Por: Carlos Iván Moreno (México).
Gabriel Boric, quien encabezó una gran coalición de izquierdas, asumió la presidencia de Chile no solo como el presidente más joven (con apenas 36 años), sino también como el más votado en la historia del país: 4.6 millones de votos (56 por ciento del total de votos). Una victoria que reflejó el rechazo al statu quo, el desencanto por los partidos tradicionales y la esperanza de una genuina transformación social. ¿Le suena familiar?
Su gobierno recién comienza y la gente se pregunta: ¿en qué invertirá Boric su enorme “bono democrático”?, ¿cuáles serán sus principales apuestas? Los resultados hablarán por sí mismos, pero el joven presidente ya da muestras de que su gobierno no tomará la ruta fácil del populismo.
Sin recursos suficientes no hay transformación posible. Boric y su equipo entienden que consolidar un Estado de bienestar implica, primero, tomar decisiones estructurales, impopulares. Su primer gran reto, así lo ha declarado, es lograr una reforma fiscal que permita ampliar los ingresos públicos sobre la base de quienes más tienen. La meta es elevar la recaudación del 21 al 26 por ciento del PIB; el promedio de América Latina es de 23 por ciento.
¿En qué utilizarían los recursos? Principalmente en cumplir con la promesa de campaña -y reto generacional- de reducir la deuda universitaria.
En los últimos 30 años, los estudiantes de educación superior chilenos se han multiplicado por cinco; una expansión de la matrícula no vista en ningún otro país de la región. Chile tiene una cobertura en educación superior de 90 por ciento, de las más altas en todo el mundo.
No obstante, a la par que aumentaba la matricula también lo hacía la deuda estudiantil, el 59 por ciento del gasto en educación superior proviene de los hogares. Para muchas y muchos chilenos, adquirir un préstamo ha sido la única forma de poder costear sus estudios universitarios. Actualmente, el costo total estimado de la deuda universitaria alcanza los 12 mil millones de dólares (10 mil dólares per cápita), aproximadamente 3.4 por ciento de su PIB. Solo ampliando la base fiscal se resolverá el problema. Simple aritmética.
A diferencia de Chile, en México la deuda estudiantil no es un asunto que preocupe en el sistema nacional de educación superior –el sistema es principalmente público–, nuestro problema es lo opuesto. La cobertura nacional en nivel superior es de solo 42 por ciento, menos de la mitad que Chile y aún por debajo del promedio de América Latina de 53 por ciento (UNESCO).
Estamos muy lejos de la meta presidencial del 50 por ciento de cobertura universitaria. ¿Podría ser distinto? Probablemente sí. México mantiene una de las recaudaciones más bajas del mundo, apenas 16 por ciento del PIB. Una genuina reforma fiscal puede incrementar los ingresos públicos e impulsar la inversión educativa para ampliar las oportunidades para todas y todos.
México fue uno de los países de la región que menos recursos adicionales invirtió para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia por la COVID-19. En 2021, mientras en Brasil y Chile gastaron alrededor del 8 por ciento del PIB, en México fue únicamente de 0.7 por ciento (FMI).
Durante ese mismo periodo, la matrícula de educación media superior disminuyó en 250 mil estudiantes; la matrícula pública de educación superior ha caído en 70 mil jóvenes y 15 universidades públicas estatales atraviesan por fuertes problemas financieros, al grado de poner en riesgo el pago de nómina y estímulos docentes.
Las universidades públicas, con 65 por ciento de la matrícula nacional -y las que más han incrementado la cobertura- por cuarto año consecutivo han tenido presupuestos por debajo de la inflación. Un déficit acumulado de, al menos, 34 mil millones de pesos.
¿En qué utilizó el Presidente de México su bono democrático? Ciertamente no en una indispensable reforma fiscal, sino en decisiones populistas, como cancelar la construcción de un aeropuerto.
Los bonos democráticos importan, por escasos. El de la 4T se agota, mientras tanto le seguimos apostando a la universalidad y gratuidad de la educación superior sin recursos. Otra oportunidad perdida.
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Carlos Iván Moreno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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