Por: Carlos Iván Moreno (México).
Un tráiler con 160 migrantes centroamericanos indocumentados se volcó en Chiapas, dejando 55 muertos y decenas de heridos. Es una tragedia de Estado por las múltiples fallas y corruptelas detrás del accidente.
Al respecto, el presidente López Obrador recriminó la “lentitud” del gobierno estadounidense para intervenir en los problemas migratorios: “¿Por qué no regular y ordenar el flujo migratorio? (…) Vamos a seguir insistiendo en que el problema no se resuelve con medidas coercitivas, sino que tienen que darse oportunidades de trabajo, de bienestar a los migrantes».
Tiene razón, en parte. Lo que el presidente no menciona es el -mal- trato que el Gobierno de México, históricamente, da a los migrantes; persiste una visión restrictiva, de contención y, sobre todo, de rechazo. Lo ocurrido en Chiapas no es un hecho aislado, es el reflejo de nuestra política migratoria.
México es un país antinmigrante, ocupa el último lugar de la OCDE por el porcentaje de residentes nacidos en el extranjero, con apenas el 1 por ciento de la población; el promedio de los países miembros es de 13 por ciento (OCDE). De ese 1 por ciento, poco más de 1 millón 200 mil personas, EE. UU. representa el 66 por ciento, seguido de Guatemala y Venezuela, ambos con 5 por ciento (INEGI).
Una de las causas es que el país no cuenta con una estrategia que facilite la estancia legal y la asimilación de los migrantes, particularmente de los provenientes de países de América Central.
Lejos de las cifras oficiales, la realidad es que hay cientos de miles de personas con una condición migratoria irregular en territorio nacional. De enero a julio de este año, 859 mil personas cruzaron la frontera solo por Chiapas.
En el mismo periodo, en todo el país, los trámites migratorios para solicitar tarjetas de residencia temporal, permanente y de trabajador fronterizo fueron de 70 mil y solo 54 mil personas fueron deportadas, de acuerdo con datos del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias. Asimilamos a muy pocos migrantes.
Históricamente, los países desarrollados han incorporado a la población migrante como un elemento importante en sus agendas de desarrollo, como agentes productivos con gran potencial para agregar valor a la industria y a la economía. De acuerdo con la OCDE, el grado de integración de los inmigrantes al mercado laboral local es proporcional a su contribución económica en ese país y, en el caso de los países en desarrollo, ha demostrado que no constituye un riesgo significativo en el desempeño de los trabajadores nativos.
No obstante la evidencia, el modelo migratorio nacional, lejos de replicar las experiencias de éxito internacional, continua siendo una barrera estructural para desarrollar y consolidar un país de oportunidades. ¿Por qué no aprovechar los efectos de la inmigración en la economía?
Por el contrario, la apuesta del Gobierno Federal es implementar en Centroamérica el programa “Sembrando Vida” (un programa que ya ha sido señalado en el ámbito nacional por sus graves problemas de diseño). Una vez más, la opción es una política de contención y restricción. El objetivo es claro: mantener fuera del país al mayor número posible de migrantes centroamericanos.
México está perdiendo la oportunidad de replantear su política migratoria para transitar a una verdadera estrategia de integración, reubicando y asimilando al migrante como parte de la estructura laboral del país. No se trata de contener el flujo de personas desde el sur, sino de ofrecerles la oportunidad de integrarse y contribuir al desarrollo nacional.
La migración es un fenómeno social que no se detendrá, es vital virar hacia una política de regularización e integración, en donde el migrante figure como un eje de la estrategia productiva y de bienestar nacional.
Sin un cambio en la perspectiva del Estado mexicano hacia el migrante, habrá más tragedias y accidentes normalizados como lo sucedido en Chiapas. Para un país que todos los días le exige a EEUU un mejor trato para los 38 millones de migrantes mexicanos que residen en aquel país, nuestra política migratoria es una contradicción. Se exige respeto para nuestros paisanos mientras acá se persigue y criminaliza a quienes también están buscando oportunidades para una vida mejor.
En esta columna, colaboro con Salvador Baeza, maestrante de políticas públicas.
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Carlos Iván Moreno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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