Por: Walter Alberto Pengue (Argentina).
«Todo subsidio a la exportación hace pagar al pueblo dos impuestos distintos; primero, debe pagar impuestos para sufragar la subvención; y segundo, debe pagar un gravamen derivado del aumento del precio de la mercancía en el mercado nacional”.
La riqueza de las Naciones, Adam Smith (1723-1790).
La agricultura más industrializada funciona aún en el mundo por tres factores: 1) la intensificación en el uso de los combustibles fósiles “baratos”, 2) el importante desconocimiento de los costos ecológicos y sociales de estos daños colaterales y 3) la importante masa de subsidios que el mundo desarrollado transfiere a sus agricultores, para sostener estos sistemas ineficientes de producción y beneficiar a una clase urbana consumidora de alimentos baratos. Sistemas que luego atentan en distintas escalas sobre la estabilidad global y regional.
América Latina, la última frontera agropecuaria del planeta y la más preparada para los desafíos globales hacia una nueva agricultura, sufre directamente estos embates de un modelo distorsivo que afecta los recursos naturales con los que produce los bienes y servicios que sostienen a los sistemas alimentarios.
La agricultura latinoamericana debe enfrentar dos aspectos relevantes en un sistema económico que de “competencia perfecta” tiene poco y nada, como siguen pretendiendo mostrar los arcaicos manuales de economía. Por un lado, tenemos los efectos distorsivos que producen los subsidios a la producción de materias primas que no sólo benefician a la agricultura industrial, sino que también fortalecen con enormes cantidades de dinero a la minería y la producción de combustibles fósiles.
Pero por el otro, está el “subsidio natural” que la naturaleza latinoamericana da a la agricultura, la que, al ser explotada y potenciada con una extracción irracional, compite con el mundo, de la mano de esta degradación, que tampoco es contabilizada: deforestación, degradación de los suelos, contaminación de las aguas, el suelo y el aire, desplazamiento de especies y migraciones internas. América Latina compite con el mundo, pero enfrentando un mercado agrícola distorsionado que beneficia a los países desarrollados, pero que no pagan sus costos.
Los incentivos económicos perversos, mantenidos por un sistema financiero retrógrado, sólo exacerban la degradación natural. Se estima que los subsidios que aumentan los retornos financieros a actividades que erosionan la biodiversidad y la estabilidad de los recursos naturales que son al menos cinco veces mayores que las inversiones directas que deberían apoyar el sostenimiento de la biodiversidad.
Existe un enfoque cortoplacista en la producción y circulación de bienes que tienen los inversores financieros que directamente atentan contra la naturaleza. Para el caso de la agricultura esta cuestión es determinante y se reparten las responsabilidades tanto los sectores públicos como privados.
Estos sectores atentan directamente sobre las formas de negociar las deudas públicas, promueven una desigualdad creciente e injusta en la distribución de resultados y atentan especialmente sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Las tasas financieras y las tasas de renovabilidad de la naturaleza no se llevan bien. Cuando las tasas financieras son elevadas, la presión sobre los recursos naturales es elevada y se atenta directamente sobre su estabilidad.
Los productores están motivados – en el corto plazo – a transformar fuertemente los recursos naturales en dinero y convertirlos en circulante. El paso del capital natural a capital hecho por los humanos, destruye toda oportunidad para administrar adecuadamente los recursos de la naturaleza. La agricultura, la minería y la producción petrolera, son los ejemplos paradigmáticos de esta transformación sin reposición.
La OCDE estima que los gobiernos utilizan 500 mil millones de dólares al año a través de subsidios u otros mecanismos financieros en áreas de inversión que son directamente perjudiciales para la biodiversidad. Si a ello, le sumamos las inversiones privadas, es probable que esta cantidad sea mucho mayor. Esto es aproximadamente cinco veces más financiamiento que el que fluye hacia la protección de la biodiversidad.
Prácticamente sobre la agrobiodiversidad, la inversión es mucho menor, a excepción de fondos aislados orientados para el sostenimiento de sistemas llamados sostenibles, pero que en realidad se sostienen con la inyección de fondos externos.
Los subsidios a la agricultura, la minería y los combustibles fósiles han generado importantes distorsiones en el comercio mundial y una presión adicional sobre las formas en que se utilizan los recursos naturales (Pengue 2023).
Los subsidios agrícolas directos, que superan los 635 mil millones de dólares al año, pueden llevar al uso excesivo de fertilizantes que deterioran el suelo y el agua, una importante presión por nuevas tierras – mayor deforestación, para el caso de América Latina – y una intensificación en el consumo de agroquímicos que dañan la salud humana y animal. Sin embargo, se deben aplicar principios de precaución para optar por prácticas sostenibles al evaluar el papel de los subsidios agrícolas en los países en desarrollo, especialmente en el sur de Asia, África y América Latina, donde los agricultores a menudo reciben precios mucho más bajos por sus productos en comparación con su valor actual y además, muy pocos incentivos reales y apoyo técnico.
Por otro lado, en varios países, los subsidios a productos como la soja, el aceite de palma y la carne vacuna, promueven la expansión de las fronteras agropecuarias y representan el 14% de la pérdida de bosques cada año.
Los subsidios a la pesca son de aproximadamente 35 mil millones de dólares al año. Estos son factores clave que impulsan la disminución de las poblaciones de peces, el sobredimensionamiento de las flotas pesqueras y la disminución de la rentabilidad, lo que tiene posibles ramificaciones para la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que más de mil millones de personas pobres del mundo dependen del pescado como su principal fuente de proteínas (Damania y otros., 2023).
La rapiña literal de la pesca en las aguas del sur de América (Atlántico Sur del lado argentino y Pacífico Sur del lado peruano y ecuatoriano) por parte de las flotas de países europeos y de China, impulsan una captura indiscriminada que agota las pesquerías regionales y afecta las economías de miles de pescadores latinoamericanos.
Otros subsidios que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad incluyen transferencias, créditos fiscales u otros incentivos perversos proporcionados en sectores como “agricultura, pesca, transporte e infraestructura, construcción, cambio de uso de la tierra y silvicultura” (BIOFIN, 2022).
El Instituto Paulson, por ejemplo, estima que anualmente se gastan 542 mil millones de dólares en subsidios agrícolas que son perjudiciales para el medio ambiente, mientras que otras estimaciones sugieren que los gobiernos gastan anualmente entre 4 y 600 mil millones de dólares en subsidios que son perjudiciales para el planeta (Dasgupta, 2021).
Por otro lado, los impuestos a las exportaciones de cereales y otras materias primas (retenciones) generan distorsiones en el mercado internacional y afectan a los agricultores, aumentando la presión sobre los recursos naturales a medida que se presiona a los agricultores para que puedan continuar subsistiendo y compitiendo en un mercado tan distorsionado.
Un caso paradigmático de esto último es la Argentina. Por un lado, el modelo de agricultura industrial, reconocido como modelo sojero – soja transgénica + siembra directa + glifosato – viene siendo la nave insignia que dio gobernanza a gobiernos ineficientes.
Por un lado, los agricultores intensifican su producción, expanden las fronteras, aumentan las escalas productivas y se concentran en cultivos de exportación o cashcrops. Y por el otro, pagan un elevado impuesto a su propio gobierno, para poder exportar sus producciones, llegando a representar más de un 35 % de lo que producen. Prácticamente de cada tres barcos que Argentina exporta, uno se lo queda en forma directa el gobierno argentino.
El campo argentino aportó en derechos de exportación unos USD 4.250 millones en lo que va de 2023 y USD 175.000 millones desde el año 2002.
Tanto subsidios como retenciones, generan serias distorsiones en el mercado agroalimentario en el que solo algunos ganan, mientras el vaciamiento de recursos naturales se sigue produciendo y degradando cada vez más el planeta. Distorsiones que el mundo y los países productores y consumidores, deberán revisar si no queremos poner en riesgo la estabilidad agroproductiva y alimentaria de todos.
Bibliografía
BIOFIN. (2022). BIOFIN Catalogue of Finance Solutions. BIOFIN. https://www.biofin.org/finance-solutions
Damania, R., Polasky, S., Ruckelshaus, M., Russ, J., Amann, M., Chaplin-Kramer, R., 3367 Gerber, J., Hawthorne, P., Heger, M. P., Mamun, S., Ruta, G., Schmitt, R., Smith, J., 3368 Vogl, A., Wagner, F., & Zaveri, E. (2023). Nature’s Frontiers: Achieving Sustainability, Efficiency, and Prosperity with Natural Capital. Washington, DC: 3370 World Bank. http://hdl.handle.net/10986/39453
Dasgupta, P. (2021). The economics of biodiversity: The Dasgupta review. HM Treasury.
OCDE. (2022). Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016-2020: Insights from Disaggregated Analysis. OECD. https://doi.org/10.1787/286dae5d-en
Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios: ¿Quién se come a quién? GEPAMA. Colección Economía Ecológica. Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires. https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien
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Es Ingeniero Agrónomo, con formación en Genética Vegetal. Es Máster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología por la Universidad de Córdoba, España. Es Director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires (GEPAMA). Profesor Titular de Economía Ecológica, Universidad Nacional de General Sarmiento. Es Miembro del Grupo Ejecutivo del TEEB Agriculture and Food de las Naciones Unidas y miembro Científico del Reporte VI del IPCC.
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