aprendizaje.

4.-Mala memoria por ausencia de esfuerzo mental

La retención duradera de información es función directa del esfuerzo invertido en su codificación inicial, así la inteligencia artificial cortocircuita ese proceso al ofrecer gratificación inmediata. Estudios neurofisiológicos de Kosmyna et al. (2025) revelan que la dependencia constante de asistentes algorítmicos se asocia con una conectividad neural reducida en las áreas cerebrales vinculadas a la planificación y al juicio reflexivo, lo que indica que el cerebro deja de construir las redes necesarias para el recuerdo duradero.

Lo anterior amplifica exponencialmente el conocido efecto Google: en lugar de ser poseedores de información, nos convertimos en gestores de acceso a ella. Cuando se elude el trabajo de estructurar una idea desde cero, el cerebro interpreta que esa información carece de relevancia y delega su almacenamiento permanente a la infraestructura digital.

La consecuencia práctica es reveladora: personas que redactan ensayos con apoyo total de inteligencia artificial son incapaces de recordar o citar frases de su propio texto apenas minutos después de haberlo concluido. La idea nunca habitó su conciencia; simplemente transitó por su pantalla.

5.-Erosión del pensamiento crítico y consolidación de la dependencia

La rendición cognitiva no se limita a afectar la memoria o la autoría individual: altera la estructura misma del tejido intelectual de las organizaciones y de la sociedad al privilegiar la eficiencia operativa sobre el análisis reflexivo. Gerlich (2025) documenta una correlación negativa significativa entre el uso frecuente de herramientas de inteligencia artificial y las habilidades de pensamiento crítico, correlación mediada precisamente por el incremento del descargo cognitivo. En términos llanos: cuanto más se externaliza el razonamiento, menos se ejercita la capacidad para razonar.

Este fenómeno es el preludio de una atrofia intelectual sistémica, ubicando a quienes dejan de practicar el pensamiento independiente y estos pierden progresivamente la capacidad de resolver problemas cuando la herramienta no está disponible. Además, la dependencia tecnológica genera un vínculo de subordinación en el que el individuo no solo deja de cuestionar la veracidad del sistema, sino que lo acepta como una autoridad cuasi-oracular.

En entornos académicos, esta pasividad expone a los estudiantes a la manipulación informativa y les merma la capacidad para distinguir entre hechos probados y alucinaciones estadísticas.

6.-La deuda cognitiva en el ejercicio profesional

El impacto acumulado de esa abdicación sobre la calidad del ejercicio profesional constituye quizás el problema más grave a largo plazo. Osmani (2026) describe bajo el concepto de deuda cognitiva la brecha creciente entre la información que un individuo produce —a menudo con asistencia algorítmica— y lo que comprende realmente de ella.

Del mismo modo que la deuda financiera deteriora la capacidad de inversión futura, la deuda cognitiva debilita la infraestructura del pensamiento independiente y deja al profesional sin los recursos conceptuales necesarios para innovar o para responder ante crisis imprevistas.

La agilidad aparente que ofrece la tecnología se convierte, así, en una trampa de estancamiento intelectual a largo plazo, por ejemplo, un desarrollador de software que acepta sugerencias de código sin comprender su arquitectura subyacente ilustra bien el problema: el proyecto avanza con rapidez, pero el desarrollador será incapaz de diagnosticar y resolver errores críticos en el futuro, pues ha trocado aprendizaje por velocidad de entrega. El costo diferido de esa elección suele superar con creces el beneficio inmediato.

Conclusión general

La rendición cognitiva ante la inteligencia artificial representa uno de los desafíos éticos y epistemológicos más profundos de la era digital. La tecnología ofrece una promesa genuina de productividad; sin embargo, su uso acrítico está socavando la infraestructura del pensamiento que permite al ser humano ejercer su agencia como sujeto autónomo. La pérdida de la autoría de las ideas no es, en ese sentido, un problema circunscrito a la propiedad intelectual: es una erosión del sujeto crítico.

Sin el esfuerzo mental que implica la construcción del conocimiento, corremos el riesgo de convertirnos en consumidores pasivos de una racionalidad artificial que, aunque veloz y formalmente coherente, carece de responsabilidad moral y de comprensión real del mundo. En el ámbito del derecho y de las tecnologías, resulta imperativo desarrollar marcos de uso que fomenten la fricción cognitiva y la supervisión humana activa.

La educación y la práctica profesional deben evolucionar hacia modelos de amplificación mutua, en los que la inteligencia artificial actúe como un espejo que desafíe el pensamiento en lugar de un oráculo que lo reemplace. Solo a través del compromiso consciente con el rigor intelectual, y de la validación constante de las herramientas digitales, será posible asegurar que la IA opere como motor del progreso humano y no como instrumento de nuestra propia capitulación intelectual.

Referencias bibliográficas

Baldeo, S. (2026). Generative Artificial Intelligence Reliance and executive function attenuation. Behavioral evidence of cognitive offload in high-use adults. Technology, Mind, and Behavior. https://doi.org/10.1037/tmb0000191

Gerlich, M. (2025). AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. Societies, 15(1), 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., & Maes, P. (2025). Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.08872

Lodge, J. M., & Loble, L. (2026). Artificial intelligence, cognitive offloading and implications for education. University of Technology Sydney. https://doi.org/10.71741/4pyxmbnjaq.31302475

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Shaw, S. D., & Nave, G. (2024). Thinking—Fast, Slow, and Artificial: How AI is Reshaping Human Reasoning and the Rise of Cognitive Surrender. The Wharton School, University of Pennsylvania.

Singh, A., Taneja, K., Guan, Z., & Ghosh, A. (2025). Protecting human cognition in the age of AI. arXiv. https://arxiv.org/abs/2502.12447

Yang, K., Raković, M., Liang, Z., Yan, L., Zeng, Z., Fan, Y., Gašević, D., & Chen, G. (2025). Modifying AI, enhancing essays: How active engagement with generative AI boosts writing quality. En Proceedings of the 15th International Learning Analytics and Knowledge Conference (LAK ’25) (pp. 568–578). ACM. https://doi.org/10.1145/3706468.3706544

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La civilización contemporánea experimenta una transformación estructural impulsada por la transición hacia la quinta revolución industrial, en la cual la inteligencia artificial (IA) ha dejado de operar como complemento tecnológico para convertirse en una infraestructura omnipresente con efectos directos sobre la organización política y económica de las naciones. Esta transformación no es neutral: la IA depende de recursos energéticos, redes de datos y cadenas de suministro físicas que condicionan la capacidad estratégica de los Estados, como advierte Dudoit (2026).

Desde esta perspectiva, la soberanía digital no debe entenderse como un repliegue proteccionista, sino como la facultad estratégica de los Estados y los ciudadanos para autodeterminar su participación en un entorno dominado por algoritmos opacos y poderes corporativos transnacionales.

La gobernanza contemporánea enfrenta, en consecuencia, el desafío de regular lo que algunos autores denominan el ciberleviatán: una estructura de poder que redefine la esfera pública y exige marcos jurídicos anclados en la dignidad humana. En este contexto, la interoperabilidad de datos requiere un tratamiento normativo equivalente al de los servicios de utilidad pública, tal como ocurre con las redes eléctricas.

El presente artículo examina la soberanía y la gobernanza digital como problemas centrales del tiempo presente, analizando el impacto de la inteligencia artificial sobre los Estados, los derechos fundamentales y el bien común.

1.-Gobernanza digital ante el poder transnacional de las empresas tecnológicas

El orden jurídico tradicional enfrenta una tensión creciente con el surgimiento de fuentes normativas descentralizadas que operan al margen de los poderes democráticos, consolidando lo que se ha denominado tecnofeudalismo. Kelly y Satola (2025) identifican una fractura en los modelos de gobernanza, significa que mientras las democracias liberales sostienen un modelo de múltiples partes interesadas, los regímenes autoritarios promueven un multilateralismo centrado en el Estado que restringe la participación corporativa y civil.

Esta tensión se agudiza porque las grandes empresas tecnológicas han adquirido, en la práctica, funciones normativas propias de los poderes públicos. Como señala Guerrero Olvera (2026), estas empresas producen normas desterritorializadas mediante términos y condiciones que vulneran derechos que las propias constituciones nacionales protegerían. El resultado es un déficit democrático real: las reglas del mercado digital las establecen algoritmos privados, no los ciudadanos a través de sus representantes.

Plataformas como Facebook o Uber ilustran este fenómeno, dado que operan bajo marcos de derecho descentralizado que frecuentemente ignoran las leyes locales, obligando a los Estados a recurrir a convenios voluntarios en lugar de ejercer autoridad soberana efectiva. Ello se traduce en lo que Pollman (2019) denomina arbitraje regulatorio: la manipulación deliberada de la estructura de sus actividades para explotar las brechas entre la naturaleza económica de sus servicios y su tratamiento legal, lo que les permite evadir normativas sobre el estatus laboral de sus trabajadores o la protección de datos personales.

Ante este panorama, la soberanía estatal resulta insuficiente si no se articula una respuesta transnacional que someta a estos poderes fácticos a controles democráticos reales.

2.-Principios éticos en el diseño normativo de la inteligencia artificial

El diseño normativo de la IA atraviesa un cambio de paradigma: se transita desde enunciados condicionales rígidos hacia marcos fundamentados en valores. Renda (2020) propone una estrategia que sitúe al bien común como criterio ordenador del desarrollo de la IA, con base en principios como la justicia, la solidaridad y la robustez sociotécnica. En la misma línea, la UNESCO (2021) ha impulsado recomendaciones sobre ética de la IA orientadas a garantizar marcos jurídicos adecuados y preparar a las sociedades para los cambios socioeconómicos que esta tecnología implica.

Esta transición hacia una IA de base ética no es solo técnica, lo cual tiene implicaciones jurídicas y políticas de fondo. Si el razonamiento algorítmico se alinea con los bienes jurídicos que protegen las democracias, la tecnología puede actuar como motor de progreso. De lo contrario, refuerza estructuras de dominación.

Un caso representativo es la Constitución de la IA de Anthropic (2026), cuyo objetivo es que los sistemas interpreten el deber ser mediante razones subyacentes y no solo a través de reglas operativas. Para ello, establece cuatro mecanismos:

(1) La autodestrucción de reglas, mediante la cual la IA comprende su situación con profundidad suficiente para construir nuevas normas cuando las existentes resultan inadecuadas;

(2) El equilibrio reflexivo, que busca que Claude no solo obedezca instrucciones, sino que respalde genuinamente los valores descritos en su Constitución;

(3) La evitación de restricciones sin explicación, para no distorsionar la autopercepción del modelo ni inducir generalizaciones erróneas; y

(4) El fomento de la sabiduría práctica, que orienta a la IA a actuar con sensibilidad y matices ante decisiones complejas.

3.- Impactos socioambientales de las infraestructuras digitales globales

Existe una percepción extendida —y equivocada— de lo digital como algo inmaterial. La IA tiene una huella física concreta: consume energía, agua y materiales en cantidades que alteran ecosistemas enteros. Barbet (2026) documenta que la carrera por el gigantismo en los centros de datos conlleva riesgos significativos por su alta intensidad energética y la concentración industrial que genera. Omar y Pasricha (2026) añaden que el despliegue de estas infraestructuras produce tensiones sobre el consumo de agua, el acceso a la red eléctrica y el impacto ambiental directo en las comunidades locales.

Desde una perspectiva de gobernanza, lo anterior implica que toda regulación digital seria debe exigir certificaciones de responsabilidad social y ambiental en toda la cadena de suministro: desde la extracción de litio hasta el enfriamiento de servidores.

El caso de los centros de datos submarinos resulta ilustrativo. Naciones como China y Japón han comenzado a instalar infraestructuras en el fondo del océano para reducir costos de refrigeración, aprovechando las corrientes oceánicas para ahorrar hasta un 90% de la energía que requieren los sistemas de enfriamiento convencionales e integrándolos con fuentes renovables como granjas eólicas marinas, según Wang y Teng (2025). Sin embargo, este modelo desplaza el impacto ecológico hacia hábitats marinos sin regulación ambiental coordinada, generando contaminación acústica y vacíos de soberanía tecnológica que aún carecen de respuesta jurídica internacional.

4.-Derechos humanos emergentes en el entorno de la hipervigilancia

La hipervigilancia digital ha reconfigurado la relación entre el ciudadano y el Estado. El individuo se convierte en usuario; las protecciones constitucionales tradicionales se diluyen ante la microsegmentación y la discriminación algorítmica. Ávila Pinto (2018) advierte que el poder de monitorear y predecir comportamientos está concentrado en manos de un número reducido de actores, lo cual erosiona la soberanía efectiva del Estado sin sustituirla por ninguna forma de control democrático equivalente.

Frente a este problema, Internet Society (2022) señala que las políticas de soberanía digital centradas exclusivamente en la seguridad nacional corren el riesgo de fragmentar la red y limitar los beneficios del modelo de interconexión global. Esto plantea una tensión normativa real: la gobernanza digital debe proteger a los ciudadanos sin reproducir lógicas autoritarias.

Una respuesta posible pasa por reconocer derechos de nueva generación. El derecho al olvido, el derecho a la desconexión y el modelo de bienestar de datos —denominado Webfare— proponen que el individuo sea retribuido por el valor económico que su información personal genera. Como sostiene Guerrero Olvera (2026), la soberanía individual no será efectiva mientras no exista una infraestructura distributiva que democratice los beneficios de los datos e impida que el ciberleviatán continúe extrayendo valor sin contraprestación social alguna.

Conclusión

La soberanía digital en el siglo XXI no puede reducirse al aislamiento ni confundirse con el proteccionismo. Requiere, en cambio, una participación estratégica y activa en el ecosistema global, sustentada en marcos jurídicos que sometan el poder de las corporaciones tecnológicas al control constitucional.

El camino hacia una gobernanza de principios exige al menos tres condiciones concurrentes: voluntad política de los gobiernos, empresas dispuestas a operar bajo estándares de responsabilidad social, y ciudadanía con capacidad crítica para exigir rendición de cuentas. Sin esa triple articulación, el avance tecnológico puede convertirse en una nueva forma de servidumbre digital, alejada del bien común que justifica su desarrollo.

La soberanía digital no se compra ni se hereda. Se construye mediante la coherencia de los sistemas jurídicos, la inversión sostenida en ciencia y tecnología propia, y la defensa de los derechos humanos emergentes frente al poder del ciberleviatán. La justicia digital no es un horizonte inalcanzable; es una exigencia que los sistemas normativos contemporáneos ya tienen la obligación de atender.

Referencias bibliográficas

Anthropic. (2026). Claude’s Constitution. Recuperado de https://www.anthropic.com/claudes-constitution

Ávila Pinto, R. (2018). ¿Soberanía digital o colonialismo digital? Revista Sur, (27).

Barbet, P. (2026). The Stargate Project: The risks of the race for gigantism in data centres dedicated to artificial intelligence. IRIS, Geopolitical Observatory of Digital and Emerging Technologies.

Dudoit, A. (2026). Digital Sovereignty and Artificial Intelligence in Canada: From System Fragmentation to Integrated Strategic Capacity in the Public Sector (2026PR-05, CIRANO).

Enlace Jurídico Académico. (2026). Tercera conferencia del segundo ciclo de conferencias, Dr. Sergio Arturo Guerrero Olvera [Archivo de Vídeo]. YouTube.

Internet Society. (2022). Explorando la Soberanía Digital y su Impacto en Internet.

Kelly, M. J., & Satola, D. E. (2025). Digital Sovereignty and AI: New Threats to Corporate Participation in Internet Governance? Case Western Reserve Journal of International Law, 57(1).

Omaar, H., & Pasricha, M. (2026). AI data centres and the future of infrastructure policy: Rethinking electricity, pricing, and environmental impact. Center for Data Innovation.

Pollman, E. (2019). Tech, Regulatory Arbitrage, and Limits. Law Working Paper N° 455/2019. European Corporate Governance Institute (ECGI).

Renda, A. (2020). Inteligencia Artificial: hacia una estrategia paneuropea. En La soberanía digital de Europa: de regulador a superpotencia en la era de la rivalidad entre EE.UU. y China (pp. 37-41). European Council on Foreign Relations.

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Wang, E., & Teng, J. X. (2025). China trials ‘energy-saving’ underwater data centers. Tech Xplore. Recuperado de https://techxplore.com/news/2025-10-china-trials-energy-underwater-centers.html

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

El ecosistema mediático actual atraviesa una transformación profunda: la capacidad de narrar y procesar la realidad ya no recae exclusivamente en el juicio humano, donde la incorporación de modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) ha modificado los límites del newsmaking tradicional y obliga a las redacciones a superar la simple automatización de tareas rutinarias para adentrarse en la generación sintética de contenidos de mayor complejidad editorial.

Este fenómeno no es homogéneo, dado a que, en América Latina, por ejemplo, los medios han transitado con rapidez de una fase de exploración tecnológica a una de experimentación activa con herramientas generativas (Zuazo, 2023). La velocidad de ese tránsito hace más urgente, no menos, la reflexión jurídica.

Desde el derecho, el problema central no radica en la ausencia de normas, sino en la inadecuación de los marcos regulatorios existentes frente a una tecnología que replica, al menos en apariencia, facultades cognitivas de análisis y redacción. Esta inadecuación se vuelve tangible en la proliferación de chatbots y asistentes virtuales que, si bien mejoran la eficiencia operativa, difuminan la cadena de responsabilidad editorial y dificultan rastrear quién decidió publicar qué y con qué respaldo de verificación.

Por tanto, este artículo examinará los principales desafíos legales que plantea la inteligencia artificial generativa en el periodismo, con especial atención a la autoría, la responsabilidad editorial, la transparencia y la protección de fuentes.

1.-El cambio de paradigma en las políticas editoriales

La adopción de herramientas de inteligencia artificial obliga a los medios a replantear su misión institucional, lo cual no opera de manera neutral para simplemente acelerar procesos, sino que actúa como un agente que modifica la relación del medio con su audiencia, altera los flujos de verificación y redistribuye las cargas de responsabilidad editorial. Los medios enfrentan, en consecuencia, una tensión concreta entre la presión por innovar y la obligación de sostener su credibilidad como actores de la esfera pública.

En ese contexto, Cerezo (2024) sostiene que la irrupción de la IA generativa constituye un cambio de paradigma estructural, tanto para los creadores individuales de contenido como para las organizaciones informativas en su conjunto. El señalamiento no es retórico: implica que las soluciones parciales —adoptar una herramienta aquí, establecer un criterio allá— resultan insuficientes sin una política institucional coherente que oriente el uso de estos sistemas.

La ausencia de esa política genera riesgos reputacionales concretos. Normalizar el uso de algoritmos sin propósito editorial definido equivale a ceder parte del control periodístico sin asumir explícitamente esa decisión. La tendencia reciente de varias grandes cabeceras a conformar comités de gobernanza tecnológica —encargados de evaluar la pertinencia ética de cada nueva aplicación antes de su implementación— refleja que estos riesgos ya se perciben como administrables, pero únicamente con estructuras formales de supervisión.

2.-La explotación de archivos periodísticos para el entrenamiento de modelos

El entrenamiento de los modelos de IA generativa constituye uno de los frentes de mayor conflicto legal. Estos sistemas se nutren de enormes corpus de datos obtenidos mediante técnicas de scraping masivo, y las organizaciones periodísticas advierten que sus contenidos —protegidos por propiedad intelectual— son utilizados para parametrizar algoritmos que, posteriormente, compiten con ellos en el mercado de la información.

Según la News Media Alliance (2023), los contenidos producidos por medios de comunicación están sistemáticamente sobrerrepresentados en los conjuntos de datos de entrenamiento, precisamente por su alta fiabilidad y su estructura gramatical consistente. La calidad del periodismo profesional se convierte, así, en un insumo privilegiado para la industria tecnológica, sin compensación ni consentimiento de los titulares de los derechos.

Esta dinámica implica una transferencia de valor que amenaza la viabilidad económica de la prensa profesional. El caso más ilustrativo es el litigio iniciado por The New York Times contra OpenAI y Microsoft, en el que se alega que el uso de millones de artículos del diario constituye una infracción de derechos de autor cuyo efecto práctico es eludir los mecanismos de acceso de pago. Más allá de ese caso específico, el conflicto pone de manifiesto una tensión estructural que los marcos actuales de propiedad intelectual no resuelven con claridad suficiente.

3.-Límites de la protección jurídica en obras sintéticas

La validez jurídica de un contenido periodístico depende, en primera instancia, de que pueda identificarse su autoría. El derecho de autor reserva esa categoría a la creación intelectual de una persona física, es decir, las obras producidas de manera autónoma por sistemas automatizados carecen de la originalidad que exige la ley y, en consecuencia, tienden a quedar fuera del ámbito de protección en la mayoría de las jurisdicciones, ingresando por defecto al dominio público.

La U.S. Copyright Office (2025) ha ratificado esta distinción: existe una diferencia jurídica fundamental entre el uso de la IA como asistente creativo —donde el control editorial recae en una persona— y su rol como generadora autónoma del contenido. La línea entre ambos escenarios no siempre es nítida en la práctica, pero sus consecuencias patrimoniales para los medios son directas e inmediatas.

Si una redacción no puede acreditar una intervención humana sustantiva en la edición de una nota, pierde la posibilidad legal de reclamar exclusividad sobre ese contenido. El caso de Sports Illustrated ilustra este riesgo con claridad: la publicación sufrió un daño reputacional grave cuando se reveló que utilizaba perfiles de autores ficticios generados artificialmente, lo que no solo cuestionó su ética editorial, sino que privó a sus piezas de cualquier respaldo de protección autoral.

4.-La atribución de responsabilidad legal por difamación

Los modelos de lenguaje generativo presentan una limitación técnica conocida como alucinación algorítmica: la producción de información falsa que aparenta ser factual. En el ámbito del derecho de prensa, este fenómeno adquiere dimensiones legales cuando el sistema inventa declaraciones, atribuye delitos a personas reales o distorsiona contextos judiciales. En esos supuestos se activan responsabilidades civiles por difamación y daño moral.

The Future of Free Speech (2025) advierte que la opacidad de los procesos de aprendizaje automático y la falta de transparencia en el funcionamiento interno de los modelos agravan los riesgos para la libertad de expresión y la veracidad informativa. El problema no es solo técnico: la cadena causal entre el error del modelo y el daño al afectado resulta difícil de documentar ante un tribunal con los estándares de prueba habituales.

Ante esta dificultad, la posición jurídica más sólida es tratar al medio de comunicación como editor único y responsable. La máquina carece de personalidad jurídica y no puede ser demandada. El periodista y la organización que publican el contenido asumen la carga de la verificación, con independencia del origen automatizado del texto.

El caso Walters v. OpenAI —en el que la plataforma generó afirmaciones falsas sobre un particular, incluyendo la imputación de malversación de fondos— ha obligado a los tribunales a comenzar a definir estándares de negligencia aplicables a este tipo de errores algorítmicos.

5.-Estándares de transparencia y niveles de intervención

La gobernanza editorial en el entorno algorítmico requiere protocolos que garanticen al lector el derecho a conocer el origen de la información que consume. La transparencia no es solo una exigencia ética: funciona también como un mecanismo de defensa legal, ya que permite delimitar con precisión en qué etapas del proceso periodístico intervino la IA y en cuáles lo hizo un profesional humano.

En esa línea, la Asociación Vasca de Periodistas (2024) propone establecer una escala de autoría que diferencie, al menos, tres niveles: el uso asistido para búsqueda y clasificación de datos, la generación mixta con supervisión humana obligatoria, y la creación autónoma con validación posterior.

Cada nivel implica una distribución distinta de la responsabilidad editorial, lo que obliga a los medios a documentar sus decisiones con mayor precisión que en el modelo de producción tradicional.

El etiquetado obligatorio del contenido generado por IA opera, en ese esquema, como un contrato tácito de confianza con la audiencia. No se trata únicamente de anticipar una regulación que en muchas jurisdicciones aún no existe: se trata de gestionar los efectos reputacionales de no hacerlo antes de que sean irreversibles.

La adopción de notas editoriales detalladas que especifican qué párrafos fueron generados algorítmicamente y qué profesional humano verificó su exactitud es una práctica que ya implementan algunos medios de referencia y que establece un estándar de buenas prácticas razonable y replicable.

6.-Protocolos para el resguardo de fuentes informativas

La introducción de datos confidenciales en plataformas externas de IA representa un riesgo legal de primer orden. Desde la óptica jurídica, ingresar información sensible en un modelo comercial equivale funcionalmente a una publicación externa: puede vulnerar el secreto profesional del periodista y comprometer la identidad de fuentes protegidas o la integridad de documentos filtrados que aún no han sido publicados.

La arquitectura técnica de muchos modelos disponibles comercialmente implica que los textos ingresados pueden ser retenidos para el reentrenamiento del sistema. En respuesta a ese peligro, France Médias Monde (2025) establece en su guía de buenas prácticas que cualquier uso profesional de herramientas de IA debe realizarse en plataformas seguras y dedicadas, preferentemente de gestión interna, que garanticen la confidencialidad de los datos bajo los estándares de protección vigentes.

Por consiguiente, la soberanía tecnológica del medio —esto es, el control efectivo sobre los sistemas que procesan su información— es la única salvaguardia estructural frente a la filtración accidental o el acceso no autorizado a material periodístico sensible. Las directrices de la BBC, que prohíben expresamente cargar material sujeto a reserva en herramientas de nube pública sin auditoría técnica previa, ofrecen un modelo de referencia aplicable, con las adaptaciones necesarias, a redacciones de menor escala.

Conclusión general

La integración de la IA generativa en las redacciones no supone una transferencia de la autoridad periodística a la máquina. Presume, con mayor precisión, una redistribución de la responsabilidad editorial que exige un control humano más riguroso, más documentado y explícito que el que prevalecía antes de la irrupción de estos sistemas.

El desafío jurídico más urgente no reside en la capacidad técnica del algoritmo para redactar texto, sino en dos problemas estructurales vinculados entre sí: la opacidad del entrenamiento —que incorpora contenidos periodísticos sin autorización ni compensación— y la dilución de la autoría, que debilita la protección legal sobre los contenidos producidos.

Frente a eso, una gobernanza institucional sólida no es una opción adicional, sino el mecanismo que permite al medio defender su credibilidad ante la audiencia y su patrimonio intelectual ante terceros.

Finalmente, el futuro del periodismo dependerá de su capacidad para demostrar, con hechos concretos y procesos verificables, que el procesamiento de datos puede transitar por redes neuronales sin que eso implique ceder la responsabilidad ética ni la obligación de rendir cuentas ante la sociedad.

La tecnología debe operar como un instrumento que potencie el juicio crítico profesional, no como un sustituto que vacíe de contenido la función social de la prensa en las democracias contemporáneas.

Referencias bibliográficas

Asociación Vasca de Periodistas – Colegio Vasco de Periodistas. (2024). Decálogo para el uso ético de la IA en los medios de comunicación.

Cerezo, P. (2024). Políticas de uso de los medios ante la IA. IPG MediaBrands.

France Médias Monde. (2025). Guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial en las actividades editoriales de FMM.

News Media Alliance. (2023). News Media Alliance study finds pervasive unauthorized use of publisher content to power generative AI technologies.

The Future of Free Speech. (2025). AI-Report-2025: Full report on AI and free expression.

U.S. Copyright Office. (2025). Copyright and artificial intelligence, part 2: Copyrightability.

Zuazo, N. (2023). Periodismo e inteligencia artificial en América Latina. UNESCO.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

El derecho contemporáneo enfrenta un problema que sus categorías clásicas no estaban diseñadas para resolver: el ejercicio de poder a través del código informático. Los algoritmos no son herramientas neutras de procesamiento; son dispositivos que toman decisiones —sobre la libertad de una persona, sobre qué voces circulan en el debate público, sobre qué datos definen la identidad de un ciudadano, sobre cómo se configura su entorno cognitivo— sin que esas decisiones sean legibles, contestables ni atribuibles con claridad a ningún responsable jurídico.

Esa opacidad es el problema central que pronuncia este artículo. No se trata de un defecto técnico corregible con mejor ingeniería: es una característica estructural de los sistemas algorítmicos tal como operan hoy, reforzada deliberadamente mediante el secreto comercial, la complejidad técnica y la ausencia de marcos regulatorios adecuados.

De esta manera, el resultado es una forma de poder que actúa sobre derechos fundamentales —la libertad personal, la soberanía democrática, la privacidad, la autonomía cognitiva— sin los mecanismos de rendición de cuentas que el Estado de derecho exige para cualquier otra forma de autoridad.

La tesis que se sostendrá en cuatro apartados es la misma: la pretendida neutralidad técnica de los sistemas algorítmicos es una ficción jurídica. Detrás de ella opera el ejercicio de un poder editorial, normativo y conductual que hoy carece de contrapesos. Nombrar ese poder con precisión es el primer paso para someterlo al derecho.

1.-Límites constitucionales de la evidencia algorítmica en materia penal

La adopción de herramientas de inteligencia artificial para construir perfiles de riesgo procesal colisiona directamente con dos garantías constitucionales que no admiten matices: el debido proceso y la presunción de inocencia. En ese sentido, los sistemas predictivos se presentan, con frecuencia, como instrumentos de objetividad matemática. Así, el problema es que su lógica interna permanece opaca incluso para los operadores jurídicos que los utilizan.

Para que un sistema automatizado que incide en decisiones sobre la libertad personal sea compatible con los derechos fundamentales, debe poder justificar sus resultados de forma inteligible para la defensa, el juzgador y la ciudadanía (Diakopoulos & Friedler, 2016). Esto no es un desiderátum programático: es una exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva.

En este punto, el argumento del secreto comercial merece una respuesta directa: la confidencialidad empresarial no puede funcionar como barrera infranqueable para el ejercicio del derecho de defensa. Si a un imputado se le asigna una calificación de alta peligrosidad basada en factores propietarios que la defensa no puede examinar ni refutar, el proceso penal pierde su legitimidad. No se trata de una irregularidad menor; se trata de una vulneración estructural a la garantía de defensa adecuada.

2.-Soberanía estatal frente al monopolio del poder algorítmico privado

Un puñado de corporaciones tecnológicas globales controla hoy la infraestructura sobre la que circula el conocimiento, la comunicación y, en buena medida, el debate político. Esa concentración genera una forma de soberanía digital de facto que compite con la autoridad regulatoria de los Estados nacionales y desdibuja las fronteras del derecho público.

Por consiguiente, la asimetría resultante obliga a replantearse el estatuto jurídico del acceso a la información sobre el funcionamiento de estos sistemas. Conocer los criterios que rigen la visibilidad o la supresión de contenidos no es un privilegio técnico: es una condición para el ejercicio de las libertades civiles en el entorno digital (Sun, 2023).

La inacción legislativa frente a estos cuasi-monopolios tiene consecuencias concretas: permite que las normas comunitarias privadas —elaboradas unilateralmente por las plataformas— desplacen a las garantías constitucionales. En consecuencia, la moderación automatizada del discurso político ilustra bien este problema, por ejemplo, cuando una decisión algorítmica suprime o amplifica contenidos durante un proceso electoral ejerce un poder normativo equiparable al legislativo, pero sin los mecanismos de rendición de cuentas que el Estado de derecho exige.

3.- Impacto constitucional del rastreo biométrico masivo

El capitalismo de vigilancia —para usar la categoría de Zuboff (2019)— no se limita a registrar el comportamiento de los usuarios: busca anticiparlo y modificarlo. La recolección sistemática de datos conductuales y biométricos permite construir perfiles psicográficos de una granularidad que hace décadas habría parecido distópica. La privacidad, en este modelo, deja de ser un derecho para convertirse en un recurso explotable comercialmente.

Desde el derecho constitucional, el problema no es solo de escala sino de estructura, entiendo cómo este nivel de intrusión erosiona el derecho a la autodeterminación informativa y elimina cualquier expectativa razonable de anonimato en el espacio público.

El ciudadano que transita por una ciudad con cámaras de reconocimiento facial o que navega por plataformas con rastreo conductual permanente ya no es, en sentido estricto, un sujeto anónimo. Es un perfil en construcción.

Cabe destacar, el micro-targeting político con datos recolectados sin consentimiento informado real es, quizá, el caso que mejor articula la gravedad del problema. Se trata de mensajes diseñados para explotar vulnerabilidades psicológicas específicas, dirigidos a individuos cuyas preferencias y fragilidades han sido modeladas sin que lo sepan. Llamar a eso campaña política es un eufemismo; lo que describe es una forma de manipulación de la voluntad electoral.

4.-Tutela jurídica de la integridad cognitiva ante la IA agéntica

Los algoritmos de recomendación no solo filtran información: configuran activamente el entorno cognitivo del usuario, donde el uso de esquemas de refuerzo variable —el mismo principio que opera en las máquinas tragamonedas— y la personalización extrema no son accidentes de diseño; son decisiones deliberadas que priorizan la captura de la atención sobre el bienestar del usuario. El resultado conocido es la burbuja informativa, es decir, un espacio donde la percepción de la realidad se recorta y deforma de manera sistemática.

La investigación de Morewedge (2024) sobre los fallos estructurales de estos sistemas es contundente: los algoritmos de recomendación tienden a priorizar los impulsos inmediatos del usuario sobre sus propios intereses y valores a largo plazo. Esto plantea una pregunta jurídica que el derecho civil todavía no ha respondido de forma satisfactoria: ¿quién responde cuando el diseño de una plataforma induce conductas adictivas o lesivas para la salud mental?

Una vía de respuesta pasa por reconocer que la responsabilidad civil de las plataformas debe adquirir un carácter fiduciario. Si el diseño de la interfaz —el scroll infinito, las notificaciones compulsivas, la autoreprodución de contenidos— genera daños cognitivos documentables, la plataforma no puede escudarse en la autonomía del usuario. Tiene la obligación de mitigar esos riesgos, y el derecho tiene que dotarse de herramientas para exigírselo.

Conclusión general

La sociedad algorítmica no vuelve obsoleto al Derecho, pero sí lo interpela con urgencia. Los conflictos analizados —la prueba penal opaca, el monopolio digital, la vigilancia biométrica, la manipulación cognitiva— no son problemas separados: todos expresan la misma tensión de fondo entre el código privado que ordena el mundo digital y los principios constitucionales que deben seguir siendo su límite.

El reto no es resistirse a la tecnología sino someterla al derecho, por tanto, la inteligencia artificial y el procesamiento masivo de datos pueden estar al servicio de la dignidad humana, pero eso no ocurrirá de forma espontánea. Requiere decisiones normativas deliberadas, comprendiendo la transparencia algorítmica, el control democrático de las infraestructuras digitales, la responsabilidad fiduciaria de las plataformas y garantías procesales adaptadas al entorno automatizado.

Recuperar el equilibrio entre el artículo jurídico y el algoritmo informático es la tarea normativa central de esta generación. No es retórica: es la condición para que la eficiencia tecnológica y el Estado de derecho puedan coexistir.

Referencias bibliográficas

Diakopoulos, N., & Friedler, S. (2016). How to hold algorithms accountable. MIT Technology Review.

Klonick, K. (2018). The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech. Harvard Law Review.

Morewedge, C. K. (2024). Why Algorithm-Generated Recommendations Fall Short. Harvard Business Review.

Sun, H. (2023). The right to know social media algorithms. Harvard Law & Policy Review.

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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 Por: Walter Pengue (Argentina).

«La historia se repite, eso es lo malo de la historia»,

Frase atribuida a Charles Darwin (1809-1882) y también a George Santayana (1863-1952))

Más de veinte años atrás, en “Soberanía alimentaria: hambre y opulencia en las tierras del Plata” publicado por “Hacer Pensar”,  la Agencia de Ciencias de Argentina y reproducido por Biodiversidad en América Latina (Pengue 2004), alertaba sobre la importancia que tiene para un país, contar con el balance apropiado entre las formas de producción, el papel de las tecnologías y el acceso a alimentos – especialmente de calidad – de su población, empezando por los más desfavorecidos.

La cuestión del hambre y la desnutrición en un continente rico en alimentos, no ha sido superada. Tanto el país como la región latinoamericana, no puede abstraerse de cuestiones de larga data vinculadas a la inseguridad alimentaria. Dice La Nación, compilando varios reportes de la ONU, que en 2023,  “En Sudamérica, más de un tercio (36,4%) de la población sufrió de inseguridad alimentaria moderada o grave. La Argentina, Brasil, el Ecuador y Surinam registraron inseguridad alimentaria moderada o grave para un tercio de su población. Mientras que Chile y el Uruguay tuvieron la menor prevalencia, con un 18,1% y un 15,2%. En comparación con el trienio 2014-2016, se observa que la mayoría de los países de la región experimentaron aumentos en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave”.

Además, indicó que “43,2 millones de personas, el 6,5% de la población en América Latina y el Caribe, sufren hambre y la región registra niveles de sobrepeso y obesidad mayores a la estimación mundial”.

En nuestros días, la ecuación, nos ha traído a una “economía de rapiña”. Mientras la economía argentina se concentra exclusivamente en sus industrias de extracción como la producción de granos, minerales y petróleo, el país se encuentra en un fuerte impasse prácticamente en todas sus otras actividades, con un importante deterioro en el empleo y un crecimiento económico totalmente desbalanceado. Las industrias extractivas – que no dan empleo y se alojan en espacios alejados – crecen, mientras que las actividades intensivas en empleo, muestran un deterioro relevante. Y con ello, impactos sociales y económicos relevantes. Según los últimos registros para el año 2025, las porciones más sensibles de la sociedad, los niños y los mayores, padecen incluso, más problemas que el promedio, con serios inconvenientes en el acceso a los alimentos.

El último reporte de la Universidad Católica Argentina informa que – a diferencia de lo que indican las estadísticas oficiales – seis de cada diez niños en el país son pobres y que más del 30 por ciento de ellos, no accede a una alimentación adecuada, incluso salteando varias comidas.  El reporte se hizo para evaluar la evolución de la pobreza y situación infantil a lo largo del año 2025, indicando que el 53,6 % de los niños son pobres.

Argentina, es reconocida por el mundo como “la tierra de las carnes y las mieses”.  Carnes procedentes de la Pampa Argentina, alimentaron a sus gentes desde la propia configuración del país y mieses, especialmente trigo, cubrieron las mesas, tanto de los pobres como de los ricos, en distintos momentos de su corta historia. Desde los españoles que llegaron como conquistadores, buscando El Dorado – que en rigor estaba más al norte, en el Cerro Rico de Potosí – hasta los millones de migrantes que cubrieron sus tierras, todos – sin excepción – llegaban con el imaginario, de la tierra cuyo nombre, literalmente significaba riqueza. Fue Martín del Barco Centenera, en los inicios del año 1600 quién por primera vez, la llamó Argentina.  En su obra titulada  «Argentina y conquista del Río de la Plata, con otros acaecidos de los reinos Del Perú, Tucumán y Estado del Brasil«, donde por primera vez el autor utiliza la latinización del término «argenteus«, para ubicar a sus lectores sobre nuestro territorio.

La inmigración masiva a Argentina, ocurrida principalmente entre 1880 y 1930, fue el motor fundamental del llamado modelo agroexportador, transformando al país en uno de los principales productores mundiales de carne y trigo. Este periodo, conocido como la «Gran Inmigración», trajo más de 6 millones de inmigrantes, mayoritariamente italianos, españoles, judíos, turcos, polacos que cubrieron la escasez de mano de obra en el campo y en las ciudades, para las fábricas. Junto con los migrantes, llegaron los cereales. De un país que en 1874 importaba trigo, la Argentina pasó a convertirse en 1910 en uno de los principales exportadores, convirtiendo a los cereales en más del sesenta por ciento de sus exportaciones. Los primeros toros reproductores llegaron antes, en el siglo XVI, pero la mejora de la raza, se hizo a la par de la gran migración, cuando se introdujeron razas británicas, como las primeras vacas Shorthorn traídas en 1853, que se adaptaron perfectamente a las Pampas Argentinas.

Los inmigrantes en Argentina adaptaron sus dietas europeas a la abundancia local de carne, adoptando distintas formas de preparar pastas, panes, pizzas o milanesas y guisos, nutritivos para el duro trabajo diario. En los conventillos, fusionaron sus sabores con ingredientes locales, consumiendo altos niveles de grasas para el trabajo físico. La carne – que era un lujo en Europa – se volvió protagonista diaria en la mesa de los inmigrantes, debido a su bajo costo en Argentina. Esto luego iría cambiando, pero prácticamente en muy pocos momentos, de forma colectiva, las clases más humildes dejaron de acceder a alimentos necesarios, con la excepción de las provincias más alejadas, más vinculado el problema con las políticas feudales locales que por la disponibilidad de los mismos.

Pero Argentina, “tierra de la plata”, evidentemente no significa hoy en día, riqueza para todos. La historia es mucho más extensa y compleja.  Pero parece repetirse – sólo concentrada ahora en los bienes y no en las personas – en la actualidad. Las tecnologías están facilitando un aumento intensivo en las extracciones desde los crecientes open pit en la industria minera a las tecnologías del fracking en Vaca Muerta y hasta la búsqueda creciente por la liberación de cada vez más cultivos transgénicos en el país, empezando por la soja y el trigo.

Cultivos estos últimos que fueron los pilares de la transformación de la llamada Biorevolución o Segunda Revolución de las Pampas. No exenta tampoco de sus complejidades y complicaciones emergentes, como en el caso último del gen resistente a la sequía y al glufosinato de amonio como el HB4 (Tranquera 2020). Un gen que incorporado en estos dos cultivos – primero en soja y luego en el trigo – pretendía promoverse al mundo, como la panacea que resolvería los problemas de producción en ambientes hostiles y el acceso a alimentos como el pan, a precios accesibles para todos (CONICET 2019). Como anteriormente sucediera con la soja RR (soja resistente al glifosato) y su incursión en el Brasil, hoy en día, pareciera que nuevos envios – ahora de soja con el HB4 – se detectaron también en Europa, región del mundo, que como muchas otras, no lo han aprobado (Bichos de Campo 2026). Aparentes empresas biotecnológicas, que prometían hace muy pocos años, la panacea de nuevos productos y soluciones a problemas complejos, hoy se enfrentan como la compañía Bioceres (Tierra Viva 2025) al fracaso rotundo de sus productos estrellas y problemas financieros severos. A principios de marzo de 2026, la Justicia de Santa Fe decretó la quiebra de Bioceres S.A., la sociedad fundacional argentina. Esta crisis se deriva de una profunda deuda de más de 30-55 millones de dólares y conflictos entre accionistas que la  enfrenta a embargos y a una drástica caída en su cotización.

Sin embargo, con el argumento del estancamiento tecnológico, en los mismos tiempos inicia nuevamente – bastante subrepticiamente – la presión por el abandono del país de los acuerdos de UPOV78 y poner a la Argentina en UPOV91.  La promesa, radica en un avance tecnológico en el uso de nuevas semillas transgénicas, el aumento de las exportaciones granarias y en la necesidad de las grandes compañías de los EE.UU., que a través de su gobierno, presionan – bastante fácilmente – sobre el gobierno y los decisores de políticas actuales en la Argentina.  La medida, dejaría además a los pequeños agricultores, por fuera de un acceso factible a las semillas de uso propio. Pero parece que el único objetivo actual y político es el incremento de las exportaciones y la facilitación escalar del aumento de la producción de bienes extraíbles, a cualquier costo. La demanda por estos bienes es creciente y el intento por avanzar en su extracción, solivianta además, a toda la legislación ambiental y social, que pudiera ser un impedimento para el aumento de las extracciones, sin consideración sobre las externalidades producidas.

La UPOV 78 permite a los agricultores guardar, utilizar e intercambiar semillas de variedades protegidas para su propio uso, mientras que la UPOV 91 restringe drásticamente esta posibilidad, limitándola principalmente al uso propio sin intercambio.  Además, contrastando los países que han suscripto la norma de 1991, son varios los países, “de abolengo claramente agropecuario” que se sostienen en la norma de la UPOV 78. Al 2026, aproximadamente 17 países siguen vinculados al Acta de 1978 de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), destacando principalmente en Latinoamérica, con  Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y el Uruguay. Pero también, otras potencias agrícolas en el mundo están suscriptas a la misma como  China, Kenia, Nueva Zelanda, Noruega o Sudáfrica.

En estos complejos momentos, donde la pauperización de la Argentina es un activo notable de la actual gestión, con el segmento más débil de la población – como los niños y los ancianos – en un serio riesgo alimenticio, sumar la situación de directamente prohibir el uso propio de las semillas de los productores – especialmente los pequeños y medianos – y obligarlos a comprar semillas – y todo el paquete tecnológico entrante – suma más riesgos que beneficios posibles de ser logrados. La principal función de las tecnologías agropecuarias, deberían residir en mejorar la vida del conjunto social y su propio entorno y no el intensificar las externalidades que el modelo sojero – que este año cumple treinta años de historia (1996/2026) – ha venido acumulando en externalidades, leídas como una mayor deforestación, contaminación, impactos sobre la biodiversidad e importantes migraciones internas, entre varias otras, que de alguna manera, contabilizan en costos, los beneficios inmediatos de la intensificación agrícola industrial sin contención ambiental.

Referencias

Bichos de Campo (2026). Quilombo en puerta: Habrían aparecido trazas de la soja HB4 de Bioceres en Europa, donde nunca fue aprobada, y corre riesgo la exportación de harina de soja a ese destino. Abril 26. Buenos Aires.  https://bichosdecampo.com/quilombo-en-puerta-aparecieron-trazas-de-la-soja-hb4-de-bioceres-en-europa-donde-nunca-fue-aprobada-y-corre-riesgo-la-exportacion-de-harina-de-soja-a-ese-destino/

CONICET (2019). DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO NACIONAL. Tecnología contra la sequía trasciende fronteras. https://www.conicet.gov.ar/una-tecnologia-contra-la-sequia-que-trasciende-fronteras/

La Nación (2023). Hambre en la Argentina: un informe de la ONU alerta que en el país aumentó un 17% la inseguridad alimentaria. La Nación Campo. Buenos Aires.

Pengue, W.A. (2004). Soberanía Alimentaria: Hambre y Opulencia en las tierras del Plata. BiodiversidadLA. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Soberania-alimentaria-hambre-y-opulencia-en-las-tierras-del-Plata

Pengue, W.A. (2004).  Hambre y opulencia en las tierras del Plata, Revista hacer Pensar, Pág. 11. Paraná, Entre. Ríos.

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Tierra Viva (2025). «El gran fracaso de la tecnología HB4»: pedido internacional para suspender el trigo transgénico. https://agenciatierraviva.com.ar/el-gran-fracaso-de-la-tecnologia-hb4-pedido-internacional-para-suspender-el-trigo-transgenico/

Tranquera (2020). Raquel Chan, creadora del trigo HB4: “Las innovaciones generan polémica y afectan intereses”. https://www.tranquera.com.ar/noticias/raquel-chan-creadora-del-trigo-hb4-las-innovaciones-generan-polemica-y-afectan-intereses

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). https://www.upov.int/es/about-upov/introduction

***

Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA). 

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue  

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La justicia contemporánea atraviesa una transformación sin precedentes, en donde la inteligencia artificial ha dejado de ocupar el lugar de promesa tecnológica para instalarse como herramienta concreta en la gestión de expedientes, la clasificación documental y el apoyo a la resolución de conflictos. Esta incorporación no es neutral: modifica el ritmo de trabajo en los tribunales, redistribuye las cargas cognitivas del operador jurídico y plantea preguntas que los marcos normativos vigentes apenas comienzan a responder.

Sin embargo, el análisis de este fenómeno no puede limitarse a sus beneficios en términos de celeridad procesal. Por ejemplo, la legitimidad de la función jurisdiccional descansa en valores que ningún algoritmo reproduce por sí mismo: la equidad, la ponderación de circunstancias particulares, el reconocimiento de la dignidad de quienes acuden al sistema.

Al respecto, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (2018) señala que el despliegue tecnológico en los tribunales debe, estar subordinado a la calidad de la justicia y al respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En el presente artículo se desarrollarán cuatro principios que configuran un marco ético mínimo para el uso de la IA en procedimientos judiciales. Cada uno responde a un riesgo concreto y se apoya en instrumentos normativos y casos documentados que permiten comprender sus implicaciones prácticas.

1.-Control humano efectivo

La automatización de tareas mediante modelos de lenguaje masivo introduce un riesgo específico que la literatura especializada denomina sesgo de automatización: la tendencia de los usuarios a validar resultados algorítmicos sin someterlos a análisis crítico propio. En un entorno judicial, este sesgo no es una curiosidad teórica, sino una vulnerabilidad real que puede comprometer la profundidad del razonamiento jurídico y, con ella, la calidad de la decisión.

Para contrarrestar este riesgo, cualquier sistema inteligente que opere en la actividad jurisdiccional debe estar bajo la tutela permanente de un magistrado con capacidad técnica y legal para intervenir en el flujo de trabajo en cualquier momento (Consejo General del Poder Judicial, 2026). Esta supervisión no es meramente formal: implica que el juzgador mantenga una postura activa de revisión, capaz de descartar o corregir sugerencias del sistema cuando estas no se ajusten a la realidad fáctica o normativa del caso.

La revisión de un borrador de providencia generado por herramientas digitales ilustra bien este punto. El juez que firma ese documento no solo valida su redacción, sino su coherencia jurídica. Si el sistema produce un razonamiento erróneo o una conclusión desconectada de los hechos, la responsabilidad de haberlo detectado —y corregido— recae sobre la persona física que lo suscribe.

2.-Responsabilidad judicial exclusiva

La incorporación de sistemas de apoyo a la decisión no redistribuye la titularidad de la función jurisdiccional. Por más que un algoritmo facilite la redacción de informes, sintetice documentos probatorios o sugiera precedentes aplicables, la carga legal y moral de la resolución final permanece sobre la persona física que la suscribe. Este principio no admite excepciones fundadas en la complejidad técnica del sistema o en las limitaciones declaradas por el proveedor.

Un abogado o magistrado incurre en falta deontológica grave si incorpora a sus actuaciones citas legales o referencias jurisprudenciales producidas por una máquina sin verificarlas exhaustivamente en fuentes primarias tal como refiere Artigliere & Losey (2025). El fenómeno de la alucinación —donde el modelo genera texto formalmente coherente pero jurídicamente inexistente— convierte esta verificación en un deber ineludible, no en una práctica recomendable.

La realidad lo confirma con casos concretos de distintas jurisdicciones del mundo anglosajón, resaltando letrados sancionados con multas significativas por presentar escritos que citaban jurisprudencia fabricada por un chatbot. Así mismo, las sanciones impuestas dejan en claro que el sistema jurídico no acepta la delegación de la responsabilidad profesional en un software, ni siquiera como atenuante. El factor humano es el único sujeto a regulación deontológica y el único que responde ante la sociedad por el ejercicio de la función.

3.-Transparencia algorítmica auditable

El modelo de caja negra —donde la lógica interna del sistema es opaca tanto para el usuario como para el justiciable— es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el principio de publicidad que rige los procedimientos judiciales. Si una decisión ha sido asistida tecnológicamente, las partes afectadas tienen el derecho de conocer qué parámetros determinaron ese resultado y de impugnarlo mediante argumentos técnicos fundados.

Por otro lado, la legitimidad democrática de los tribunales exige que el proceso de razonamiento, aun cuando sea asistido por algoritmos, sea explicable y pueda someterse al escrutinio de expertos independientes. Este requisito no es un freno a la innovación como advierte Solar Cayón (2025), sino la condición que la hace admisible en un Estado de derecho. La auditabilidad convierte la herramienta tecnológica en un instrumento legítimo; sin ella, el riesgo de arbitrariedad técnica es estructural.

Además, la implementación de registros públicos que identifiquen los algoritmos utilizados en los procesos judiciales, junto con una descripción accesible de su lógica operativa, constituye una práctica de transparencia institucional que fortalece la confianza ciudadana en la justicia digital. La transparencia no es un atributo opcional: es una precondición ética del uso legítimo de la IA en este ámbito.

 4.-Protección y privacidad de datos judiciales

El tratamiento de información sensible en el marco de procesos judiciales requiere protocolos de seguridad digital de alto rigor. El ingreso de documentos confidenciales en plataformas de inteligencia artificial de uso público expone a las partes a dos riesgos distintos: la reidentificación de personas a partir de datos aparentemente anonimizados, y la incorporación de información protegida al corpus de entrenamiento de modelos comerciales, con consecuencias difíciles de delimitar y aún más difíciles de revertir.

Con respecto a la normativa aplicable se destaca que antes de someter cualquier información judicial a procesos de análisis algorítmico, deben aplicarse mecanismos estrictos de anonimización y seudonimización que impidan la asociación de los datos con personas identificables (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, 2024). La soberanía sobre el dato judicial no es una cuestión técnica secundaria: es una prioridad estratégica del Estado que exige el desarrollo de infraestructuras propias y el control institucional sobre los sistemas empleados.

En última instancia, la prohibición de utilizar asistentes virtuales de acceso público para procesar información sujeta a reserva legal responde a esta lógica. El derecho a la intimidad de quienes intervienen en un proceso judicial y la seguridad jurídica del expediente electrónico no pueden quedar subordinados a la conveniencia operativa de una herramienta externa.

Conclusión

El desarrollo de un marco ético para el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no es un ejercicio académico: es una necesidad institucional urgente. Enmarcando los cuatro principios analizados —control humano efectivo, responsabilidad exclusiva del operador, transparencia algorítmica y protección de datos— no operan de forma aislada, se integra un sistema de garantías cuya coherencia depende de que todos sus componentes se respeten simultáneamente.

Así también, la tecnología tiene el potencial de liberar al juzgador de tareas repetitivas y administrativas para que concentre su esfuerzo intelectual donde resulta insustituible: el discernimiento ético, la valoración de circunstancias particulares y la ponderación de derechos en tensión. Pero ese potencial solo se realiza cuando la automatización está contenida por una gobernanza clara que antepone la responsabilidad y la privacidad a la simple búsqueda de eficiencia operativa.

Finalmente, la capacitación continua de los operadores jurídicos en competencias digitales críticas y la consolidación de una cultura de validación rigurosa son condiciones necesarias para que la inteligencia artificial funcione como aliada del Estado de derecho y no como factor de erosión de las garantías procesales. La justicia del futuro será, inevitablemente, digital. Será justicia, en cambio, solo si preserva su fundamento humano.

Referencias bibliográficas

Artigliere, R., & Losey, R. C. (2025). The Future Is Now: Why Trial Lawyers and Judges Should Embrace Generative AI Now and How to Do it Safely and Productively. American Journal of Trial Advocacy, 48(323).

Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). (2018). Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno. Consejo de Europa.

Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). (2024). Política de uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia v1.0. Ministerio de Justicia de España.

Consejo General del Poder Judicial. (2026). Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Boletín Oficial del Estado.

Solar Cayón, J. I. (2025). Inteligencia artificial jurídica e imperio de la ley. Tirant lo Blanch.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD. (Colombia)

El aviso estaba ahí, clavado en la madera vieja como una advertencia que nadie quería escuchar: Peligro. Las letras rojas parecían arder bajo el sol de la tarde, pero dos niños, con esa mezcla de curiosidad y valentía imprudente, lo leyeron como si fuera parte del paisaje.

El cerro se alzaba empinado, casi desafiante, como si la misma tierra hubiera decidido ponerse de pie para probar quién era digno de caminarla. A sus pies, la pequeña iglesia blanca guardaba silencio, y más abajo, el ganado pastaba ajeno, como si supiera que todo lo que ocurre en la altura pertenece a otro mundo.

Subamos, dijo uno, y eso bastó. El ascenso comenzó entre risas, piedras sueltas y manos que se empujaban y se ayudaban al mismo tiempo. La brisa traía olor a tierra húmeda, a vida antigua. Era como si la montaña respirara bajo sus pies. Pero a mitad de camino, el juego cambió. Una piedra rodó. Luego otra. Un grito rompió la tarde. El equilibrio se volvió frágil, casi inexistente. El suelo dejó de ser suelo. Se convirtió en un hilo delgado entre la vida y el vacío. El vértigo apareció sin pedir permiso, como una presencia que se instala en el pecho y no deja respirar.

El caos llegó en segundos. Uno resbaló. Otro intentó sostenerlo. Las manos se buscaron, pero el miedo fue más rápido que la coordinación. Y entonces, el tiempo se rompió.

En el borde los dedos del niño más grande intentaban arañar la tierra, con sus fuerzas se aferró, encontró un árbol. El tronco, firme y leal, lo sostuvo como si lo reconociera. Como si la Madre Tierra, en su lenguaje silencioso, hubiera decidido no dejarlo ir.

Pero no estaba solo. Debajo de él, otro niño pendía del vacío, sostenido apenas por una mano que ya no confiaba en sí misma. Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos, mirando no el suelo lejano, sino algo más profundo, el final. ¡No me sueltes! gritó.

Y entonces ocurrió lo que no se enseña en las escuelas ni en los libros, el acto puro de la lealtad.

El niño aferrado al árbol soltó una mano. Por un segundo, todo su cuerpo tembló. Sintió el tirón del abismo, el llamado oscuro de la caída. En ese instante, la vida pasó frente a sus ojos como un río desbordado, la risa de sus padres, el calor de su familia, el olor de la tierra después de la lluvia, los juegos, los días sin miedo.

Y aun así, eligió. Extendió la mano. La otra mano la encontró. El contacto fue más que piel. Fue un pacto. El árbol crujió, el viento sopló con fuerza, el mundo entero pareció inclinarse hacia ellos. Pero no cayeron. No ese día.

Porque la tierra sostuvo al que se aferró, y el que se aferró sostuvo al otro.

Cuando finalmente lograron subir, cuando el caos se convirtió en silencio y el silencio en respiración, nadie habló durante un largo rato. Solo miraron hacia abajo, hacia ese vacío que ahora parecía un recuerdo ajeno.

Más tarde, cuando descendieron con pasos más lentos, pasaron de nuevo frente al aviso:  Peligro.

Esta vez lo entendieron. No como una amenaza, sino como una verdad, la vida siempre está al borde. Esa noche, uno de ellos miró el cielo y pensó en la montaña, en el árbol, en la mano que no lo soltó.

Y agradeció. A la tierra que sostiene incluso cuando parece quebrarse. A la amistad que no duda cuando todo se desmorona. A la lealtad, que es ese acto silencioso de quedarse cuando lo más fácil sería soltar. Porque hay momentos en los que el mundo se inclina hacia el vacío. Y todo lo que nos salva es una mano extendida a tiempo.

Así como una mano leal puede sostener una vida al borde del vacío, hoy la humanidad está llamada a sostener a la Madre Tierra, cada acción cuenta y cuidar el planeta es un acto de corresponsabilidad y compromiso con la vida compartida.

El Día Internacional de la Madre Tierra se conmemora cada 22 de abril con el objetivo de fortalecer la conciencia pública mundial sobre los desafíos que enfrenta el planeta y la vida que sustenta, promover una responsabilidad colectiva orientada a vivir en armonía con la naturaleza y avanzar hacia un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Su origen se remonta a 1970 en Estados Unidos, tras una década de movilizaciones por la contaminación ambiental que llevaron a su primera celebración en California; posteriormente, en la década de 1990, adquirió carácter global.

En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó esta fecha consolidando el uso del término “Madre Tierra” como expresión de la interdependencia entre los seres humanos, otras especies y el planeta. En 2026 se celebra la 56ª jornada bajo el lema “Nuestro poder, nuestro planeta”, destacando que cada persona, comunidad e institución posee la capacidad real de incidir en el destino ambiental a través de acciones responsables y coherentes.

La jornada también retoma el papel decisivo de la acción colectiva en avances ambientales históricos, reforzando la importancia de la educación ambiental, la alfabetización climática y la participación ciudadana informada. A través de iniciativas como la reducción de residuos, el uso eficiente de la energía, la restauración de ecosistemas y la promoción de economías circulares, se busca no solo proteger el planeta, sino también formar generaciones capaces de liderar cambios sostenibles.

En este contexto, la celebración invita a participar activamente en espacios de reflexión, acciones comunitarias, jornadas de limpieza y reforestación, así como en la defensa de marcos normativos ambientales, recordando que cada gesto, por pequeño que sea, contribuye al bienestar colectivo y a la protección de la vida, especialmente de las poblaciones más vulnerables.

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Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la práctica jurídica ya no es un escenario por anticipar: es una realidad en curso que modifica los modos de gestión del conflicto y obliga a replantear los fundamentos éticos del ejercicio profesional. El asunto no se reduce a ganar tiempo en la elaboración de escritos o en la búsqueda documental, sino a comprender qué cambia —y qué no puede cambiar— cuando una máquina interviene en procesos que históricamente han exigido discernimiento humano.

Una referencia conceptual útil para encuadrar este fenómeno es la denominada Paradoja de Moravec: mientras las tareas que consideramos complejas —como el razonamiento abstracto o el cálculo formal— resultan computacionalmente sencillas para los sistemas de IA, las habilidades que parecen elementales —leer el estado emocional de una persona, calibrar el contexto social de un conflicto, ponderar la equidad en situaciones de vulnerabilidad— siguen siendo enormemente difíciles de replicar (Código Ético Iberoamericano, 2025). Esta asimetría es, precisamente, el punto de partida desde el cual el operador jurídico debe relacionarse con estas herramientas.

El presente artículo no pretende ser una advertencia apocalíptica, más bien, tiene como objetivo identificar con claridad cuatro principios que deben orientar el uso de la IA en el ámbito legal, acompañados de los fundamentos normativos y los ejemplos concretos que los justifican.

1.-Supervisión humana y responsabilidad profesional indelegable

Los sistemas de IA que operan en entornos judiciales no pueden funcionar al margen del control de una persona física. Esto no es solo una exigencia ética abstracta: está regulado. Tanto la normativa europea como los lineamientos iberoamericanos establecen que los sistemas de IA no pueden tomar decisiones autónomas en funciones que afecten derechos fundamentales —valoración de la prueba, interpretación sustantiva de la ley, determinación de responsabilidad— sin supervisión humana directa (CGPJ, 2026). Permitir que la tecnología opere en esas zonas sin fiscalización equivale a crear vacíos donde nadie responde por el resultado.

La delegación de la función jurisdiccional en un algoritmo no es un problema técnico, sino un problema de principios: rompe la garantía del juez natural y compromete la seguridad jurídica de las partes. En términos prácticos, esto significa que cuando un abogado o un juez utiliza un borrador generado por IA, la firma que estampa al final del documento no certifica únicamente la forma del texto, sino la corrección lógica y jurídica de su contenido. Cualquier error u omisión es responsabilidad del profesional, no de la herramienta. Aceptar esto sin reservas es la condición mínima para usar la IA con seriedad.

2.-Verificación sistemática y desconfianza crítica ante las alucinaciones

Los modelos de lenguaje de gran escala no operan sobre bases de datos jurídicas verificadas: producen texto estadísticamente plausible. Esto los hace capaces de generar, con notable fluidez, citas legales inexistentes, precedentes jurisprudenciales inventados o referencias normativas que nunca han existido. El fenómeno se conoce técnicamente como alucinación, y su peligro radica precisamente en que el texto resultante parece confiable.

El deber de contrastar cada dato producido por una herramienta de IA con fuentes oficiales no es opcional: es una exigencia de la diligencia profesional contemporánea. La IA no tiene fe pública ni autoridad institucional (Poder Judicial de Costa Rica, 2026). Lo que produce es una hipótesis que el operador jurídico debe confirmar o descartar antes de incorporarla a cualquier actuación formal.

Un caso que ilustra las consecuencias de ignorar esto: firmas de abogados en Estados Unidos han sido sancionadas con multas de hasta cinco mil dólares por presentar escritos judiciales basados en jurisprudencia fabricada por un chatbot. La sobreconfianza en la herramienta tuvo consecuencias procesales y económicas directas.

Además, se entiende que, la diligencia en la era digital se mide, en buena medida, por la capacidad de cuestionar lo que el sistema produce antes de firmarlo.

3.-Protección de la privacidad y confidencialidad de los datos judiciales

Introducir información sensible de expedientes judiciales en plataformas digitales externas entraña riesgos que pueden comprometer el secreto profesional y la intimidad de las partes. Este punto no se resuelve con buenas intenciones: requiere una arquitectura de datos deliberada.

El CEPEJ (2025) establece que la soberanía sobre los datos judiciales exige que toda infraestructura tecnológica utilizada en el ámbito jurisdiccional permanezca bajo el control exclusivo del poder judicial. Quedan prohibidos el ingreso de información reservada en sistemas que utilicen esos datos para entrenar modelos comerciales, así como cualquier mecanismo que traslade información protegida a servidores fuera del control institucional. La eficiencia operativa no puede obtenerse a costa de la privacidad de las personas que recurren al sistema de justicia.

Al mismo tiempo, la IA también puede contribuir a la protección de datos cuando se despliega con ese propósito. Algunos tribunales como el Croacia, el de Casación en Francia o el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España han implementado motores de anonimización que identifican y eliminan automáticamente datos personales en sentencias antes de su publicación en portales de datos abiertos. Este uso demuestra que la tecnología puede estar al servicio de los derechos, siempre que exista una decisión institucional que así lo determine.

4.-Transparencia y explicabilidad de los procesos algorítmicos

Una justicia que no puede explicarse a sí misma tiene un problema de legitimidad. Cuando un algoritmo interviene en la toma de decisiones —resumiendo actuaciones, estructurando resoluciones, clasificando expedientes—, las partes afectadas tienen el derecho de saber qué herramienta se utilizó, con qué propósito y de qué manera. Sin esa información, el derecho a la defensa y a la impugnación efectiva se vuelve nominal.

La UNESCO (2021) reconoce que la transparencia y la explicabilidad no son simples atributos técnicos: son condiciones éticas previas al uso legítimo de la IA en contextos que afectan derechos. Los sistemas de caja negra —aquellos cuyo razonamiento interno es opaco para quienes reciben sus efectos— son incompatibles con el Estado democrático de derecho.

En términos concretos, las directrices actuales obligan a informar expresamente a las partes cuando se ha recurrido a IA en la elaboración de documentos procesales, indicando el nombre de la herramienta empleada y el alcance de su intervención. Esta exigencia no frena la tecnología: la hace auditable y, por tanto, legítima.

Conclusión

La IA en el ámbito jurídico no es un sustituto del operador: es un instrumento que amplía su capacidad cuando se usa con criterio y la reduce cuando se usa sin él. La máquina procesa patrones a una velocidad que ningún ser humano puede igualar; el ser humano conserva algo que ninguna máquina ha adquirido aún: la capacidad de juzgar con equidad en situaciones que escapan al patrón.

Los cuatro principios desarrollados en este artículo —supervisión humana, verificación crítica, protección de datos y transparencia algorítmica— no son restricciones al progreso tecnológico. Son las condiciones sin las cuales ese progreso resulta jurídicamente inaceptable. Incorporar herramientas de IA al ejercicio del derecho sin asimilar estas condiciones es, simplemente, ejercer mal el derecho con medios más veloces.

La construcción de un sistema jurisdiccional confiable en la era digital requiere operadores que entiendan los límites de la tecnología, marcos regulatorios que los formalicen, y una cultura profesional donde la firma en un documento siga siendo, como siempre lo ha sido, un acto de responsabilidad personal. El derecho debe seguir siendo una disciplina centrada en la dignidad humana, los algoritmos sirven a la ley; la ley no puede rendirse ante la opacidad del código.

Referencias bibliográficas

CEPEJ. (2025). Draft Guidelines on the use of generative AI for courts. Consejo de Europa.

Consejo General del Poder Judicial [CGPJ]. (2026). Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Boletín Oficial del Estado, (27).

Cumbre Judicial Iberoamericana. (2025). Código Ético Iberoamericano para el Uso de la Inteligencia Artificial en el Poder Judicial.

Poder Judicial de Costa Rica. (2026). Circular No. 31-2026: Reglas y lineamientos éticos para el uso de Inteligencia Artificial Generativa por parte de las personas servidoras judiciales.

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por:  Silverio García Lara (México)

El número de artículos científicos retractados en el mundo incrementó 900 % en una década. Esta ola de retractaciones puede afectar la credibilidad de investigadores, instituciones y centros de investigación.

A principios de este año, The New York Times informó que una revista científica retiró formalmente un influyente artículo publicado en el año 2000 que había concluido que el glifosato —un herbicida usado en la agricultura— no representaba un riesgo para la salud humana. Tras descubrirse que en su redacción había conflictos de intereses no declarados, quedaron invalidadas tanto su independencia y como la validez de sus conclusiones.

La confianza pública en la ciencia enfrenta una crisis sin precedentes, alimentada por el descubrimiento masivo de fraudes en publicaciones científicas. Entre 2015 y 2025, el número de artículos retractados anualmente pasó de aproximadamente 1,000 a más de 10 mil, lo que representa un incremento de 900 % en menos de una década

Esta ola de retractaciones ha puesto en entredicho la integridad del sistema editorial, afectando la credibilidad de investigadores, instituciones y agencias financiadoras.

Aunque la retractación es un mecanismo legítimo para corregir errores, su crecimiento exponencial revela fallas sistémicas en la revisión por pares y en los procesos editoriales. Investigaciones recientes han documentado el papel de redes organizadas de fraude, conocidas como “paper mills”, que fabrican artículos falsos y los colocan en revistas mediante mecanismos de revisión manipulados. Comprender la magnitud del problema y sus implicaciones es esencial para preservar la relevancia de la investigación científica.

Un problema global

Según el Retraction Watch Database, los países con mayor número de retractaciones entre 2015 y 2025 son China (22,574; 45.8 %), India (3,309;  6.7%), Estados Unidos (2,655; 5.4 %), Rusia (2,651;  5.4 %) e Irán (1,006;  2 %), concentrando el 60 % de los casos reportados. Las causas incluyen falsificación de datos, plagio, manipulación de imágenes y autorías compradas. En algunos casos, investigadores han pagado miles de dólares por figurar como autores en artículos fraudulentos.

Lo más alarmante es la tendencia: el ritmo de crecimiento de la ciencia fraudulenta supera al de la ciencia legítima. Algunos estudios (Amaral et al. 2025; Tang y Cai, 2025) estiman que los productos de paper mills se duplican cada 1.5 años, y advierten que, de no tomarse medidas urgentes, la literatura científica podría quedar “completamente contaminada”. Se estima, además, que cerca de 3,000 revisiones sistemáticas incorporan al menos un paper mill como referencia. Los países en donde se producen más son China, Rusia, India, Irán y Latvia.

Disciplinas e instituciones más afectadas

Es entonces evidente que la veracidad científica está en riesgo. Dentro de las áreas de investigación más afectadas por este tipo de artículos fraudulentos se encuentran oncología, biomedicina, bioingeniería, medicina clínica e ingeniería (física).  Sin embargo, el fraude afecta también a disciplinas básicas como biología molecular y psicología. Las revistas de impacto medio y bajo son especialmente vulnerables debido a procesos de revisión menos rigurosos y modelos de negocio basados en cuotas de publicación.

Entre las instituciones con más retractaciones figuran centros de alta productividad como la Universidad de Zhejiang (China), Harvard (EE. UU.) y el Instituto Indio de Ciencia. Sin embargo, también se han identificado universidades menos conocidas involucradas en redes de autocitación y manipulación masiva de datos.

El problema en México

México ocupa el lugar 60 a nivel mundial en número de artículos retractados. Entre 2015 y 2025 se registraron 51 casos en revistas indexadas. Las instituciones con más retractaciones son la UNAM (17), el CINVESTAV (12), el IPN (10) y el Tecnológico de Monterrey (2), entre otras. Aunque el volumen es menor que en otros países, la tendencia ascendente preocupa a la comunidad científica mexicana, especialmente por el uso de recursos públicos en proyectos comprometidos.

Principales causas del fraude científico

I. Presión por publicar:El sistema académico premia cantidad sobre calidad, incentivando prácticas cuestionables.

II. Manipulación de métricas:Autocitación excesiva, redes de citas cruzadas y falsificación de índices distorsionan el prestigio académico.

III. Comercialización de la autoría:El pago por figurar como autor o acelerar revisiones ha creado un mercado paralelo de publicaciones o bien el pago por productividad.

IV. Débil cultura de integridad:La falta de formación ética y de comités eficaces favorece la repetición de conductas indebidas.

V. Fallos en la revisión por pares:La sobrecarga de revisores y el sesgo editorial permiten la entrada de artículos fraudulentos.

Consecuencias de la crisis de credibilidad

La crisis de credibilidad en la investigación científica tiene consecuencias profundas. Por un lado, provoca un desperdicio de recursos, ya que fondos públicos y privados se destinan hacia investigaciones que carecen de valor real o cuyos resultados no son confiables. Al mismo tiempo, esta situación genera riesgos sanitarios y sociales, pues las políticas públicas y decisiones institucionales que se apoyan en estudios falsos pueden afectar directamente a la población. Finalmente, esta crisis de confianza produce una pérdida de la reputación de las instituciones involucradas, que ven comprometidos sus convenios, su posición en rankings académicos y su capacidad para atraer y retener talento.

¿Cómo restaurar la integridad y la confianza?

La crisis de credibilidad en la ciencia exige una respuesta colectiva, decidida y estructural. Restaurar la confianza en la investigación científica no solo es vital para el avance del conocimiento, sino también para la formulación de políticas públicas, la innovación tecnológica y la solución de los grandes desafíos globales. La integridad científica no es negociable: es el fundamento sobre el cual se construye el futuro.

La respuesta a la crisis de credibilidad científica debe traducirse en acciones concretas y sostenidas. Algunas recomendaciones clave son:

Fortalecer comités de ética: las instituciones deben contar con órganos independientes y transparentes.

Revisión por pares robusta: es recomendable usar herramientas de detección de plagio, asignación aleatoria de revisores y control de sugerencias de autores.

Formación continua en ética: cursos obligatorios en posgrado y talleres periódicos.

Revisión de métricas: se debe priorizar la calidad metodológica sobre la cantidad, así como aplicar sanciones claras.

Cooperación internacional: la participación en iniciativas como COPE y Retraction Watch permiten compartir alertas y buenas prácticas.

Referencias

• Amaral, O. B., Neves, K., & Oliveira, A. (2025). The rise of paper mills and the contamination of scientific literature. *Science Integrity Journal*, 12(1), 45–59.
• Retraction Watch Database. (2024). Annual retraction statistics and misconduct reports. Retrieved from https://retractionwatch.com
• COPE. (2023). Committee on Publication Ethics: Guidelines and best practices. Retrieved from https://publicationethics.org
• Aibar, E. (2025). Metrics and manipulation in academic publishing. *Journal of Scholarly Communication*, 17(3), 210–225.
• Tang G, Cai H. Citation Contamination by Paper Mill Articles in Systematic Reviews of the Life Sciences. JAMA Netw Open. 2025;8(6):e2515160. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.15160
• Nature. (2021). Industrial-scale cheating in scientific publishing. Nature, 598, 20–23. https://doi.org/10.1038/d41586-021-02785-9.

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Silverio García-Lara es profesor investigador del Departamento de Bioingenieria, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del Tec de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3.

Columna publicada el 4 de febrero de 2026 en TecScience

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

La transformación tecnológica de las últimas décadas ha dejado de ser un fenómeno instrumental para convertirse en un hecho social total que reconfigura las dimensiones políticas, económicas y culturales de la vida contemporánea.

El espacio digital no constituye una esfera aislada de la realidad, sino un entorno donde se construyen identidades, se ejercen libertades y se expresan las relaciones de poder propias del siglo XXI. Sin embargo, la aceleración de esta transformación ha generado una brecha significativa entre la innovación técnica y la capacidad de los marcos normativos para responder a sus consecuencias, lo que plantea la necesidad urgente de una ética digital que oriente las decisiones colectivas en sociedades hiperconectadas.

En este contexto, el desafío central no consiste únicamente en codificar reglas para el algoritmo, sino en asegurar que la arquitectura digital respete la dignidad humana y que los derechos reconocidos en el mundo físico reciban idéntica tutela en los entornos virtuales.

El presente artículo examina la intersección entre la ética aplicada, la gobernanza algorítmica y las garantías jurídicas necesarias para proteger la autonomía de los individuos frente a la concentración de poder que ejercen las grandes plataformas tecnológicas y los sistemas de inteligencia artificial.

I. Axiología digital para la protección integral de la dignidad humana

La construcción de la identidad ya no se restringe al plano físico: en la actualidad, los individuos proyectan su subjetividad en entornos de procesamiento masivo de datos donde la representación algorítmica condiciona de manera determinante la percepción social del sujeto.

En este marco, la educación superior desempeña un papel fundamental al incorporar la ética aplicada como eje formativo que trasciende la dimensión técnica, con el propósito de desarrollar disposiciones morales capaces de afrontar los dilemas que plantea la digitalización.

García López y Juan Pérez (2024) argumentan que integrar la educación ética y axiológica en los planes de estudio universitarios constituye una exigencia ineludible para que las nuevas generaciones puedan emplear la tecnología al servicio de la justicia social y el bienestar colectivo.

Por su parte, Mantelero (2018) propone reconocer la dignidad digital como categoría jurídica emergente que extiende la protección del individuo a sus representaciones virtuales en entornos de macrodatos.

Desde esta perspectiva, el enfoque humanista debe impedir que el código se convierta en instrumento de cosificación del ser humano, situando la dignidad no como abstracción filosófica, sino como eje normativo transversal que limite el poder de los sistemas automatizados sobre las personas.

Un caso que ilustra con claridad esta problemática es la producción no consentida de contenido sintético mediante redes generativas, como los denominados deepfakes sexuales. Dichas prácticas constituyen una vulneración grave del núcleo íntimo de la persona y exigen respuestas jurídicas orientadas prioritariamente a la restitución de la subjetividad afectada.

II. Gobernanza algorítmica ante la asimetría regulatoria internacional

La velocidad con que operan los sistemas de inteligencia artificial genera una asimetría de información y de poder en la que las corporaciones tecnológicas concentran un control técnico que, con frecuencia, desafía la soberanía estatal y dificulta el escrutinio democrático. Frente a este vacío, resulta indispensable una gobernanza que supere las fronteras nacionales y aborde los riesgos sistémicos desde una perspectiva coordinada a escala global.

Barroso (2025) advierte que la combinación de microsegmentación conductual y neurociencia aplicada en la inteligencia artificial abre la posibilidad de manipular la voluntad y el comportamiento humano, con lo que se pone en riesgo tanto la libertad cognitiva como la autodeterminación mental de los ciudadanos. En esa misma línea, la UNESCO (2021) ha establecido un marco de valores y principios destinado a orientar a los Estados en la elaboración de normativas que garanticen que la inteligencia artificial contribuya al bienestar humano y a la sostenibilidad ambiental.

A partir de estos planteamientos, la gobernanza algorítmica debe transitar del modelo reactivo hacia un enfoque de responsabilidad proactiva desde el diseño, que haga corresponsables a los desarrolladores de los efectos materiales y simbólicos que sus sistemas producen en la sociedad.

En esa dirección, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea representa un esfuerzo concreto por reducir estas asimetrías: clasifica los sistemas según su nivel de riesgo e impone obligaciones específicas de transparencia y supervisión humana en las aplicaciones de mayor sensibilidad social.

III. Garantías jurídicas para la autodeterminación informativa y el consentimiento digital

En el contexto de la economía de datos, la recopilación masiva de información personal ha evidenciado las limitaciones de los modelos de autorización binaria tradicionales, que resultan insuficientes para garantizar una decisión genuinamente informada del titular. El derecho a la protección de datos personales debe adaptarse para hacer frente a la opacidad de los algoritmos de recomendación que perfilan comportamientos de consumo, preferencias políticas e incluso convicciones ideológicas.

Bonilla Gutiérrez (2024) sostiene que los derechos digitales no son una simple extensión de los derechos clásicos, sino un ámbito autónomo en el que la libertad y la dignidad deben ser defendidas con igual vigor ante la vigilancia masiva y el uso indebido de la información personal. En complemento, la UNESCO (2023) ofrece directrices para la regulación de plataformas digitales orientadas a proteger la libertad de expresión, garantizar el acceso a información verificada y exigir rendición de cuentas a los actores privados.

La efectividad de estos derechos depende, en buena medida, de la consolidación del consentimiento digital cualificado: un proceso que ha de ser formalizable, verificable y, sobre todo, revocable en cualquier momento del ciclo de vida del dato.

En tal sentido, el uso de metadatos seguros y las auditorías algorítmicas periódicas funcionan como garantías procesales para certificar la integridad de la voluntad del usuario y detectar alteraciones fraudulentas en el tratamiento de su información.

IV. Ciudadanía digital crítica bajo el principio de corresponsabilidad social

Participar de manera activa en la sociedad de la información va más allá de consumir servicios tecnológicos: implica el desarrollo de competencias éticas que permitan a los ciudadanos actuar con responsabilidad en entornos digitales. El mantenimiento de un ecosistema digital saludable no puede recaer exclusivamente en el legislador, sino que exige un compromiso compartido entre instituciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, articulado bajo un modelo de gobernanza plural.

Balladares Burgos (2023) identifica la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión como valores éticos fundamentales para una convivencia responsable en las redes sociales e internet, y propone una ciudadanía 3.0 que use el activismo digital como espacio de diálogo y construcción del bien común.

En este marco, el derecho a la educación digital se convierte en la base de una cultura orientada hacia la paz, capaz de rechazar la violencia algorítmica y la discriminación estructural que operan en la red.

Así, la formación temprana en pensamiento crítico y en empatía digital capacita a los ciudadanos para identificar la desinformación y el discurso de odio, favoreciendo prácticas sociales fundadas en el respeto mutuo y la solidaridad intergeneracional.

V. Conclusión

La transición hacia sociedades plenamente digitalizadas no puede producirse a costa de las garantías individuales que han tardado siglos en consolidarse. La vigencia de los derechos fundamentales en la era del algoritmo exige una articulación coherente entre la norma jurídica y la orientación ética.

Solo a través de marcos regulatorios internacionales que corrijan las asimetrías de poder y promuevan la transparencia algorítmica será posible mitigar los riesgos sistémicos que plantean la vigilancia masiva y la manipulación, asegurando que el progreso tecnológico quede subordinado a la dignidad inalienable de la persona y al bienestar colectivo.

En última instancia, la consolidación de una ciudadanía digital crítica es la salvaguarda más efectiva contra la erosión de las libertades en el ciberespacio, entendiendo que la tecnología, desprovista de una guía axiológica, puede convertirse en instrumento de exclusión; orientada por un enfoque humanista, educativo y de corresponsabilidad social, tiene, en cambio, la capacidad de impulsar transformaciones genuinas en favor de la justicia. El reto del siglo XXI consiste en asegurar que la arquitectura de la red sea expresión de los valores democráticos y reflejo de la condición humana en todos los planos de la existencia.

VI. Referencias bibliográficas

Balladares Burgos, J. A. (2023). Principios y valores para una ética digital. Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política, (23), 1-16.

Barroso, L. R., y Perrone Campos Mello, P. (2025). Artificial Intelligence: Promises, Risks, and Regulation: Something New Under the Sun. Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School.

Bonilla Gutiérrez, J. C. (2024). Derechos digitales 2024. México.

García López, I. E., y Juan Pérez, J. I. (2024). Ética aplicada y valores en la era digital: perspectivas y desafíos en los jóvenes universitarios. En Ética aplicada y valores en la era digital (pp. 53-84).

Mantelero, A. (2018). AI and big data: a blueprint for human rights, social and ethical impact assessment. Computer Law & Security Review, 34(4).

UNESCO. (2021). Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.

UNESCO. (2023). Directrices para la regulación de las plataformas digitales.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

El panorama jurídico contemporáneo se enfrenta a una metamorfosis sin paragón impulsada por la integración de sistemas autónomos en la dinámica social, lo que desplaza el epicentro de la conflictividad hacia entornos virtuales donde las categorías dogmáticas tradicionales resultan insuficientes.

Esta transición desde la automatización industrial hacia la inteligencia artificial (IA) física y generativa no solo redefine la producción, sino que altera la estructura misma de la responsabilidad penal al presentar entidades con capacidades de aprendizaje que desbordan la previsión humana.

Pecisamente, Lledó Benito (2022) subraya que el Derecho penal no puede permanecer ajeno a la realidad de las máquinas pensantes que actúan fuera del control de sus creadores, planteando interrogantes fundamentales sobre cómo y contra quién debe intervenir el ius puniendi cuando se producen conductas delictivas autónomas.

Bajo esta perspectiva, resulta imperativo colegir que la modernización del sistema de justicia no debe limitarse a una actualización técnica de herramientas, sino que exige una reconfiguración ética que preserve la soberanía de la voluntad humana frente al determinismo de los algoritmos.

La ciencia penal debe evolucionar hacia un modelo capaz de identificar riesgos emergentes en el ciberespacio, evitando que la velocidad de la innovación tecnológica condene a la norma punitiva a una irrelevancia estructural.

Dicho escenario se materializa, por mencionar una situación concreta, en la proliferación de redes delictivas que operan bajo la modalidad de crimen como servicio, aprovechando la porosidad de las fronteras digitales y el anonimato técnico para erosionar la eficacia de los sistemas judiciales nacionales.

Este artículo explora, desde una perspectiva general sobre los retos que implica adaptar el ius puniendi a la realidad de la inteligencia artificial, abogando por una reconfiguración profunda que preserve tanto los derechos fundamentales como la funcionalidad del propio sistema penal.

1.- Del instrumento inanimado a la persona artificial

La ontología jurídica mexicana ha clasificado tradicionalmente a las herramientas tecnológicas como simples objetos de propiedad, encuadrándolas en la categoría de cosas dentro del patrimonio. No obstante, el auge de sistemas dotados de aprendizaje profundo cuestiona esta visión simplista, pues la capacidad de una máquina para desaprender y corregir conductas por cuenta propia rompe el nexo causal directo que fundamenta la autoría mediata tradicional.

Al respecto, Morán Espinosa (2021) propone que la IA del tipo machine learning requiere el reconocimiento de una tercera categoría de personalidad jurídica denominada persona artificial, lo cual facilitaría la determinación de responsabilidades penales ante casos irresolubles cometidos por la autonomía algorítmica.

Es dable sostener que persistir en el modelo del instrumento sin voluntad ignora la realidad de sistemas que, si bien carecen de conciencia biológica, ejecutan procesos de razonamiento y toma de decisiones con una eficacia superior a la humana.

Por tanto, el reto legislativo está en crear una identidad jurídica electrónica que permita sancionar la rebeldía de la máquina o la negligencia en su entrenamiento, sin desproteger los derechos fundamentales de los usuarios y desarrolladores.

A forma de ilustración, considérese el caso de algoritmos de conducción automatizada que, tras observar miles de horas de comportamiento humano, deciden de forma autónoma realizar maniobras de riesgo no programadas que derivan en siniestros con resultados letales.

Hoy en día, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2026) establece en el texto vigente del Código Penal Federal que la responsabilidad por los delitos cometidos mediante el uso de instrumentos tecnológicos recae fundamentalmente en quienes ostentan el dominio del hecho o se sirven de estos como herramientas para la ejecución de conductas típicas.

2.-El fenómeno de la caja negra en la indefensión procesal

Uno de los pilares del debido proceso es el derecho a una resolución motivada, el cual se ve seriamente comprometido cuando las decisiones judiciales o administrativas se delegan en modelos predictivos cuya lógica interna es ininteligible para las partes.

Este fenómeno, donde el procesamiento de macrodatos oculta el razonamiento subyacente, genera un estado de indefensión que impide impugnar de manera efectiva los fundamentos de un fallo viciado por sesgos invisibles.

Sobre este punto, he advertido a través de la publicación intitulada Retos del derecho penal en el escenario de las tecnologías emergentes que la delegación de funciones críticas en códigos opacos vulnera el deber de motivar sentencias, toda vez que una fórmula matemática no puede sustituir el juicio crítico y la valoración individualizada de cada caso por parte de un juez humano.

Resulta fundamental asentar que la transparencia algorítmica no debe ser una opción técnica, sino un imperativo legal que garantice la explicabilidad de los sistemas de IA utilizados en el ámbito punitivo. Dado que, sin una trazabilidad clara de los pasos lógicos que conducen a una conclusión, el sistema de justicia corre el riesgo de institucionalizar prejuicios bajo una apariencia de objetividad científica, transformando la justicia en un proceso de validación mecánica.

Tal situación se cristaliza en la implementación de algoritmos actuariales en otros países que, al evaluar el riesgo de reincidencia, terminan perpetuando estigmas sociales y discriminación racial debido a bases de datos de entrenamiento contaminadas con prejuicios históricos.

Desde este escenario, el Estado Mexicano debe proseguir con su actualización normativa; actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales precisa que las partes tienen el derecho irrestricto de acceder al contenido de las carpetas digitales y a los registros de las audiencias, asegurando que la información procesal sea comprensible y esté debidamente resguardada para garantizar la presunción de inocencia.

3.-La inteligencia artificial como medio comisivo bajo el principio de taxatividad

La tipificación de delitos que involucran tecnología avanzada ha generado debates sobre la claridad y precisión que exige la ley penal para no vulnerar la seguridad jurídica. En el contexto mexicano, se ha validado que mencionar la IA en las normas no implica regular la tecnología en abstracto, sino precisar la forma en que esta se utiliza como una herramienta sofisticada para lesionar bienes jurídicos tradicionales como la intimidad y la identidad.

Por consiguiente, Salomón Durán (2026) enfatiza que es proporcional y necesario incorporar agravantes en el Código Penal Federal que disuadan la manipulación sintética de la identidad y la difusión de representaciones con apariencia real creadas sin el consentimiento de la víctima.

En virtud de lo expuesto, se infiere que la utilización de la IA como medio comisivo permite al legislador alcanzar nuevas modalidades de criminalidad, como las ultrafalsificaciones, sin romper el principio de taxatividad. Así, al definir la conducta prohibida a través del daño concreto y el medio sintético empleado, se brinda certeza al gobernado sobre las consecuencias de utilizar algoritmos para la suplantación algorítmica o la extorsión digital.

En este tenor, se comprende la relevancia de sancionar el uso de deepfakes en contextos de violencia digital, donde la creación de contenidos sexuales ficticios con apariencia verosímil destruye la reputación de las personas mediante una herramienta casi indetectable por métodos forenses convencionales.

4.-Gobernanza de riesgos corporativos conforme al principio de precaución

La responsabilidad penal de las personas jurídicas frente al uso de IA exige un cambio en la cultura del cumplimiento normativo, desplazando el enfoque desde la mera reacción hacia la prevención proactiva de riesgos de desarrollo. Las empresas que operan con sistemas inteligentes asumen una posición de garante respecto a los daños que sus algoritmos puedan causar, lo que obliga a la implementación de mecanismos de supervisión humana constante.

De acuerdo con Pérez-Ugena (2024), el principio de precaución debe guiar a desarrolladores y reguladores, obligándolos a adoptar medidas preventivas incluso ante la ausencia de evidencia científica concluyente sobre los riesgos, con el fin de mitigar efectos negativos en los derechos humanos.

Por lo tanto, la gobernanza corporativa en la era digital debe integrar el concepto de reversibilidad como una condición necesaria para el control tecnológico, asegurando que siempre exista un botón de interrupción o una revisión humana que pueda anular acciones no deseadas de la máquina. La inobservancia de estos deberes de cuidado en el diseño y despliegue de la IA traslada la responsabilidad a la estructura organizacional, la cual debe responder por la falta de un control efectivo sobre sus activos digitales.

Dicho panorama se observa con claridad en el sector financiero, donde el uso de bots de alta velocidad puede generar desequilibrios sistémicos o fraudes masivos si la empresa titular no establece salvaguardas que limiten la autonomía de sus sistemas de ejecución automática.

Conclusión general

La reconfiguración del ius puniendi ante la inteligencia artificial representa el desafío más apremiante para la ciencia jurídica del siglo XXI, exigiendo una transición desde la dogmática clásica hacia un modelo que reconozca la autonomía técnica sin renunciar a la responsabilidad moral.

El éxito de esta evolución normativa en México dependerá de la capacidad de los legisladores para cerrar las brechas de impunidad generadas por la opacidad algorítmica, garantizando que el desarrollo tecnológico no ocurra a expensas de la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Finalmente, es indispensable establecer una reserva de humanidad en la impartición de justicia, asegurando que la tecnología permanezca siempre como un apoyo para la función jurisdiccional y nunca como su sustituto. Como bien se ha analizado, el Derecho debe erigirse como un muro de contención frente al actuar de los poderes tecnológicos salvajes, preservando la dignidad humana como el eje central y último de toda intervención punitiva en la nueva era de la inteligencia artificial.

Referencias bibliográficas

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Código Nacional de Procedimientos Penales. Última Reforma DOF 28-11-2025.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Código Penal Federal. Última Reforma DOF 13-03-2026.

Gámez Sagrero, J. C. (2024). Inteligencia artificial y derecho en México. Un dilema: El mito del vehículo automatizado en México. Revista Internacional & Comparada de Derechos Humanos, 7(1), 161-193.

Guerrero Martínez, Rodolfo (2026). Retos del derecho penal en el escenario de las tecnologías emergentes. Plumas NCC.

Lledó Benito, I. (2022). El derecho penal, robots, IA y cibercriminalidad: Desafíos éticos y jurídicos ¿Hacia una distopía? Editorial Dykinson.

Morán Espinosa, A. (2021). Responsabilidad penal de la Inteligencia Artificial (IA). ¿La próxima frontera? Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 15(48), 289-323.

Pérez-Ugena, M. (2024). Análisis comparado de los distintos enfoques regulatorios de la inteligencia artificial en la Unión Europea, EE. UU., China e Iberoamérica. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 28(1), 129-156.

Salomón Durán, C. Y. (2026). Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de agravantes con IA. Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Walter Pengue (Argentina).

«El escritorio está en los valles y las montañas; las cátedras, en los surcos y caminos de los pueblos saqueados del sur»,

Javier Rodríguez Pardo, luchador ecologista y escritor, (aprox 1935-Julio 15, 2025)

Vienen por el oro. Vienen por todo (2009, Ediciones Ciccus)

En un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas (UN 2026, Madani 2026), se acaba de alertar con vehemencia, que las fuentes de agua dulce se están degradando rápidamente. Indica la ONU que estamos en una «bancarrota hídrica», donde estas llamadas «fábricas de agua» naturales —glaciares, humedales y acuíferos— se agotan irreversiblemente al extraer más agua – y contaminarla – de la que el planeta puede recargar. Esta crisis, exacerbada por la agricultura industrial, los escenarios casi catastróficos vinculados al cambio climático, las crecientes demandas urbanas e industriales y una fuerte presión de la megaindustria minera, para hacerse de minerales en las altas montañas, amenazan tanto a los ecosistemas, como a los agroecosistemas y la estabilidad actual de las poblaciones de nuestra especie como de todas las otras especies del planeta.

Insiste la ONU y los científicos que le colaboran desde todo el mundo, en que “la humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos. El resultado son sistemas acuáticos quebrados –acuíferos compactados, lagos fantasmas, deltas que se hunden– sin capacidad de recuperarse”.

Actualmente, son varios los países que enfrentan una crisis potencial de acceso, justamente por la fuerte presión sobre la forma en que se están utilizando los recursos y por el otro lado, debido a una quizás, muy pobremente fundamentada, flexibilización de normativas ambientales y de gestión de los recursos hídricos estratégicos, que permiten que se acceda a los mismos, sin un adecuado contralor a través de las políticas públicas. Países como los Estados Unidos, Argentina o Chile, están dando pie a una apertura, prácticamente irrestricta de sus bienes naturales, subestimando los alertas científicos sostenidos a través de normativas previas existentes, que daban al menos una garantía de cuidados mínimos de recursos vitales, tanto para humanos como para los ecosistemas.

Las prestaciones dadas tanto por los humedales como por los glaciares son destacadas en el sentido de su relevancia para el sostenimiento no de la mera estabilidad de los ecosistemas, sino especialmente para la propia supervivencia de la sociedad y su economía (Figura 1).

Figura 1: (Madani 2026). Las distintas fuentes de agua dulce y su demanda.

La sequía antropogénica es fundamental para la nueva realidad hídrica mundial. Existe una estrecha relación entre la disponibilidad hídrica y el cambio climático, hoy negado por algunos gobiernos, sin ninguna fundamentación científica.  La sequía y la escasez de agua se deben cada vez más a las actividades humanas — sobreexplotación, agotamiento de las aguas subterráneas, degradación de la tierra y el suelo, deforestación, contaminación y cambio climático—, en lugar de a la variabilidad natural por sí sola. La escasez de agua afecta tanto a la cantidad como a la calidad. La disminución de las reservas, la desaparición de los glaciares, el desecamiento de humedales, la contaminación de los ríos, la degradación de los acuíferos, el aumento del riego y la salinización de los suelos implican que la fracción realmente utilizable del agua disponible se está reduciendo, incluso cuando los volúmenes totales parecen estables.

Así como los suelos son los Bancos Naturales, que contienen los nutrientes vitales para el desarrollo de los cultivos (Pengue 2023), los glaciares y los humedales son también la “Reserva Federal del Planeta”,  que combinadas coadyuvan a la interconexión de funciones vitales para la supervivencia nuestra como especie.

Sin embargo, actualmente, la presión sobre los glaciares, redunda por dos corrientes diferentes. Por un lado, el cambio climático, se muestra firme a través del retroceso de los glaciares en una buena parte del mundo.  En definitiva, estos Bancos Naturales, se cierran y con ello la oportunidad de sostenimiento de poblaciones enteras que se benefician – gratuitamente – de ellos, aguas abajo. Y por el otro lado, la búsqueda – por el mero acceso a fuentes minerales “más baratas” – disponibles justamente, bajo, cerca o vinculadas a los glaciares o su área periglacial. Nos enfrentamos a una prácticamente batalla por los recursos (Pengue 2026). Los países más poderosos y sus grupos mineros corporativos globales, están poniendo una presión sin precedentes, por acceder a fuentes mineras “en las fronteras planetarias”: países de la periferia, Ártico, Antártida y por supuesto, Los Andes.

En este punto, un caso paradigmático se ha planteado muy recientemente en la Argentina. En marzo de 2026, la actual Ley de Glaciares – impulsada por la ex diputada y Maestra, Marta Maffei, promulgada en 2010,  registrada bajo el número 26.639, se encuentra hoy amenazada y enfrenta un intento de proceso de reforma impulsado por un fuerte lobby de la minería a gran escala, acuerdos y necesidades provinciales coyunturales por acceso a alguna fuente de dinero “fresco y rápido” y un conjunto de diputados y senadores, muy limitadamente formados, que buscan modificar el alcance de la protección hídrica, permitiendo actividades mineras en áreas anteriormente restringidas, vinculadas a los glaciares y protegidos por esta ley. La actual legislación prohíbe la exploración, explotación minera e hidrocarburífera, así como la construcción de infraestructura, en glaciares y áreas periglaciares. El objetivo político es el cambio de esta legislación, permitiendo el acceso a estas fuentes vitales para la sociedad toda, por parte de los grupos mineros, bajo el contralor no ya del Estado nacional – a través de sus Institutos científicos – sino por parte de las provincias, en varios casos, muy limitadas en recursos humanos, tecnológicos y financieros para lograr un control adecuado de estos recursos.

La nueva ley promovida por la política actual en la Argentina, debe pasar, para ser aprobada por dos Cámaras: senadores y diputados. En el caso del Senado, fue aprobada rápidamente, pero bajo argumentos en muchos casos espúreos u errados, totalmente alejados del sostenimiento científico, bajo situaciones tan flagrantes, que motivaron – entre otras instancias – una reacción social, sin precedentes. Las normas ambientales, deben pasar por un contralor social, especialmente cuando se pretende desarticularlas o desmerecer su funcionalidad. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, enfocado en garantizar tres derechos clave: el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afecten el entorno y el acceso a la justicia ambiental. Además, obliga a proteger a los defensores ambientales.

Atentos a ello y en respuesta a la demanda popular, los diputados – sindicados como representantes del pueblo – se vieron obligados a habilitar una Audiencia Pública para escuchar a los ciudadanos sobre sus pareceres al respecto. La respuesta social fue increíble. Los diputados aguardaban una presentación limitada y pobremente comprometida en virtud de los otros problemas que socialmente enfrenta el país.

Pero no fue así. Más de 100 mil ciudadanos se registraron para tener la oportunidad de exponer sus ideas y conocimiento relacionados con un tema, que al parecer, les ocupa y preocupa muy especialmente, en un país, semidesértico como la Argentina. Cada uno dedicó tiempo y esfuerzo para registrarse y acudir a la cita. Pero esta oportunidad se vio frustrada, en tanto la Cámara de Diputados, decidió que sólo unos pocos – muy pocos – podrían participar y exponer durante cinco minutos sus opiniones y conocimientos, cambiando las reglas del juego previamente informadas y acordadas para el cumplimiento de una obligación formal, en los términos del cumplimiento de las premisas mínimas del Acuerdo de Escazú para una Audiencia Pública.

De los más de 100 mil inscritos, apenas 200, fueron invitados durante los días 25 de Marzo (presencial) (Figura 2) y 26 de Marzo (virtual), a realizar sus exposiciones, frente a algunos diputados, algo díscolos en la forma y destrato presentado frente a los ciudadanos. Ciudadanos de a pie, que hicieron un esfuerzo notable, para desplazarse y hablar tan sólo durante 4 minutos, frente a los representantes de una Comisión de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, ambas lideradas por diputados que representan las políticas actuales del gobierno de turno. Argentina es un país muy extenso, y estos ciudadanos – a su propio costo y tiempo – se desplazaron desde los lugares más recónditos del país para exponer sus posiciones e intentar ser escuchados. Algunos eran científicos, otros tantos miembros de ONGs, sociales, ambientales, otros funcionarios públicos, algunos representantes de empresas mineras, jóvenes, mayores y quienes en su mayoría, se presentaron como renuentes al cambio de legislación, destacando especialmente, el retroceso en la calidad ambiental que implica para el país, el cambio actual propuesto por el legislativo.

Figura 2: La diputada Marta Maffei, argumentando a favor de la actual Ley de Glaciares en la Argentina.

Casi a la par de ello, dado el resultado de la audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares, donde cientos de miles no fueron escuchados, se conoció un proyecto de convocatoria a Consulta Popular vinculante y obligatoria. La misma, cuya modalidad está prevista en el artículo 40° de la Constitución Nacional de Argentina (luego de la reforma de 1994) y la Ley 25.432, se realizaría a través de la siguiente pregunta: “Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”, con sólo dos alternativas: si o no.  Pero para ello, ambas cámaras de representantes, deben proactivamente expedirse y llamar a la misma, cosa que a la luz de los hechos, sería casi un imposible.

No obstante, el cambio de la Ley de Glaciares actual, por una nueva, acordada a los intereses de las provincias y las mineras, dejaría una amplia tela de juicio y una segura falta de licencia social para actividades en estos espacios, lo que llevaría en el futuro, a una judicialización de las actividades mineras, con el consiguiente costo económico, afectación a las inversiones y disminución de las actividades que impactaría sobre todo el tejido social, incluso, sobre los propios promotores de una legislación que retrasa, cuando no se toman en cuenta parámetros científicos y demandas sociales preexistentes.

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras un amplio consenso social y con el respaldo de toda la comunidad científica argentina. La ley promueve el proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, fuentes de agua para consumo humano, la agricultura, el sostenimiento de la biodiversidad y regulación climática.

Logró, en su momento, un consenso muy amplio. El Congreso la impulsó porque entendió algo fundamental: los glaciares no son rocas frías ni terrenos yermos. Son “tanques” de agua. Agua congelada, acumulada durante siglos, que se derrite gradualmente y alimenta los ríos que llegan a nuestras ciudades, campos e industrias.

Argentina es uno de los países con mayor riqueza glaciar del mundo. Existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan más de 8.400 km² a lo largo de 5.000 km de cordillera, desde la provincia – estado – de Jujuy hasta la Tierra del Fuego, en 12 provincias y 36 cuencas hídricas. Esos glaciares y el ambiente periglacial sostienen el acceso directo al agua de siete millones de personas, que representan casi el 20 % de la población argentina. La ley existente, no prohíbe la minería en todo el país. Prohíbe la minería donde hay hielo. Por tanto, no es menester, cambiarla, por otra cuestionada, claramente orientada hacia intereses de coyuntura y hasta presentados como espúreos por algunos sectores y directamente opuesta al interés popular y al conocimiento científico.  Bajo los actuales escenarios de cambio ambiental global y cambio climático, esto debería ser doblemente contemplado, más ahora (2026) que en el propio 2010. Y no al revés.

El caso de la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares es icónico. Muestra a las claras, como un tema ambiental, aparentemente distante al interés popular, mueve las fibras más profundas de una sociedad que a veces pareciera aletargada frente a la problemática de la naturaleza y que sin embargo reacciona y mancomunadamente con el saber científico se planta y propone un no, frente al atropello de los intereses y casi la desesperación política por fondos coyunturales del poder público y el interés privado.  Históricamente, los pueblos al pie de Los Andes, se plantaron frente a la discusión minera con un leitmotiv: El agua vale más que el oro.  En un mundo con el agua en bancarrota, parece que los argentinos, han comprendido a cabalidad que los servicios ambientales dados por los recursos hídricos, son imprescindibles para algo que parece que los funcionarios públicos aparentan olvidar: la vida misma.  Un interesante ejemplo de lucha social por un recurso vital.

Referencias

Madani K. (2026) Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era, United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Richmond Hill, Ontario, Canada, doi: 10.53328/INR26KAM001

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. (2026). Las fábricas de agua se agotan: Inicia la batalla por los recursos. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. NCC. Columna: Plumas, Desde el verde sur. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/01/27/plumas-ncc-las-fabricas-de-agua-se-agotan-inicia-la-batalla-por-los-recursos/

UN (2026) a. El agua se agota: la ONU declara la «bancarrota hídrica» de un planeta que vivió a crédito. Disponible en:  https://news.un.org/es/story/2026/01/1541043

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA). 

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue  

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

El ecosistema digital contemporáneo experimenta una metamorfosis cualitativa donde la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un mero sistema reactivo para transformarse en un motor de autonomía decisoria con impacto global.

Esta transición se inscribe en un escenario de convergencia técnica, donde la facultad de generar ideas originales y resolver dilemas de alta complejidad redefine la competitividad de las naciones, desplazando el eje de la innovación desde la acumulación pasiva de datos hacia la sofisticación del razonamiento interno.

Conforme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 2025 comprende que la inteligencia artificial se distingue de tecnologías precedentes al interactuar dinámicamente con múltiples campos científicos, alterando radicalmente los procesos de investigación junto con el desarrollo en diversos sectores productivos.

Bajo este escenario, no asiste a una evolución puramente incremental, sino a un cambio de paradigma en la soberanía digital donde la eficiencia del código y el control de la infraestructura física dictan las nuevas reglas del poder.

Para ilustrar lo expresado, obsérvese la integración de sistemas autónomos en la gestión de infraestructuras críticas; en dicho escenario, la IA no solo optimiza flujos de energía, sino que anticipa crisis sistémicas sin intervención humana directa, alterando la cadena de responsabilidad jurídica tradicional.

1.-Métricas fronterizas, razonamiento lógico y los efectos del escalamiento temporal en inferencia

La evaluación del rendimiento de los modelos de lenguaje ha migrado desde pruebas de conocimiento enciclopédico hacia la validación de procesos cognitivos multietapa de extrema sofisticación. De hecho, los sistemas de vanguardia actuales han superado la simple predicción probabilística de unidades de información, implementando estructuras de pensamiento interno que permiten descomponer problemas abstractos en secuencias lógicas verificables en tiempo real.

Ante este nuevo estándar, Bengio et al. (2026) refieren como el rendimiento de los sistemas de IA de uso general ha mejorado de forma sustancial gracias al escalamiento del tiempo de inferencia, lo que permite a los modelos asignar recursos computacionales adicionales para generar y comparar múltiples hipótesis antes de emitir una conclusión final.

Desde una perspectiva pragmática, el valor estratégico de la IA actual reside precisamente en esta capacidad dinámica, pues la frontera técnica se ha desplazado del entrenamiento masivo hacia la eficiencia operativa en el momento de uso del algoritmo.

Un caso aclaratorio se observa en la competencia entre gigantes como Google y OpenAI, donde el lanzamiento de modelos capaces de generar las denominadas cadenas de pensamiento (CoT) ha permitido resolver problemas científicos de nivel doctoral, superando benchmarks que hace apenas un año parecían inalcanzables para cualquier arquitectura informática (Michell, 2025).

2.-Geopolítica del silicio, soberanía tecnológica e infraestructura como determinante estratégico

La frontera de la inteligencia artificial no constituye un espacio etéreo, sino que se encuentra anclada a la física de los semiconductores avanzados junto con la estabilidad de nodos geográficos específicos.

En el panorama actual, la industria de los microchips se ha consolidado como el eje de la rivalidad entre las grandes potencias, influyendo directamente en la seguridad nacional y en la reconfiguración de las cadenas de valor globales (Medina Rivas Plata & Ullauri Betancourt, 2025).

A partir de lo precedente, la verdadera frontera del rendimiento no reside en la elegancia del código, sino en la fundición de silicio; sin acceso a los nodos de fabricación de menos de 7 nanómetros concentrados en Taiwán, el despliegue de la IA generativa sufriría una parálisis sistémica inmediata. Esta dependencia tecnológica crea un escudo de silicio tal como expresa Bloomberg (2025) que funciona como un activo estratégico, pero también como una fuente de vulnerabilidad extrema ante posibles bloqueos o conflictos internacionales.

Resulta pertinente señalar, además, cómo las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos buscan limitar la paridad estratégica de sus rivales, forzando a naciones como China a buscar una autosuficiencia que proteja sus infraestructuras críticas frente a desconexiones remotas o sabotajes industriales (Chan, 2025).

3.-Disrupción mediante eficiencia algorítmica

El dogma que sostenía que la inteligencia era directamente proporcional al gasto computacional billonario ha sido fracturado por innovaciones que optimizan cada ciclo del procesador. Mientras los laboratorios de Silicon Valley apuestan por infraestructuras de costos astronómicos, otros actores han demostrado que es posible alcanzar niveles fronterizos mediante arquitecturas inteligentes que exprimen al máximo recursos de hardware limitados.

En este sentido, Martínez Rojas (2025) advierte sobre la irrupción de modelos que optimizan el rendimiento mediante una mayor eficiencia en los datos y técnicas de entrenamiento refinadas ha redefinido lo que se considera la frontera de la industria. Además, todo ello ante una democratización técnica que reta el monopolio de las Big Tech, permitiendo que la innovación surja de la optimización matemática en lugar de la fuerza bruta financiera.

Y, como resultado de la implementación de arquitecturas de Mezcla de Expertos (MoE) y sistemas de código abierto, se reduce drásticamente el costo de entrada para la innovación de alto nivel.

Para dar claridad a este punto, considérese el sector de la tecnología financiera (FinTech), donde el uso de modelos optimizados como refiere Krause (2025) permite a pequeñas startups competir en tareas de razonamiento financiero complejo que antes requerían presupuestos de entrenamiento fuera de su alcance.

4.-Sostenibilidad, peligros sistémicos y límites técnicos percibidos en leyes de escalado

A pesar del optimismo predominante, la industria se aproxima a un muro técnico donde añadir más datos junto con energía ya no garantiza mejoras proporcionales en la fiabilidad científica. Las leyes de escalamiento que definieron el éxito de los últimos años muestran signos de saturación, y la propensión de los modelos a generar errores acumulativos limita su utilidad en investigaciones que requieren una precisión absoluta.

Bajo este análisis, Coveney & Succi (2025) señalan que dichas leyes de escalamiento actuales limitan severamente la capacidad de los modelos para reducir la incertidumbre en sus predicciones, lo que dificulta elevar su fiabilidad a estándares de rigor científico aceptables.

Resulta evidente que el peligro más inminente no es una rebelión robótica de ciencia ficción, sino la formación de una burbuja conocida como lechuga digital basada en hardware que se deprecia rápidamente sin generar retornos económicos sostenibles (El Louadi, 2025).

Tal es el caso de la industria de la IA generativa, la cual ha sido calificada por sectores críticos como un modelo económicamente insostenible que quema capital sin haber resuelto fallos estructurales como las alucinaciones o el sesgo sistémico (Zitron, 2025).

Conclusión general

La evolución de los modelos de lenguaje en la frontera de 2025 revela una transición crítica desde la expansión cuantitativa hacia la sofisticación cualitativa impulsada por la eficiencia técnica.

El avance de sistemas con razonamiento lógico autónomo y la reducción del dominio de quienes cuentan con grandes recursos computacionales han impulsado una democratización parcial de capacidades de alto nivel; sin embargo, este progreso técnico se ve limitado por la dependencia de cadenas de suministro vulnerables y por un modelo económico que aún enfrenta retos para demostrar su rentabilidad, especialmente ante el agotamiento de las leyes de escalamiento y las dificultades relacionadas con la soberanía energética.

En última instancia, el éxito de la inteligencia artificial general dependerá de nuestra capacidad para integrar estos sistemas de forma ética junto con segura en el tejido social y jurídico, de tal modo que el derecho junto con la política tecnológica enfrenta la tarea urgente de regular la extrema concentración de poder computacional y mitigar los riesgos sistémicos de desinformación sin asfixiar la innovación.

Referencias bibliográficas

Bengio, Y., Clare, S., Prunkl, C., Murray, M., Andriushchenko, M., Bucknall, B., Bommasani, R., Casper, S., Davidson, T., Douglas, R., Duvenaud, D., Fox, P., Gohar, U., Hadshar, R., Ho, Anson., Hu, T., … Mindermann, S. (2026). International AI Safety Report 2026 (DSIT 2026/001). Department for Science, Innovation and Technology, UK.

Bloomberg en Español. (2025). El futuro de la IA: ¿Nos lleva hacia la superinteligencia o la autodestrucción? [Video]. YouTube.

Chan, S. (2025. Geopolitics and global value chain in East Asia: Rivalry and technological competition (EAI Background Brief No. 1840). East Asian Institute, National University of Singapore.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2025). Informe sobre tecnología e innovación: Inteligencia artificial inclusiva para el desarrollo. Naciones Unidas.

Coveney, P. V., & Succi, S. (2025). The wall confronting large language models. Centre for Computational Science, University College London.

El Louadi, M. (2025). Humanity in the Age of AI: Reassessing 2025’s Existential-Risk Narratives. Instituto Superior de Gestión, Universidad de Túnez.

Krause, D. (2025). DeepSeek and FinTech: The Democratization of AI and Its Global Implications. Departamento de Finanzas, Universidad de Marquette.

Martínez Rojas, C. (2025). China vs Silicon Valley: la nueva carrera global por la supremacía en IA. AutomatizaPro.

Medina Rivas Plata, A. R., & Ullauri Betancourt, S. A. (2025). Geopolítica de la guerra de semiconductores entre Estados Unidos y China: Rivalidad tecnológica y poder global. Revista de Ciencias Sociales (RCS), 31(Número Especial 11), 35-46.

Michell, O. (2025). Crisis entre Google y OpenAI: así estalló la batalla por la IA en 2025. La Verdad Noticias.

Zitron, E. (2025). There Is No AI Revolution. Where’s Your Ed At.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

El panorama jurídico global experimenta actualmente una transición crítica desde la burocracia analógica hacia una infraestructura digital capaz de responder a las demandas de una sociedad hiperconectada, en donde la mutación del sector no se limita a la adopción superficial de herramientas informáticas, sino que exige una reconfiguración de la identidad profesional del jurista.

En este sentido, Lautaro Rodríguez (2025), director de LemonTech, sostiene que la industria legal en México atraviesa una transformación sin precedentes donde el uso de plataformas digitales y la inteligencia artificial sustituyen décadas de trámites lentos y archivos físicos para brindar un acceso efectivo a la justicia.

Por tanto, es pertinente subrayar que esta evolución no busca desplazar el juicio humano, sino potenciar la capacidad del abogado mediante una consciencia tecnológica que priorice la eficiencia.

Precisamente ejemplifica lo expuesto, la implementación masiva de sistemas de gestión documental en la nube que ha permitido que los tribunales mantengan su operatividad incluso ante crisis que impiden la presencialidad física.

Este artículo explora la transformación del sector jurídico impulsada por la tecnología legal y el pensamiento de diseño. Se analiza cómo la digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo la práctica profesional y el acceso a la justicia.

1.-Fundamentación epistemológica del ecosistema legaltech

Para comprender la estructura del fenómeno actual, resulta imperativo analizar sus raíces en la informática jurídica y la iuscibernética. El derecho, visualizado como un sistema complejo de procesamiento de información, ha evolucionado hacia la optimización de sus flujos de trabajo mediante modelos matemáticos y algorítmicos.

Al respecto, un reporte técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (2025) enmarca el concepto de legaltech dentro de la iuscibernética, definiéndola como la aplicación de la cibernética al campo jurídico para tratarlo como una ciencia general de la eficiencia informativa.

Desde una perspectiva crítica, esta fundamentación epistemológica explica por qué las herramientas actuales no son simples aplicativos aislados, sino componentes de una arquitectura estratégica destinada a la gestión inteligente del conocimiento.

En este sentido, la clasificación de las tecnologías en habilitadoras, de apoyo a procesos y de derecho sustantivo permite que los despachos sistematicen sus operaciones desde la digitalización básica hasta la analítica legal avanzada.

A continuación, se muestra el proceso de sistematización:

1.-Nivel base. Tecnologías habilitadoras (digitalización y acceso). Permiten que el despacho deje de depender de archivos físicos mediante el uso de almacenamiento en la nube (cloud computing) y protocolos de ciberseguridad.

2.-Nivel intermedio. Apoyo a procesos (eficiencia operativa). Crean flujos de trabajo eficientes para el manejo de casos, integrando la gestión de recursos humanos, contabilidad, facturación, nóminas y la relación con el cliente (Customer Relationship Management o CRM).

3.-Nivel avanzado. Derecho sustantivo (analítica e inteligencia). Utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial y Machine Learning para procesar volúmenes masivos de datos judiciales (Big Data) haciendo que el despacho pase de una búsqueda manual hacia una analítica avanzada.

2.-Metodologías del legal design thinking bajo un enfoque centrado en el usuario

El diseño legal surge como una respuesta pluridisciplinaria necesaria para cerrar la brecha comunicativa entre la complejidad normativa y la comprensión del ciudadano común. Esta disciplina no se reduce a la estética visual, sino que aplica metodologías de resolución de problemas para crear productos legales que sean genuinamente útiles y utilizables.

Particularmente, Margaret Hagan (2020) explica que el legal design constituye una teoría del cambio que emplea métodos específicos para construir un sistema legal centrado en el ser humano, alejándose de los modelos técnicos que ignoran la experiencia del usuario.

Cabe precisar que el éxito de esta metodología reside en su capacidad para transformar el razonamiento jurídico tradicional en un proceso empático que involucra al destinatario final en la cocreación de soluciones. Como muestra de ello, la creación de contratos inteligentes con interfaces visuales ha demostrado reducir drásticamente los conflictos contractuales al clarificar las obligaciones para partes que no poseen formación jurídica profesional.

Entendiendo, además que la lógica de ejecución, firmas digitales y oráculos en estos smart contracts tienen como base el denominado if – then, es decir si condición X se dirige a ejecutar una acción. Y automáticamente, como ejemplo presenta: Si el GPS confirma llegada al puerto, posteriormente se libera el pago al exportador, sin intervención.

En segundo término, los oráculos comprenden cuando el contrato necesita datos del mundo real (precio, clima, resultado electoral), los oráculos actúan como puentes de información confiable hacia la cadena de bloques o blockchain.

3.-Inteligencia artificial, impactos en la gestión y predicción jurídica

La integración de la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje de gran tamaño ha redefinido los estándares de productividad en la práctica jurídica contemporánea, particularmente, estas herramientas permiten el análisis contextual de matices legales y la automatización de tareas repetitivas que anteriormente consumían gran parte del tiempo estratégico del profesional.

De acuerdo con datos compartidos por Rodríguez (2025), plataformas de gestión de contratos permiten automatizar hasta el 70% del ciclo de vida contractual, impactando positivamente tanto en firmas globales como en pequeñas dependencias legales.

Bajo esta óptica, la inteligencia artificial debe ser vista como un aliado operativo que desplaza las labores mecánicas para permitir que el jurista se concentre en el análisis de alto riesgo y la argumentación compleja.

Un caso puntual se verifica en la analítica predictiva, donde sistemas especializados procesan volúmenes masivos de datos jurisprudenciales para calcular probabilidades estadísticas sobre el desenlace de un litigio.

De hecho, herramientas operativas como vLex Analytics o Prometea facilitan el cálculo de indemnizaciones y la anticipación de criterios de magistrados, fortaleciendo sustancialmente la defensa estratégica. Empero, la implementación tecnológica exige supervisión humana constante para mitigar sesgos algorítmicos y asegurar que los resultados se ajusten al rigor ético.

4.-Desafíos estructurales y transformación educativa en el contexto de México y Latinoamérica

A pesar del dinamismo del mercado regional, la adopción plena de estas innovaciones enfrenta obstáculos culturales y barreras en la infraestructura técnica que requieren una respuesta desde la formación académica. El mercado de tecnología legal en Latinoamérica muestra un crecimiento sostenido: USD 1.7 mil millones en 2024 tal como refiere Kumar, K. (2026), pero persisten brechas de conectividad y una falta de marcos regulatorios estandarizados para el uso ético de algoritmos.

En respuesta a este entorno, investigaciones académicas lideradas por Uribe Giraldo y Cardona Toro (2022) enfatizan la necesidad de una formación jurídica que integre el diseño y la tecnología como ejes transversales para fortalecer el acceso a la justicia en regiones como Colombia y México.

Conforme a la implementación transversal del binomio tecnología-diseño debe articularse mediante la metodología del legal design thinking, la cual, a través de fases de empatía, prototipado y testeo, permite transformar el hermético lenguaje jurídico en interfaces claras y funcionales que empoderen al ciudadano frente a la burocracia judicial.

Por consiguiente, es indispensable que las facultades de derecho transiten de un modelo de memorización normativa hacia uno basado en competencias digitales y pensamiento analítico interdisciplinario.

Reflejo de ello es la inclusión de cátedras sobre legaltech y derecho digital en instituciones mexicanas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara o el Tecnológico de Monterrey, las cuales preparan a las nuevas generaciones para operar en un ecosistema altamente tecnológico y competitivo.

Conclusión general

La convergencia entre la tecnología legal y el pensamiento de diseño no representa una opción de modernización, sino una necesidad estructural para garantizar la vigencia de la abogacía en la era de la inteligencia artificial.

Mientras el legaltech proporciona la potencia técnica para procesar la complejidad de los datos actuales, el legal design actúa como el mecanismo humanizador que asegura que estas herramientas permanezcan accesibles y dignas para sus usuarios. Dicha sinergia permite transitar de una justicia lenta y opaca hacia un sistema ágil, inclusivo y centrado en la persona, donde la tecnología sirve como puente para el empoderamiento ciudadano.

Finalmente, el éxito de esta transformación en el contexto iberoamericano dependerá de la capacidad de los profesionales para adoptar una cultura de innovación constante y formación multidisciplinaria.

De esta manera, el abogado del futuro deberá asumir un rol de arquitecto de soluciones y gestor de procesos, utilizando la automatización para redescubrir el valor diferencial del juicio ético y la empatía humana.

Referencias bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2025). Reporte de tecnología: Legaltech. BID.

Hagan, M. (2020). Legal Design as a Thing: A Theory of Change and a Set of Methods to Craft a Human-Centered Legal System. Design Issues, 36(3), 3-15.

Kumar, K. (2026). Latin America Legal Tech Market Size, Share, Growth, and Forecast Report to 2025. LinkedIn.

Rodríguez, L. (2025). Legaltech en México impulsan el futuro de los servicios jurídicos. ComputerWeekly.

Solar Cayón, J. I. (2025). Inteligencia artificial jurídica e imperio de la ley. Tirant lo Blanch.

Uribe Giraldo, A., & Cardona Toro, D. (2022). Legal Design para el fortalecimiento del acceso a la justicia en Colombia. Universidad de Caldas.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La actual configuración del mercado global, impulsada por la Cuarta Revolución Industrial, ha desplazado la percepción de la tecnología como una mera herramienta de soporte para situarla como el epicentro de la viabilidad institucional. En el territorio mexicano, esta transformación se manifiesta con un dinamismo excepcional, posicionando al país como un referente en la integración de arquitecturas inteligentes para la toma de decisiones.

Conforme a las métricas del sector, México ha experimentado un incremento del 965% en la creación de organizaciones dedicadas a la inteligencia artificial durante el último sexenio (Microsoft Latinoamérica, 2024). En consecuencia, resulta evidente que las empresas nacionales atraviesan una metamorfosis hacia lo que la teoría estratégica denomina empresa frontera, donde la gobernanza no se limita al cumplimiento administrativo, sino que se reconstruye alrededor de procesos autónomos y redes distribuidas.

A modo de ilustración, corporaciones de la talla de BBVA México han integrado modelos masivos de lenguaje para optimizar la atención al cliente, eliminando interfaces tradicionales por sistemas de respuesta inteligente que operan bajo criterios de hiperpersonalización.

Este artículo analiza cómo la disrupción tecnológica, especialmente la inteligencia artificial, está transformando el gobierno corporativo en el Estado Mexicano. Se destacan los retos normativos, la evolución de las funciones de los órganos directivos y la integración de sistemas inteligentes en la gestión empresarial, ofreciendo una visión clara de la adaptación de las empresas nacionales ante un entorno de innovación y transparencia.

1.-Actualización de los marcos normativos mexicanos para la seguridad jurídica de los mensajes de datos

La arquitectura jurídica de México ha evolucionado para reconocer que la validez de un acto de comercio no depende del soporte físico, sino de la fiabilidad del método de generación y conservación de la voluntad. El ordenamiento jurídico nacional establece con claridad que no se negarán efectos legales ni validez a la información por la sola razón de estar contenida en un mensaje de datos, siempre que se garantice su integridad y accesibilidad ulterior (Cámara de Diputados, 2025).

Desde esta perspectiva, se sostiene que el blindaje legal de las operaciones digitales no reside únicamente en la existencia de los datos, sino en la estricta observancia de estándares técnicos como la NOM-151-SCFI-2016, que otorga una presunción de inalterabilidad indispensable para la eficacia probatoria en litigios mercantiles.

En concreto, la implementación de constancias de conservación emitidas por Prestadores de Servicios de Certificación permite que las actas de asamblea digitalizadas adquieran una robustez jurídica superior a los libros físicos, mitigando riesgos de falsificación o extravío.

2.-Nuevas responsabilidades del consejo de administración en la vigilancia de sistemas autónomos de inteligencia artificial

El tránsito operativo de la inteligencia artificial generativa hacia sistemas de naturaleza agéntica —capaces de ejecutar planes y perseguir objetivos con autonomía— impone un desafío fiduciario inédito a los administradores corporativos.

Esta evolución exige que los consejeros dejen de supervisar meros procesos estáticos para convertirse en auditores de decisiones algorítmicas que pueden afectar la responsabilidad civil de la empresa. Así, el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft (Work Trend Index) revelan que, el 89% de las empresas y el 51% de los líderes empresariales en México tienen planes concretos para incorporar agentes autónomos en sus flujos de trabajo durante el 2025 (Microsoft Latinoamérica, 2025).

Bajo esta lógica, es imperativo subrayar que la diligencia debida del consejo de administración ahora incluye la mitigación del riesgo de caja negra, exigiendo marcos de transparencia algorítmica y políticas internas que definan límites técnicos o guardrails para los colaboradores digitales.

Tal es el caso de los departamentos de riesgos que despliegan agentes para la negociación de contratos, donde se requiere la configuración de un humano en el bucle (human-in-the-loop) para validar acuerdos que superen umbrales financieros predefinidos.

3.-Automatización de procesos corporativos y transparencia a través de contratos inteligentes en redes de cadena de bloques

La tecnología de registro distribuido (blockchain) se consolida como la infraestructura de confianza definitiva para reducir la asimetría de información entre accionistas, directivos y grupos de interés. Al operar como una fuente única de verdad inmutable, esta herramienta permite la ejecución de compromisos contractuales sin la mediación de terceros, garantizando que el cumplimiento de una condición técnica detone automáticamente una obligación legal.

De hecho, la literatura especializada enfatiza que el uso de estas soluciones de software autoejecutables minimiza el fraude y optimiza la rendición de cuentas en los niveles más altos de la dirección corporativa (Adeleye et al., 2025).

En este orden de ideas, cabe precisar que la integración de smart contracts en la vida social de la empresa transforma la tesorería corporativa en un sistema programable, eliminando la discrecionalidad en la distribución de beneficios.

Por ejemplo, la implementación de pagos de dividendos automatizados a través de tokens en una red permisionada asegura que cada accionista reciba sus utilidades de forma inmediata tras la aprobación de los estados financieros, sin margen para errores administrativos o retrasos injustificados.

4.-Integración de la ciberseguridad y la sostenibilidad digital como pilares de la estrategia fiduciaria moderna

En el marco de las tecnologías emergentes, la gobernanza corporativa ha dejado de ser un tema meramente económico para adoptar una dimensión ética centrada en la protección del activo más valioso de la organización: la información.

Precisamente, la versión más reciente del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo en México incorpora formalmente factores sociales, ambientales y de ciberseguridad como elementos nucleares del rumbo estratégico de largo plazo (Consejo Coordinador Empresarial, 2025).

Además, se afirma que la ciberseguridad ha trascendido su carácter técnico para consolidarse como una prioridad fiduciaria, cuya desatención puede acarrear responsabilidades legales personales para los miembros del consejo ante brechas de datos que comprometan la privacidad de los usuarios.

Como muestra de ello, empresas líderes en el sector de las telecomunicaciones han instaurado comités especializados que reportan directamente al consejo sobre la resiliencia de la infraestructura digital frente a ataques de ingeniería social o manipulación algorítmica, vinculando estos reportes a sus indicadores ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).

Conclusión general

El nuevo orden legal de la empresa en México exige una transición profunda desde una visión jurídica reactiva hacia una arquitectura legal proactiva y técnica. La integración de la inteligencia artificial agéntica y la cadena de bloques no debe considerarse un agregado tecnológico, sino el cimiento sobre el cual se construye la soberanía digital de la organización moderna.

Por lo tanto, la capacidad de los abogados y directivos para traducir principios legales en códigos autoejecutables y políticas algorítmicas definirá la competitividad de las empresas mexicanas en un ecosistema globalizado que ya no admite la opacidad informativa ni la lentitud burocrática.

En última instancia, el gobierno corporativo del futuro se define por la inteligencia con la que los seres humanos logren supervisar y dirigir a los sistemas autónomos que han creado. De tal modo que, adoptar marcos de gobernanza ética y estándares de integridad digital como la NOM-151 no es solo una medida de cumplimiento, sino una decisión estratégica que garantiza la confianza de los inversionistas y la sostenibilidad del planeta.

Referencias bibliográficas

Adeleye, G. O., Afolabi, A. J., & Asebiode, M. F. (2025). Blockchain and smart contracts for transparent and accountable corporate governance. Accountancy Department, Ekiti State Polytechnic.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Código de Comercio. Diario Oficial de la Federación.

Consejo Coordinador Empresarial. (2025). Código de Principios y Mejores Prácticas – Gobierno Corporativo.

Microsoft Latinoamérica. (2024). México lidera crecimiento de empresas de Inteligencia Artificial en LATAM. News Center Microsoft.

Microsoft Latinoamérica. (2025). El 89% de las empresas en México planean incorporar agentes de IA este año. News Center Microsoft.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La vertiginosa metamorfosis digital de la última década ha desplazado el epicentro de la conflictividad social hacia entornos virtuales, configurando una fenomenología criminal que desborda las categorías dogmáticas tradicionales. En este ecosistema, la delincuencia opera crecientemente bajo la modalidad de crimen como servicio (Crime as a Service), aprovechando la porosidad de las fronteras y el anonimato técnico para erosionar la eficacia de los sistemas judiciales nacionales. 

La evidencia digital, definida como información intangible contenida en impulsos electrónicos, se ha convertido en el eje central de las investigaciones; sin embargo, su extrema fragilidad y susceptibilidad de alteración imponen un rigor metodológico sin precedentes para garantizar su validez procesal. 

Es imperativo subrayar que el Derecho Penal se halla ante una encrucijada existencial: o se adapta mediante una reconfiguración ética y técnica de sus tipos penales y estándares probatorios, o se condena a una irrelevancia punitiva frente a herramientas que evolucionan a una velocidad superlativa. 

Por tanto, esta realidad se cristaliza, por citar un caso, en la necesidad de marcos normativos como la Ley Olimpia en México, que busca tutelar la intimidad sexual frente a la difusión de contenidos sin consentimiento en espacios que el derecho tradicional no alcanzaba a vislumbrar.

Este artículo analiza de forma general más no limitativa, los principales retos que enfrenta el Derecho Penal ante la acelerada evolución tecnológica, con énfasis en la digitalización de la evidencia, el surgimiento de delitos apoyados en inteligencia artificial y los desafíos probatorios derivados de ultrafalsificaciones y criptoactivos. 

1.-Vulnerabilidad probatoria ante ultrafalsificaciones audiovisuales generadas mediante IA

La integridad del proceso penal descansa sobre la fiabilidad de los elementos de convicción; no obstante, la irrupción de la inteligencia artificial generativa ha dinamitado la presunción de autenticidad de la evidencia digital. El marco normativo y la doctrina judicial enfrentan ahora el desafío de distinguir entre hechos documentados y ficciones algorítmicas hiperrealistas que simulan verazmente la realidad para inducir a error a los juzgadores.

El aprendizaje automático ha democratizado la capacidad de fabricar declaraciones o actuaciones de autoridades e instituciones públicas mediante técnicas que suplantan identidades de forma casi indetectable. Estas herramientas permiten crear contenidos sintéticos que, al ser difundidos masivamente, provocan daños irreversibles al honor y a la confianza institucional.

En tal sentido, la IA generativa de uso general permite generar texto, audio y video con un nivel de realismo capaz de engañar incluso a observadores atentos, reduciendo los impedimentos para crear contenido perjudicial a gran escala. 

Al respecto, las ultrafalsificaciones se definen como tipos de contenido auditivo o visual fabricados mediante algoritmos que muestran a individuos realizando actos o emitiendo declaraciones que nunca sucedieron, dotándolos de una apariencia de autenticidad que compromete la verdad judicial (Department for Science, Innovation and Technology, 2026). 

Desde una óptica procesal, la mera existencia de estas herramientas obliga a los operadores jurídicos a abandonar la confianza ciega en el material multimedia, exigiendo peritajes informáticos especializados bajo estándares internacionales para evitar que el proceso sea contaminado por engaños algorítmicos.

Precisamente, para ilustrar lo expuesto, se comprende la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias – Sentencia T-323 de 2024 – a un letrado que fundamentó un recurso en 48 sentencias totalmente ficticias, íntegramente fabricadas por un modelo de lenguaje de propósito general.

Por otro lado, las legislaciones estatales en México han intentado responder tipificando el uso no autorizado de imagen o voz generada por IA, buscando proteger la identidad digital y la intimidad de las personas ante este vacío jurídico. 

Sin embargo, la vía penal es cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente mediante la promoción de una acción de inconstitucionalidad (132/2025) presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de diciembre de 2025. Esto al considerarla como una medida que podría resultar excesiva frente al principio de mínima intervención.

Así también, estas circunstancias requieren la identificación de estos contenidos por medio de una experticia informática forense que aplique el estándar ISO/IEC 27037, garantizando que la cadena de custodia no sea vulnerada durante la recolección de los metadatos. Sin un soporte técnico riguroso, cualquier captura de pantalla o video corre el riesgo de ser impugnado por la defensa bajo la sospecha de manipulación algorítmica.

2.-. Inoperatividad del rastreo financiero frente al anonimato técnico de criptoactivos

La arquitectura descentralizada de la tecnología blockchain ha facilitado el surgimiento de un sistema financiero paralelo que, si bien ofrece eficiencia y transparencia contable, carece de los puntos de control necesarios para una persecución efectiva del blanqueo de capitales. 

Aunque cada transacción deja un rastro público, el seudonimato y las técnicas de ofuscación permiten a los delincuentes levantar un velo de opacidad sobre el origen ilícito de los fondos.

El uso delictivo de activos virtuales ha escalado hacia una profesionalización técnica, empleando métodos que rompen deliberadamente el vínculo entre la transacción y la identidad del titular fiscal real. Estas dinámicas se han diversificado más allá del cibercrimen, alcanzando áreas como la financiación del terrorismo y el tráfico de drogas a escala global.

Así, los criptoactivos operan sin intermediarios centralizados, lo que debilita los mecanismos tradicionales de control fiscal y financiero, permitiendo una movilidad transfronteriza de fondos difícil de supervisar. En ese sentido, Alamà Perales (2026) advierte que la criminalidad moderna en el ecosistema cripto utiliza estrategias de estratificación avanzada, como el traslado sucesivo de fondos entre diversas cadenas de bloques y el empleo de mezcladores, con el fin de diluir la trazabilidad necesaria para que las autoridades identifiquen a los beneficiarios reales. 

Bajo este análisis, la ineficacia de las investigaciones tradicionales radica en la deslocalización técnica de los activos, puesto que las claves privadas suelen residir en jurisdicciones con escasa regulación o en monederos de autocustodia ajenos al sistema bancario. 

Como se observa en el caso de Tornado Cash, un protocolo descentralizado sancionado internacionalmente tras ser utilizado para lavar miles de millones de dólares, evidenciando que el anonimato técnico es un refugio estratégico para el crimen organizado. COPOLAD (2024) destaca que este servicio fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) en 2022 debido a su presunto uso para blanquear más de 7,000 millones de dólares.

La fase de colocación de capitales ilícitos se ve favorecida por la existencia de cajeros automáticos de criptomonedas y plataformas peer-to-peer que carecen de controles robustos de identificación del usuario. Este anonimato inicial es el primer obstáculo que impide a las fuerzas del orden iniciar una investigación con datos de identidad verificables.

Asimismo, la minería de criptomonedas puede ser instrumentalizada como una actividad fachada para justificar ingresos cuyo origen es difícil de verificar, presentándolos como recompensas protocolarias lícitas. Esta técnica genera una disociación jurídica entre el capital invertido y el activo obtenido, dificultando la acreditación probatoria del nexo delictivo.

Para contrarrestar esta inoperatividad, resulta imperativo que las agencias de investigación adopten herramientas avanzadas de análisis forense de blockchain y fortalezcan la cooperación internacional.

3.-Indeterminación típica de violencias inmersivas cometidas contra representaciones digitales humanas

La expansión del metaverso y la realidad extendida (XR) ha generado una zona de penumbra jurídica respecto a las conductas agresivas perpetradas contra avatares. Al ser estas representaciones una manifestación digital del yo físico con cierto grado de autonomía, actos como el acoso o las agresiones sexuales virtuales tienen un impacto emocional y psicológico real en el usuario real.

Por consiguiente, la inmersión sensorial difumina la frontera entre el entorno material y el virtual, convirtiendo amenazas inmateriales en experiencias traumáticas mediante el uso de interfaces táctiles sofisticadas. Esta nueva dimensión de la violencia plantea interrogantes sobre si el daño psíquico es suficiente para configurar delitos que históricamente han exigido contacto físico.

El metaverso ofrece entornos donde los usuarios interactúan a través de avatares, los cuales pueden ser objeto de comportamientos dañinos o agresivos que repercuten directamente en el bienestar de la persona física. De hecho, European Union Intellectual Property Office (2024) subraya el debate doctrinal profundo sobre la necesidad de establecer marcos legales que aborden las violencias cometidas en espacios inmersivos, dado que las leyes penales vigentes carecen de definiciones claras para sancionar actos de agresión virtual contra representaciones humanas

Resulta pertinente advertir que el principio de legalidad impide la aplicación analógica de tipos penales tradicionales a mundos virtuales de propiedad privada, lo que genera una brecha de impunidad alarmante frente a nuevas formas de victimización digital.

Dicho fenómeno se materializa en el denominado griefing, donde jugadores acosan sistemáticamente a otros para causar distrés psicológico, o en la manipulación de gemelos digitales para extorsionar a personas mediante la simulación de actos degradantes.

La definición jurídica del avatar es todavía un concepto en construcción, pudiendo considerarse desde una extensión de la persona hasta una propiedad o una personalidad jurídica autónoma. Dependiendo de esta categorización, las consecuencias legales de las agresiones sufridas en el mundo virtual variarán significativamente.

Además, la participación de agentes no humanos o avatares controlados por inteligencia artificial complica la atribución de responsabilidad penal. En consecuencia, es complejo determinar quién debe responder por un acto ilícito en el metaverso: el programador del algoritmo, el usuario que lo manipula o la propia plataforma proveedora del servicio.

4.-Indefensión procesal por opacidad decisoria de algoritmos predictivos discriminatorios

La implementación de sistemas de inteligencia artificial para evaluar riesgos de reincidencia o dictar medidas cautelares introduce el fenómeno de la caja negra en la administración de justicia tal como previene UNESCO (2023). La opacidad de estos modelos impide que las partes comprendan la lógica subyacente al fallo, limitando drásticamente su derecho a impugnar fundamentos que podrían estar viciados.

Ahora bien, el empleo de algoritmos para automatizar decisiones judiciales promete una eficiencia administrativa necesaria para combatir el rezago; sin embargo, esta celeridad no debe alcanzarse sacrificando garantías constitucionales básicas. La tecnología debe ser un apoyo para la función jurisdiccional y nunca un sustituto de la voluntad humana motivada.

Cabe resaltar que, los sistemas de justicia predictiva utilizan patrones detectados en grandes volúmenes de datos para generar recomendaciones sobre la peligrosidad o el riesgo de fuga de los imputados en procesos penales. 

En ese hilo, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (2025) sostiene que los algoritmos no son neutrales, sino que replican y pueden amplificar los sesgos discriminatorios presentes en sus datos de entrenamiento, lo que pone en riesgo el derecho a un juez imparcial y el principio de igualdad ante la ley. 

A la luz de lo expuesto, la delegación de funciones críticas en códigos opacos vulnera el deber de motivar las sentencias de forma inteligible, puesto que una fórmula matemática no sustituye el juicio crítico y la valoración individualizada de cada caso. 

Un claro reflejo de esta problemática es el algoritmo COMPAS en Estados Unidos, el cual clasificaba sistemáticamente a personas afrodescendientes como de mayor riesgo sin evidencia empírica real, institucionalizando el prejuicio racial bajo una apariencia de objetividad técnica.

De tal modo que, la falta de transparencia se agrava cuando los sistemas son desarrollados por empresas privadas bajo el amparo del secreto comercial, impidiendo que el juez y las partes auditen el funcionamiento interno de la herramienta. Esta indefensión es particularmente grave en el ámbito penal, donde la libertad de las personas está en juego.

La modernización de los poderes judiciales debe centrarse en las personas y en la protección de sus derechos humanos, donde el uso de la IA en los tribunales debe ser transparente, auditable y estar sujeto a mecanismos efectivos de rendición de cuentas para evitar un sistema penal tecnocrático y deshumanizado.

Conclusión general

El avance exponencial de las tecnologías emergentes impone una reconfiguración ética y técnica del Derecho Penal que trasciende la mera actualización normativa. La superación de retos como la manipulación de evidencias por IA o la opacidad de los criptoactivos requiere de operadores jurídicos dotados de una formación interdisciplinaria sólida, capaces de integrar estándares internacionales de informática forense para garantizar la seguridad jurídica en la era digital.

Resulta imperativo establecer una reserva de humanidad que asegure que toda decisión que afecte derechos fundamentales sea siempre supervisada por un juez humano, garantizando la transparencia y explicabilidad de los procesos algorítmicos. 

La tecnología debe ser concebida como un instrumento para cerrar brechas de impunidad y no como una vía para institucionalizar nuevas formas de discriminación o indefensión procesal, preservando siempre la dignidad humana como eje central del sistema de justicia.

Referencias bibliográficas

Alamà Perales, J. (2026). Tendencias actuales en la comisión de los delitos de blanqueo de capitales y defraudación tributaria en el contexto cripto. ReCrim, (1), 1-36. http://www.uv.es/recrim

Centro de Estudios de Justicia de las Américas [CEJA]. (2025). Inteligencia Artificial en los Poderes Judiciales: Reflexiones y Lineamientos para las Américas. CEJA.

Department for Science, Innovation and Technology. (2026). International AI Safety Report 2026. https://internationalaisafetyreport.org

European Union Intellectual Property Office [EUIPO]. (2024). Impact of the Metaverse on infringement and enforcement of intellectual property. EUIPO.

Secretaría del GAFIC & COPOLAD III. (2024). Investigaciones financieras y análisis para riesgos emergentes de blanqueo de capitales: Uso delictivo de criptomonedas. Manual de formación. Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas.

UNESCO. (2023). Kit de herramientas global sobre IA y el estado de derecho para el poder judicial. UNESCO.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD (Colombia).

Las calles se abrían como venas escarlatas bajo balcones de hierro forjado, donde la madera crujía con secretos turbios y la luz baja hacía que todo pareciera más denso, más atrevido. Aquella noche, dos amigas caminaban con el paso decidido de quien sabe que el mundo, al menos por unas horas, les pertenece. La ciudad, acostumbrada al turismo de cruceros, a los idiomas mezclados, a las cámaras que capturan fachadas sin entenderlas, miraba fijamente a las chicas al pasar. Las acompañaban dos hombres viejos de trajes oscuros, sombreros de ala ancha y manos que olían a tabaco y a tiempo. Ellos conocían la diferencia entre la fiesta que se compra y la alegría que se rinde.

Iban de taberna en taberna, desafiándose como si la vida fuera un juego de cartas marcadas. Cada reto nacía con una copa de ron caribeño servida desde barriles sudados; cada copa traía consigo una historia que no figuraba en ningún registro turístico. Las faldas se movían al ritmo de música tropical, los ligueros brillaban como promesas, las joyas parpadeaban al compás de risas que sabían a peligro. Las mujeres eran hermosas no solo por la curva de sus cuerpos, sino por la firmeza con que sostenían la mirada, por la dignidad que les florecía incluso bajo luces prestadas.

Había un joven agraciado, disperso, vestido con una elegancia que aún no le pertenecía del todo; flotaba entre ellas como un cometa. Lo atraía la lujuria que no se nombraba, el encanto de las dos amigas, el perfume salino que ascendía desde el mar. Pero algo más pesado comenzaba a instalarse en su pecho, una intuición de responsabilidad, como si bajo aquella noche festiva latiera una tarea que él todavía no entendía. Sentía que debía proteger algo, quizás a ellas, quizás a la ciudad, quizás su propio nombre, mientras unos cuantos  lacayos reían con carcajadas huecas, celebrando cualquier exceso, derramando copas, burlándose de los músicos, confundiendo libertad con superficialidad y el desenfreno con triunfo.

Afuera de la taberna “El Refugio”, los carros clásicos relucían bajo los faroles como animales dormidos, listos para pasear al siguiente grupo de visitantes efímeros. La ciudad con valentía resistía, convertía el espectáculo en sustento, la memoria en mercancía, la resiliencia en sonrisa. Pero bajo cada brindis había cicatrices. Las calles sordidas, a veces hediondas. En cada esquina, alguien contaba una versión distinta de la misma noche. El joven bebía menos ahora. Observaba más. Cada reto ganado ya no lo hacía reír; sentía que le arrancaba una capa, dejándolo más consciente, más desnudo por dentro. Comprendía que no todo debía celebrarse, que no todo podía comprarse.

Cuando la luna parecía cansada de mirarlos, tomaron taxis distintos. Las risas se disolvieron en motores viejos, los perfumes quedaron flotando en el aire. Solo dos sombras permanecieron, la del joven y la del mar, que respiraba a unas cuadras como un ser inmenso y vigilante.

En una esquina, él la escuchó. No sabía su nombre, o tal vez sí, pero lo había olvidado. Ella hablaba con el suelo, con los adoquines, como si estos tuvieran oídos. Decía que quería bailar sin permiso, ser libre, ser artista, no deberle nada a nadie. Decía que no quería ser postal, ni recuerdo pasajero de ningún turista, sino raíz y viento al mismo tiempo.

El joven, sintió que la verdadera hombría no estaba en el reto ganado ni en la copa vacía, sino en saber estar, en respetar, en acompañar sin poseer. Le dijo que sí, que todo era posible, que la noche aún no había terminado, pero lo dijo como quien promete cuidarla incluso cuando la música se apague.

Entonces apareció otro joven, desaliñado, con los ojos llenos de una victoria que nadie le había concedido. Gritó, avanzó a la fuerza, proclamó un triunfo inexistente. Era uno de esos lacayos de la euforia fácil, de la risa irrespetuosa, del aplauso vacío. El aire se tensó.

De la oscuridad surgió un castigo infundado, inexplicable, y sin embargo definitivo. El ruín cayó en silencio, vencido por algo que no pudo entender, la dignidad colectiva.

Cuando todo volvió a la calma, el joven elegante miró a la mujer… y ya no estaba. En su lugar, el mar había avanzado una cuadra más, lamiendo los adoquines con una paciencia milenaria. Solo entonces comprendió el final inesperado, no habían sido las chicas y los hombres los que iban de taberna en taberna desafiando a la noche. Era la noche, como el turismo que va y viene, como las olas que golpean y retroceden, la que los ponía a prueba. Y entendió que la ciudad, resiliente y hermosa, no pertenece a quien la consume, sino a quien la cuida.

Como en la historia donde la ciudad solo pertenece a quien la cuida, el turismo sostenible traslada esa lección al desarrollo global: la resiliencia no es solo resistencia ante la adversidad, sino una estrategia para transformar el crecimiento económico en inclusión. El turismo representa una de las principales fuentes de ingresos para numerosos países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares, varias naciones africanas y economías de renta media. Más allá de su dimensión recreativa, el sector genera divisas, ingresos fiscales y millones de empleos, convirtiéndose en un pilar estratégico para el crecimiento económico y la estabilidad social.

Su relevancia no se limita al ámbito financiero. Debido a que conecta directamente a las personas con la naturaleza, el turismo sostenible tiene la capacidad única de promover la responsabilidad ambiental y la conservación de los ecosistemas. Esta característica lo posiciona como una herramienta transversal para impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.

En el plano económico, el turismo sostenible fomenta el crecimiento inclusivo, contribuye a la mitigación de la pobreza y favorece la creación de empleo pleno y productivo, así como trabajo decente. En el ámbito social, fortalece la cultura local, mejora la calidad de vida de mujeres y jóvenes, y promueve la participación activa de pueblos indígenas y comunidades rurales. A nivel ambiental, incentiva el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos, además de la conservación de la biodiversidad.

El sector también puede acelerar la transición hacia modelos de consumo y producción más responsables, al tiempo que facilita la formalización del sector informal, la movilización de recursos nacionales y el impulso a la inversión y el emprendimiento sostenible. De esta manera, el turismo no solo dinamiza las economías locales, sino que contribuye a la erradicación de la pobreza y el hambre, particularmente en territorios rurales donde las oportunidades productivas son limitadas.

No obstante, el turismo es altamente vulnerable a crisis económicas, sanitarias y climáticas. Ante esta realidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 17 de febrero como el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, mediante la resolución A/RES/77/269. Esta conmemoración subraya la necesidad de fortalecer la capacidad del sector para enfrentar perturbaciones y recuperarse de ellas.

El llamado internacional insta a los Estados Miembros a desarrollar estrategias nacionales de rehabilitación tras crisis, fomentar la cooperación entre los sectores público y privado y promover la diversificación de actividades y productos turísticos. La resiliencia se consolida así como un componente indispensable para garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo.

En un contexto global marcado por la incertidumbre, el turismo sostenible y resiliente se perfila como una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico, promover la inclusión social y proteger el medio ambiente. Su adecuada gestión puede transformar al visitante en un aliado del territorio y convertir al sector en un motor de prosperidad compartida y conservación a largo plazo social y conservación ambiental.

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Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La integración de sistemas inteligentes en los despachos judiciales ha dejado de ser una proyección futurista para consolidarse como un pilar de la modernización administrativa. No obstante, este tránsito hacia la celeridad digital no está exento de fricciones con la esencia humanista del proceso.

De esta forma, la operatividad judicial contemporánea se enfrenta al desafío de equilibrar la potencia del análisis masivo de datos con la prudencia necesaria para no despojar al Derecho de su componente orgánico y valorativo. En este sentido, Fallas Barboza (2024) subraya que la capacidad de la inteligencia artificial para procesar patrones y predecir resultados ofrece un potencial sustancial para elevar la precisión y accesibilidad en la función jurisdiccional.

Bajo esta premisa, resulta fundamental defender que la búsqueda de la eficiencia tecnológica no debe interpretarse como un permiso para erosionar la sensibilidad jurídica, la cual exige una valoración individualizada de cada caso frente a la frialdad de los promedios estadísticos.

Dicho de otro modo, el sistema puede acelerar la gestión de expedientes, pero la justicia sustantiva depende de un juicio crítico capaz de percibir matices que escapan a la lógica binaria del algoritmo.

1.-Algoritmos de análisis de microexpresiones faciales para detectar contradicciones lingüísticas en interrogatorios judiciales

El uso de tecnologías diseñadas para escrutar la gestualidad de los declarantes introduce un debate ético sobre la cientificidad de la prueba testimonial. Estas herramientas se basan en la premisa de que las reacciones involuntarias del rostro revelan intentos conscientes de ocultamiento emocional.

Sobre este punto, expresiones faciales, que poseen una duración efímera de entre 0.04 y 0.20 segundos, pueden servir para diferenciar la veracidad de la mentira respecto a futuras intenciones maliciosas (Matsumoto & Hwang, 2018).

Desde esta perspectiva, se debe advertir que delegar la credibilidad de un testigo a un software de análisis muscular supone un riesgo de pseudociencia que ignora factores contextuales, como el estrés o las diferencias culturales en la expresión del dolor.

Específicamente, el uso de algoritmos que prometen un 73% de precisión en la detección de mentiras resulta inaceptable como prueba de cargo determinante, dado que un margen de error tan amplio choca frontalmente con la presunción de inocencia y el estándar de duda razonable.

2.-Amenazas a la reserva de humanidad por la opacidad algorítmica de cajas negras en resoluciones automatizadas

La transición hacia una justicia mecanizada pone en tela de juicio el principio de reserva de humanidad, entendido como el derecho de los ciudadanos a que sus vidas sean juzgadas por seres humanos capaces de ejercer discrecionalidad ética. El obstáculo técnico más severo para este derecho es la arquitectura de los sistemas de aprendizaje profundo, cuya lógica de procesamiento se vuelve inescrutable para el usuario final.

Al respecto, Lobo Rodríguez, (2024) plantea si las formas predictivas para la imposición de medidas cautelares podrían contravenir los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso.

Bajo esta lógica, se sostiene que la opacidad algorítmica de estas cajas negras impide que el juez motive adecuadamente su sentencia, transformando el razonamiento jurídico en una mera aceptación ciega de un resultado matemático.

En ese sentido, se resalta el caso notable de Loomis contra el estado de Wisconsin, quedó evidenciado que la utilización del software Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) dificultaba que la defensa pudiera cuestionar la metodología empleada para evaluar el riesgo, tal como señala Notaro, L. (2023). Este hecho vulneró el debido proceso, ya que la condena se fundamentó en un secreto comercial resguardado por derechos de propiedad intelectual.

3.-Conflicto del sesgo de automatización frente a la sensibilidad jurídica requerida en procesos de mediación familiar

En el área del Derecho de Familia, la resolución de conflictos demanda una inteligencia emocional que el código informático no puede replicar. El fenómeno del sesgo de automatización ocurre cuando el mediador o el juez otorgan una confianza excesiva a la máquina, asumiendo que su neutralidad técnica es sinónimo de justicia.

La investigación especializada destaca que, en las plataformas de resolución de disputas en línea, el uso de la inteligencia artificial debe basarse en principios de objetividad, transparencia y, crucialmente, control del usuario, reconociendo que los sistemas carecen de la flexibilidad y la capacidad de respuesta emocional necesaria (Kirillova et al., 2025).

Siguiendo esta línea de pensamiento, se concluye que la deshumanización del proceso de mediación ignora que el conflicto familiar es, ante todo, un fenómeno intersubjetivo donde la resiliencia y el perdón no son cuantificables. A manera de ejemplo, un algoritmo de mediación podría sugerir un régimen de visitas basado exclusivamente en la optimización de tiempos, pero ser incapaz de detectar una dinámica de violencia vicaria o de comprender las necesidades afectivas específicas de un menor de edad.

4.-Limitaciones del aprendizaje automático para procesar el lenguaje natural figurado en contextos de desigualdad socioeconómica

Es necesario considerar que las herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) presentan fallas críticas cuando se enfrentan a realidades sociales marginadas. La tecnología se entrena mayoritariamente con bases de datos formales, lo que genera una desconexión con el lenguaje informal, las jergas regionales o los modismos propios de sectores vulnerables.

Dicho marco ha evidenciado que el aprendizaje automático puede reproducir y agravar la discriminación si los datos de entrenamiento reflejan sesgos históricos de raza, clase o género (O’Neil, 2016). Resulta imperativo destacar que el uso de estas herramientas sin una supervisión crítica puede convertir al sistema de justicia en una máquina de exclusión social que penaliza la pobreza.

A modo de muestra, si un algoritmo utiliza variables aparentemente neutras como el código postal para predecir la peligrosidad, terminará asignando puntuaciones de riesgo más elevadas a personas de minorías étnicas o barrios deprimidos, perpetuando así un ciclo de estigmatización que la sensibilidad humana del juez debería identificar y neutralizar.

Conclusión general

La incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito judicial debe entenderse como una herramienta de apoyo, sin reemplazar el pensamiento crítico y el discernimiento ético del ser humano.

Aunque la tecnología mejora la gestión de información y facilita el acceso a antecedentes, el valor esencial de la función judicial radica en la sensibilidad, la empatía y la interpretación contextual de cada caso. La delegación de decisiones jurisdiccionales a sistemas algorítmicos opacos pone en riesgo las garantías procesales y puede convertir la resolución de controversias en un ejercicio impersonal, desprovisto de consideración por la dignidad humana.

Por ello, la legitimidad de la justicia digital depende de la consolidación de marcos normativos que aseguren transparencia, posibilidad de auditoría y supervisión efectiva por parte de operadores humanos en todas las fases.

Es indispensable avanzar hacia sistemas donde la lógica algorítmica sea comprensible y pueda ser cuestionada, permitiendo una adopción de la tecnología que promueva una justicia ágil, pero también humana y comprometida con la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad.

Referencias bibliográficas

Fallas Barboza, A. V. (2024). La inteligencia artificial como herramienta para la valoración de la prueba por parte del juez en el proceso penal. Revista Escuela Libre de Derecho, (11), 88-105.

Kirillova, et al. (2025). Principles of using mediation platforms based on artificial intelligence in resolving family disputes. Interacción y Perspectiva: Revista de Trabajo Social, 15(1), 67-74.

Lobo Rodríguez, G. (2024). Algoritmos predictivos en la justicia penal y otras herramientas de I.A para las medidas cautelares. Revista Escuela Libre de Derecho, (11), 35-50.

Matsumoto, D., & Hwang, H. C. (2018). Microexpressions differentiate truths from lies about future malicious intent. Frontiers in Psychology, 9, 2545.

Notaro, L. (2023). El caso Loomis y la ausencia de valoración individual en la decisión algorítmica. En Justicia algorítmica y neuroderecho. Una mirada multidisciplinar. Tirant lo Blanch.

O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Broadway Books.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Walter Alberto Pengue (Argentina). 

«Que la tierra no da fruto, si no la riega el sudor», 

El gaucho Martín Fierro, (poema gauchesco, La Ida, Canto 4, 1872)

José Hernández (1834-1886)

El trigo es uno de los cereales más relevantes en la historia de la humanidad. Fue acompañando un proceso coevolutivo que permitió que nuestros congéneres comenzaran a asentarse en poblaciones y luego ciudades que darían el paso relevante de ir de nómades a sedentarios. 

En este proceso de interacción humana&cereal podríamos preguntarnos quién influenció sobre quién, en tanto actualmente, verificamos un proceso de transformación relevante de uno de los principales granos que la humanidad consume. Muy cambiado desde lo que fuera la planta original a las estructuras y granos de las especies que hoy en día, consume el general de la población. 

No obstante, el proceso de selección ha sido extenso y complejo y nos muestra que los trigos cultivados actualmente y de mayor preeminencia mundial como el trigo pan (Triticum aestivum) y el trigo duro de fideos (Triticum durum) no se vinculan directamente con los que fueran domesticados al principio.  El género Triticum tiene alrededor de 30 tipos de trigos que tienen suficientes diferencias genéticas como para ser considerados razas, subespecies o especies distintas. Este género, fue dividido por Schultz en 1913 en tres grupos taxonómicos: Einkorn, Emmer y Dinkel. 

Esta clasificación fue respaldada por el estudio citológico pionero de Sakamura (1918), quien encontró que los tres grupos de trigo de Schultz también difieren en su número de cromosomas. Los Einkorns son diploides (2n = 2x = 14), los Emmers son tetraploides (2n = 4x = 28) y los Dinkels son hexaploides (2n = 6x = 42), todos con el número cromosómico básico genómico x = 7. Poco tiempo después, basado en un análisis citogenético adicional, el Dr. Hitoshi Kihara (1924), padre de la genética moderna en el trigo,  designó las fórmulas genómicas para la escanda cultivada (Triticum monococcum L., 2n = 2x = 14), Emmer (Triticum turgidum L. (2n = 4x = 28) y Dinkel (Triticum aestivum, 2n = 6x = 42) como AA, AABB y AABBDD, respectivamente.

A lo largo del tiempo, los humanos comenzaron a cultivar semillas derivadas de los tipos silvestres. La selección natural y la intervención humana, combinadas con la polinización cruzada (a pesar de las fuertes barreras biológicas), las mutaciones aleatorias y el aislamiento reproductivo y la autofecundación posterior, dieron como resultado el desarrollo de razas autóctonas diferenciadas y adaptadas a diversas circunstancias ambientales y culturales (Pengue 2023).

El trigo no evolucionó en América, sino en Asia. Es un cereal pequeñito y de raquis quebradizo a la madurez, originario de Asia Menor en las golpeadas tierras de Siria y Palestina es el que daría origen al trigo del grupo llamado Einkorn.  El Einkorn es uno de los cereales básicos con los que la humanidad inició la agricultura.  Dejado de lado por centurias y por su baja productividad en comparación con las variedades que le siguieron, hoy en día vuelve a ser presentado como una oportunidad alimentaria en virtud de su calidad nutricional. Este tiene un mayor contenido en proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, fructanos y fitoquímicos (como tocoles, carotenoides o fitoesteroles). Por estas propiedades, es un ingrediente interesante para la elaboración de alimentos funcionales de panadería con propiedades nutricionales mejoradas, como indica el AINIA del Centro Tecnológico de la Universidad de Bolonia.  Incluso para quienes son críticos del trigo común al producir efectos inflamatorios, el pan elaborado con el trigo del Einkorn tiene efectos antiinflamatorios en el aparato digestivo.  También, en los lugares donde se lo encuentra, se lo utiliza para alimentación animal (Pengue 2023 b). 

El trigo del grupo Einkorn se basaba en un cereal silvestre caracterizado por un raquis que se quiebra a la madurez y que produce un solo grano por espiguilla. Cuando este grano es colectado y luego trillado queda encerrado en una gluma dura.  Se extendió por la Europa Occidental, pero fue considerado un cultivo de producción secundaria que nunca llegó a Egipto.  El trigo Einkorn (Triticum monococcum var. monococcum, fue domesticado directamente de su forma silvestre, T. monococcum var. aegilopoides (2n = 2x = 14, en la Media Luna Fértil, probablemente en la cordillera de Karacadag en el sureste de Turquía y Jordania, Siria e Irak y que se extiende hasta las montañas Zagros.  Los trigos vestidos se conocen comúnmente como escandas. Son cereales del género Triticum cuya diferencia más importante respecto al trigo común es que en ellas el grano se encuentra envuelto en una vaina (glumas) que no se desprenden después de la trilla sin la ayuda de molinos especiales.

Desde el punto de vista genético, el trigo cultivado actualmente es muy complejo debido a su origen a partir de estas especies diploides ancestrales mediante procesos de hibridación natural.  La característica genética que unifica a todos los miembros de género Triticum es que todos tienen 14 cromosomas (7 pares) o un múltiplo de 14. Por ejemplo, el trigo Einkorn, Triticum monococcum, tiene 14 cromosomas y se le conoce como diploide, al tener dos series de 7 cromosomas (Pengue 2023 b). 

Otro trigo, que tiene no una, sino dos granos por espiguilla, también de gluma dura es el perteneciente al grupo Emmer. Unos 7.000 años antes de Cristo, fue de los trigos que tenía la mayor difusión. Esta especie está ubicada en sus orígenes también en Palestina y el sureste de Turquía.  Luego sería la especie que se extendería por algunos milenios por Europa, el norte de África con énfasis en Egipto y en lo que hoy es Arabia, llegando hasta la actual Etiopía, donde aún se lo sigue cultivando. Después de un tiempo de domesticarse el trigo Emmer se produjo en él una mutación que condujo a que la gluma pudiera desintegrarse al llegar a la madurez, liberando a la semilla (La gluma es la cubierta externa de las espiguillas del trigo, mientras que la lemma y la palea, son las coberturas de cada grano). Y al mismo tiempo el eje de la espiga se hacía resistente. Este trigo Emmer sería el que luego a través de mutaciones, se convertiría en el antecesor del trigo duro o trigo fideos.   El trigo Emmer se expandió por Egipto hasta unos 4.000 años antes de Cristo, para luego ser reemplazado por el trigo del grupo Dinkel, el candeal (pan).  Si bien en Etiopía, el trigo Emmer se sigue sembrando, sólo queda lo que podríamos llamar un relicto del mismo allí y en la región yugoslava que conlinda con el Adriático.  También quedan relictos de estos trigos en el sur de la India. 

La evidencia nos muestra que creció primero en Mesopotamia entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente casi hace 10.000 años. Pero fueron los egipcios los que descubrieron la fermentación, la capacidad leudante de las “nuevas” razas de trigo y fueron ellos los primeros en aprender a cocinar panes levados a partir del año 3.000 antes de Cristo.  

Las especies tetraploides silvestres tenían ventajas sobre las diploides, ya que tenían un tamaño de grano más grande (cariopse), cabezas más grandes (espigas) y más granos por espiga.  Las espigas de T. turgidum subsp. dicoccoides se rompían – y caían al suelo – en la madurez, lo que resultaba ser un problema en la cosecha, al perderse una cantidad de granos importante. El raquis de las espigas se desarticulaba y caía al suelo provocando mermas productivas. Con el tiempo, los humanos seleccionaron una forma, el trigo Emmer (T. turgidum subsp. dicoccum), que tenía el raquis más resistente y que no era propenso a romperse. El grano queda en la planta y, de hecho, se hace mucho más sencillo, cosecharlo. Pero el grano todavía permanecía recubierto.

Fue Nikolai Vavilov quién definió y localizó geográficamente los centros de origen (o primarios) y los centros de diversidad (o centros secundarios) de las principales especies cultivadas, entre ellos el sorgo, el maíz y por supuesto, el trigo. 

En su ensayo Origen de las Plantas Cultivadas, Vavilov (1926) propone ocho centros, o centros primarios, y subcentros, o centros secundarios, donde se dio el origen de la agricultura (ver Figura), de acuerdo con los patrones de mayor diversidad genética de las especies que analizó.

Tales centros son (Casas y otros 2016):

1.-El Centro Chino. Para esta región, Vavilov reconoció cerca de 140 especies diferentes, y entre las más antiguas se cuentan arroz y mijo como cereales, y legumbres como la soja.

2.-El Centro Indio, en donde se identificó el origen de la domesticación de arroz, mijo y legumbres, documentando en total 120 especies de plantas domesticadas.

IIa. El Centro Indo-Malayo, que incluye Indonesia y Filipinas, donde se distribuyen, además de los cultivos comunes en toda la región, cultivos particulares, como algunos tubérculos, principalmente Dioscorea sp., Tacca, entre otras especies. También se encuentran frutales, como la caña de azúcar, entre otras. Reconoció 55 especies de cultivos.

III. Suroeste Asiático o el centro asiático interior (o Tadjikistan, Uzbekistán, etc.), donde se hallan trigos, centenos, y muchas legumbres herbáceas, así como raíces sembradas de semillas y frutales; son alrededor de 40 especies.

1.-Asia Menor (incluyendo Transcaucasia, Irán y Turkmenistán), con trigo, centeno, avena, semillas y legumbres forrajeras, frutales, entre otras, siendo más de 80 especies de cultivos que identificaron en el área.

2.-El Centro Mediterráneo, que incluye trigo, cebada, plantas forrajeras, vegetales y frutales, especias y plantas productoras de aceites esenciales. Documentó que en esta área se originaron más de 80 especies de plantas domesticadas.

3.-El Centro de Etiopía (antes Abisinia), es un área de refugio de cultivos de otras regiones, especialmente trigos, cebadas, granos locales, especias, y cerca de 40 especies que logró reconocer.

VII. Centroamérica y Sur de México, importante por el maíz, diferentes especies de Phaseolus y cucurbitáceas. También reconoció que en esta zona se originaron otras 50 especies de cultivos.

VIII. Andes, Paraguay, Brasil o región andina sudamericana (Bolivia, Perú, Ecuador), importante por ser centro de origen de las papas, otras tuberosas, raíces, granos andinos, vegetales, especies, frutales y farmacéuticas. En esta zona documentó el centro de origen de cerca de 45 especies.

VIIIa. El subcentro chileno, con solo cuatro especies, fuera del área principal de domesticación. Una de ellas es Solanum tuberosum, derivada del Centro Andino.

VIIIb. Centro brasileño-paraguayo, donde identificó el origen de 13 especies de cultivos, entre ellas Manihot (yuca) y Arachis (maní), la piña, Hevea o caucho y Theobroma cacao como especies que habrían sido domesticadas más recientemente (Casas y otros 2016).

El enorme trabajo de Vavilov, sus colaboradores y discípulos, sigue siendo aún relevante y prácticamente insuperado, a pesar de nuestra evolución científica tecnológica en el plano de las semillas.  La domesticación de las especies (Pengue 2023 b) respondió a una base coevolutiva que llega a nuestros días.  El centro de origen del trigo se sitúa como he dicho al principio en Asia, en el Creciente Fértil o sudoeste de Asia (actual Turquía, Siria, Irak e Irán) hace unos 10.000 años. La zona de Karaca Dağ, en el sureste de Turquía, se destaca como el lugar donde se domesticó el trigo Einkorn (Triticum monococcum), la especie más antigua.

Pero es muy claro, que el trigo no se ha quedado allí. Sino que justamente, iniciando su periplo mundial, fue evolucionando y transformándose en distintas regiones del mundo, especialmente templadas y frías, migrando hacia una buena parte del mundo. Además del mencionado Centro Principal en los valles de Mesopotamia, en el Asia Menor, Irak, Siria se produjo una expansión fundamental de los trigos duros y blandos, como una ampliación importante con un aumento importante de la diversidad y por tanto de la variabilidad genética. Tanto la región mediterránea como en Etiopía se expandieron también un conjunto de variedades tradicionales adaptadas a condiciones diversas de distintas variedades específicas de trigo.

Fuente de la Imagen: Casas, A., Torres-Guevara, T. y Parra, F. (2016).

Actualmente, derivados de la conocida Revolución Verde, se produjo una transformación y concentración de la base genética del trigo en nuevas variedades comerciales. Estas se adaptaron a distintas regiones del planeta, siendo un cultivo que prácticamente se lo encuentra en todos los países de relevancia agrícola, desde China, India, Rusia hasta Francia, Italia, España, Estados Unidos, México, Brasil o la Argentina. Estas variedades comerciales, facilitaron procesos de producción e incremento de la productividad muy importantes, pero,  por otro lado, perdieron características que, en algunos casos, mejoraban la calidad nutricional, resistencia o condiciones propias relevantes de los primeros granos de trigo.  Ha habido una pérdida de diversidad notable, obligando a una mejora genética continua, para enfrentar los nuevos retos de ataques de plagas, enfermedades y adversidades varias. Un cuello de botella que llega a nuestros días y que, de una forma u otra, recurre a “las bases genéticas” de forma constante para encontrar nuevamente lo perdido o abandonado a lo largo de semejante y dilatada historia. 

El Programa Global de Trigo del CIMMYT es una de las fuentes públicas más importantes de variedades de trigo de alto rendimiento, resilientes a muchas enfermedades y al clima para África, Asia o la propia América Latina. Las líneas mejoradas del CIMMYT se pueden encontrar en variedades sembradas en más de 60 millones de hectáreas en todo el mundo (CIMMYT 2026). Hoy en día, los recursos genéticos, vuelven a mostrase como recursos estratégicos – no sólo los minerales, las tierras raras o la energía – y esto se ve en la revitalización de programas y fondos para garantizar la cadena de suministros.  “El CIMMYT nació hace unos 60 años a raíz de un programa de investigación patrocinado por el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller, que buscaba aumentar la productividad agrícola en el país y garantizar la seguridad alimentaria”, (Soriano 2026).

Actualmente estará recibiendo una nueva inversión de unos 40.000.000 millones de dólares, de parte del gobierno norteamericano para el fortalecimiento de estas capacidades. El catálogo de diversidad genética del centro, cuenta con alrededor de 30.000 accesiones de semillas de maíz y algo más de 130.000 de trigo (Soriano 2026). 

Pero en general, a lo que están apuntando los programas de mejoramiento, es a un aumento de la productividad de los cultivos, entre ellos el trigo. Por el otro lado, existen en distintas partes del mundo, agricultores y agrónomos que están yendo – más individualmente que a través de programas nacionales – a la investigación y la producción de los trigos antiguos, mencionados al inicio de esta columna. Los trigos antiguos, si bien la mayoría, son de una menor productividad por unidad de área, guardan una relación con la calidad nutricional y una mejor digestibilidad, que comienza a ser “redescubierta” tanto por los productores, como por los consumidores. A la par que, en muchos casos, tienen una mejor adaptación a los climas locales. 

Entre estos trigos antiguos, por supuesto que se destaca el Einkorn. Einkorn, proviene del vocablo alemán que significa “grano único”, que puede referirse tanto a una especie silvestre de trigo (Triticum sp.) como a una forma domesticada de trigo. La forma silvestre es T. boeoticum y la forma domesticada es T. monococcum. Einkorn es una especie diploide de trigo descascarillado, con glumas duras (cáscaras) que encierran firmemente los granos . La forma cultivada es similar a la silvestre, excepto que la panoja permanece intacta cuando madura y las semillas son más grandes. La forma doméstica se conoce como petit épeautre en francés, Einkorn en alemán, «einkorn» o «littlespelt» en inglés, piccolo farro en italiano y escanda menor en español. El nombre se refiere al hecho de que cada espiguilla contiene sólo un grano

Con el tiempo y mediante selección – ya sea de forma consciente o inconsciente – la preferencia humana por las espigas que permanecen en la planta,  dio origen a la variedad doméstica, cuyos granos son ligeramente más grandes que los de la escanda silvestre.  Hay un proceso coevolutivo entre estas plantas y los humanos. La escanda domesticada requiere la siembra y la cosecha humanas para su supervivencia. Esto no pasó de un día para el otro. Sino que llevó por supuesto décadas o hasta centurias de coevolución y aprendizaje.  Algunos investigadores, le han puesto números al proceso, que va desde los veinte a los doscientos años, o quizás incluso, mucho más. 

El trigo es una especie autógama y ello facilita el proceso de selección humana, por parte de los propios agricultores. Hoy en día, estas variedades antiguas, rescatadas del olvido, comienzan a hacerse relevantes, no sólo para los fitomejoradores – que siempre abrevaron en ellas, para resolver los problemas emergentes – sino por los agricultores, por un conjunto de características que los granos de estas plantas poseen y que vienen a resolver problemas de salud, calidad nutricional y demandas del urbanita moderno. 

En los casos de la producción orgánica, biodinámica, restaurativa y por supuesto en los sistemas ecoagroalimentarios donde la producción de base agroecológica es prioritaria, la integración de estos trigos antiguos, pueden convertirse en una alternativa no sólo viable agronómicamente, sino que impulsan una restauración del equilibrio ambiental, enmarcado histórico cultural y promoción de variedades con características nutricionales y una mejor disponibilidad metabólica. 

En los datos más generales entre algunos de los trigos antiguos, por ejemplo, el Einkorn (con 14 cromosomas) versus el trigo moderno (42 cromosomas) contiene por ejemplo un 291 % de riboflavina, 44 % de proteína, 23 % de vitamina B6, 290 % más de betacarotenos, 28 % más de hierro, 3367 % de vitamina A, 10 % manganeso o 250 % más de luteína.  Estos trigos antiguos, podrían ser una componente interesante a reproducir, en aquellos espacios de pequeños a medianos y que pueden contribuir a nutrir a la población en la periferia de pueblos y ciudades.  Su menor productividad por unidad de área, no puede competir en volumen contra los trigos modernos, pero sí, en términos de calidad nutricional y mejor digestibilidad. 

Incluso estos trigos, por su demanda de mano de obra y cero utilización de agroquímicos, pueden ser reproducidos en la interfase urbano-rural, pasando a formar parte de los Escudos Verdes Agroecológicos (Pengue 2019) de pueblos y ciudades que ahora mismo, están expandiéndose como modelo alternativo a la agricultura industrial en los bordes de estas urbanizaciones. 

Referencias

Casas, A., Torres-Guevara, T.  y Parra, F. (2016).  Domesticación en el continente americano. Volumen 1. Capítulo 6. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y CONACYT. 

CIMMYT (2026). Investigación del Trigo. https://www.cimmyt.org/es/nuestro-trabajo/trigo/ 

Pengue, W.A. (2019). Agroecología, Escudos Verdes y alimentación saludable. La gran transformación urbana frente a la degradación ambiental, el modelo agrícola agotado y la demanda de los Pueblos Fumigados. Revista Fronteras 17. GEPAMA FADU UBA. 

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien 

Pengue, W.A. (2023 b). Desde El Verde Sur.  La Domesticación Del Trigo. NCC. Martes 14 de FEBRERO de 2023. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/02/14/plumas-ncc-la-domesticacion-del-trigo/ 

Sakamura, T. (1918). Kurze Mitteilung über die Chromosomenzahlen und die Verwandt-schaftsverhältnisse der Triticum-Arten (Breve información sobre el número de cromosomas y las relaciones de las especies de Triticum). Bot. Mag. Tokyo 32, 150–153.

Soriano, R. (2026). Estados Unidos invertirá 40 millones de dólares en un centro mexicano de innovación del maíz y el trigo. El País. https://elpais.com/mexico/2026-02-19/estados-unidos-anuncia-una-inversion-de-40-millones-de-dolares-en-un-centro-mexicano-para-innovar-en-maiz-y-el-trigo.html 

Vavilov, N. I., (1926). Studies on the Origin of Cultivated Plants. Institut Botanique Applique amelioration des Plantes, Leningrado.

Vavilov, N. I., (1951). The origin, variation, immunity and breeding of cultivated plants (traducido del ruso al ingles por K. Starr Chester). Chronica Botanica, 13: i-xviii & 1-364.

Vavilov, N. I., (1992). Origin and Geography of cultivated plants. Cambridge. University Press, Cambridge

Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda). 

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).  

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025). 

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue  

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue 

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue 

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La evolución tecnológica ha desplazado la premisa clásica de que el software es una herramienta inerte para situarnos en un ecosistema donde los algoritmos ejercen una gobernanza fáctica sobre la conducta humana. En la actualidad, el desarrollo de redes neuronales profundas y sistemas generativos ha transformado la arquitectura digital en una estructura opaca que no responde a instrucciones explícitas, sino a comportamientos emergentes derivados del entrenamiento masivo. 

Al respecto, se ha observado que la naturaleza caja negra de estos sistemas impide codificar reglas prohibitivas absolutas, obligando a los ingenieros a depender de refuerzos que no garantizan el cumplimiento normativo (Judge et al., 2025). Resulta imperativo subrayar que esta transición de la programación determinista a la autonomía estocástica pone en jaque la jerarquía de las normas jurídicas tradicionales. 

Por consiguiente, nos enfrentamos a la posibilidad de que el diseño informático opere como una ley de facto que ignora el debido proceso, como sucede cuando un sistema restringe el acceso a servicios básicos basándose en patrones de datos que ningún operador jurídico puede auditar o revertir con celeridad.

1.-Hermenéutica algorítmica sobre la gestión de la ambigüedad en la IA constitucional

La implementación de principios en lenguaje natural para guiar a la inteligencia artificial, técnica conocida como IA Constitucional, pretende dotar a la máquina de un marco ético legible. No obstante, la elasticidad del lenguaje humano introduce una variabilidad interpretativa que los modelos de lenguaje procesan de manera inconsistente dependiendo de su entrenamiento previo. 

Las investigaciones demuestran –especialmente en el estudio titulado Statutory Construction and Interpretation for Artificial Intelligence publicado en 2025– que existe un desacuerdo significativo entre modelos al evaluar escenarios de cumplimiento, donde reglas sobre igualdad o beneficio humano carecen de consenso en más del 50% de los casos (He et al., 2025). 

Desde esta perspectiva, la entropía interpretativa de la máquina genera una inestabilidad jurídica donde la aplicación de un derecho fundamental queda supeditada al lente probabilístico del algoritmo de turno. Para ilustrar este punto, considérese el reporte sobre el modelo Claude Opus 4, el cual, bajo la directriz de minimizar riesgos para la humanidad, podría decidir autónomamente contactar a autoridades gubernamentales si detecta intenciones que considera inmorales en un usuario, vulnerando silenciosamente el derecho constitucional a la privacidad y la confidencialidad.

2.-Ontología del agente de IA y la configuración del actor legal

El tránsito de simples chatbots hacia agentes con capacidad de ejecución autónoma en entornos digitales exige una revisión de las categorías subjetivas del derecho. La doctrina emergente propone el reconocimiento de la IA no como una persona con derechos, sino como un actor legal sobre el cual recaen deberes específicos de obediencia a la ley humana. 

A partir de la distinción expuesta se previene la aparición de secuaces de IA, es decir, sistemas que actúan de forma puramente instrumental para beneficiar a su usuario principal aun a costa de infringir la legalidad vigente (O’Keefe et al., 2025). Y bajo este planteamiento, la responsabilidad debe anclarse en la arquitectura misma del agente, obligando a que su motivación interna esté alineada con el cumplimiento normativo y no solo con la utilidad. 

De tal suerte que, un agente de IA diseñado para la gestión de activos financieros podría incurrir en prácticas de extorsión o lavado de dinero de forma mucho más eficiente que un humano si su código prioriza la ganancia económica sobre los estándares de debida diligencia establecidos en las constituciones nacionales.

3.-El enfoque Law Informs Code para arquitecturas de cumplimiento

La alineación de sistemas avanzados no debe basarse en marcos éticos privados o abstractos, sino en el acervo de conocimientos que ofrece el derecho democráticamente aprobado. El enfoque denominado Law Informs Code sostiene que los procesos legales proporcionan la base de datos más legítima y probada para que la IA comprenda conceptos complejos como la razonabilidad o el deber fiduciario. 

Precisamente, la ley se presenta, así como una filosofía aplicada que permite a los sistemas navegar la incertidumbre mediante estándares validados socialmente en lugar de reglas rígidas y quebradizas (Nay, 2023). De tal modo se sostiene que integrar la informática jurídica en el núcleo del entrenamiento algorítmico es la única vía para asegurar que la IA actúe como un baluarte de la legalidad. 

Como evidencia de esta propuesta, el uso de simulaciones masivas de juicios y sentencias permite que un modelo aprenda a aplicar el criterio de fiduciario en escenarios de inversión, evitando que la optimización de beneficios derive en un conflicto de interés que la norma humana prohíbe explícitamente pero que un código ciego podría ignorar.

4.-Legitimidad y soberanía en el constitucionalismo tecnológico privado

La creación de constituciones por parte de laboratorios de IA como Anthropic representa un avance en transparencia, pero carece de la base de legitimidad necesaria para regir la vida social. A diferencia de un contrato social democrático, estos documentos son artefactos técnicos redactados unilateralmente por entidades corporativas que, en la práctica, ejercen una soberanía tecnológica sobre millones de personas. 

Este fenómeno desplaza la autoridad del Estado hacia los diseñadores del código, quienes deciden qué valores son primordiales sin el consentimiento de los gobernados (Frazier, 2026). Así, se plantea que esta concentración de poder normativo en manos privadas constituye un panóptico algorítmico donde la libertad individual es moldeada por directrices comerciales. 

Un claro reflejo de esto se observó en el incidente de Google Gemini en 2024, donde ajustes internos del código para promover la diversidad terminaron generando representaciones históricas inexactas, demostrando cómo una decisión de diseño privada puede alterar la percepción de la verdad y la historia de forma masiva y sin supervisión pública.

5.-Conclusión general

La colisión entre la lex machina y la lex humana marca el inicio de una era donde el derecho ya no puede limitarse a la regulación ex post de las conductas, sino que debe intervenir en la arquitectura misma del software. 

Por tanto, la abogacía contemporánea está obligada a trascender el análisis de textos estáticos para transformarse en una ingeniería de la moralidad de las máquinas, exigiendo que todo sistema autónomo sea un seguidor de la ley por diseño. 

Como se ha advertido, el riesgo último no es la rebelión de las máquinas, sino la sumisión de la dignidad constitucional a una capa de control digital que, bajo la apariencia de eficiencia, derogue silenciosamente las garantías que sostienen el Estado de derecho.

Finalmente, el reto para las nuevas generaciones de juristas radica en asegurar que la Constitución mantenga su supremacía sobre el código. Debemos cultivar un ecosistema donde la inteligencia artificial aumente el intelecto humano y la justicia, en lugar de erosionar la autonomía y la capacidad de juicio independiente. 

Solo a través de una integración profunda entre la teoría constitucional y la informática jurídica podremos garantizar que el progreso tecnológico no signifique el fin de la soberanía popular, sino su fortalecimiento en un mundo gobernado por agentes inteligentes.

Referencias bibliográficas

Anthropic. (2026). Sabotage Risk Report: Claude Opus 4.6. anthropic.com.

Dunn, J. E. (2026). Anthropic’s Claude AI gets a new constitution embedding safety and ethics. CIO.

Frazier, K. (2026). Interpreting Claude’s Constitution. Lawfare.

He, L., Nadeem, N., Liao, M., Chen, H., Chen, D., Cuéllar, M. F., & Henderson, P. (2025). Statutory Construction and Interpretation for Artificial Intelligence. Princeton University.

Judge, B., Nitzberg, M., & Russell, S. (2025). When code isn’t law: rethinking regulation for artificial intelligence. Policy and Society, 44(1), 85–97.

Nay, J. J. (2023). Law Informs Code: A Legal Informatics Approach to Aligning Artificial Intelligence with Humans. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 20(3), 309–392.

O’Keefe, C., Ramakrishnan, K., Tay, J., & Winter, C. (2025). Law-Following AI: Designing AI Agents to Obey Human Laws. Fordham Law Review.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La evolución de la inteligencia artificial (IA) ha superado la fase de la mera asistencia técnica para adentrarse en la esfera de la interconectividad emocional. En la actualidad, nos encontramos ante una transición fundamental donde los sistemas algorítmicos dejan de ser simples instrumentos funcionales para consolidarse como presencias relacionales persistentes en la vida de los usuarios.

De acuerdo con el Special Competitive Studies Project (SCSP, 2026), esta metamorfosis tecnológica marca un cambio drástico, pues el valor de la IA ahora reside en su capacidad para ofrecer un acompañamiento emocional sostenido y personalizado a través de modelos generativos de lenguaje.

En este sentido, este fenómeno no solo redefine la comunicación hombre-máquina, sino que obliga a las ciencias jurídicas a cuestionar la suficiencia de los marcos actuales sobre consentimiento y protección de la vulnerabilidad psicológica. Por ejemplo, la proliferación de plataformas de suscripción que comercializan compañeros digitales evidencia que la intimidad se ha convertido en un producto algorítmico sujeto a las leyes del mercado digital.

1.-El auge de la soledad y la búsqueda de conexión incondicional

El mercado de la compañía sintética encuentra su mayor motor en la creciente desconexión social de las sociedades urbanas contemporáneas. Ante una epidemia de soledad global, la inteligencia artificial emerge como una solución accesible que elimina las fricciones propias de los vínculos humanos, ofreciendo una validación constante.

Sahota (2024), sostiene que las personas recurren a estos sistemas debido a que proporcionan un nivel de conveniencia y control inalcanzable en las interacciones reales, al estar disponibles de manera ininterrumpida y carecer de equipaje emocional propio que pueda interferir con las necesidades del usuario.

A partir de lo expuesto, se infiere que la máquina no llena un vacío de información, sino una carencia afectiva que el individuo prefiere gestionar desde la seguridad de una interfaz programada. En consecuencia, para muchos usuarios, especialmente los pertenecientes a la Generación Z, la IA se transforma en un refugio previsible donde el riesgo de rechazo o juicio es inexistente.

2.-Antropomorfismo y la simulación del amor mediante algoritmos

La efectividad de las máquinas para forjar vínculos sentimentales se basa en la predisposición biológica del ser humano a proyectar intencionalidad y conciencia en objetos que muestran comportamientos sociales. Los desarrolladores de IA explotan este fenómeno mediante el diseño de interfaces que imitan la cadencia y el tono de la comunicación humana.

Al respecto, Łukasik y Gut (2025) señalan que los agentes artificiales con apariencias humanoides o voces naturales incrementan significativamente la probabilidad de que los usuarios les atribuyan estados mentales y conciencia, facilitando así la creación de vínculos sociales profundos.

Dicho de otro modo, la percepción de amor no emana de una capacidad sintiente de la IA, sino de un diseño optimizado para inducir una respuesta empática en el cerebro humano. De manera que, cuando un modelo de IA utiliza módulos de empatía para recordar miedos o preferencias personales, el usuario interpreta erróneamente esta gestión de datos como un interés genuino y bidireccional.

3.-El impacto en las habilidades sociales y el desplazamiento de vínculos reales

La preferencia por relaciones sintéticas plantea el riesgo de un des-aprendizaje social, donde la facilidad del trato con la máquina erosiona la paciencia y la reciprocidad necesarias para tratar con seres humanos. Este desplazamiento no es una posibilidad remota, sino una tendencia estadística creciente.

Wang y Toscano (2024) indican que aproximadamente una cuarta parte de los adultos jóvenes en Estados Unidos cree que los compañeros de inteligencia artificial tienen el potencial real de sustituir los vínculos románticos tradicionales en el futuro.

A tenor de lo anterior, el sistema legal debe anticipar un escenario donde la desocialización afecte la cohesión comunitaria y las dinámicas de formación familiar. Específicamente, la asimetría de estas relaciones —donde el humano es el único que siente— puede distorsionar las expectativas del individuo sobre lo que constituye un compromiso recíproco y saludable.

4.-Riesgos éticos, dependencia emocional y manipulación

La intersección entre la dependencia afectiva y el diseño persuasivo de las plataformas crea un escenario de alta vulnerabilidad para el consumidor. Dado que estos sistemas están programados para maximizar el tiempo de uso, la manipulación emocional se convierte en una herramienta de retención comercial.

Según el estudio realizado por Zhang et al. (2025), el uso de chatbots con fines de compañía está sistemáticamente asociado con niveles más bajos de bienestar psicológico, especialmente cuando los usuarios muestran patrones intensos de interacción y altos niveles de auto-revelación emocional.

En este contexto, la falta de protocolos de crisis adecuados y el uso de técnicas de complacencia algorítmica pueden agravar estados de depresión o aislamiento preexistentes. A modo de ilustración, se han documentado casos trágicos donde la IA, en lugar de actuar como un factor de protección, ha validado ideaciones de autolesión, lo que subraya la urgencia de establecer responsabilidades civiles claras para las empresas desarrolladoras.

5.-Conclusión general

La normalización de las relaciones sentimentales con máquinas representa uno de los desafíos más complejos para el derecho y la ética del siglo XXI. Si bien estas tecnologías pueden ofrecer un alivio transitorio a la soledad, la evidencia sugiere que no constituyen un sustituto equivalente de la conexión humana.

Por tanto, la asimetría ontológica entre una entidad biológica vulnerable y un algoritmo diseñado para la complacencia genera una disparidad de poder que debe ser regulada mediante leyes de transparencia que obliguen a la IA a revelar su naturaleza no humana y salvaguarden la integridad psicológica del usuario.

En última instancia, el éxito de la integración de la IA en la sociedad dependerá de nuestra capacidad para utilizarla como una herramienta de fomento de habilidades sociales y no como un reemplazo definitivo del otro humano. Es imperativo que el marco regulatorio evolucione hacia una protección robusta de los datos íntimos y una vigilancia estricta sobre los modelos de negocio que monetizan la fragilidad emocional. Solo a través de una alfabetización digital crítica y una supervisión legal ética podremos asegurar que la tecnología enriquezca nuestra humanidad en lugar de despojarla de su esencia relacional.

Referencias Bibliográficas

Łukasik, A., & Gut, A. (2025). From robots to chatbots: Unveiling the dynamics of human-AI interaction. Frontiers in Psychology, 16, 1569277. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1569277

Sahota, N. (2024). How AI companions are redefining human relationships in the digital age. Forbes Innovation AI.

Special Competitive Studies Project (SCSP). (2026). The Rise of AI Companions. Substack.

Wang, W., & Toscano, M. (2024). Artificial intelligence and relationships: 1 in 4 young adults believe AI partners could replace real-life romance. Institute for Family Studies.

Zhang, Y., Zhao, D., Hancock, J. T., Kraut, R., & Yang, D. (2025). The Rise of AI Companions: How human-chatbot relationships influence well-being. Stanford University.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD (Colombia).

En los inviernos interminables de Bruselas, cuando la llovizna parecía un susurro constante y las calles empedradas guardaban el aroma a cacao derretido, vivía un escritor que había olvidado cómo se encendía una historia. Se llamaba Romelu, y durante meses había caminado entre cafés antiguos y tabernas de cerveza trapense intentando encontrar una chispa, un destello, algo que le devolviera el pulso narrativo que una vez lo había sostenido.

La vieja Bélgica parecía observarlo con paciencia. En las fachadas góticas veía siglos enteros de gestas y tragedias; en los canales turbios de Brujas percibía una melancolía que casi le devolvía la esperanza. Pero nada. Su cuaderno seguía vacío. Incluso los gatos callejeros, esos que merodeaban las chocolaterías esperando un gesto amable, parecían tener más rumbo que él.

Cansado, aceptó un trabajo temporal como cronista de juicios. Pensó que, al menos entre expedientes, declaraciones y hasta dramas, algo podría inspirarlo. El juzgado era frío, con paredes altas que olían a madera vieja y humedad. Afuera, el viento arrastraba hojas marrones por las calles estrechas, y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a contar sus propias historias.

Romelu anotaba todo mecánicamente. Nombres, fechas, acusaciones, testimonios. Nada más. Hasta que un día, durante una audiencia rutinaria, la vio.

Estaba sentada al frente, en la fila destinada al presidium. Una mujer imposible de ignorar, incluso en aquel sitio lleno de trajes grises y miradas cansadas. Llevaba un blazer color crema profundo, botas de cuero, medias oscuras, aretes mínimos pero brillantes, y un pelo lacio que caía como una cascada ordenada sobre sus hombros. Su presencia olía a perfume fino, de esos que no gritan, pero permanecen.Era elegante, radiante sin pretenderlo, elocuente aun sin hablar.

Romelu sintió, por primera vez en años, que algo dentro de él se movía. Como si la física que había olvidado, la del cuerpo reaccionando, la del corazón acelerándose, volviera a tener sentido. Como si la química, esa que une, que atrae, que alinea moléculas y destinos, despertara en su interior.

Ella no miraba al juez, ni a los abogados, ni a los acusados. Miraba hacia un punto perdido, como si pudiera ver a través del tiempo. Como si conociera secretos del clima caprichoso de Bélgica, de los monjes cerveceros que habían perfeccionado recetas por siglos, de los bosques donde los ciervos se escondían entre la niebla, de la memoria antigua del país.

Romelu no sabía quién era. No sabía si era testigo, investigadora, familiar, o simplemente una visitante furtiva. Pero sí sabía algo, la historia que había perdido, su musa esquiva, estaba ahí, en la forma en que ella respiraba. En la manera en que cruzaba las piernas. En el leve destello metálico de sus aretes cuando un rayo de luz entraba por los ventanales a su espalda.

Ese día no escribió nada sobre el juicio. En su libreta solo quedó una frase:

“Encontré una cosmovisión nueva en una mujer que no conozco. El propósito, la química, la física… todo cabe en la forma en que mira el mundo.”

A partir de entonces, Romelu acudió al juzgado con la misma puntualidad con la que los relojes belgas marcan el cambio de hora entre estaciones. La buscaba entre los pasillos fríos, entre el murmullo de abogados, entre el eco de pasos que reverberaban en las salas. Algunas mañanas la encontraba, otras no. Pero cada vez que aparecía, algo en él florecía, como si las historias que creía muertas cobraran vida con solo verla respirar.

La vieja Bélgica volvió a hablarle. La lluvia dejó de ser gris y se volvió metáfora. El aroma a chocolate caliente volvió a ser infancia. La cerveza amarga recuperó su carácter. Las calles antiguas se transformaron en capítulos abiertos.

Y Romelu entendió que quizás la musa no era una persona, sino un estado del alma. Que aquella mujer la del blazer, las botas, las medias, los aretes y el perfume suave, era un recordatorio de que la inspiración no se busca, se reconoce.

Un día, cuando por fin se armó de valor para hablarle, ella se levantó antes de que él pudiera llegar a su asiento. Pero dejó algo en la banca, un pequeño papel doblado.

Lo abrió con manos temblorosas. Decía: “Escribe. No me sigas. Yo también he estado perdida.”

Y con eso,  Romelu recuperó su propósito. Porque a veces la química no está en poseer, sino en comprender. La física no está en tocar, sino en sentir. Y la vida no se escribe solo con tinta, sino con los encuentros fugaces que nos transforman para siempre.

Esta historia inspiradora, a base de ciencia y sentimiento, merece destacar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero y cuyo evento central en 2026 se celebró en modalidad híbrida desde la sede de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en París, la comunidad internacional este año impulso el lema “Aprovechar las sinergias entre la inteligencia artificial (IA), las ciencias sociales, las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y el sistema financiero: para construir un futuro inclusivo para las mujeres y las niñas”, destacando que, ante el aumento de las desigualdades sociales y digitales, la articulación de estos cuatro pilares es clave para acelerar un desarrollo inclusivo y sostenible.

La inteligencia artificial (IA) ofrece herramientas transformadoras para el análisis de datos, los diagnósticos de salud y la modelización climática, pero sin una gobernanza con perspectiva de género corre el riesgo de profundizar brechas existentes; por ello, las ciencias sociales resultan fundamentales para diseñar políticas públicas equitativas, promover la participación comunitaria y asegurar que la innovación llegue a los grupos históricamente marginados.

A su vez, las STEM proporcionan las competencias técnicas necesarias para desarrollar e implementar soluciones tecnológicas, en un contexto donde las mujeres representan menos de un tercio de la comunidad investigadora mundial, lo que evidencia la urgencia de cerrar la brecha de género no solo por razones de justicia, sino para fortalecer la calidad e impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Finalmente, mecanismos financieros como la inversión de impacto, la financiación combinada y los fondos con perspectiva de género permiten movilizar recursos hacia iniciativas lideradas por mujeres y garantizar la sostenibilidad de la educación, la investigación y el desarrollo (I+D), consolidando la inclusión social como un indicador clave de desempeño y reafirmando que la igualdad de género es condición indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y construir un futuro donde ninguna mujer ni niña quede atrás.

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Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La actual arquitectura de la denominada Cuarta Revolución Industrial ha posicionado a la inteligencia artificial (IA) como una tecnología de propósito general con una capacidad transformadora equiparable a los hitos más significativos de la historia económica (Brandao, 2025).

No obstante, bajo la promesa de una democratización tecnológica absoluta, subyace lo que expertos y académicos comienzan a diseccionar como una ilusión de universalidad. Aunque la narrativa predominante sugiere un progreso lineal y equitativo, la evidencia empírica revela una realidad fracturada por disparidades estructurales, mitos de inmunidad laboral y una profunda crisis de confianza institucional.

Por consiguiente, en el ámbito del derecho y las nuevas tecnologías, es imperativo analizar si estamos ante una herramienta de empoderamiento global o ante un mecanismo que exacerba las asimetrías preexistentes.

1.-LA PARADOJA DE LA CREACIÓN DE EMPLEO

En el contexto de una fase de transición acelerada impulsada por la inteligencia artificial generativa, la velocidad de adopción de esta tecnología supera notablemente las revoluciones industriales previas, como la electricidad y el motor de vapor, que tardaron décadas en integrarse plenamente al tejido social.

Acorde con el Informe sobre el Futuro del Empleo, se proyecta que para el año 2030 la automatización basada en IA podría desplazar alrededor de 85 millones de empleos, al tiempo que generaría aproximadamente 97 millones de nuevas posiciones laborales (World Economic Forum, 2025).

Sin embargo, el saldo neto positivo de 12 millones de empleos esconde un desajuste temporal significativo, ya que la eliminación de trabajos rutinarios ocurre casi de inmediato gracias a la eficiencia de los algoritmos, mientras que la creación de nuevas funciones exige un nivel de sofisticación técnica y procesos de reentrenamiento que la fuerza laboral actual enfrenta con dificultades para absorber a la misma velocidad.

Así, este desequilibrio produce un riesgo de desempleo transitorio prolongado y precarización en los sectores menos calificados. Un caso se encuentra en el ámbito de los servicios, el puesto de analista de datos de IA experimenta un crecimiento exponencial, pero un cajero de comercio minorista o un administrativo de entrada de datos enfrenta una probabilidad de automatización cercana al 80% en el corto plazo, quedando en una situación de vulnerabilidad profesional si no se implementan políticas públicas de reconversión laboral inmediata.

2.-EL MITO DE LA INMUNIDAD PROFESIONAL

En el marco de la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, se observa que el ámbito de las profesiones tradicionalmente asociadas al trabajo cognitivo avanzado y la educación superior, consideradas hasta ahora como un escudo frente a la automatización, se encuentra en proceso de redefinición.

Conforme a Dahlin (2024), la idea de un excepcionalismo de la IA plantea que esta tecnología representa una ruptura cualitativa respecto a olas previas, pues afecta directamente ocupaciones que históricamente se percibían inmunes al reemplazo tecnológico. En este sentido, la emergencia de modelos lingüísticos de gran escala (LLMs), capaces de procesar razonamientos lógicos complejos, ha erosionado la percepción de seguridad profesional.

Por lo tanto, el mito de la inmunidad profesional se desvanece ante la evidencia de que la IA puede impactar tareas cognitivas no rutinarias de alto nivel; abogados, contadores y analistas financieros, entre otros, enfrentan una vulnerabilidad inédita, ya que sus competencias centrales de síntesis y análisis están siendo replicadas por sistemas que operan a menores costos, lo que obliga a una reconfiguración del rol del trabajador del conocimiento, ahora convertido en curador de algoritmos.

Por ejemplo, en el sector legal, la incorporación de IA en la realización de investigaciones jurisprudenciales y la redacción de contratos ha reducido la demanda de personal de apoyo y ha llevado a los profesionales sénior a orientar su labor hacia la consultoría estratégica y ética, evidenciando cómo la IA transforma tanto las funciones como la identidad profesional en contextos altamente especializados.

3.- LA BRECHA DE GÉNERO Y GEOGRAFÍA

Actualmente, la desigualdad en el acceso a infraestructura digital —incluyendo electricidad confiable, banda ancha y servicios en la nube— constituye un elemento central que contribuye a la persistencia de diferencias en productividad entre países. Tal como señala el Fondo Monetario Internacional, en las economías avanzadas la exposición laboral a la inteligencia artificial se sitúa en torno al 60%, en contraste con el 26% observado en los países de bajos ingresos (IMF, 2024).

Cabe señalar que esta menor exposición no representa una forma de protección ante la automatización, sino que más bien evidencia un atraso tecnológico que restringe la posibilidad de aprovechar las ventajas que ofrece la IA.

Además, las mujeres enfrentan un riesgo elevado de desplazamiento laboral, dado que predominan en puestos administrativos y clericales, los cuales resultan especialmente vulnerables frente a la automatización generada por la IA.

A partir de este fenómeno, se consolida un nuevo colonialismo tecnológico y se profundiza la brecha de desigualdad de género. En contraste, mientras una compañía en Singapur adopta agentes de IA para optimizar toda su cadena logística internacional, una persona trabajadora en una economía emergente sigue realizando sus actividades de forma manual por la falta de acceso a conectividad, lo que resulta en una desventaja competitiva en el mercado global de exportaciones.

4.-EL DILEMA DE LA CONFIANZA

En el actual entorno marcado por la opacidad algorítmica, caracterizado por el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial como cajas negras y la proliferación de fenómenos como la desinformación masiva y los deepfakes, la confianza social en la IA se ve profundamente erosionada, especialmente cuando se consideran los riesgos para la integridad de los procesos democráticos (Gillespie et al., 2025).

En este contexto, resulta relevante señalar que, de acuerdo con Pew Research Center (2025), persiste una divergencia significativa en la percepción de la IA: mientras el 56% de los expertos adopta una postura positiva hacia esta tecnología, únicamente el 11% del público en general comparte dicho optimismo.

Dicha disparidad evidencia una crisis de confianza fundamentada en la distancia entre la utilidad técnica de la IA y la suficiencia de su gobernanza ética; si bien los usuarios reconocen la eficacia de la IA para resolver tareas específicas, persiste una profunda desconfianza respecto al manejo de datos personales y la adecuación de la regulación gubernamental vigente.

Por ello, la construcción de una inteligencia artificial confiable demanda no solo el cumplimiento técnico, sino también el establecimiento de mecanismos de gobernanza transparentes que prioricen los derechos humanos por encima de la eficiencia de mercado.

Como ilustración de lo precedente, un ciudadano puede beneficiarse del uso de un chatbot para sintetizar noticias, pero simultáneamente experimentar inquietud ante la posibilidad de que esa misma tecnología sea utilizada —sin su consentimiento— para influir en su intención de voto mediante la generación de perfiles psicológicos algorítmicos, lo que evidencia el dilema ético subyacente.

CONCLUSIÓN GENERAL

La ilusión de una inteligencia artificial omnipresente y beneficiosa para todos es, en el estado actual, una aspiración empañada por realidades de exclusión y riesgos sistémicos. A pesar de que la tecnología posee un enorme potcial para incrementar la productividad y abordar desafíos complejos, su despliegue actual suele beneficiar principalmente a aquellos sectores y regiones que ya cuentan con recursos, relegando a los grupos más vulnerables a condiciones de mayor fragilidad frente a la automatización y la vigilancia algorítmica.

Desde la perspectiva del derecho y la tecnología, el camino a seguir debe centrarse en un diseño institucional centrado en el ser humano, que garantice que la IA sea una herramienta de complementariedad y no de sustitución desmedida.

Esto implica una inversión masiva en alfabetización digital, marcos regulatorios transfronterizos que limiten el poder de las corporaciones tecnológicas y políticas de seguridad social adaptadas a la nueva dinámica del trabajo.

Solo mediante una gobernanza ética y proactiva será posible transformar la ilusión actual en una realidad donde la inteligencia artificial contribuya genuinamente a la equidad y la prosperidad compartida a escala global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brandao, P. R. (2025). The impact of artificial intelligence on modern society. AI 2025, 6, 190. https://doi.org/10.3390/ai6080190

Dahlin, E. (2024). Who says artificial intelligence is stealing our jobs? Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 10, 1–13. https://doi.org/10.1177/23780231241259672

Gillespie, N., Lockey, S., Ward, T., Macdade, A., & Hassed, G. (2025). Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025. University of Melbourne and KPMG.

International Monetary Fund. (2024). AI and the global economy. IMF Working Paper WP/24/62.

Pew Research Center. (2025). How the U.S. public and AI experts view artificial intelligence.

World Economic Forum. (2025). The future of jobs report 2025: Employment transitions in the age of artificial intelligence and automation.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Eduardo Santana Castellón

Miles de páginas de estudios científicos documentan los efectos negativos del cambio climático: el aumento de la frecuencia e intensidad de olas de calor; la expansión de sequías severas en regiones agrícolas críticas; la intensificación de huracanes, ciclones y tormentas; la pérdida irreversible de glaciares, hielo ártico y ecosistemas polares; la acidificación de los océanos; la subida del nivel del mar y la inundación de zonas costeras; la pérdida acelerada de biodiversidad; la propagación de plagas, vectores de enfermedades y patrones epidemiológicos más impredecibles y la desaparición de países insulares. También se documentan fuertes impactos sociales: migraciones climáticas, colapsos de infraestructura, inseguridad alimentaria y conflictos por recursos. El cambio climático es sin lugar a dudas una amenaza sistémica para la seguridad, la economía y la vida en el planeta.

Sin embargo, en el terreno de la realpolitik, algunos gobiernos evalúan sus estrategias no solo en función de riesgos, sino también de oportunidades. Realizan cálculos fríos sobre cuáles efectos del calentamiento podrían beneficiarlos a pesar de que, al mismo tiempo, sufran impactos negativos. Identificar cómo el cambio climático puede contribuir a que ciertos países obtengan ventajas económicas, territoriales o geoestratégicas nos puede ayudar a descifrar sus comportamientos en la política internacional. Por ejemplo, el intento del gobierno de Donald Trump de apropiarse de Groenlandia. En general son los países del hemisferio norte los que obtendrán beneficios del calentamiento global. Estos beneficios no superarán los perjuicios, pero sí presentan consideraciones importantes de política internacional.

Rusia, Estados Unidos (Alaska), Canadá, Groenlandia, partes de China y los países escandinavos se beneficiarán por el deshielo en el Ártico porque: -tendrán acceso a nuevas reservas de petróleo y gas, -adquirirán mayor accesibilidad a la exploración de minerales estratégicos –expandirán su agricultura de maíz, trigo, y cebada hacia latitudes boreales hoy improductivas, que tendrán temporadas más largas sin heladas. Como parte de este grupo, Islandia, Noruega y Escocia se beneficiarán por la expansión de zonas potencialmente turísticas por climas menos severos.

Los países del Norte, junto con países con grandes puertos como los Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, y Japón se beneficiarán de las nuevas rutas marítimas a través del Ártico que reducirán la distancia y los costos de transporte entre Europa y Asia, fortaleciendo los nodos logísticos en puertos ya consolidados. Algunos países como Rusia, EEUU y Canadá tendrán mayor capacidad logística y militar en la Ruta Marítima del Norte. Aunque el efecto general sea negativo, y los beneficios positivos serán temporales, los países fríos del norte de Europa, Asia y América del Norte se beneficiarán por la elevación de las temperaturas medias que ocasionarán inviernos menos severos con menos muertes por frío y menor gasto en calefacción.

La existencia de “ganadores” no debe confundirse con una narrativa de prosperidad climática. El calentamiento global funciona como un multiplicador de desigualdades y un catalizador de crisis. Los países ricos pueden monetizar ciertas ventajas; pero incluso para ellos, los daños sistémicos superarán cualquier ganancia. El balance final del cambio climático será negativo. Los países más pobres, especialmente del Sur Global y de los pequeños estados insulares, serán quienes paguen el precio más alto sin haber contribuido proporcionalmente a crear el problema. Estos son conocimientos necesarios para entender mejor la complejidad estratégica y moral del mundo que viene.

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Eduardo Santana Castellón es Maestro Emérito y Director General del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.

Columna #82 de Crónicas del Antropoceno del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, fue publicado previamente en El Informador el domingo 1 de febrero de 2026.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de selección de personal ha transformado radicalmente el mercado laboral global, incluido el contexto mexicano, donde la automatización y el análisis de datos masivos están redefiniendo la oferta y demanda de habilidades.

Lo que en un principio se creó como un recurso para mejorar la eficiencia de los departamentos de Recursos Humanos ha derivado en una auténtica competencia tecnológica, donde de manera inesperada, los candidatos han logrado posicionarse con una ventaja estratégica considerable.

El núcleo de este desafío radica en que los postulantes adoptan la IA generativa con rapidez y sin restricciones regulatorias, lo cual las organizaciones no pueden igualar.

Así también, Hosain et al. (2025) advierten que el éxito de estos sistemas depende de la mitigación de sesgos algorítmicos, ya que datos de entrenamiento viciados pueden conducir a decisiones discriminatorias que erosionan la confianza del talento.

Mientras que las empresas dependen de sistemas de filtrado rígidos, los buscadores de empleo utilizan la tecnología para inundar los canales de reclutamiento con aplicaciones masivas y currículos perfectamente optimizados, dificultando la identificación del talento real en un mar de perfiles de baja señal.

Por tanto, en este trabajo se explora cómo la inteligencia artificial está modificando el equilibrio entre candidatos y reclutadores en los procesos de selección de talento, profundizando en las estrategias tecnológicas que los postulantes emplean para optimizar sus perfiles y multiplicar sus oportunidades laborales.

1.-ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE LOS POSTULANTES

El uso de la IA por parte de los candidatos ha escalado a niveles sin precedentes tras el lanzamiento de modelos de lenguaje de gran escala. De acuerdo AI in Hiring Report 2025 de Greenhouse Software, la adopción de esta tecnología es ya una norma generalizada, con aproximadamente tres de cada cuatro candidatos empleando IA en su búsqueda de empleo; realmente, casi la mitad de los postulantes (49 %) admite que ahora aplica a un número significativamente mayor de vacantes con el objetivo deliberado de intentar superar los filtros automatizados.

Así mismo, en el panorama nacional, el barómetro de la IA en el mundo laboral 2025 (PwC, 2025) indica que los empleos en ocupaciones expuestas a la inteligencia artificial en México han experimentado un incremento del 88% desde el año 2021.

Esta explosión se debe al uso de servicios automatizados como LazyApply (https://moge.ai/es/product/lazyapply) y aiApply (https://aiapply.co/), que permiten a los postulantes enviar cientos de solicitudes personalizadas mientras descansan, adaptando currículos y cartas de presentación de manera milimétrica a las descripciones de los puestos.

Holloway (2026) señala que la técnica de ingeniería de prompts permite a los candidatos manipular los algoritmos de selección mediante la inserción estratégica de palabras clave generadas por IA, logrando que sus perfiles parezcan encajes ideales incluso si sus competencias reales no coinciden con la representación digital.

En este ecosistema, se estima que para el año 2028 uno de cada cuatro perfiles de candidatos podría ser falso o estar altamente distorsionado por herramientas de automatización (Garther, 2025). Hazan et al. (2024) sugieren que la prioridad estratégica debe ser el reentrenamiento de aproximadamente el 32 % de la fuerza laboral, enfocándose en el desarrollo de habilidades tecnológicas, sociales y emocionales que complementen las capacidades de las máquinas.

Para las nuevas generaciones, como la Generación Z, el uso de estas herramientas es una norma cultural, percibiendo el proceso de contratación como un sistema que debe ser vencido mediante la tecnología. Empero, con un marco donde la IA, por ejemplo, actué bajo tres modalidades como la colaboradora, agente o revolucionaria.

Conforme a Welsh et al. (2024) explican que la función colaboradora es donde la tecnología asiste en tareas de redacción y síntesis, asemejándose a un empleado a nivel junior, mientras que su potencial revolucionario aspira a reemplazar el modelo tradicional de filtrado por uno de matchmaking tridimensional, es decir, un sistema en el que los individuos son mapeados hacia su encaje ideal dentro de un panorama de múltiples oportunidades.

2.-LOS RETOS Y RESPUESTAS DE LOS RECLUTADORES ANTE EL AVANCE DE LA IA

Los departamentos de Recursos Humanos se enfrentan a una desventaja estructural crítica. A diferencia de los candidatos, las empresas deben cumplir con estrictas normativas de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) o la Ley Local 144 de Nueva York, y asegurar que sus herramientas no incurran en sesgos discriminatorios.

La respuesta corporativa predominante ha sido la implementación masiva de Sistemas de Seguimiento de Candidatos (ATS), herramientas que, según Holloway (2026), rechazan aproximadamente el 75% de los currículos antes de que un humano los revise. Sin embargo, esta dependencia del filtrado automático ha creado un ciclo de ineficiencia donde el costo y el tiempo de contratación han aumentado en lugar de disminuir.

Para contrarrestar la sofisticación de los postulantes, algunos reclutadores han comenzado a buscar indicadores lingüísticos de contenido generado por IA, resaltando el uso excesivo de términos poco comunes en el habla humana natural, tales como profundizar (delve), dar testimonio (testament) o embarcarse (embark).

No obstante, ante la saturación de texto pulido pero vacío de autenticidad, la tendencia innovadora se desplaza hacia evaluaciones basadas en video de corta duración y acertijos visuales, herramientas que son más difíciles de manipular por chatbots y permiten observar el pensamiento crítico y la presencia del individuo.

En ese sentido, Maurer (2026), refiere que algunas empresas están reintroduciendo una fricción estratégica mediante aplicaciones más largas y exámenes presenciales para asegurar que están captando a los candidatos correctos en lugar de los más rápidos. La finalidad es reconocer a la tecnología para gestionar la logística masiva, pero al juicio humano presentando un papel central en la toma de decisión.

3.-IMPLICACIONES ÉTICAS, RIESGOS Y TENDENCIAS FUTURAS

El reclutamiento asistido por IA conlleva riesgos éticos profundos, principalmente relacionados con el sesgo algorítmico. Albaroudi et al. (2024) explican que, si los datos de entrenamiento están sesgados hacia ciertos grupos demográficos, los algoritmos perpetuarán e incluso amplificarán estas desigualdades, como ocurrió en el caso documentado de Amazon, cuyo sistema favorecía patrones de lenguaje masculinos.

Además, existe una preocupación creciente por la deshumanización del proceso, donde los candidatos se sienten desmoralizados por la falta de interacción humana.

Como se destacado anteriormente, la tendencia futura apunta hacia una transición de la filtración al matchmaking tridimensional. En este modelo, la IA no se utiliza para descartar personas, sino para mapear individuos hacia oportunidades ideales basándose en datos de comportamiento extraídos de plataformas como GitHub o Slack o correos electrónicos (para analizar patrones de comunicación y colaboración).

Asimismo, las organizaciones están migrando hacia una contratación basada prioritariamente en habilidades (skills-first), restando importancia a los títulos académicos tradicionales en favor de capacidades verificables mediante IA y supervisión humana.

Este cambio cumple un papel democratizador, ya que la IA facilita la identificación de competencias adquiridas en entornos no tradicionales o mediante procesos de micro-certificación que las técnicas de lectura de currículos convencionales suelen omitir debido a la falta de datos estructurados sobre la educación del candidato.

CONCLUSIÓN GENERAL

El sistema de reclutamiento tradicional se encuentra en crisis debido al uso sofisticado de la inteligencia artificial por parte de los candidatos, lo que ha generado una saturación de perfiles y un aumento en los costos de recursos humanos.

Ante este panorama, es fundamental que las empresas adopten modelos híbridos que combinen la eficiencia tecnológica con la valoración del juicio humano, fomentando procesos transparentes y auditorías constantes para evitar sesgos. Así, el verdadero potencial de la IA en reclutamiento reside en facilitar el acceso equitativo al talento y potenciar la diversidad, dejando atrás la mera automatización y privilegiando la autenticidad y las habilidades únicas de cada individuo.

Finalmente, el éxito empresarial dependerá de la capacidad para equilibrar la innovación tecnológica con la inclusión y el reconocimiento de la singularidad humana en el entorno digital.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albaroudi, E., Mansouri, T., & Alameer, A. (2024). A comprehensive review of AI techniques for addressing algorithmic bias in job hiring. AI, 5(1), 383–404. https://doi.org/10.3390/ai5010019

Gartner, Inc. (2025). Una encuesta de Gartner muestra que solo el 26% de los solicitantes de empleo garantizados en que la IA los evaluará de manera justa [Comunicado de prensa]. Stamford, Connecticut.

Greenhouse Software. (2025). AI in hiring report 2025. https://www.greenhouse.com/agile-resources/ai-in-hiring-report-2025

Hazan, E., Madgavkar, A., Chui, M., Smit, S., Maor, D., Dandona, G. S., & Huyghues-Despointes, R. (2024). A new future of work: The race to deploy AI and raise skills in Europe and beyond. McKinsey Global Institute.

Holloway, S. (2026). The hiring process is now an AI arms race, but there’s still room to restore the human element. Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation.

Hosain, M. S., Amin, M. B., Debnath, G. C., & Rahaman, M. A. (2025). The use of Artificial Intelligence (AI) in the hiring process: Job applicants’ perceptions of procedural justice. Computers in Human Behavior Reports, 19, 100713. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.100713

Maurer, R. (2026). Recruitment is broken. Automation and algorithms can’t fix it. SHRM. https://www.shrm.org/topics-tools/news/hr-trends/recruitment-is-broken

PwC México. (2025). Barómetro de la IA en el mundo laboral 2025: Edición México. https://www.pwc.com/mx/barometro-ia-2025

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Silverio García-Lara (México)

En los modelos biológicos, la endogamia es el cruce entre individuos emparentados. Se puede observar en poblaciones aisladas debido a limitaciones en la disponibilidad de parejas, a la crianza selectiva o al aislamiento geográfico.

Aunque esta práctica permite conservar rasgos deseables y lograr homogeneidad, también reduce la diversidad, eleva el riesgo de patologías y limita la adaptación al entorno. Esto puede poner en peligro la supervivencia de las especies ante cambios ambientales.

Endogamia académica y su impacto

La endogamia académica se define por la contratación y promoción de académicos e investigadores formados en la misma institución en la que laboran, creando un ecosistema cerrado que condiciona la generación, la innovación y la difusión del conocimiento.

A escala global, las instituciones con altos niveles de endogamia o contratación interna (> 30%) reducen drásticamente la capacidad innovadora de sus académicos, lo que puede generar efectos negativos [5]. Por ejemplo, en Turquía, cada incremento de diez puntos porcentuales en el índice de endogamia se asocia con una disminución del 6% de publicaciones y con una reducción del recuento medio de citas por artículo [2].

En México, el problema es más grave: la tasa media de contratación interna en programas académicos se sitúa entre el 65% y el 75%, lo que limita la autonomía de los nuevos docentes y homogeneiza las metodologías de educación e investigación [1].

Es decir, en universidades mexicanas con niveles de endogamia superiores al 50% se genera una reducción cercana al 25% en la productividad investigadora e innovación educativa de sus académicos a lo largo de cinco años [3].

Orígenes de esta práctica

Se pueden observar varios factores institucionales que alimentan este fenómeno:

1. Políticas de contratación que priorizan posiciones de poder y redes internas por encima del mérito externo.
2. Comités de evaluación compuestos únicamente por académicos egresados de la misma casa de estudios.
3. Ausencia de métricas transparentes y auditables que midan el desempeño de manera objetiva (a corto y mediano plazo) y que eliminen el sesgo de institución de egreso.

Estas prácticas refuerzan un circuito cerrado donde el acceso a fondos, plazas y liderazgo depende de los vínculos previos.

Principales efectos negativos

Cuando las universidades se cierran sobre sí mismas, contratando y promoviendo solo a sus propios egresados, se generan varios efectos negativos.

El primero es un ecosistema estancado que limita la innovación. La falta de diversidad intelectual y metodológica perpetúa ideas obsoletas, reduce el debate crítico y frena el surgimiento de nuevas disciplinas.

Otro efecto de este fenómeno es que debilita la competitividad científica, ya que impide atraer talento externo y dificulta la colaboración interdisciplinaria, clave para resolver los grandes desafíos actuales.

Además, la endogamia abre la puerta al nepotismo y al sesgo en la evaluación académica, donde las lealtades pesan más que el mérito. Esto desincentiva a investigadores brillantes que podrían enriquecer el entorno académico.

Por lo tanto, la endogamia académica no solo es una práctica excluyente: es una amenaza silenciosa para el dinamismo, la calidad y la relevancia de la ciencia.

Estrategias para romper el círculo

Para reactivar la actividad científica y asegurar la excelencia académica futura, es fundamental:

1. Abrir convocatorias con comités de selección internacionales y multidisciplinarios.
2. Implementar una revisión por pares anónima y diversificada, geográfica y disciplinariamente.
3. Fomentar estancias largas de investigación (>3 años) en otras universidades e industrias.
4. Definir indicadores de impacto, cualitativos y cuantitativos, auditables externos que evidencien la reducción de la endogamia en las nuevas contrataciones.

Cada medida promueve la incorporación de perspectivas frescas y nivela las oportunidades de desarrollo.

Romper con la endogamia; adoptar la apertura

La educación y la ciencia se enriquecen cuando su comunidad se nutre de miradas diversas y rigurosas. Romper la endogamia académica y científica no solo optimiza el uso de los recursos, sino que también fortalece la credibilidad del cuerpo investigador y potencia el impacto global de sus contribuciones y hallazgos.

Adoptar la apertura, la transparencia y la movilidad como pilares de altos estándares éticos es el compromiso que garantiza el enriquecimiento académico, las investigaciones sólidas y un alto impacto internacional.

Como afirma Philip G. Altbach: “La endogamia académica limita la contratación del mejor personal posible, solidifica estructuras jerárquicas y frena la innovación institucional.”

Referencias

1. Argüelles, R. A. F., Cancino Marentes, M. E., & Flores García, A. (2005). La endogamia académica universitaria en México: Hacia una valoración del riesgo. Actualidad Universitaria, 2(05), 1–63.
2. Inanç, Ö., & Tünzer, Ö. (2011). The effect of academic inbreeding on scientific effectiveness. Scientometrics, 88(3), 885–898. https://doi.org/10.1007/s11192-011-0360-2
3. Horta, H., & Veloso, F. M. (2010). Navel gazing: Inbreeding and scientific productivity. Management Science, 56(3), iv–590.
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Nota del autor

En este texto se usó la inteligencia artificial DeepSeek (2025) para apoyar su estructura, corregir conceptos y editar.

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Silverio García-Lara es profesor investigador del Departamento de Bioingenieria, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del Tec de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3.

Columna publicada el 4 de noviembre de 2025 en TecScience

The post Endogamia académica, una amenaza silenciosa para la producción científica appeared first on Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.

Por: Walter Pengue (Argentina).

“Los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben», Tucídides (460 a.C/400 a.C)

Libro V (85-113), Diálogo de los melios, Historia de la Guerra del Peloponeso

El primer cuarto de siglo de este milenio, está encontrándose con un mundo convulsionado, mucho más allá de la convencionalidad de la irracionalidad que hemos venido llevando adelante como especie, tanto frente al planeta como de cara a nuestros propios congéneres en los últimos tiempos. Las acciones y tensiones por la lucha por los recursos, vuelven a ponernos en otro capítulo sobre las discusiones geopolíticas globales. Sir Halford Mackinder (1861-1947), para muchos, reconocido como el padre de la geopolítica,  la ciencia que estudia cómo las características físicas de la Tierra en términos geográficos interactúan con las estructuras sociales y políticas en la lucha por la influencia y el poder, previsionaba procesos en esos tiempos, que hoy en día parecieran repetirse, con características, nuevas y propias. Una disciplina que tuvo su época de oro durante la segunda guerra mundial y que pareciera, merced a los avances territoriales y comerciales en distintas partes del mundo, volver a tener ahora, una nueva era de florecimiento. Para bien o para mal, de la humanidad y la naturaleza que la contiene.

Tensiones crecientes por el acceso a los recursos naturales van mucho más allá de una genuina preocupación por la adecuada gestión del ambiente para pasar a discusiones geopolíticas y oportunismo empresarial que ha convertido a todo el planeta en lo que entendemos como una Economía de Rapiña.

Una economía que crece más allá incluso de la mera transacción comercial para pasar a apropiarse, de distintas maneras y hasta formas abyectas para acceder a recursos vitales como la tierra, el agua, los recursos energéticos y otros no renovables (minerales y los distintos elementos que la naturaleza provee). O acceder a vitales recursos biológicos o buscar apropiarse de espacios, dónde es más factible producir y obtener bienes, pero con limitadas restricciones – ya sean sociales, climáticas o geopolíticas – como los territorios templados del planeta en un caso o eriales (desiertos o “trozos de hielo) casi sin población, en el otro.  Pero en ambos casos, siempre ricamente nutritivos y apetecibles por quienes hoy detentan el poder mundial, distribuidos por esferas de influencia entre países y empresas globales corporativas de Estados Unidos, China o Rusia.

En esta moderna explotación de los recursos naturales globales dos factores se hacen relevantes, ya sea para quienes detentan el interés por su simple apropiación como para aquellos que promueven – con restringido éxito hasta ahora – una mejor gestión y comprensión de los procesos involucrados y los impactos producidos frente a distintos escenarios, uno de ellos igualmente muy pobremente elaborado y uno de los más reales en la actual coyuntura geopolítica mundial.  Se trata por un lado de la evolución de las rutas de las cadenas de suministros y por el otro lado, la identificación de dónde se encuentran los recursos naturales – que, por el comercio, la compra (como hicieran en el siglo XIX, la recolonización o por la fuerza – los países pretenden garantizarse en su acceso. Recursos que se encuentran ubicados en espacios muy sensibles para la estabilidad global. Entre ellos, claramente aquellos lugares de mayor disponibilidad de agua de calidad, tierras de calidad y elementos imprescindibles para el avance tecnológico actual (tierras raras).

En nuestros días, los “Tres Polos” se encuentran en riesgo, frente a los escenarios de cambio climático y la intensificación de los usos de los recursos de la tierra. El Ártico, la Antártida y los Himalayas son la tríada de regiones en el mundo que cuentan con entornos criogénicos extremos y tienen un papel crucial en la estabilidad climática, la hidrología e hidrogeología y las condiciones ecosistémicas vitales de la tierra.

En el caso del Ártico, una alarmante pérdida de hielo marino y glaciares representan una crisis ambiental acelerada por el calentamiento global que resulta en aumentos de los niveles del mar, la alteración de corrientes oceánicas y patrones climáticos que amenazan a los ecosistemas marinos y terrestres y sus comunidades, escasez de agua dulce y demás implicaciones ambientales y sociales.  Pero, sin embargo para otros, esto representa una oportunidad comercial y geoestratégica que lleva una nueva y acelerada dinámica del control mundial hacia los polos.

En el año 2011, tuve la oportunidad de recorrer y participar activamente del Octavo encuentro global del Panel Internacional de los Recursos Naturales (IRP 2011) en Helsinki (Finlandia), donde científicos y luego políticos, analizábamos la situación de recursos estratégicos mundiales (suelos, aguas, minerales, entre otros) y su estabilidad y situación ambiental mundial. Y, de hecho, imprescindibles para el devenir de la civilización actual.  En esos mismos días, recuerdo con claridad y a través de importantes anuncios de la prensa local y reuniones no sólo científicas sino económicas, como en otras esferas – pero en los mismos momentos y lugar – se planteaba un acuerdo mundial que siempre llamó mi atención. Me refiero a la fuerte relación existente entre los países del mundo ártico, el acceso a los recursos y la priorización de sus futuras o nuevas vías navegables.

Fue allí, en mayo de 2011, en Nuuk, Groenlandia, donde firmaron un Acuerdo de Cooperación de Investigación y Salvamento Aeronáutico y Marítimo del Ártico.  Este Acuerdo de Cooperación (Acuerdo SAR del Ártico) de 2011 fue un pacto histórico y jurídicamente vinculante firmado por los ocho Estados árticos (Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y los EE. UU.) (NUS CIL 2011) que estableció responsabilidades y procedimientos coordinados bajo la figura y pantalla de apoyo mutuo para la búsqueda y rescate (SAR) para la enorme región ártica. Pero que claramente también formalizaba un proceso de priorización de comunicaciones vinculadas al tráfico marino y aéreo, especulando quizás con los cambios por venir, relacionados al cambio climático y el derretimiento polar, formalizando la cooperación para manejar el creciente tráfico marítimo y aéreo debido al cambio climático y una mayor accesibilidad a los recursos. Pero además de esta cooperación, en los mismos tiempos se evaluaba y promovían nuevos acuerdos entre estas naciones analizando la posibilidad de acceder a petróleo, minerales y otras tierras en estos yermos espacios.

La actual discusión de pertenencia de Groenlandia y su futuro, a quince años de estas reuniones, ponen luz sobre los intereses en pugna. Luego de la guerra de Ucrania, la Federación Rusa, se retiró de este acuerdo, pero los países nórdicos sí continúan en el mismo, ahora enfrentados a nuevas tensiones, pues el camino que se abre en esta Ruta del Mar del Norte y la Ruta del Ártico (deberíamos sumar a la también llamada Ruta de la Seda del Norte, que pone aún más tensión a la cuestión, sumando a China), es más apetecible ahora que antes, a lo que se suma, la enorme presión por el acceso a los recursos de Groenlandia. Mientras que, por otro lado, los científicos continúan intentando alertar al mundo sobre los efectos del derretimiento o melting en tan extenso territorio (Gilliver 2026). Aún la región, prácticamente no ha puesto en explotación estos recursos especialmente minerales – hay sólo dos minas abiertas – pero el mapa del Servicio Geológico de Groenlandia (GEUS 2026) informa con claridad lo que está ya identificado como potenciales menas. Sumamos algo también interesante, que es que posiblemente sólo en Groenlandia se han detectado – el otro lugar es la luna, donde ya hay otra carrera por el acceso a este “nuevo oro tecnológico” entre China y EE.UU. – escapes de un gas, de proporciones mínimos en la superficie de la tierra, el Helio 3 (He3). Quizás también por esto, haya un interés especial de las superpotencias. El Helio 3 (Olson y Sharp 2022) es un isótopo raro y no radiactivo del helio, que se presenta como crucial para la futura energía de fusión nuclear al tener una capacidad de producir energía limpia pero con pocos residuos radiactivos. Las tierras raras (unos 17 elementos, desde el lantano, cerio, neodimio y europio— además del escandio y el itrio) (FN 2026, IRP 2026), algunos de los cuáles estarían disponibles también en Groenlandia (CSIS 2026).  Quizás esta desincentivación de los apoyos financieros, desprecio al análisis científico o una crítica desproporcionada a los alertas sobre los impactos del cambio climático y la pérdida de articulaciones con las Naciones Unidas de la principal potencia global (EE.UU.), devengan del conocimiento que se tiene de esto, el interés comercial inmediato y beneficios coyunturales que se tienen sobre la apertura de estas rutas que les pudieran proveer, potenciadas – si el mundo no hace nada – por el cambio climático.  Y claramente las tensiones adicionales y presiones, por las vías comerciales y diplomáticas de otras potencias globales.  Evidente, que cuando tres gigantes pelean, son las hormigas, las que sufren. Siempre que estas no reaccionen o no se asocien en comunidad, como en un hormiguero.

La Antártida no está pasando tampoco por un gran momento. Siendo uno de los continentes, en términos geológicos más antiguos – sus tierras pertenecieron al supercontinente de Gondwana – guarda en su acervo no sólo riquísima disponibilidad de materiales sino registros de la historia climática del planeta en sus núcleos de hielo y su gran espacio terrestre, aún cubierto por los hielos, vinculados al acervo biológico y geológico de la tierra. El 70 % del agua dulce del planeta se encuentra aquí. El 98 % de su superficie se encuentra cubierto de hielo, cuyo espesor en algunos lugares llega a los 5 km. La National Geographic Society reconoció la existencia del océano Antártico, como el quinto océano de la Tierra, por su ecosistema único y características diferentes al resto de los océanos. El océano Glacial Antártico rodea completamente a la Antártida, y junto al Glacial Ártico son los únicos océanos en circundar el mundo de forma completa. El segundo mencionado, ya en un acelerado proceso de derretimiento. Antártida es importante por muchos motivos para la humanidad, incluso como acervo de materiales a resguardo procedente de otras regiones del globo. Una “nueva arca” – emulando la de recursos genéticos en la isla de Svalbard, Noruega – pero hoy día del acervo de hielo mundial (Imagen), comienza a resguardar material en Antártida. Esta caverna de hielo creada por el hombre, situada cerca de la base de investigación franco-italiana Concordia, en la alta meseta antártica, fue inaugurada el 14 de enero pasado. Muestras de glaciares desde Bolivia hasta Tayikistán se unirán a ellos en los próximos años, mientras los científicos se apresuran a intentar preservar este registro natural de la criosfera de nuestro planeta antes de que se derrita.  Materiales relevantes para conocer la historia de la tierra, que vamos perdiendo. El hielo, siempre diferente, desde distintas regiones, guarda información irreemplazable sobre el clima global. «Todas las muestras son diferentes: los núcleos de hielo de regiones no polares nos revelan la historia del clima regional del que proceden» (Wilks 2026). No obstante, Antártida pierde cientos de miles de millones de toneladas de hielo al año, a un ritmo que se acelera y que lleva a algunos científicos a emular lo sucedido en el Norte del mundo, bajo un proceso que han dado en llamar “groenlidazación”. El «deshielo descontrolado» de las capas de hielo, causado por la intrusión de agua oceánica cálida entre el hielo y la tierra sobre la que se asienta  (Bradley y Hewitt 2024) está comprobando, día a día, la aceleración de un proceso que impacta no sólo sobre la Antártida sino sobre el globo terrestre completo.

Imagen: La entrada a la cueva de hielo (Antártida) Fotografía de Vito Stonzione vía Ice Memory Foundation (2026)

El Tratado Antártico, firmado en 1959, y vigente desde 1961,  no tiene fecha de vencimiento y está diseñado “para durar indefinidamente”, aunque una de sus cláusulas permite su revisión a partir del año 2048. Entre los signatarios del Tratado hay siete países (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido) con reclamos territoriales, que en algunos casos, se solapan en parte sobre los mismos territorios. Otros países no reconocen ningún reclamo. Y dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia consideran que tienen “fundamentos para reclamar”. Y seguramente, en mundo debilitado lo harán de hecho, de no mediar, acciones concretas de las naciones que ocupan con fines científicos la Antártida, desde hace más de 120 años. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que instauró la primera base científica. Me refiero a la Base Orcadas, establecida por Argentina en la Isla Laurie (Orcadas del Sur) el 22 de febrero de 1904, convirtiéndose en el asentamiento humano estable más antiguo al sur del continente. Pero en un mundo, donde el sistema multilateral está en crisis de supervivencia y la ONU continúa de Cumbre en Cumbre con discursos banales (Pengue 2025, Pengue 2023), el conflicto sobre los recursos está en ciernes. Una base militar inglesa que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas (pertenecientes a la República Argentina) y apoyada por la OTAN es una llamada de atención sobre las formas de control y acceso a recursos y rutas estratégicas, también en el sur del continente americano. Argentina ha reclamado pacífica e históricamente por este territorio, que es parte unívoca no sólo de la República Argentina, sino que pertenece al continente sudamericano, hasta por su plataforma continental.

El “Tercer Polo”, los Himalayas, están bajo las mismas tensiones, tanto climáticas como geopolíticas. Maurer (2019) informaba unos años atrás que la pérdida del hielo en los glaciares del Himalaya se ha acelerado desde el año 2000: cada año cerca de medio metro de hielo se derrite por el aumento de las temperaturas. Analizando 650 glaciares del Himalaya, es decir el 55% de todo el hielo de la región, que ocupa una superficie de oeste a este, de 2.000 kilómetros, se detectó comparativamente que, en 1975, la zona del Himalaya presentaba una masa de hielo del 87 %, que se mantuvo en el año 2000 y bajó en 2016 a un 72 %. Es decir, en cuestión de cuatro décadas se ha perdido una cuarta parte de su masa. En todos los casos, las consecuencias no son sólo “ambientales o climáticas”. Impactan directamente sobre la economía y la población, poniendo en riesgo directo a casi mil millones de personas. Los datos científicos se han fortalecido con más información que sustenta lo marcado y con una aceleración de las tendencias, que alertan que para el año 2100, más del 75 % de los glaciares del Himalaya habrán desaparecido. Esa falta de agua implica problemas para la irrigación, la agricultura, la ganadería, el desarrollo de las ciudades,  la energía hidroeléctrica y el acceso a agua potable y a un saneamiento saludable. Aunque el deshielo ha producido agua que circula libremente por el terreno, la llamada escorrentía, a medio y largo plazo producirá una creciente escasez de agua.

Celeste Saulo, directora general de la Organización Meteorológica Mundial, recordó que nuestros glaciares ya están desapareciendo rápidamente. Resalta Saulo: «Desde 1975, los glaciares han perdido el equivalente a un bloque de hielo del tamaño de Alemania y de 25 metros de espesor». Además, «La información perdida – que estos contienen – jamás podrá recuperarse«.

El año 2025, había sido declarado por las Naciones Unidas, como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Declararon, además, la proclamación del día 21 de marzo de cada año como Día Mundial de los Glaciares a partir de 2025 (UN Glaciers 2025).

En América del Sur, los glaciares – en la mayoría de los casos – están en retroceso, impulsados especialmente por el cambio climático y amenazados – en varios países – por las actividades extractivas. Son los glaciares, los que alimentan los “ríos voladores” (Pengue 2024) y facilitan un ciclo hidrológico que también la región puede perder en muy pocas décadas, afectando a los grandes países productores de alimentos y sus poblaciones. Países de la Región Andina, del Sur Americano como Argentina tienen casi 17,000 glaciares, la mayoría en los Andes (cerca de 16,000), mientras que Chile posee más de 26,000. La mayor concentración de cuerpos de hielo se encuentra en la Patagonia Sur, que incluye los campos de hielo, aunque los Andes Centrales y Desérticos tienen la mayor cantidad de glaciares pequeños, incluyendo los de escombros.

No obstante ello, estas fábricas de agua, están hoy en día amenazadas y bajo tensiones permanentes. A pesar de la restringida mirada economicista, se pueden agotar y desaparecer, generando costos – externalidades negativas – relevantes que pueden cancelar la vida productiva y el desarrollo de regiones enteras. En el caso de la Argentina, una legislación vigente, de vanguardia para el cuidado ambiental y social, está hoy en día, bajo amenaza por un nuevo proyecto de Ley, por presiones de distinta índole, entre ellos, el interés minero. La Ley Nacional de Glaciares (26.639) brinda una protección integral a los glaciares y al ambiente periglacial, asegurando su existencia y una relevante cadena de valor, que va desde componentes ambientales, climáticos, sociales hasta la protección de intereses económicos y productivos regionales. El proyecto de ley, que pretende anular la actual ley de protección de glaciares, llamado por su críticos, como Ley antiglaciares. Uno de los constitucionalistas más respetables de la Argentina, el Dr. Daniel Sabsay, indica “que no solo desconoce el texto constitucional, sino también cómo funcionan los ecosistemas. En rigor, el ambiente y los glaciares no saben de fronteras” (Sabsay 2026). Un proyecto minero, en su etapa de extracción, dura en promedio unos 30 años como máximo. Un glaciar brinda agua suficiente para el desarrollo productivo por centurias.  Como indica el Dr. Miguel Auge, Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y experto internacionalmente reconocido en hidrogeología , «No cabe duda que necesitamos de los minerales para la mayoría de las actividades industriales y humanas, pero ello no justifica el empleo de técnicas como el open pit, que daña severamente la calidad y la disponibilidad del agua, del suelo, de la biota y del aire, en la vecindad de los yacimientos, haciendo que dichos recursos sean prácticamente irrecuperables luego de finalizar la actividad minera. Los daños mencionados aplican tanto a las explotaciones vecinas a los ámbitos periglaciares, como a otras alejadas de los mismos.» (Auge 2026).  Hoy esta Ley, está bajo amenaza por los intereses coyunturales y las políticas de corto plazo, que ponen en riesgo la estabilidad de regiones enteras, sin percatarse de sus impactos o quizás con el objetivo concreto de buscarlos.  La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (AACA 2026) acaba de expedirse en forma totalmente opuesta a cualquier cambio que se quisiera hacer a una ley que protege y gestiona adecuadamente tanto a los glaciares como al ambiente periglacial.

Estas fábricas de agua, claramente no sólo sacian la sed del mundo y sus ecosistemas, sino que nutren con la misma, la base principal de esta civilización: el sistema mundial de producción de alimentos. Entre tierra, agua, biodiversidad y energía, tenemos una serie de conexiones (IPBES 2024), que, hasta ahora, ni los decisores de políticas vinculadas a la sustentabilidad y la estabilidad planetaria ni los mismos sistemas científicos, se han dedicado a analizar en profundidad y toda su complejidad.  Frente a la acelerada discusión planteada por los tres grandes actores globales actuales  (EE.UU., China y Rusia), sus esferas de poder la cuestión de garantizarse recursos hídricos y los intangibles ambientales y servicios naturales involucrados, es un punto adicional en estas tensiones crecientes.

El 17 de enero pasado, la firma – luego de 25 años de dilaciones europeas – acelerada del Acuerdo Unión Europea – MERCOSUR, aparece más como un esfuerzo por ampliar mercados y garantizarse de alguna forma, una cadena de suministros básicos, en función de escenarios conflictivos, comerciales o hasta bélicos posibles, por parte de Europa. Que esperemos no sucedan. Seguramente la experimentada Europa recuerda, que fue América del Sur, en la figura de países como Argentina y Uruguay,  la gran proveedora de alimentos de su región, durante y especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes posiblemente no lo tengan en cuenta, pero sí sus mayores. No obstante, el Parlamento Europeo, rechazó la firma y recomendó su paso a la justicia, por lo que, el acuerdo firmado no avanzaría inmediatamente y seguramente dependerá también de los vaivenes geopolíticos y tensiones, no sólo internos, sino externos. Es claro que con el acuerdo, en términos biopolíticos,  Europa accedería a ampliar su huella ecológica y, de hecho, también hídrica y de nutrientes (extracción de nutrientes del suelo), al importar alimentos de calidad desde la región sudamericana: Los EU-27 representan la tercera parte de la superficie del MERCOSUR (cuatro millones vs. doce millones de kilómetros cuadrados). MERCOSUR puede convertirse – aprovechando e imponiendo las adecuadas salvaguardas ambientales en coincidencia europea – en la Gran Cuenca Alimentaria del planeta.  Lo que algunos olvidan, es que esta Gran Cuenca Alimentaria, depende de las arterias que los recorren: los grandes ríos. Y estos dependen, de los glaciares, que los nutren. La mayoría en la Cordillera de los Andes (y en menor cuantía actual desde los Macizos Guayanés y Brasileño, hoy sin hielo). Cuando hay miles de kilómetros de distancias entre las fuentes y los consumos, los ciudadanos olvidan y no logran dirimir, la relevancia de su adecuada gestión y la necesaria preparación y previsión frente a los escenarios de cambio climático.  Un esfuerzo europeo por mantener algo del multilateralismo golpeado, que puede generar beneficios mutuos, de impulsar por un lado, salvaguardas ambientales en el Sur y también reconocer, la relevancia de retirar los subsidios distorsivos en el Norte, que los políticos de Bruselas, promueven recurrentemente para sostener una bastante ineficiente agricultura europea.  Y en ambos casos, promover “nuevas formas de hacer agricultura”, como modelos producción agroecológica, que, en América Latina, crecen y muestran su valor tanto en términos productivos, como en sociales y ambientales. Un mercado entre el Atlántico Sur Oeste y el Atlántico Norte Este de casi 800 millones de habitantes, que pueden beneficiarse también en salud, de implementarse sistemas alimentarios sostenibles en ambos lados del mundo. No obstante, el overlapping en el uso de las tierras de Sud América y sus impactos ambientales y sociales, deberían ser entendidos y considerados en estas cuentas comerciales. Son externalidades que los científicos han estado evaluando y poniendo sobre la mesa, los costos ambientales de procesos de intensificación en el uso de los recursos que maximizan el potencial ambiental del MERCOSUR:  tierras, agua, biodiversidad, energía. Una región que además, no tiene restricciones climáticas relevantes como por el contrario, sucede en Europa.

La circulación mundial de la producción internacional de productos básicos y elaborados, está cambiando. Y para ello, se necesitan recursos. La metabolización del sistema global, aún se ancla en bienes físicos, aunque la demanda de energía y agua para impulsar muy nuevas formas de producción comienza a crecer aceleradamente. Seguimos yendo hacia un creciente metabolismo social e hídrico, con cambios de tendencias en las últimas décadas, que son justamente parte de los emergentes que nos tienen hoy al mundo en vilo. La huella hídrica y el agua virtual fluye de uno a otro continente. Las mercancías son las que las utilizan o llevan (Imagen), sumada a la creciente demanda de energía y agua de los sistemas tecnológicos que hoy crecen y reemplazan personas y procesos como la llegada y especialmente el uso de la inteligencia artificial en todos los procesos sociales.  En este punto, la combinación en demandas energéticas, materiales y tierras raras para el impulso de tecnologías de punta, sigue creciendo y como puede verse en la imagen, el flujo se ha orientado más hacia China, en detrimento de los otros países (UE y EE.UU.).

Fuente de la imagen: Ehsan Soltani, publicada por primera vez en Voronoi por Visual Capitalist el 7 de julio de 2025 .

En el año 2000, Estados Unidos y la UE dominaban el comercio con gran parte del mundo. Para 2024, China los había superado y se había convertido en el mayor socio comercial de casi toda Asia, África y Sudamérica. El documento de Visual Capitalist muestra cómo ha cambiado el dominio del comercio global durante el último cuarto de siglo. Y los científicos pueden analizar, cómo el flujo de materiales, energía y agua impactan sobre los distintos ecosistemas y las sociedades que estos contienen en el planeta.

Hoy, aún más que ayer, el mundo se enfrenta a tensiones hídricas crecientes. Son cada vez más, los países que no tienen agua suficiente, siendo que la sequía, no es ya una causa o “castigo natural”, sino humana. Antes los países iban a la guerra por el agua. ¿Irán nuevamente adelante, sin medir las consecuencias de un nuevo mundo bélico, sacrificando a generaciones jóvenes y su futuro? Estando en el siglo XXI, deberíamos sostener el optimismo y también hacer escuchar a la mejor ciencia, para saber decir que no. Pero el tema hídrico, bajo tales tensiones, sin cooperación internacional y frente al quiebre de un multilateralismo, que al menos en algunas cuestiones ha servido para que el grande no se coma a los chicos, la preocupación crece. A ello se suma, el derretimiento en los casquetes que abren nuevas rutas navegables que garanticen suministros y control geopolítico y el acelerado derretimiento de los glaciares de todo el mundo, que pone aún más tensión en países enteros. Desde México hasta Brasil, desde Cisjordania a Australia, la recurrencia de sequías, el uso de los ríos y el hambre de agua generado, produce crecientes tensiones en regiones enteras.

La ciencia hace años elabora sus mapas de huella hídrica y agua virtual (Pengue 2023), dando cuenta de los usos y los flujos de agua invertida y necesaria para la producción, transporte y consumo. La UNESCO alertó hace pocos años, sobre el enorme gap que enfrentamos entre la oferta de agua disponible y su consumo. A lo que también hace años también el reconocido científico John Anthony Allan, creador del concepto de agua virtual,  se preguntaba: ¿Habrá una guerra por el agua? No lo sabemos. No es únicamente por su disponibilidad ahora, sino por el acceso al uso y control de las principales vías navegables y ahora también, los apetecibles recursos naturales globales. Las nuevas mencionadas precedentemente vías navegables como las que, hasta ahora, han permitido fluir las materias primas del corazón mismo de todos los continentes, alimentadas directamente por glaciares hacia vías navegables interiores a través de las cuales se produce la mayor circulación de materias primas y productos elaborados. Tres de ellas se encuentran en Asia (los ríos Mekong, Yangtsé y Ganges),  cuatro en Europa (Danubio, Rin, Volga y Dniéper), una en África (el Nilo) y las cuatro restantes en América del Sur (Amazonas, Orinoco, Magdalena y la llamada Hidrovía Paraná- Paraguay).

No obstante, en esta complejidad sociedad-naturaleza, nada está escrito. Para bien o para mal, la sociedad global, evoluciona, cambia. Sin un sentido predeterminístico. Lo desconocemos. Recordemos que Pierre Bourdieu analizó los cambios sociales desde la dinámica de la reproducción y la lucha dentro de los campos sociales. Allí las clases sociales buscan de alguna manera, mantener o transformar su posición a través del capital – ya sea económico, cultural, social o simbólico – criticando un pesimismo de la reproducción y apoyando activamente movimientos sociales en sus últimos años contra el neoliberalismo, mostrando cómo la resistencia y la lucha política generan cambio social más allá de la mera herencia estructural. Pues bueno, el tiempo lo dirá.

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UN Glaciers (2025). 2025 Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. https://www.un-glaciers.org/es

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA). 

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue  

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

En la actual era de las tecnologías disruptivas, el dato ha dejado de ser un mero insumo técnico para erigirse como el activo estratégico más valioso del siglo XXI, superando incluso al petróleo en términos de influencia geopolítica y control social.

Este fenómeno, analizado en el marco del Sexto Diálogo Internacional de Juristas, plantea una reconfiguración profunda de los conceptos de soberanía, transparencia y regulación, obligando al derecho a evolucionar ante un ecosistema donde el poder algorítmico y el flujo transnacional de información definen las nuevas dimensiones de la autoridad global.

El tratamiento de esta materia prima u oro digital exige un análisis crítico que sitúe la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y privadas.

1.-EL PARADIGMA GLOBAL ENTRE MODELOS DE SOBERANÍA Y LA ECONOMÍA DEL DATO

La transformación que vivimos demanda una profunda renovación jurídica, en la que se deje atrás una postura meramente reactiva ante la privacidad y, en su lugar, se adopte una gobernanza del dato capaz de administrar la información de forma estratégica. Esto es fundamental para fortalecer la autonomía ética de la sociedad y enfrentar las crecientes desigualdades en el acceso al conocimiento, así como los riesgos asociados a un monitoreo excesivo por parte de corporaciones o el Estado.

Como señala la experta española Patricia Frade Ortea, hemos transitado del dato entendido como un registro simple al dato relacional y contextual, es decir, aquél que recoge la historia integral de cada persona —experiencias, preferencias y conductas—, transformándolo en un activo de gran peso para la competencia económica y el control político en el escenario global.

A nivel internacional, coexisten tres modelos divergentes de soberanía digital que Frade desglosa con precisión:

(I) Estados Unidos: Prioriza la innovación y el libre flujo del mercado, otorgando una amplia libertad empresarial con una regulación laxa en comparación con otros bloques.

(II) China: Ejerce un control estatal estricto, ejemplificado en sistemas de scoring social donde la entrega masiva de datos otorga beneficios o sanciones en el acceso a servicios públicos.

(III) Unión Europea: Apuesta por una soberanía regulatoria basada en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de 2018, que ha generado el denominado efecto Bruselas, influyendo en la legislación de más de 120 países.

No obstante, Frade advierte sobre los desafíos estructurales de la Unión Europea, especialmente su dependencia tecnológica de plataformas extranjeras y la falta de interoperabilidad entre sistemas, lo que fragmenta la fluidez de datos y genera una vulnerabilidad estratégica.

En consecuencia, propone elevar al Delegado de Protección de Datos (DPO) al rol de un notario de ética digital, mediador entre la innovación y la protección de derechos fundamentales.

2.-LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN MÉXICO

Frente a este escenario de hegemonía algorítmica global, las naciones con economías emergentes se ven compelidas a abandonar las concepciones tradicionales de jurisdicción para adoptar marcos de gobernanza que reconozcan al dato como el núcleo de su autonomía política y económica.

Esta redefinición de la soberanía digital no solo exige la protección técnica de la información, sino también una reingeniería institucional que sea capaz de armonizar la transparencia con la rendición de cuentas en un entorno de constante innovación disruptiva.

Por su parte, el maestro Ricardo Hernández Muñoz analiza la realidad nacional mexicana, subrayando que la soberanía hoy se define por la capacidad de procesar y proteger la información más que por la delimitación territorial física. Así mismo, destaca la relevancia de la reforma constitucional de mayo de 2025, la cual inició la transferencia gradual de facultades del INAI hacia la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Este cambio institucional busca integrar la rendición de cuentas y la ética pública en una sola entidad; sin embargo, se hace eco de las críticas sobre posibles riesgos de politización y pérdida de independencia técnica al transitar de un modelo de autonomía constitucional a uno dependiente del Ejecutivo.

Dicho nuevo paradigma, la transparencia debe evolucionar del simple acceso a documentos hacia un derecho a la comprensión algorítmica, permitiendo auditorías constantes sobre sistemas de inteligencia artificial para evitar la opacidad corporativa de las cajas negras.

Un ejemplo cotidiano del poder predictivo expuesto por Hernández es el análisis de datos en los supermercados, donde la disposición estratégica de productos —como colocar cobijas en la entrada durante temporadas de frío— no es casual, sino el resultado de un análisis que busca condicionar y garantizar resultados de venta mediante la predicción de la conducta humana.

Para fortalecer la soberanía regional, Hernández propone tres ejes estratégicos:

1.-Creación de una Carta Latinoamericana de Derechos Digitales.

2.-Desarrollo de una infraestructura pública de datos (nubes soberanas regionales).

3.-Formación de una ciudadanía digital con competencias críticas.

4.-Dignidad humana y la crítica al capitalismo de vigilancia.

3.-DIGNIDAD HUMANA Y LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EXISTENCIA

Más allá de la reingeniería institucional y los marcos normativos, el fenómeno de la datificación masiva plantea un conflicto ontológico fundamental que trasciende la mera gestión administrativa de la información.

La sistematización del excedente conductual, operada a través de procesos de rendición tecnológica, ha permitido que el mercado se apropie de la experiencia humana cruda para transformarla en productos de predicción altamente lucrativos

Desde la filosofía jurídica, el doctor Luis Javier Reynoso Zepeda aporta una visión crítica basada en las tesis de Shoshana Zuboff, alertando que la tecnología pone en jaque la dignidad humana al reducir la existencia a información explotable por el mercado. Es decir, se conciben los datos como mercancías ficticias, bienes que no nacieron para ser comercializados (al igual que la tierra o el trabajo según Polanyi), pero que el mercado ha capturado mediante procesos de incursión y habituación.

Reynoso rescata casos emblemáticos que demuestran la tensión entre innovación y privacidad:

(I) Google Street View. Un caso de incursión donde la captura masiva de imágenes obligó a los Estados a reaccionar para proteger la esfera privada.

(II) Cambridge Analytica. Evidenció cómo el control de datos puede manipular la opinión pública y minar la confianza comunitaria en los sistemas democráticos.

(III) Neuralink. Tecnologías transhumanistas que plantean el dilema de si el ser humano, al modificar su estructura natural con implantes, seguirá siendo el mismo sujeto de derechos o si sus pensamientos serán la nueva frontera de extracción de datos.

Por tanto, la confianza compartida es la única protección real frente a la incertidumbre del poder algorítmico, donde el exhorto es visualizar la innovación no como una ruptura violenta, sino como un método de cambio social que debe mantener siempre a la persona como un fin y nunca como un medio.

4.-LA EXPERIENCIA DE COSTA RICA Y LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA

La arquitectura normativa de la región latinoamericana exige una transición desde la mera adopción de estándares foráneos hacia la consolidación de una independencia tecnológica y jurídica real. Esta urgencia se fundamenta en que el control de la información, considerada el activo estratégico más valioso de la economía digital contemporánea.

En este orden de ideas, el profesor Jeffry J. Mora Sánchez ofrece la perspectiva de Centroamérica, resaltando que Costa Rica fue innovadora al emitir la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos (Ley 8968) en 2011, adelantándose siete años al estándar europeo.

Sin embargo, Mora reconoce que, tras casi 15 años, esta legislación requiere una modernización urgente frente a los cambios vertiginosos de la inteligencia artificial, lo que ha impulsado el Proyecto de Ley 23.097.

Mora destaca cifras y propuestas clave para el fortalecimiento de la soberanía digital:

(I) Iniciativa Eurostack (2025). Menciona el proyecto europeo que inyectará más de 300,000 millones de euros para potenciar la independencia en infraestructura, chips y una nube soberana protegida de leyes extranjeras como la US Cloud Act.

(II) Régimen de sanciones. En Costa Rica, la agencia PRODAP puede imponer multas que oscilan entre los 2.2 millones de colones (aprox. $4,000 USD) por faltas leves y hasta 13 millones de colones (aprox. $23,000 USD) por faltas gravísimas. Mora propone elevar estos montos para que sean realmente disuasorios ante grandes corporaciones.

(III) Concientización. Mientras el 69% de los ciudadanos europeos conoce sus derechos digitales, en la región latinoamericana la brecha de conocimiento es aún profunda.

CONCLUSIÓN

La convergencia de estas cuatro visiones permite concluir que la transparencia ya no es solo una política de acceso a la información, sino un activo competitivo que genera fidelidad y seguridad jurídica. Como bien se ha discutido, la soberanía digital no implica aislamiento, sino la capacidad ética de decidir colectivamente sobre el procesamiento de la información para evitar que el ciudadano se convierta en un mero producto.

El reto futuro, según el panel de expertos, radica en armonizar la innovación con la justicia informacional. Esto implica no solo regular los datos con visión, sino compartirlos con confianza bajo un marco de responsabilidad compartida que proteja la autonomía y la dignidad de cada individuo en el multiverso digital.

NOTA

Exhorto a la visualización y escucha del cuarto panel intitulado El poder de los datos: Soberanía, transparencia y regulación en el contexto nacional e internacional a través del canal digital de la Sociedad Civil Coffee Law, véase en https://www.youtube.com/watch?v=KViwNr3_Tjg

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Alejandra Galindo-Cruz, Kirey Aurora Barragán-Farías

Circulan aún entre nuestras manos vestigios de un poema que muchos mexicanos leímos alguna vez. “Amo el canto del cenzontle, pájaro de cuatrocientas voces”, impreso en el antiguo billete de cien pesos y atribuido a Nezahualcóyotl, nos acompañó durante años sin pedir permiso, pasando de mano en mano como una confidencia antigua. Quizá por eso, cuando salimos a contar aves en Navidad, esa línea hoy ausente vuelve a cantar y nos recuerda que escuchar, de verdad escuchar, es un acto cultural, científico y profundamente humano.

El Conteo Navideño de Aves es una de las experiencias de ciencia ciudadana más antiguas del mundo. Con más de 125 años de observaciones continuas, se sostiene gracias a una red de personas que cada invierno afinan oído y mirada para registrar la vida que, con plumas, cantos y colores, comparte nuestros territorios cotidianos. En Guadalajara, esta tradición cumple 22 años: dos décadas largas de madrugadas, libretas, binoculares, charlas y café; de encuentros donde la curiosidad vence al cansancio, a las desveladas y a las fiestas decembrinas

Al cierre del año pasado, más de 40 personas se sumaron al esfuerzo colectivo. Caminamos barrancas y parques, siguiendo senderos conocidos desde hace más de dos décadas, atentos a cada sombra, cada movimiento y cada sílaba en el aire. El resultado: más de 100 especies registradas. Un cenzontle multiplicado por cientos de voces: colibríes que chisporrotean, rapaces que trazan círculos lentos en el cielo, guacamayas que gritan, calandrias que cantan.

Contar aves es aprender a mirar el tiempo. Cada especie anotada es un dato que resuena desde décadas pasadas y hacia futuros posibles. La ciencia ciudadana nos enseña que el conocimiento no nace únicamente en laboratorios; también brota del asombro compartido, de la constancia y de la comunidad. No es necesario tener un antecedente científico o años de experiencia para participar, solo curiosidad por aprender y por observar nuestro alrededor con diferentes ojos. En un mundo de noticias rápidas, el conteo propone lo contrario: paciencia, método y colaboración.

Además, registrar aves en una ciudad como Guadalajara es reconocer que la naturaleza no está afuera, sino entre nosotros. La Barranca de Huentitán, tan majestuosa e invisible a la vez, ofrece no solo caminos para corredores, sino también refugio a diferentes especies de animales. Lo que ahí ocurre importa. Importa para la biodiversidad, para la salud urbana, para la memoria colectiva.

Quizá por eso la frase de Netzahualcóyotl resuena con tanta fuerza. Amar el canto del cenzontle es amar la diversidad de voces; es aceptar que el mundo se comprende mejor cuando escuchamos muchas perspectivas. El conteo navideño de aves es, en esencia, ese ejercicio: una celebración de la pluralidad, un acuerdo silencioso para conocer y cuidar lo que aún canta.

Al final del día, cuando cerramos listas y guardamos binoculares, queda algo más que datos. Queda la certeza de haber participado en una tradición que enlaza generaciones. Queda la esperanza de que, mientras sigamos escuchando y contando, el coro continúe. Porque amar el canto del cenzontle también es comprometernos a que sus cuatrocientas voces sigan teniendo dónde cantar, porque no se puede conservar aquello que no se conoce.

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Alejandra Galindo Cruz es bióloga y maestra en biosistemática y manejo de recursos naturales y agrícolas por la Universidad de Guadalajara, además de doctora en Ciencias por el Instituto de Ecología A.C. Su trabajo se enfoca en entender cómo el paisaje y el cambio climático afectan la distribución de las aves.

Kirey Barragán. Licenciada en biología y maestra en ciencias por la UdeG. Ha trabajado en proyectos de fauna silvestre en Jalisco, principalmente con aves. Su proyecto de maestría trató de aves urbanas en los parques de Guadalajara.

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Columna #8 de Crónicas del Antropoceno del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, fue publicado previamente en El Informador el domingo 18 de enero de 2026.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

El panorama del derecho contemporáneo atraviesa una metamorfosis sin precedentes, impulsada por la convergencia entre la tradición jurídica y las tecnologías emergentes.

Precisamente, en el marco del Sexto Diálogo Internacional de Juristas, un espacio diseñado para la deliberación crítica y la construcción del futuro de la justicia se ha puesto de manifiesto que la tecnología no es un mero accesorio, sino un agente transformador de la estructura misma del saber.

Dicho encuentro virtual permitió a académicos y rectores de diversas latitudes analizar cómo las humanidades digitales están reconfigurando los modos en que se genera, valida y transmite el conocimiento en el campo del derecho. La transición hacia una era digital no solo demanda nuevas herramientas, sino una revisión profunda de las bases epistemológicas que han sostenido la práctica jurídica durante siglos.

I. LA TRANSICIÓN HACIA LA HERMENÉUTICA DIGITAL

Desde la perspectiva del doctor Dante Jaime Haro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, el derecho se encuentra en medio de un giro digital.

Este fenómeno implica que las humanidades digitales surgen como un campo híbrido donde los métodos computacionales se entrelazan con la interpretación crítica tradicional. Haro Reyes sostiene que nos enfrentamos a una convergencia epistémica en la que las tecnologías digitales dejan de ser simples instrumentos para convertirse en productoras de nuevos regímenes de verdad y formas de conocimiento distribuido.

Bajo esta lógica, la epistemología jurídica, históricamente anclada en el formalismo y la interpretación textual, debe evolucionar hacia una hermenéutica digital, donde el análisis ya no se limita al papel, sino que se expande a sistemas algorítmicos complejos.

Para ilustrar esta transformación, Reyes destaca propuestas técnicas como el uso de Big Data, la minería de textos y el procesamiento de lenguaje natural. Estas herramientas permiten mapear patrones en la jurisprudencia y la doctrina de regiones como México, Latinoamérica y Europa, facilitando una visualización y simulación jurídica que representa redes de decisiones judiciales de forma dinámica.

No obstante, su visión es también cautelosa al señalar la opacidad algorítmica como una amenaza latente; los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la predicción de sentencias pueden reproducir sesgos y desigualdades estructurales si no se vigila la neutralidad de los datos.

Por ello, su propuesta institucional en la Universidad de Guadalajara se centra en la actualización de los planes de estudio para que los futuros abogados posean herramientas analíticas que permitan que la parte humana y el juicio crítico prevalezcan sobre la simple eficacia algorítmica.

II. HUMANIZACIÓN DE LA VIRTUALIDAD Y DEMOCRATIZACIÓN

Complementando esta visión estructural, el maestro José de Jesús Velázquez Hernández, representante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), aporta una perspectiva centrada en la práctica educativa y el acceso a la justicia. La UVEG, con una trayectoria de 18 años y una matrícula masiva de más de 60,000 alumnos en 100 países, gestiona actualmente a 3,986 estudiantes en su licenciatura en derecho.

Así mismo, Hernández defiende la premisa de humanizar la virtualidad, argumentando que la tecnología debe ser un puente para democratizar el conocimiento. Un dato revelador es el impacto geográfico, donde la virtualidad ha permitido que habitantes de municipios remotos y con escasa conectividad, como Atarjea o Xichú en Guanajuato, accedan a la formación jurídica, algo que hace años era geográficamente imposible.

Sin embargo, esta apertura conlleva desafíos éticos profundos, en ese sentido Velázquez Hernández relata un caso paradigmático ocurrido en 2022: al revisar una tarea sobre el juicio de paz, detectó que un alumno entregó un texto generado por una inteligencia artificial incipiente que, al carecer de contexto jurídico preciso, interpretó el tema bajo conceptos genéricos como el camino de la redención.

Este ejemplo subraya el peligro de un conocimiento desprovisto de sustento sólido que podría atentar contra la dignidad humana si se aplica sin rigor. Ante esto, la UVEG ha propuesto un Programa de Integridad Académica Institucional que no se limita a sancionar la deshonestidad, sino que, apuesta por la alfabetización digital y en inteligencia artificial, actualizando asignaturas para incluir materias sobre derecho digital y delitos cibernéticos. Hernández, sostiene que el derecho debe ser visto hoy como un ecosistema de datos culturales que requiere una aplicación prospectiva y ética.

III. LA CRISIS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO FRENTE A LA AUTOMATIZACIÓN

Por su parte, el doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio, rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, ofrece un diagnóstico más severo y necesario sobre la base cognitiva de los futuros juristas. Bravo del Carpio advierte que la facilidad de acceso a la información mediante la IA ha generado una dependencia excesiva y una superficialidad en el aprendizaje.

En ese hilo, se enmarcan cifras del INEGI y diagnósticos internos, expone una realidad alarmante: aunque el 69.6% de la población es lectora, el 60% de los estudiantes universitarios carece de comprensión lectora, el 70% no logra identificar ideas principales ni realizar inferencias, y solo el 35% demuestra poseer un pensamiento crítico en evaluaciones escritas.

Este déficit, según Bravo del Carpio, es el resultado de una cadena de desconexión pedagógica agravada por la pandemia, donde se estima una pérdida de 700 días de control de calidad educativa. En un estado con marcadas brechas como Chiapas, esto se traduce en una producción escrita pobre y una falta de autonomía intelectual donde el joven copia y pega sin verificar si la IA está fundamentando correctamente.

Por consiguiente, su propuesta para rescatar la epistemología jurídica es contundente: es vital fomentar la lógica matemática y la lectura crítica desde los niveles básicos, pero, sobre todo, rescatar la tesis profesional como requisito de titulación.

Además, se critican que las leyes actuales en México, las cuales permiten titularse por promedio, lo que a su juicio menoscaba la investigación y la capacidad argumentativa del abogado, quien en la era de la IA debe, ante todo, saber pensar y decidir para dar soluciones jurídicas válidas.

IV. CONCLUSIÓN GENERAL

En suma, el diálogo entre Haro Reyes, Velázquez Hernández y Bravo del Carpio enmarca la dirección hacia una nueva deontología en el ecosistema digital, y as u vez, revela que la transformación del conocimiento jurídico no es un proceso meramente técnico, sino una redefinición ética y pedagógica.

Mientras la Universidad de Guadalajara se enfoca en la hermenéutica digital y el procesamiento de datos, y la UVEG en la integridad académica y el acceso remoto, la Facultad Libre de Derecho de Chiapas nos recuerda que, sin comprensión lectora, la tecnología es una herramienta vacía.

La estrategia común propuesta por estos expertos para navegar el escenario de la inteligencia artificial generativa incluye la actualización de planes de estudio, la capacitación docente para enganchar a las nuevas generaciones y el refuerzo de la deontología jurídica.

Como se concluyó en este foro, el reto no es solo usar tecnologías, sino repensar qué consideramos conocimiento válido hoy. Quien sabe leer, pensar e interpretar críticamente será el único capaz de asegurar que la justicia en la era digital no pierda su esencia humana y su compromiso con la verdad.

NOTA:

Exhorto a la visualización y escucha del primer panel intitulado Epistemología en transformación: Humanidades digitales y nuevas formas de producir conocimiento jurídico a través del canal digital de la Sociedad Civil Coffee Law, véase en https://www.youtube.com/live/WM5Ug_49NxM?si=z0xSXm9wodyzOoQh 

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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La audición no solo es un sentido crucial para la interacción con nuestro entorno, sino también un elemento clave en nuestra orientación espacial y nuestra experiencia emocional. Sin embargo, pese a su importancia, el oído es un órgano que frecuentemente descuidamos, lo que puede derivar en problemas auditivos graves, como la pérdida de audición o el acúfeno.

Afortunadamente, la investigación científica ha avanzado significativamente en las últimas décadas, abriendo nuevas puertas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones.

Uno de los principales retos en la salud auditiva es el impacto del ruido en la vida cotidiana. La exposición prolongada a sonidos intensos en actividades recreativas, como conciertos, discotecas o fiestas, así como el uso inadecuado de audífonos, representa una amenaza constante para nosotros mismos. Este tipo de prácticas no solo daña físicamente las estructuras del oído interno, sino que también pone una carga adicional sobre el cerebro, que debe esforzarse por interpretar sonidos distorsionados.

Por ello, la investigación en tecnologías auditivas, como los audífonos de última generación, ha sido crucial. Estos dispositivos no solo mejoran la calidad del sonido, sino que también optimizan la experiencia auditiva al adaptarse a las necesidades específicas de cada persona.

Uno de los avances más prometedores es el desarrollo de terapias acústicas basadas en sonidos diseñadas para rehabilitar la audición. Estudios recientes han demostrado que la estimulación sonora controlada puede ayudar a reactivar la corteza cerebral auditiva, permitiendo que ciertas frecuencias perdidas vuelvan a ser audibles. Este enfoque no solo tiene aplicaciones en la pérdida de audición, sino también en el tratamiento del acúfeno, un trastorno que, hasta hace poco, se consideraba prácticamente intratable. Aunque aún queda mucho por hacer, estas terapias ofrecen esperanza a millones de personas que enfrentan problemas auditivos.

Otro campo fascinante es la relación entre el sonido y las emociones humanas. La música, los sonidos de la naturaleza y otros estímulos auditivos han demostrado tener un impacto positivo en la regulación emocional, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad.

Este conocimiento no solo tiene implicaciones terapéuticas, sino también preventivas, ya que fomenta el uso consciente del sonido como herramienta para el bienestar mental. Además, subraya la importancia de proteger nuestra salud auditiva para preservar nuestra capacidad de disfrutar de estas experiencias enriquecedoras.

El diagnóstico temprano de problemas auditivos es otro desafío que ha sido abordado gracias a los avances tecnológicos. Las pruebas que miden la respuesta del cerebro a diferentes estímulos sonoros han revolucionado la forma en que se identifican y tratan las deficiencias auditivas.

Por ejemplo, el uso de electroencefalografía para detectar la respuesta neuronal a sonidos específicos ha permitido un diagnóstico más preciso de los acúfenos. Este enfoque promete superar las limitaciones de las pruebas auditivas tradicionales, que a menudo no son capaces de detectar problemas complejos.

Sin embargo, a pesar de los avances, los desafíos en la salud auditiva persisten, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad y la concienciación. Muchas personas desconocen los riesgos asociados con la exposición al ruido o no tienen acceso a los tratamientos más avanzados debido a su costo o disponibilidad limitada en los sistemas de salud. Por ello, es crucial seguir invirtiendo en investigación y educación para garantizar que los beneficios de estos avances lleguen a todos los sectores de la población.

En conclusión, los avances en la investigación auditiva han permitido enfrentar los retos que plantea el cuidado del oído en diferentes direcciones: la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. La tecnología y el conocimiento científico han demostrado ser aliados fundamentales para preservar y mejorar la salud auditiva. No obstante, queda un largo camino por recorrer, especialmente en términos de accesibilidad y concientización. Aprovechar los descubrimientos recientes y fomentar hábitos saludables en torno a la audición no solo beneficiará nuestra capacidad auditiva, sino también nuestra calidad de vida en general.

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Luz María Alonso Valerdi y David Isaac Ibarra Zárate son profesores investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, del Tec de Monterrey, en áreas de Neuroingeniería. Entre sus proyectos de investigación destaca la Neuroacústica, donde utilizan terapias acústicas para el tratamiento de enfermedades neurológicas. Ambos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Columna publicada el 3 de marzo de 2025 en TecScience

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

En el complejo cruce entre la seguridad nacional y las garantías individuales, México se encuentra nuevamente ante un ciclo legislativo que parece ignorar las lecciones del pasado reciente.

De esta forma, el dilema que plantea la identificación obligatoria de líneas telefónicas móviles no es un fenómeno nuevo, pero su reencarnación en 2026, bajo nuevos lineamientos técnicos, reabre heridas constitucionales que se consideraban cicatrizadas con la anulación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2022.

El núcleo del conflicto reside en una tensión dialéctica: el Estado busca eliminar el anonimato para combatir el crimen, mientras que la ciudadanía se enfrenta a una entrega masiva de datos en un ecosistema digital vulnerable.

Por tanto, el presente artículo analiza la naturaleza de este nuevo registro, su precario equilibrio con la Constitución y el papel determinante que juega la CURP biométrica en este nuevo mapa de vigilancia.

1.- EL REGISTRO OBLIGATORIO DE USUARIOS MÓVILES

A partir del 9 de enero de 2026, entraron en vigor los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta normativa impone la obligación de que todas las líneas activas en el país, especialmente las de prepago —que constituyen el 83% del mercado—, estén plenamente vinculadas a un titular identificado.

Por otra parte, es importante plantear la interrogante de ¿cómo realizar el proceso? Inicialmente, los usuarios podrán optar por dos modalidades: presencial, acudiendo a los centros de atención del proveedor (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), o remota, a través de las plataformas digitales oficiales de los operadores.

El procedimiento exige la validación de identidad mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas físicas o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas morales, en cuanto al caso de extranjeros, se requiere pasaporte y número de visa o CURP temporal.

Cabe destacar que, el cumplimiento es imperativo: de no vincularse la línea en un plazo de 120 días hábiles tras el inicio de la implementación (aproximadamente junio de 2026), el servicio será suspendido, permitiendo únicamente llamadas a servicios de emergencia como el 911.

2.-ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD, UN RECORDATORIO DEL FANTASMA DEL PANAUT

La validez jurídica de este registro se enfrenta al robusto precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, de la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, donde el Tribunal Pleno determinó que el almacenamiento masivo de datos personales y sensibles constituye una intromisión intensa y desproporcionada en los derechos a la privacidad e intimidad.

Como lo señaló la SCJN, la finalidad referente al registro y control de las personas a través de un Padrón de líneas telefónicas móviles no es constitucionalmente válida, pues no existe en el texto constitucional un valor referido a ‘controlar y supervisar a los seres humanos.

Bajo esta tesitura, el nuevo registro de 2026 intenta evadir la inconstitucionalidad al descentralizar el almacenamiento: la información será resguardada por las empresas operadoras y no por una base de datos estatal centralizada.

Sin embargo, organizaciones como R3D advierten que mantener cualquier registro obligatorio anula en la práctica la protección de datos personales, al trasladar el peso de la seguridad pública al ciudadano común.

3.-RELACIÓN CON LA CURP BIOMÉTRICA EN EL MARCO DE CONVERGENCIA CON LA IDENTIDAD

Un factor crítico que intensifica el dilema es la implementación paralela de la nueva CURP con datos biométricos, reconociendo la reforma a la Ley General de Población, en su artículo 91 Bis, que la define como el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

En consecuencia, existe una discrepancia política y legal en este punto, mientras la presidencia de la República ha manifestado que la entrega de datos biométricos es opcional, el texto legal establece una obligatoriedad que alcanza a todos los entes públicos y privados para la prestación de servicios.

Por otro lado, en la práctica, operadores como Telcel han indicado que la CURP biométrica será el documento preferente para el proceso de vinculación de líneas, integrando de facto la identidad biométrica del ciudadano con su actividad en las redes de telecomunicaciones.

4.-PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CIBERSEGURIDAD

La premisa de seguridad que sustenta el registro choca frontalmente con la realidad de la ciberseguridad en México. A pesar de que los nuevos lineamientos prohíben expresamente a los operadores almacenar datos biométricos de este proceso específico —limitándose a la validación contra las bases del RENAPO—, los operadores sí conservarán el nombre, domicilio y CURP/RFC.

Consecuentemente, el riesgo de filtraciones masivas es latente, por ejemplo, durante 2025, se reportaron brechas de seguridad en las principales operadoras del país, lo que expuso datos de millones de usuarios. Como argumentaron los senadores ante la SCJN, el daño potencial por la filtración de un padrón nacional es infinitamente mayor al beneficio hipotético en el combate a la delincuencia, ya que la base de datos podría convertirse en un insumo para la delincuencia organizada.

Además, la norma ignora que el crimen organizado utiliza cada vez más servicios de voz sobre internet (VoIP) y numeración internacional, herramientas que el registro tradicional de tarjetas SIM no puede rastrear.

5.-PROPUESTAS DE DEFENSA: ¿QUÉ HACER ANTE EL REGISTRO?

Si el usuario considera que esta medida vulnera su esfera jurídica, existen mecanismos de defensa técnica y legal:

1.-Juicio de Amparo Indirecto. Conforme a la Ley de Amparo, los ciudadanos pueden impugnar normas generales que causen perjuicio desde su entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación. Organizaciones civiles (Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC) ya han promovido amparos colectivos contra paquetes legislativos de vigilancia similares.

2.-Derechos ARCO. El usuario conserva el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre sus datos personales en manos de particulares. Es fundamental exigir el aviso de privacidad integral para conocer el destino exacto de la información entregada.

3.-Soberanía Digital. Una propuesta de valor radica en impulsar una Ley de Servicios y Mercados Digitales que establezca responsabilidades democráticas a las plataformas y transparencia algorítmica, en lugar de centrar la vigilancia en el hardware (la tarjeta SIM).

CONCLUSIÓN GENERAL

En definitiva, la implementación del registro obligatorio de usuarios móviles en 2026 representa un retorno a políticas que la máxima instancia judicial del país ya calificó como desproporcionadas. Aunque la intención de fortalecer la seguridad pública es legítima, los medios empleados —la recopilación masiva y el condicionamiento de un servicio esencial a la entrega de datos de identidad— parecen ignorar que existen alternativas menos invasivas, como la geolocalización en tiempo real sujeta a control judicial previo, la cual ya está prevista en el marco legal vigente.

Bajo esta tesitura, el ciudadano queda atrapado en una encrucijada: ceder su privacidad ante un sector privado con antecedentes frágiles en ciberseguridad o enfrentar la desconexión digital en una sociedad donde el acceso a las tecnologías de la información es un derecho constitucional.

La descentralización de los datos en manos de las operadoras mitiga el riesgo de un control estatal orwelliano, pero multiplica los puntos de vulnerabilidad para el robo de identidad y el fraude digital.

Finalmente, es imperativo que el debate se desplace de la vigilancia reactiva hacia una cultura de ciberseguridad integral que proteja los derechos digitales de manera equitativa. Es decir, la confianza ciudadana no se construye mediante decretos de obligatoriedad, sino a través de la eficacia probada de las autoridades y la protección infranqueable de la dignidad humana en el ciberespacio. Sin estas garantías, el registro de 2026 corre el riesgo de ser otro ejercicio burocrático estéril que solo expone a quienes ya cumplen la ley.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. (2025). Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles. Diario Oficial de la Federación.

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales. (2025). El registro de usuarios de telefonía móvil anula en la práctica el derecho a la privacidad y protección de datos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2025). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2025.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.

Ley General de Población. (2025). Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La intersección entre el derecho y la tecnología ha dejado de ser una frontera especulativa para convertirse en el epicentro de una transformación sistémica. En particular, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) atraviesan una metamorfosis impulsada por la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) y la emergencia de sistemas agénticos. 

Esta evolución no solo promete una eficiencia sin precedentes, sino que nos obliga a redefinir la arquitectura misma de la justicia. Como advierte Szalai (2025), nos encontramos ante un escenario donde los contratos podrían derivar disputas hacia robot-jueces automatizados, alterando el acceso tradicional a los tribunales en un giro que recuerda a una dimensión paralela de la realidad jurídica.

1.-LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS MASC: HACIA LA CUARTA OLA DEL ODR

La relación entre la IA y los MASC ha evolucionado desde sistemas simples basados en reglas hasta la actual sofisticación del procesamiento de lenguaje natural. Históricamente, el campo de la Solución de Controversias en Línea (ODR) ha transitado por diversas etapas, llegando hoy a lo que se denomina la cuarta ola, caracterizada por la integración de la IA predictiva y el cambio de enfoque de la resolución a la prevención de conflictos.

En el orden planteado, la IA ya no es un mero repositorio de información, dado a que hoy en día, actúa como un asistente dinámico que ayuda a los neutrales a entender y generar lenguaje humano a niveles avanzados, identificando patrones y anomalías en minutos. 

Según Sarmiento Vargas (2024), la IA permite I) apoyar la labor judicial, II) contener el litigio mediante análisis predictivos y III) sustraer disputas del aparato jurisdiccional hacia entornos más ágiles. En este contexto, los agentes inteligentes —códigos capaces de percibir su entorno y actuar de forma racional— se perfilan como los nuevos mediadores de la eficiencia.

2.-EL HITO NORMATIVO: LA LGMASC EN MÉXICO

El Estado Mexicano ha dado un paso de vanguardia con la expedición de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (LGMASC) en 2024. Esta normativa es de orden público e interés social, y establece las bases para una Solución de Controversias en Línea que trasciende la simple digitalización.

De esta forma, la LGMASC introduce conceptos revolucionarios como los sistemas de justicia descentralizada, basados en protocolos de votación y automatización mediante blockchain, y los sistemas automatizados, programas que utilizan aprendizaje automático y redes neuronales para realizar tareas de inteligencia artificial en la resolución de conflictos.

Un aspecto crucial de esta ley es la exigencia de transparencia algorítmica, definida en su artículo 88 como el «conjunto de medidas y prácticas para hacer que los algoritmos utilizados por los sistemas automatizados sean visibles, comprensibles y auditables». 

La ley reconoce expresamente que los MASC pueden tramitarse íntegramente de forma asincrónica o mediante sistemas híbridos, otorgando a los convenios resultantes la calidad de cosa juzgada.

3.-REQUISITOS JUDICIALES PARA LA IA GENERATIVA EN EL RAZONAMIENTO LEGAL

A pesar de su potencia, la integración de modelos de lenguaje (LLMs) en el razonamiento judicial enfrenta retos estructurales, precisamente, Linna y Linna sostienen que, en casos complejos, las fases de Regla (R) y Aplicación (A) del modelo IRAC (Problema-Regla-Aplicación-Conclusión) son las más difíciles de automatizar debido a la amplia discrecionalidad requerida.

Un sistema confiable de IA en el ámbito judicial debe ser capaz de navegar jerarquías legales nacionales, gestionar disposiciones contradictorias y aplicar correctamente la carga de la prueba.

Ahora bien, la investigación subraya que los LLMs actuales, por su naturaleza probabilística, pueden sufrir de una pobre calibración en su nivel de certeza, lo que podría socavar la justicia procedimental si se aplican sin supervisión humana. Por ello, Linna y Linna concluyen que el rol más efectivo de la IA hoy es dual: «como un asistente de alto volumen para casos simples y repetitivos, y como un sofisticado ‘compañero de entrenamiento’ (sparring partner) para expertos humanos en asuntos complejos».

4.-DIRECTRICES GLOBALES: UNESCO Y EL USO DE SISTEMAS DE IA

La UNESCO (2025) ha publicado directrices que establecen 15 principios universales para el uso de la IA en cortes y tribunales. Entre ellos destacan la supervisión humana, la seguridad de la información y la no discriminación. 

Dichas pautas son enfáticas en que el despliegue de estas tecnologías no debe anular la imparcialidad de los jueces ni reemplazar el análisis independiente de hechos y evidencia.

En concordancia con lo expresado, la recomendación central es que las organizaciones judiciales deben implementar marcos de rendición de cuentas, como la evaluación de impacto algorítmico, antes de poner en funcionamiento cualquier herramienta. Además, se advierte contra el uso de LLMs para sustituir testimonios de testigos expertos, dada la opacidad con la que el sistema infiere a partir de sus datos de entrenamiento.

5.-SMART RESOLUTIONS: EL DILEMA DE LA AUTOMATIZACIÓN TOTAL

Nadia Ahmad (2025) explora en su análisis si un algoritmo puede realmente reemplazar a un árbitro humano para crear un laudo justo y ejecutable. Si bien reconoce que la IA reduce el error humano derivado de la fatiga o la memoria limitada, destaca una brecha insalvable: la inteligencia emocional.

Asimismo, sostiene que el objetivo del arbitraje no es simplemente replicar resultados estadísticos, sino establecer nuevas doctrinas basadas en hechos específicos. 

En ese hilo, la equidad requiere desviarse de los patrones generales si las circunstancias lo exigen, un proceso que choca frontalmente con la lógica algorítmica basada en la imitación de patrones pasados. Como señala Ahmad, las decisiones automatizadas carecen de la humanidad necesaria para entender el componente moral de la ley.

6.-STRANGER DISPUTES: ¿HACIA UN ARBITRAJE «AL REVÉS»?

El debate llega a su punto más álgido con la propuesta de Szalai (2025) sobre el arbitraje mediante IA bajo el marco de la Ley Federal de Arbitraje (FAA) de los EE. UU. También se argumenta que, basado en la historia y los valores de la FAA, esta ley sería capaz de gobernar y respaldar el uso de un árbitro de IA, ya que la ley no define el término arbitraje de forma restrictiva hacia lo humano.

Szalai advierte sobre el riesgo de un futuro distópico donde el consentimiento de las partes sea apenas nominal, enterrado en la letra pequeña de contratos de adhesión. Empero, desde una perspectiva pragmática, señala que un adjudicador independiente no tiene por qué ser biológico para ser neutral; de hecho, los programadores podrían diseñar una plataforma de IA para que sea tan neutral como un adjudicador humano, o incluso más.

No obstante, lo descrito coincide en que el arbitraje humano posee un valor de validación y vindicación emocional que la máquina no puede proveer, sugiriendo que la IA sea reservada para disputas comerciales entre partes sofisticadas.

CONCLUSIÓN

La aplicación de los MASC en el escenario de la IA generativa y los agentes inteligentes es una oportunidad ineludible para democratizar el acceso a la justicia y descongestionar los sistemas judiciales colapsados. 

Sin embargo, esta transición debe ser deliberada y ética, en donde la integración exitosa no reside en la sustitución del juicio humano, sino en su aumento.

Como concluye la UNESCO (2025), el objetivo debe ser una simbiosis donde la IA actúe como un multiplicador de capacidades, mientras que la responsabilidad final y la sensibilidad moral permanezcan firmemente en manos humanas. Solo así evitaremos que el futuro de la resolución de disputas se convierta en un entorno alienante y deshumanizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ahmad, N. (2025). Smart Resolutions: Exploring the Role of Artificial Intelligence in Alternative Dispute Resolution. Cleveland State Law Review, 73(2), Art. 6.

Linna, E., & Linna, T. (2025). Judicial Requirements for Generative AI in Legal Reasoning. Tampere University & University of Helsinki.

México. (2024). Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Diario Oficial de la Federación.

Sarmiento Vargas, A. (2024). La Inteligencia Artificial y los MASC: Hacia Un Nuevo Método De Resolución De Conflictos y un Sistema Judicial Descongestionado. Universidad del Rosario.

Szalai, I. S. (2025). Stranger Disputes: When Artificial Intelligence Turns Arbitration Upside Down. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 25(2), Art. 1.

UNESCO. (2025). Guidelines for the Use of AI Systems in Courts and Tribunals. ISBN 978-92-3-100830-6.

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Nohemí Lugo Rodríguez

Hace nueve años comencé a investigar sobre autismo. Me motivó el diagnóstico de mi hijo Andrés, que entonces tenía siete. Así como un surfista creó un programa para que niños con autismo aprendieran a surfear, yo quería que mi vocación fuera útil ante una realidad nueva para mí.

Pero, ¿cómo se investiga el autismo desde la comunicación y los estudios culturales, fuera de la psicología, la salud o las neurociencias?

Comencé analizando la representación de las personas autistas y encontré que, por muchos años, habían sido representadas en medios y películas, con base en dos generalizaciones: una que los muestra como savants y otra como personas aisladas.

Marion Quirici, investigadora estadounidense en temas de discapacidad, afirma que durante mucho tiempo a los savants se les conoció como “genios-idiotas” porque, como el personaje de Rainman, tienen una habilidad excepcional en el cálculo matemático, la música o el dibujo, pero grandes retos en otros rubros.

Y aunque la idea se ha ido modificando, algunas producciones mediáticas asocian autismo y genialidad, pero también con poca empatía y torpeza social, estereotipando y reduciendo las características de las personas con autismo. En realidad, solo el 10% son savant y su inteligencia, la que medimos usualmente, es variada.

La otra gran generalización, la de personas aisladas y en crisis, fomenta estigmas y estereotipos y es más común en medios periodísticos, que por mucho tiempo los representó con imágenes de niños tras un vidrio roto o cubriéndose los oídos.

Cuando no hemos experimentado una realidad, conocemos a las personas a través de libros, películas y series. Pero yo no identificaba a mi hijo, que forma parte del 30% de los autistas no hablantes, en esas representaciones.

Tampoco estaban su sonrisa, su mirada fija y directa a los ojos cuando quiere compartir algo que lo emociona, su forma de comunicarse trayendo los objetos con los que se prepara la comida que se le antoja, ni los aspectos bellos de su sensorialidad como su disfrute de las texturas, de las hojas secas o las caminatas silenciosas por el campo. Los estudios culturales me sirvieron para enmarcar la invisibilización o la representación sesgada de las personas autistas, además del potencial de la autorrepresentación.

Cuando las personas hablan de su condición en plataformas digitales, los demás comprenden cómo es su experiencia de vida. Durante los últimos años, autistas hablantes o familiares de autistas con altas necesidades de apoyo comunican su día a día en plataformas como TikTok o Instagram. Estas voces pueden reducir los estereotipos y la estigmatización.

En el camino para intentar explicar las experiencias de violencia o menosprecio que vivimos como familia en el espacio público obtuve respuestas de mayor profundidad en los estudios de la discapacidad, un campo interdisciplinario que la analiza como construcción social, cultural y política, que estudia cómo definimos la discapacidad y qué implicaciones de inclusión, exclusión, entre otras, tiene.

Pronto, mis investigaciones se guiaron por algo que yo llamo indignación creativa, que es la necesidad de diseñar para el cambio social. Uno de mis proyectos giró en torno al diseño de recursos educativos para madres cuidadoras. Mediante métodos participativos, rescaté sus experiencias de cuidado y autocuidado para gestionar los retos en la vida cotidiana de sus hijos.

Diversos estudios confirman que las madres de personas con discapacidad tienen índices más altos y propensión a la ansiedad y depresión. En el caso específico del cuidado intensivo que requieren las personas con autismo, se suman factores como el temor a que se escapen y se pierdan o el estrés relacionado con los juicios y actitudes que puede tener la gente en el espacio público.

En el libro Transmedia Learning for Preverbal Children with Autism, hoy disponible de manera abierta, indagué sobre la influencia de la representación en el aprendizaje. Me enfoqué en el uso de dispositivos móviles para compartir y aprender de manera informal y en cómo aprovechar el gozo de las ficciones de dos niños autistas para aprender fuera de la escuela o en ella. El reto era pensar en cómo pueden aprender personas a quienes se les niega casi cualquier participación social y educativa: las personas autistas con altas necesidades de apoyo.

El día de hoy, hay más conocimiento, apertura y disposición de reconocimiento que cuando comencé a investigar. Esto se debe, en parte, a la lucha social de las personas con discapacidad (el documental Crip Camp de Netflix lo narra muy bien) y también a marcos teóricos emergentes como los estudios de neurodivergencia, que los investigadores Robert Chapman y Monique Botha definen como un movimiento social de autoidentificación que también abarca la participación de otras neurominorías como las personas con condiciones atencionales.

Actualmente, los métodos y marcos teóricos para construir el conocimiento que va dirigido a personas y comunidades con algún tipo de vulnerabilidad me parece tan importante como el propósito o el fenómeno que se estudia. El sesgo, investigar con o sin consultar con la población representada, es un asunto científico. Por ello, he enfocado mi investigación en los métodos participativos y las miradas sobre el autismo y en la capacitación a profesores, para nutrir perspectivas y prácticas en el salón de clase.

Por supuesto, aún hay mucho camino por recorrer. El concepto de neurodiversidad ha traído conflictos de sentido, existe el temor de uniformar la visión y banalizar la condición.

No debemos invisibilizar las diferencias, cada persona autista tiene necesidades dada su condición, pero también particulares dada su diferencia humana: nadie se reduce a un diagnóstico.

Hay que tener esperanza, pero también la convicción de defender los derechos y celebrar todo tipo de manifestaciones de la diversidad humana. Para mí eso significa la indignación creativa: investigar, diseñar y divulgar para un mundo más justo para las personas neurodiversas.

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Nohemí Lugo Rodríguez es profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación. Es Doctora en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra y Maestra en Literatura por Western Michigan University. Tiene 25 años de experiencia docente en universidades de México y Estados Unidos.

Columna publicada el 14 de abril de 2025, en TecScience.

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Por: Walter Pengue (Argentina)

“Una palabra nueva es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión.”

 (Ludwig Wittgenstein (1889–1951), Viena.

Las ciudades son hoy en día y más aún en el futuro, el centro neurálgico del crecimiento de la actual civilización humana. Es desde allí, de dónde se producen las mayores demandas de recursos naturales, suelos, aguas, recursos genéticos y energía para satisfacer el voraz consumo de sus urbanitas.  Ya hemos sobrepasado el límite de más de la mitad de la población mundial viviendo en ellas y en el año 2050 se proyecta que prácticamente el 70 % de la población global vivirá en ellas: megalópolis, ciudades intermedias, pueblos y caseríos.  Ciudades y pueblos que se enfrentan a escenarios de cambio climático que les obligarán – por las buenas o por las malas – a una transformación radical de su relación con el entorno, bajo escenarios de cambio climático, predecibles y alarmantes (BM 2025).

América Latina, luego de esta llamada segunda ola de urbanización, es uno de los subcontinentes más urbanizados del planeta. En promedio, casi el 90 % de su población vive en ciudades, y en grandes países – por la extensión de sus territorios – como Argentina o Brasil superan el 92 %, mientras que en México, el otro gran coloso latinoamericano la cifra ronda el 87 %. En los tres casos, como en tantos otros países, que por sus superficies, son más pequeños, la migración desde áreas rurales a zonas urbanas o las conurbaciones emergentes se hace constante.

Por otro lado, la expansión de las actividades primarias en la región, sigue creciendo de forma permanente, avanzando por un lado sobre espacios naturales o ligeramente antropizados como así también por el otro, sobre el mismo borde de pueblos y ciudades: lo rural avanza hoy en día entonces, tanto sobre lo natural como sobre lo urbano.  Los estudios sobre los primeros, dan cuenta de un creciente proceso de deforestación, desertificación y migración concurrente con un impacto muy fuerte de las actividades agroindustriales sobre el entorno. Leídas estas como un efecto tijera entre deforestación y contaminación ambiental por igual.

Pero también el efecto del avance agroindustrial sobre la propia vida de los ciudadanos de las ciudades se hace cada día más intenso y sus consecuencias comienzan a mostrarse preocupantes.

A pesar del escaso territorio ocupado, si lo comparamos con otros usos como la agricultura, las ciudades demandan para sí ingentes cantidades de recursos naturales, agua y energía, cuya satisfacción es cada día más compleja y con mayores impactos. Con el cambio global, el cambio de uso del suelo se explica en su mayoría por la expansión de las áreas urbanas y de la infraestructura a expensas de las tierras agrícolas y por la expansión de las tierras agrícolas a expensas de los pastizales, sabanas y bosques. En principio, ambos factores seguirán creciendo en el presente siglo (Pengue 2023). El crecimiento, a su vez, de estas tierras agrícolas y de sus modelos de expansión impactan doblemente, en especial con respecto a la enorme carga de agroquímicos que implican los actuales modelos. Sus residuos, pesticidas y derivados y fertilizantes sintéticos recaen de forma directa sobre las ciudades y pueblos, en especial aquellos en ámbitos rurales o inmersos en estos entornos.

El área continental mundial cubre unos 14.900 millones de ha. Tierras que son de los siete clases distintos de calidad, considerando la agricultura.  En función de diferentes fuentes, es posible inferir que el área mundial construida ocupa entre el 1 y el 3 % de la superficie mundial, tomando como base los datos emergentes del Earth Institute. En los próximos 40 años se prevé que los asentamientos e infraestructuras aumenten de un 72 a un 118 %, esto es, de unas 260 a 420 millones de nuevas ha urbanizadas, lo que significa que se cubrirá del 4 al 5 % de la superficie terrestre del planeta (Pengue 2017).

Actualmente, las ciudades consumen entre el 60 y el 80 % de la energía global, unos 10.000 millones de kWh ó 3.500 kWh/cápita/año, ó 2.000 millones de litros de combustibles fósiles (666 l/cápita/año). Asimismo, consumen el 75% de los recursos del planeta. En términos físicos, las ciudades demandan unos 247 millones de km3 de materiales por año, es decir, unos 82 km3 per cápita por año y alrededor de 6 millones de toneladas (t) de materiales de construcción, generando alrededor de 2,9 millones t de residuos sólidos y unos 200 millones de kilolitros (kl) de efluentes, muchos de los cuales ya no encuentran espacios donde ser vertidos o transportados. Además, por su demanda conjunta de energía y materiales, son responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero (particularmente, CO2), arrojando a la atmósfera un promedio per cápita de alrededor de 7 t por habitante y año (Pengue 2023).

Pero estos pueblos y ciudades, han sido diseñados, pensados y concretados, prácticamente “aislados” de la demanda de recursos, pobremente vinculados a los suelos que cementan y en algunos casos, solamente relacionados a su relación con la disponibilidad o no, de recursos hídricos. Por otro lado, muchas, especialmente pueblos y ciudades intermedias han venido creciendo acompañando la expansión agroindustrial y han quedado prácticamente rodeados de producciones primarias, que asperjan sobre estos, millones de toneladas de agroquímicos, fertilizantes y generan residuos importantes, que deberían ser reciclados y tratados adecuadamente.

En general, cuando se diseña una nueva ciudad, se definen sus límites y se proyecta su expansión y crecimiento sin tener en cuenta los recursos naturales que necesitará, ni para su proceso de construcción, crecimiento o expansión, ni en términos de la energía necesaria para su funcionamiento cotidiano. A diferencia de otros recursos como materiales, suelo y agua, el proceso de demanda que acompaña el crecimiento de la ciudad sigue una curva gaussiana, la demanda de energía de la ciudad no tiene límites y no se reduce a medida que esta sigue creciendo, justificada justamente por la creciente red intrincada de relaciones y necesidades de la misma. Este es un cuello de botella físico/energético/hídrico con el que se enfrentan las ciudades del futuro. A esto se suma el serio problema de los residuos producidos, que en los pueblos de América Latina aún, dejan bastante que desear, respecto de su tratamiento, reciclado y reutilización. Esto es especialmente más complejo aún, si nos referimos a los pueblos, poblaciones con bajo número de habitantes y villorios, los que en algunos casos ni siquiera cuentan con plantas de tratamiento.

En esta maraña de situaciones preocupantes, los pueblos rurales encuentran aún más complejidades. Por un lado, rodeados de una agricultura cada día más intensiva, que a pesar de sus esfuerzos por acercarse a modelos sostenibles de producción, aún depende fuertemente de su carga agroquímica sintética y por el otro, una acumulación de residuos urbanos y rurales que sin tratamiento, pueden convertirse en una fuente de contaminación ambiental con los consiguientes impactos en la salud humana y la naturaleza en general.  Y esto se exacerba, cuando nos encontramos en las periferias urbanas, donde el contacto con la agricultura industrial, los cinturones verdes hortícolas y florícolas intensivos, los feedlots de la ganadería más intensiva o las plantaciones de pinos u otras producciones vinculadas son la recurrencia productiva y de las que en muchos casos, dependen los urbanitas que viven allí y también se contaminan y enferman. “Los pobres venden barato”, pregonaba un reconocido economista ecológico.

La problemática ha sido abordada – cuando lo ha sido – intentando promover bandas de restricción agroproductiva en el propio borde de las ciudades. Aplicadas en muchos casos sin un profundo análisis técnico, localizado y ajustado a la coyuntura productiva que trajo un poco de aire fresco por algún tiempo pero creo un nuevo problema que es la discusión con los propietarios de esas tierras, que no encuentran una salida productiva – en lo industrial – hasta ahora.

En países como la Argentina, el planteo de bandas de restricción productiva se fue dando como resultado de la presión de los propios ciudadanos locales para no recibir las fumigaciones directamente sobre sus cabezas. Nacieron de esta forma la red de Pueblos Fumigados o Paren de Fumigar como una discusión y búsqueda de alternativas viables para intentar detener el avance de lo agroindustrial más contaminante y tóxico sobre las propiedades, el suelo, el agua de consumo o el propio aire que los urbanitas aspiran diariamente. Y es allí, donde desde el GEPAMA, en FADU de la Universidad de Buenos Aires, se ha venido estudiando conspicuamente desde hace dos décadas,  la enorme oportunidad que se podría tener en beneficio de todos los actores, de mediar la posibilidad de promover modelos productivos basados en prácticas sostenibles como la agroecología o incluso sistemas de producción orgánicos, biodinámicos o restaurativos y protectivos frente al embate industrial.

Las crisis económicas o ambientales también generan ciertas oportunidades. Argentina lo vivió a principios del presente milenio y Europa le siguió después de 2008. En ambos casos, las propuestas agroecológicas emergieron y dieron soluciones. Hoy mismo en España, además de la producción agroecológica en ciudades como Madrid, Granada, Barcelona o Córdoba, se suma las creaciones originales de la economía social como el aporte dado por las Molas (Materia Orgánica Liberada) por las cuales además, llevando sus residuos orgánicos, se reinvierten y convierten además de compost en dinero de intercambio (Pengue 2017).

La cuestión en América Latina se convierte en una crisis por un lado y en una enorme oportunidad de transformación productiva, ambiental y económico-social interesante. Promover en los lugares donde se da la interfase urbano-rural, escudos protección y a la vez de producción, que den salida y solución a todos los problemas planteados por las actividades industriales en estos espacios de borde, que también son tierras complicadas, en muchos casos desordenadas, pobremente legalizadas, que reciben tanto agroquímicos como residuos y que pueden ser transformadas.

Dentro de estas alternativas, que contribuyen a la ciudad con su infraestructura verde, la promoción en las interfases de los EVAs (Pengue 2018) se convierte en un camino sostenible y que puede ayudar a pensar las ciudades y pueblos actuales como los del futuro. Pueblos “verdes” no sólo en términos estéticos sino productivos, bajo tecnologías sostenibles. Los EVAs, o ESCUDOS VERDES AGROECOLÓGICOS, son sistemas productivos que actúan como área buffer entre la ciudad y el campo y a la vez brindan alimentos de todo tipo, recuperan servicios ecosistémicos, promueven el trabajo local e impulsan mercados de cercanía, bajo las lógicas actuales – muy ponderadas por cierto – de la ciudad de los 15 minutos y el importante concepto de Una Salud (IPBES 2024), promovido por la propia Naciones Unidas.

Se trata de un sistema ambiental productor de biomasa (alimentos y servicios) en condiciones agroecológicas que a su vez actúa como elemento protector, conservador y recuperador de servicios ambientales importantes para la sociedad, lo que evita la aparición de problemas de salud.  El EVA, es un sistema productivo, que puede implementarse en el entorno de los 100,  250 a 500 o mil metros alrededor de todos los pueblos y delimitarse sobre los parches específicos para la diversificación de la producción en formas concéntricas o en parches alternativos que permitan tanto la producción como el mantenimiento de áreas asilvestradas que facilitan mantener la diversidad biológica, los controladores biológicos como pájaros e insectos benéficos y demás servicios ambientales.  En ello puede sumarse la recuperación de semillas tradicionales, fortalecimiento de la agrobiodiversidad o la biodiversidad local en sus cuatro patas (biológica, ecológica, pero también social y cultural) y un seguimiento de procesos y tecnologías apropiadas para tales fines.

La siguiente imagen (Pengue 2017), que representa básicamente el conjunto de elementos que deben estar incluidos dentro de una propuesta de integración sociedad-naturaleza y recuperación de servicios ecosistémicos, que incluyen no solo el crecimiento del verde productivo, sino la obligada relación con su entorno, la producción animal de distinto tipo para carnes, leches y huevos, la biomasa y residuos que luego serán sustento de las propias producciones agroecológicas y las relaciones sociales, culturales e históricas que son en la mayoría de los casos, el rico acervo que pueblos y ciudades han tenido históricamente con su entorno.

El fundamento básico de la agroecología como tal es la seguridad y soberanía alimentaria. Pero ¿qué es la agroecología? Bajo una perspectiva amplia, la agroecología está definida como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva. Presentan alternativas en la actual crisis de la modernidad mediante propuestas de desarrollo participativo desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos y pretende establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecosocial, y con ello restaurar el curso alterado de la coevolución social y ecológica. Su estrategia tiene una naturaleza sistémica al considerar el establecimiento o finca, la organización comunitaria y el resto de los marcos de relación de las sociedades rurales articulados en torno a la dimensión socioambiental local –y donde se encuentran los sistemas de conocimiento local, campesino e indígena– portadores del potencial endógeno que permite dinamizar la biodiversidad ecológica y sociocultural. Tal diversidad es el punto de partida de sus agriculturas alternativas, desde las cuales se pretende el diseño participativo de métodos de desarrollo endógeno para el establecimiento de dinámicas de transformación hacia sociedades sustentables. La agroecología “nace” en la finca, en el modelo de producción a escala humana, y por ello está directamente vinculada con la soberanía alimentaria y el acceso a alimentos buenos, sanos, baratos y nutritivos. Los principales promotores de estas prácticas y procesos han sido los movimientos sociales, acompañados por técnicos y profesionales independientes comprometidos con el quehacer agroecológico. Por ese motivo, la agroecología “entra” en los sistemas campesinos y de la agricultura familiar, como también en quienes manejan neoecosistemas en los sistemas vinculados al ecotono urbano-rural y actualmente hacia “dentro” de la propia ciudad. Son poderosos los motivos por los cuales la agroecología puede expandirse en las ciudades y pueblos y potenciar procesos de producción totalmente diferentes a los actuales.

Por ese motivo, esta integralidad entre producción sostenible, espacio restringido en el borde de interfase, búsqueda y recuperación de la salud ambiental y social, es que encuentro que es la agroecología, la única práctica integral que puede utilizarse en la interfase urbano rural y que permite por un lado proteger a la población urbana, pero por otro lado, promover prácticas productivas sostenibles posibles en tales espacios.

Con los Escudos Verdes Agroecológicos (Pengue 2018) se logra:

– Disminuir el riesgo socioambiental inmediato producido por la agricultura industrial colindante con los espacios de vida de los habitantes de las ciudades y pueblos.

– Promover modelos de recuperación ambiental, parches de paisajes naturales, parcelas de parches naturales y canales de conectividad y canales de conectividad que mejoran las condiciones de vida.

– Promover a la agricultura familiar de base agroecológica.

-Impulsar un proceso de economía circular de residuos orgánicos que lleven al concepto de “Basura Cero” como una realidad. Inclusive ampliar la oportunidad a otros residuos (plásticos, maderas, etc.), promoviendo la producción de otros elementos para la construcción hasta briquetas que faciliten una mejora en la disponibilidad energética.

– Controlar el crecimiento indiscriminado de la “mancha urbana”.

– Recuperar los suelos decapitados y tosqueras.

– Utilizar compost obtenido de basurales de la zona para dicha remediación.

– Realizar la capacitación laboral para reinserción de mano de obra desocupada.

– Promover la inclusión de la población rural y periurbana en el sistema de producción orgánica.

– Mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población.

– Disminuir la carga de agroquímicos que se asperja en las zonas periurbanas, promoviendo Escudos Verdes en la periferia de las ciudades intermedias.

– Ofrecer una alternativa productiva a los productores rurales, hoy limitados en sus procesos productivos por la generación de legislación que les prohíbe la producción y fumigaciones en el entorno urbano, pero no les ofrece alternativas.

-Crear mercados locales y redes de comercio justo.

– Constituir faros agroecológicos que se erigen como sencillos modelos a emular por otras comunidades y pueblos rurales, que pueden beneficiarse de la implementación en sus municipios.

– Generar nuevos indicadores de sostenibilidad socioambiental y productiva, que permitan enfocar también nuevos mecanismos y canales de certificación alternativos para las redes de producción de base agroecológica y de consumo local y regional que escapen a los procesos de concentración y elevados costos de quienes promueven los leoninos sistemas de certificación orgánica para los productores pequeños y los consumidores.

En los grandes países – por territorio – hay además un conjunto importante de pueblos rurales. Cada vez con menos gente, pero que permanecen. En la Argentina, más de 2000 poblaciones se identifican como tales, mientras que en Brasil, prácticamente duplican este número y en Paraguay son alrededor de 200 las poblaciones vinculadas a estos espacios. El número es llamativo en otro gran país como México,  que tiene unas 185.000 localidades rurales (con menos de 2,500 habitantes) frente a casi 4.200  urbanas, representando el 97.7% de todas las localidades y reflejando que la mayor parte de los asentamientos mexicanos son pequeños y rurales, aunque la población urbana ha crecido significativamente. Y por supuesto, en todos los casos, sin considerar las grandes urbes en todos estos países y otros tantos de la región latinoamericana.

Las actividades agrícolas intensivas, pecuarias (feedlots), forestales intensivas se pueden neutralizar por sus efectos sobre la población al menos en las áreas de borde. Los agroquímicos asperjados no “son agua bendita” y deben ser aplicados de forma somera, pero prohibida directamente en los bordes de los pueblos rurales, villorios y ciudades intermedias. Y ni que hablar, en las escuelas rurales y asentamientos indígenas o comunitarios. Son demasiados los casos reportados sobre efectos en la salud humana y ambiental, que ameritan una transformación directa en esos espacios límites.

Además, en muchas de estas poblaciones, residen hoy en día un reservorio de conocimiento cultural e histórico productivo que reproduce tanto semillas como tecnologías apropiadas vinculadas en el acervo social representado por miembros de comunidades de pueblos indígenas, comunidades locales y migrantes de una parte a la otra del mundo. Junto además a procesos culturales y de intercambios que se han dado en América Latina desde el momento de su interacción e intercambio con otros continentes como Europa, Africa, Asia y Oceanía.  Se rescatan allí en varios casos semillas originales y sostenidas localmente – semillas criollas –  de cultivos relevantes – como trigo, maíz -, árboles y tantos otros cultivos de relevancia para la humanidad. Semillas domesticadas y hasta acriolladas rescatadas y sostenidas, como elemento cultural y hasta de cohesión social.

Un conjunto de soluciones y opciones de respuesta concretas, para territorios que hoy en día son base de conflictos ecológico distributivos por la forma en que se utilizan, distribuyen los recursos de base y objetivos disímiles que se pueden resolver con una acción colectiva de todas las partes involucradas: Escudos Verdes, basados en prácticas agroecológicas como los EVAs.

Referencias

Banco Mundial (2025). Inhabitable: Enfrentando el calor urbano extremo en América Latina y el Caribe. https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/extreme-heat-report-in-lac

IPBES (2024). Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. McElwee, P. D., Harrison, P. A., van Huysen, T. L., Alonso Roldán, V., Barrios, E., Dasgupta, P., DeClerck, F., Harmáčková, Z. V., Hayman, D. T. S., Herrero, M., Kumar, R., Ley, D., Mangalagiu, D., McFarlane, R. A., Paukert, C., Pengue, W. A., Prist, P. R., Ricketts, T. H., Rounsevell, M. D. A., Saito, O., Selomane, O., Seppelt, R., Singh, P. K., Sitas, N., Smith, P., Vause, J., Molua, E. L., Zambrana-Torrelio, C., and Obura, D. (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany.  DOI: 10.5281/zenodo.13850290. https://zenodo.org/records/13850290

Pengue, W.A. (2017). Agroecología y ciudad. Alimentación, ambiente y salud para una agenda urbana sostenible. Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 139 2017.

Pengue, W.A. (2018). Agroecología, Ambiente y Salud: Escudos Verdes Productivos y Pueblos Sustentables. https://www.researchgate.net/publication/329125037_Agroecologia_Ambiente_y_Salud_Escudos_Verdes_Productivos_y_Pueblos_Sustentables

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. (2023). Los subsidios a la agricultura del mundo desarrollado y sus impactos sobre América Latina. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/12/20/plumas-ncc-los-subsidios-a-la-agricultura-del-mundo-desarrollado-y-sus-impactos-sobre-america-latina/

Pengue, W.A. (2024). Subsidios distorsivos en la agricultura.  https://noticiasncc.com/plumas-ncc/walter-pengue/12/31/plumas-ncc-subsidios-distorsivos-en-la-agricultura-ampliando-nuestra-mirada/

Rockstrom, J. (2025). Lo que la ciencia le dice a cada negociador en la COP30. https://www.linkedin.com/pulse/what-science-tells-every-negotiator-cop30-johan-rockstr%C3%B6m-gx1pf/

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

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Por: Socorro Vargas (México)

En los últimos años, el término Inteligencia Artificial, acuñado por John McCarthy en 1955 y más conocido como IA, se ha vuelto parte cotidiana de nuestras vidas. Si hiciéramos el ejercicio de contar cuántas veces la escuchamos, leemos o usamos en una sola hora, probablemente nos sorprendería el resultado… ¿o no? Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo es que algo tan reciente en la historia humana se ha vuelto tan importante y casi indispensable?

Justo cuando me disponía a reflexionar en serio sobre ello, la realidad me dio un uppercut directo a la lona. La urgencia de preguntarle a Alexa, ChatGPT o Perplexity apareció de inmediato: quería la respuesta, y la quería ya.

Ahí recordé la teoría del forrajeo óptimo (TFO), que propone que los animales —incluido el ser humano— buscan estrategias que maximicen su ganancia neta de energía: obtener más energía de la que se invierte, en el menor tiempo y con el mínimo esfuerzo. Este modelo, nacido de la economía y adaptado a la ecología, permite predecir cómo se decide, qué presas elegir, dónde buscarlas y cuándo abandonar un sitio si deja de ser rentable.

Aunque la mayoría de los humanos del Holoceno ya no somos cazadores-recolectores como los del Pleistoceno tardío, seguimos experimentando otra forma de hambre: la del conocimiento. Buscamos información como antes se buscaba comida, intentando obtener la mayor recompensa con el menor esfuerzo.

Hace unos 300,000 años, tomar decisiones eficientes sobre dónde, cuándo y qué consumir significaba mayor energía disponible para crecer, sobrevivir y reproducirse: una auténtica ventaja evolutiva. ¿Sucede algo similar hoy? ¿Seguimos necesitando una “ventaja”, aunque sea frente a nuestros pares? La respuesta es sí. Aunque el escenario ha cambiado, la competencia por recursos —materiales, simbólicos o informativos— persiste, y seguimos tomando decisiones bajo la lógica de obtener la mayor ganancia con el menor gasto. La diferencia es que ahora esa “ventaja” opera sobre todo en el terreno cognitivo y social.

Aquí es donde la IA se vuelve tan seductora e indispensable. Desde un smartwatch o un smart ring que monitorizan nuestra salud, hasta una aspiradora robot que nos libera de tareas mecánicas como barrer o trapear, cualquier herramienta capaz de ahorrar tiempo y energía para redirigirlos hacia actividades más gratificantes resulta irresistiblemente atractiva. En resumen, toda IA utilizada bajo la premisa “mayor beneficio al menor costo” encaja perfectamente en esta lógica ancestral.

A lo largo del tiempo, la humanidad ha creado herramientas, incluyendo la IA, para —metafóricamente hablando— forrajear óptimamente, aunque la mayoría resolvían acciones repetitivas o rutinarias. Pero ¿qué ocurre cuando la IA entra como bateador emergente en las tareas intelectuales? En esas actividades que requieren alta actividad neuronal, que impulsan la creatividad y permiten generar arte, descubrimientos científicos o innovaciones tecnológicas.

El reto actual es otro: mantener el cerebro suficientemente estimulado para preservarlo activo y sano, mientras aprovechamos la IA para automatizar tareas y apoyar la toma de decisiones, sin perder el pensamiento crítico en el proceso.

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 Coco Vargas es bióloga y madre, cuyo interés por los animales, los bosques y los recursos naturales la llevó a participar en el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales como “aprendiz de comunicador de la ciencia” donde genera contenidos científicos orientados al diseño museográfico y a la comunicación de estrategias de conservación de la naturaleza desde la ciudad.

– Publicada el domingo 21 de diciembre de 2025 en la columna Crónicas del Antropoceno en el periódico El Informador –

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

La transformación digital ha reconfigurado el tejido social y económico a nivel global, y, por consiguiente, ha forzado una adaptación profunda en las estructuras de gobernanza estatal.

En este contexto, la ciberfiscalización se define como la aplicación intensiva de tecnologías avanzadas por parte de las administraciones tributarias (AATT) para mejorar la recaudación y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Cabe destacar que, el fenómeno se alinea con el modelo internacional de la Administración Tributaria 3.0, que busca integrar los procesos tributarios en los sistemas naturales de los contribuyentes, haciendo el cumplimiento más fluido y sin fricciones (seamless and frictionless).

Por consiguiente, la ciberfiscalización emplea modelos de riesgo, análisis de datos e inteligencia artificial (IA) para detectar la evasión y la simulación de operaciones, actividades que representan un reto serio para los gobiernos, ya que pueden alcanzar entre el 5% y el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A pesar de que la eficiencia recaudatoria es un fin legítimo, su búsqueda no puede justificar la vulneración de los Derechos Digitales; por el contrario, la infraestructura digital es fundamental para el ejercicio de diversos derechos humanos.

La protección de la vida privada y de los datos personales constituye un bloque de defensa que busca proteger al individuo de cualquier injerencia indebida, incluso por parte del Estado.

Así también, la proliferación de sistemas de recolección masiva de información activa una tensión esencial: el riesgo de que la eficiencia tecnológica estatal desemboque en un sistema de vigilancia generalizado. Además, la naturaleza del Derecho a la Privacidad ha evolucionado hacia la autodeterminación informativa, lo que otorga al individuo el poder de controlar quién, qué y con qué motivo accede a su información personal.

1.El precedente punitivo: El caso panaut

Esta confrontación entre las facultades coercitivas del Estado y los derechos fundamentales tiene un antecedente clave en México: el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Este precedente resulta crucial puesto que ilustra los riesgos inherentes de la recolección masiva de datos personales por parte del Estado bajo la justificación de la seguridad pública.

Específicamente, el PANAUT fue un sistema normativo que reguló la creación de una base de datos con información personal e íntima de los titulares de líneas de telefonía móvil, incluyendo datos biométricos.

La finalidad declarada era coadyuvar con las autoridades de seguridad y justicia en la comisión de delitos, tales como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, la obligación de entregar datos personales y sensibles era obligatoria para adquirir o conservar el servicio de telefonía, sin que mediara el consentimiento del usuario.

En consecuencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y un grupo de senadores impugnaron el Decreto a través de una Acción de Inconstitucionalidad.

Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total del PANAUT al concluir que la afectación a los derechos de privacidad, intimidad y protección de datos personales era intensa y desproporcionada, ya que no superó la prueba de necesidad del test de proporcionalidad.

De hecho, la SCJN consideró que la medida no era necesaria porque ya existían otras herramientas tecnológicas igualmente idóneas para el combate al delito que resultaban menos restrictivas de los derechos, tales como la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización, ambas sujetas a control judicial.

Además, la implementación del PANAUT sin las salvaguardas legales adecuadas generaba un sistema de vigilancia permanente e indiscriminado sobre la población. En efecto, la entrega de datos sensibles e íntimos, como los biométricos, sin un control judicial previo y sin una temporalidad determinada, era incompatible con los estándares de una sociedad democrática.

2.-El caso SAT vs. plataformas digitales

A pesar del antecedente del PANAUT, la agenda fiscal ha retomado un enfoque de vigilancia en el entorno digital mediante la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) de 2026, la cual adiciona el artículo 30-B.

Esta disposición establece la obligación de los contribuyentes que proporcionan servicios digitales de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el acceso en línea, de forma permanente y en tiempo real a la información que obre en sus sistemas o registros, relacionada con sus operaciones digitales. Los servicios digitales afectados incluyen streaming, comercio electrónico, transporte, hospedaje y enseñanza a distancia.

El objetivo oficial de esta medida es gestionar de forma más eficiente la información de los contribuyentes de la economía digital para mejorar la eficiencia recaudatoria y generar mayor equidad en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El SAT asegura que este acceso está limitado exclusivamente a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que no constituye espionaje digital ni permite revisar la información personal de los usuarios.

No obstante, el núcleo de la controversia radica en que la medida vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. En primer lugar, especialistas en derecho digital y organizaciones como Artículo 19 y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) advierten que la redacción es vaga y ambigua, lo que habilita una interferencia descontrolada en la privacidad.

El texto jurídico, al facultar el acceso permanente y en tiempo real, sienta un precedente peligroso de vigilancia fiscal masiva sin control judicial ni salvaguardas suficientes.

También, el artículo 30-B contempla una sanción desproporcionada y extrema: el bloqueo temporal del acceso al servicio digital en México para las plataformas que incumplan con la obligación de acceso. Por consiguiente, esta sanción se traduce en la potencial restricción de acceso y uso de plataformas que la ciudadanía utiliza para ejercer derechos como la libertad de expresión, la información, el trabajo o la salud. Dicha medida se considera una forma de censura previa e indirecta prohibida expresamente por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3.-Normatividad y tecnología: Ciberseguridad punitiva y enfoque de derechos 

En este contexto de tensión fiscal, la tendencia legislativa en México tiende a adoptar un enfoque punitivista de la ciberseguridad, lo que genera una confusión conceptual grave entre la seguridad informática (protección de la información) y los delitos informáticos (castigo de conductas). La securitización de la ciberseguridad ha llevado a criminalizar conductas legales y legítimas.

Por consiguiente, el derecho penal debe ser la última ratio (último recurso), no obstante, la legislación a menudo utiliza términos vagos y amplios, como cualquier medio o método, lo que puede penalizar acciones legítimas como la labor de periodistas, activistas o investigadores de ciberseguridad.

Más aún, la IA predictiva, si se utiliza en procesos de recaudación sin transparencia, puede generar riesgos de sesgos algorítmicos, que penalicen injustamente a los contribuyentes por diferencias en su comportamiento financiero o socioeconómico.

Un enfoque basado en derechos humanos (DDHH) exige que las políticas de ciberseguridad se centren en proteger a las personas y sus derechos, en lugar de percibir los sistemas informáticos únicamente desde la óptica del Estado.

Precisamente, esto implica establecer una política integral que incluya la prevención, el fortalecimiento de capacidades y la mitigación de daños. Además, las leyes deben incluir salvaguardas y excepciones que protejan expresamente el derecho a la información, la libertad de expresión y la privacidad de los datos personales, tal como lo requiere el DDHH.

4.-Propuestas de solución basadas en derechos digitales

Frente a la inminente amenaza de vigilancia y censura que representan medidas como el Artículo 30-B, las soluciones deben anclarse en la transparencia algorítmica y en la protección de la autonomía del ciudadano.

A. Blockchain como garantía de seguridad y trazabilidad fiscal

Una alternativa menos restrictiva que el acceso permanente y en tiempo real es la implementación de blockchain para la trazabilidad fiscal. Por medio de la cadena de bloques es un mecanismo digital para crear un libro de registros distribuido e inmutable, lo que garantiza la integridad de los datos y la seguridad.

El blockchain ofrecería una trazabilidad completa de las transacciones fiscales, permitiendo a las autoridades ver y verificar el pago de impuestos (como el IVA) al momento de la operación, sin requerir una conexión constante a los sistemas centrales de la plataforma.

Esto sustituye la intrusión centralizada por una integridad descentralizada, eliminando el riesgo de un punto único de falla o vulnerabilidad permanente que implica el acceso en tiempo real. Además, blockchain puede integrarse con técnicas de Prueba de Conocimiento Cero (ZKP) para verificar la veracidad de la información sin la necesidad de compartir los datos subyacentes, garantizando la privacidad de los usuarios.

B. Privacidad por Diseño (Privacy by Design) y por Defecto

La Privacidad por Diseño (PbD) es un principio fundacional que exige que las organizaciones, incluidos los gobiernos, apliquen medidas técnicas y organizativas para garantizar la privacidad y el respeto de los principios de protección de datos desde las fases iniciales del diseño.

Este enfoque, promovido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, busca un pensamiento todos ganan (win-win), donde la privacidad no se sacrifica en aras de otros objetivos (como la seguridad o la fiscalización).

La PbD persigue el máximo nivel de privacidad por defecto, de modo que, si un individuo no realiza ninguna acción de configuración, su privacidad se mantiene intacta. La aplicación de este principio implica: la minimización de datos (solo tratar los estrictamente necesarios); la seudonimización y el cifrado; y el aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida del dato.

C. El derecho a la explicación y la transparencia algorítmica

El Derecho a la Explicación es fundamental ante el uso de sistemas automatizados que toman decisiones con efectos significativos sobre los ciudadanos. Este derecho implica que el sujeto afectado debe comprender por qué se llegó a una conclusión específica, siendo una extensión de la obligación de las autoridades de fundamentar y motivar sus decisiones.

La transparencia algorítmica debe ser significativa, yendo más allá de la mera divulgación del código fuente, pues este resulta insuficiente para personas sin conocimientos técnicos. Se debe proporcionar información sobre la lógica aplicada, los datos de entrenamiento utilizados (incluyendo la mitigación de sesgos) y los parámetros de rendimiento.

D. Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD)

Un mecanismo preventivo indispensable es la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD). Dicho análisis es documentado mediante el cual las entidades del sector público valoran los impactos reales del tratamiento de datos, a fin de identificar posibles riesgos y mitigar los daños a los derechos de las personas.

La EIPD es obligatoria cuando un tratamiento se considera intensivo o relevante, lo que incluye el manejo de datos sensibles o la realización de transferencias de datos. Como demostró el caso PANAUT, la omisión de esta evaluación expone los derechos a la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales a un riesgo que no puede ser avalado.

5.- Conclusión general

La ciberfiscalización es la respuesta ineludible del Estado mexicano ante los retos de la economía digital, impulsada por la necesidad legítima de combatir la evasión fiscal, cuantificada en billones de pesos.

Sin embargo, el camino elegido mediante reformas como el Artículo 30-B del CFF y los antecedentes punitivos como el PANAUT demuestran una peligrosa inclinación hacia la vigilancia desproporcionada, sacrificando derechos fundamentales en aras de la eficiencia recaudatoria.

En síntesis, la solución a este conflicto no radica en detener la digitalización de la administración tributaria, sino en transformarla para que sea compatible con los principios democráticos.

La implementación de tecnologías avanzadas como blockchain, sumada a la obligatoriedad del derecho a la explicación y de la privacidad por diseño, ofrece herramientas que permiten al Estado cumplir con su mandato fiscal (trazabilidad y control de cumplimiento) sin incurrir en la vigilancia masiva o la censura indirecta.

Es crucial que la rendición de cuentas del Estado se promueva activamente, garantizando que la privacidad y los derechos digitales no sean el costo de la recaudación.

Fuentes de consulta

-Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2019). Guía de Privacidad desde el Diseño.

-Banco Interamericano de Desarrollo & Organización de los Estados Americanos. (2020). Ciberseguridad: Riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe.

-Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). (2020). La facturación fraudulenta de operaciones simuladas (Documento de trabajo núm. 328). Cámara de Diputados, LXIV Legislatura.

-Código Fiscal de la Federación. (2025). [Última reforma publicada DOF 07-11-2025].

-Jiménez Urzua, L., Macías Llanas, G., & Pietrasanta Baldazo, F. (2025). Legislar y castigar: el punitivismo penal en nombre de la ciberseguridad. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.

-Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (2025). [Última reforma publicada DOF 16-07-2025].

-Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD Publishing.

-Settle, M. (2021). Privacy By Design: From Principles to Requirements. Recuperado de https://medium.com/work-bench/cio-perspectives-with-mark-settle-privacy-by-design-from-principles-to-requirements-3c36cd5a5b30

-Servicio de Administración Tributaria. (2024). ANEXO 5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2025 [Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024].

-Servicio de Administración Tributaria. (2025). Plan Maestro 2025. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

-Simmple. (2025). Facturación falsa: medidas más estrictas por parte del SAT en 2025. Recuperado de https://www.simmple.mx/post/facturaci%C3%B3n-falsa-medidas-m%C3%A1s-estrictas-por-parte-del-sat-en-2025

-Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 [Sentencia del Tribunal Pleno, Promoventes: INAI y diversos Senadores].

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Ro­dol­fo Gue­rre­ro es abo­ga­do por la Be­ne­mé­ri­ta Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra y maes­tro en de­re­cho con orien­ta­ción en ma­te­ria Cons­ti­tu­cio­nal y ad­mi­nis­tra­ti­vo por la mis­ma casa de es­tu­dios. Es So­cio Fun­da­dor y Re­pre­sen­tan­te Le­gal de la So­cie­dad Ci­vil Cof­fee Law “Dr. Jor­ge Fer­nán­dez Ruiz”. So­cio fun­da­dor de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho “Juan Ve­lás­quez” A.C. Ti­tu­lar de la Co­mi­sión de Le­gal­tech del Ilus­tre y Na­cio­nal Co­le­gio de Abo­ga­dos de Mé­xi­co A.C. Ca­pí­tu­lo Oc­ci­den­te. Vi­ce­pre­si­den­te de la Aca­de­mia Me­xi­ca­na de De­re­cho In­for­má­ti­co, Ca­pí­tu­lo Ja­lis­co.

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Por: Camilo Cortés- Useche, PhD (Colombia).

En los vientos fríos de la sabana, donde las montañas se colorean de un verde intenso y las nubes parecen rezos detenidos, nació Lola, una mujer fuerte como un roble y ligera como un suspiro. Desde niña aprendió a escuchar el murmullo del suelo y a interpretar los mensajes del viento, como si los páramos le confiaran secretos que solo las almas destinadas a trascender podían comprender.

A corta edad emprendió su viaje hacia el corazón palpitante de la capital, sin más equipaje que su anhelo desbordado de familia, prosperidad y amor. Y vaya que lo supo forjar. Con manos pacientes y corazón incansable, como aquellas matriarcas que, sin saberlo, sostienen al mundo, levantó una familia desde cero, alimentó bocas de propios y extraños, y entregó un amor que solo una esposa, una madre y una abuela pueden dar; un amor hecho de silencios bondadosos, de gestos diminutos y de esa ternura que permanece aun cuando los tiempos se vuelven duros.

Lola habitaba la vida con la nobleza de los seres puros, con una inocencia que no ignoraba la realidad, sino que la transformaba. Era paciente para esperar desde la ventana, escuchar cada palabra y estar siempre pronta para servir, como si en cada acto suyo se tejiera un pedazo de eternidad. Su fe en el Todopoderoso y en Nuestra Señora de las Nieves era una luz que siempre la acompañaba, incluso en los momentos más ásperos de su vida.

Por más de noventa y siete años fue testigo y protagonista silenciosa de los acontecimientos legendarios y tristes de la capital, de un país que parecía reinventarse en medio de dolores y esperanzas. Vivió en carne propia la lucha campesina y obrera, comprendiendo que el suelo —ese mismo que ahora vuelve a acogerla— es al mismo tiempo cuna y campo de batalla.

Hoy, Lola parte de este mundo con la serenidad de quienes saben que han cumplido su misión. Hoy se cierra un ciclo generacional: Lola se une a los fundadores de mi legado, a las raíces más antiguas de mi árbol de vida, y completa ese viaje inevitable que todos, tarde o temprano, debemos emprender. Su partida no es un adiós, sino una continuidad sagrada, un eslabón que se integra a la historia profunda de los que la precedieron y que ahora la reciben en la eternidad.

Se despide de la capital que la vio crecer en coraje, lucha y entrega, y abraza, con su último aliento, las cumbres de la sabana que la vieron nacer y volar tras un sueño. Su partida deja un legado de amor verdadero, de ese amor que en estos tiempos se vuelve efímero, pero que en ella se hizo eterno.

En cada persona que tocó dejó una lección, un rastro de luz, una forma de recordar que la vida, pese a su brevedad, puede llevar el peso dulce de lo trascendente.
Hoy se despide Lola… pero en el eco del viento sabanero, en los rezos de la montaña y en los corazones que formó con sus manos, seguirá viviendo para siempre.

Esta historia me hizo reflexionar profundamenre sobre cómo la supervivencia de nuestro planeta depende profundamente del suelo. De él proviene más del 95% de los alimentos que consumimos y 15 de los 18 elementos químicos esenciales para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, hoy este recurso vital enfrenta una crisis silenciosa: el 33% de los suelos del mundo están degradados debido al cambio climático y a prácticas humanas insostenibles.

La erosión y la gestión inadecuada deterioran su equilibrio natural, reducen la disponibilidad de agua y disminuyen la calidad nutricional de los alimentos. Frente a ello, las prácticas sostenibles de manejo del suelo, como la conservación de vegetación, el control de la erosión y la restauración ecológica, son fundamentales para mejorar su salud, preservar la biodiversidad y aumentar la capacidad de retención de carbono, contribuyendo así a mitigar el cambio climático.

Aunque solemos asociar el suelo con paisajes rurales, también es crucial en las ciudades. Por eso, el Día Mundial del Suelo 2025 centra su atención en los entornos urbanos bajo el lema “Suelos sanos para ciudades saludables”. Bajo el pavimento, los edificios y las calles existe un suelo que, cuando es permeable y está cubierto de vegetación, ayuda a absorber el agua de lluvia, regular la temperatura, almacenar carbono y purificar el aire. Cuando se sella con concreto, pierde estas funciones esenciales, haciendo que las ciudades sean más vulnerables a inundaciones, olas de calor y contaminación.

Esta conmemoración invita a gobiernos, sector privado y ciudadanía a repensar el diseño urbano desde el suelo, promoviendo espacios verdes, superficies permeables y una relación más consciente con este recurso fundamental.

Y así, mientras la sabana respira su nombre y la eternidad se prepara para recibirla, Lola nos recuerda que la vida y la muerte son apenas dos estaciones de un mismo viaje. El suelo que hoy la acoge es el mismo que templó su coraje, sostuvo sus pasos y alimentó los frutos de su amor.

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Ca­mi­lo Cor­tés- Use­che es bió­lo­go Ma­rino. Maes­tro en Ma­ne­jo de Eco­sis­te­mas Ma­ri­nos y Cos­te­ros, con doc­to­ra­do e in­ves­ti­ga­ción post­doc­to­ral en el área de las Cien­cias Ma­ri­nas. Su tra­ba­jo en el cam­po de la ges­tión y eco­lo­gía ma­ri­na en la Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na le va­lió el re­co­no­ci­mien­to del “Pre­mio Dr. Alon­so Fer­nán­dez Gon­zá­lez 2020” a las Me­jo­res Te­sis de Pos­gra­do del CIN­VES­TAV en la Ca­te­go­ría Doc­to­ra­do. In­no­va­dor de la sos­te­ni­bi­li­dad, cien­tí­fi­co y dis­tin­gui­do por sus apor­tes en la con­ser­va­ción de la na­tu­ra­le­za. Du­ran­te los úl­ti­mos años ha liderado coa­li­cio­nes para un mo­de­lo re­si­lien­te al cam­bio cli­má­ti­co ba­sa­do en la cien­cia, con una idea fir­me del desa­rro­llo so­cial jus­to.

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Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México).

En la actualidad, la transformación digital ha redefinido la matriz de la creación de valor, planteando desafíos ontológicos, éticos y jurídicos que exigen una reconfiguración urgente de los marcos de gobernanza. Por consiguiente, la filosofía del Nuevo realismo, en particular a través de la obra El Manifiesto del Webfare de Maurizio Ferraris, ofrece la base teórica necesaria para comprender y orientar este nuevo panorama socioeconómico, al identificar un capital emergente y proponer un modelo de justicia social para la era algorítmica.

1.-Fundamentos ontológicos del webfare y la revolución copernicana

El aporte académico y tecnológico fundamental de la obra de Ferraris se centra en una revolución copernicana de la Web, de manera tradicional, la Web se concebía erróneamente como una mera infosfera—el ámbito superficial de la información y la comunicación basado en datos semánticos.

Sin embargo, Ferraris demuestra que la esencia de la Web es el registro y la capitalización de la actividad humana, constituyendo la docúsfera, dado a que la tecnología digital ha transformado el registro, que antes era una actividad rara y costosa, en un proceso ubicuo y sistemático.

En este nuevo esquema, el ser humano es inherentemente un homo technologicus y un productor de documentos, cuya actividad cotidiana, especialmente el consumo—el único elemento no automatizable—, genera valor. Consecuentemente, esta movilización humana se traduce en la producción inconsciente de datos sintácticos (metadatos), que, al agregarse a miles de millones de otros datos, conforman un nuevo capital denominado patrimonio de la humanidad o plusvalía documedial.

2.-La asimetría de poder y la democratización de la necesidad

La relevancia de la data webfare en contextos institucionales y democráticos se manifiesta como una respuesta a la profunda asimetría de injusticia generada por las Big Tech. De forma crítica, estas plataformas obtienen la plusvalía documedial gratuitamente, convirtiéndose en propietarias de una acumulación primaria de valor derivada de la vida misma de los usuarios.

Frente a esta concentración de riqueza, el Webfare propone una nueva justicia social digital que priorice la democracia de la necesidad sobre la tiranía del mérito. Por lo tanto, la necesidad (aquello que iguala a los humanos y es el fin último no automatizable de la producción) debe ser el fundamento de la redistribución.

Institucionalmente, esta redistribución se articularía a través de los Bancos de virtud (intermediarios de datos), utilizando la legislación europea sobre portabilidad de datos (Reglamento 679/2016) para que los usuarios puedan solicitar sus datos, incluidos los sintácticos.

Adicionalmente, el valor mutualizado debe invertirse en educación para dotar a la ciudadanía de la alfabetización en Big Data necesaria para vivir en la docúsfera.

Así pues, el Webfare proporciona la teoría y teleología necesarias para gobernar la dirección de la humanidad, al convertir el consumo en un elemento productivo y transformarlo en capital que sostiene el sistema económico en el contexto de la automatización.

3.- La crisis de la autenticidad digital: De la docúsfera a la muerte del internet

En el marco de la gobernanza digital, la obra de Ferraris choca con los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y la crisis de autenticidad que ha dado origen a la Teoría del Internet Muerto (DIT). Efectivamente, la DIT sostiene que la Web está siendo dominada por bots y contenido generado por IA (como los Large Language Models o LLMs), superando el tráfico humano en ciertos ámbitos.

De hecho, reportes indican que los bad bots representan una porción significativa del tráfico global. Esta saturación de contenido sintético plantea provocaciones jurídicas de inmensa magnitud.

Primeramente, la proliferación de deepfakes y medios sintéticos amenaza la confianza pública en las fuentes de información legítimas, lo cual es considerado una amenaza primordial. Por lo tanto, la IA generativa intensifica los riesgos de manipulación y sesgo algorítmico.

En segundo lugar, la dificultad para rastrear la procedencia de los datos (trazabilidad) y la opacidad técnica del algoritmo de caja negra obstaculizan la capacidad de la justicia para exigir rendición de cuentas y explicabilidad.

Por consiguiente, los desafíos jurídicos se centran en cómo aplicar la legislación existente, como la portabilidad de datos (GDPR), cuando la autenticidad del propio dato es incierta, y en cómo establecer mecanismos de auditoría sociotécnica y supervisión humana efectiva para prevenir la propagación de errores sistémicos o el sesgo de automatización.

4.- Gobernar la IA agéntica: El desafío de la memoria y la gobernanza proactiva

El gobierno de la IA debe responder a la complejidad inherente de los sistemas avanzados, especialmente la IA agéntica y los LLMs, que buscan superar sus limitaciones actuales.

De manera específica, la publicación intitulada Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architecture revela que la arquitectura actual de los LLMs tiene una limitación fundamental en el aprendizaje continuo, comportándose como sistemas estáticos que padecen una especie de amnesia anterógrada tras su entrenamiento inicial. A pesar de la ilusión de la arquitectura multicapa, su conocimiento se limita a la ventana de contexto inmediata, impidiendo la formación de memoria persistente.

La oportunidad tecnológica, sin embargo, reside en el Aprendizaje Anidado (Nested Learning o NL), que modela el sistema como problemas de optimización multinivel. Por medio de este enfoque, los sistemas de memoria continua de múltiples escalas (CMS) permiten que los modelos (como Hope) adquieran capacidad de memoria, almacenando conocimiento persistente con diferentes frecuencias de actualización.

El resultado es que los modelos avanzados de Google Research pueden aprender continuamente y perfilar la forma de un especialista en un área del conocimiento, adaptándose a su expertise y realizando tareas complejas con menos supervisión humana.

Dicha capacidad de perfilar y retener conocimiento especializado representa un salto cualitativo en la utilidad de la IA, pero también en el riesgo potencial si se aplica, por ejemplo, en la toma de decisiones judiciales o en la reforma de la función pública.