Por: Carlos Iván Moreno (México).
A más de un año de que se aprobaran las primeras vacunas anticovid-19, en los países pobres solo el 6 por ciento de la población está inmunizada. En contraste, la tasa de vacunación en países ricos asciende a 72 por ciento (Our World in Data). La desigualdad en el acceso a vacunas persiste mientras el número de muertes aumenta, principalmente en los no vacunados.
Son casi 6 millones de muertes por la COVID-19 en todo el mundo y no sorprende que el número de muertes en países pobres sea cuatros veces mayor al de países ricos. Aun así, algunas de las grandes farmacéuticas insisten en incrementar oprobiosamente sus ganancias, como si no hubiera mañana.
Según el periodista John Nichols, en su libro Coronavirus Criminals & Pandemic Profiteers, la prestigiosa Pfizer, por ejemplo, obtiene ganancias de un millón de dólares por hora (sí, cada hora) por la venta de su vacuna. El precio del biológico, por cierto, es 5 veces mayor al costo de producción (Oxfam), limitando la capacidad de países pobres para adquirirlo.
Según estimaciones de la ONG británica, Global Justice Now “si Pfizer fuera un país, su Producto Interno Bruto (PIB) sería el 66vo más grande del mundo”, por encima de países como Bulgaria, Uruguay, Croacia o Luxemburgo.
La otra empresa líder en la vacuna anticovid-19, la startup Moderna, a diferencia de Pfizer, liberó la patente para ser replicada en cualquier parte del mundo. De acuerdo con la propia empresa, para Moderna la prioridad ha sido la sociedad en general (stakeholders), no los accionistas (shareholders), afirmando que “en las circunstancias actuales, sentimos una obligación de utilizar nuestros recursos para poner fin a esta pandemia lo antes posible”. Ello permitió que un laboratorio en Sudáfrica fabricara una copia de su vacuna, a una fracción del costo original.
El problema no son las enormes ganancias que han obtenido las farmacéuticas, el error es no reconocer el “lado público” que hay detrás de estas importantes innovaciones y que, por tanto, limitan cualquier ponderación de la vacuna como bien público.
No liberar la fórmula de la vacuna, o al menos no limitar las ganancias durante las peores etapas de la pandemia, tiene mucho que ver con no reconocer la contribución pública en la innovación privada.
A nivel global, el sector público invirtió alrededor de 6 mil millones de dólares para desarrollar vacunas anticovid (Graduate Institute Geneva). Pfizer/BioNTech, por ejemplo, recibió 800 millones de dólares (500 millones del gobierno alemán) y Moderna 955 millones (principalmente del gobierno de EEUU). Sin dejar de mencionar que el desarrollo de toda innovación biomédica es producto de décadas de investigación básica, financiada por gobiernos en sus institutos públicos de salud.
Como lo afirma la economista Mariana Mazzucato “los grandes logros humanos de la era moderna se han dado cuando los gobiernos toman el liderazgo, invierten recursos públicos e innovan; cuando convocan al sector privado y social a transformaciones profundas, inspiradoras, pero asumiendo el riesgo” (Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism).
Desde el ferrocarril hasta el internet, la nanotecnología y el desarrollo de la industria farmacéutica moderna han tenido como base la inversión pública; la vacuna anticovid-19 no fue la excepción.
Para ponerlo en contexto, si las vacunas compradas por el mecanismo de distribución COVAX hubieran sido adquiridas a precio de fabricación, toda la población de los países pobres y de ingreso medio ya habría sido vacunada.
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Carlos Iván Moreno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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