Por: Carlos Iván Moreno (México).
La semana pasada, en la celebración del 25 aniversario del SAT, su directora – Raquel Buenrostro- destacó que, en lo que va de la presente administración federal, los ingresos tributarios aumentaron 8.6 por ciento en términos reales, unos 511 mil millones de pesos, equivalente a 1.8 puntos porcentuales del PIB. Además, resaltó que la recaudación de los “grandes contribuyentes”, cuyos ingresos son mayores a 1,500 millones de pesos al año, incrementó 20.7 por ciento en lo que va del 2022 respecto al mismo periodo en 2021.
Temerle al SAT es buena noticia. Todo aumento en la recaudación fiscal debe celebrarse, pues fortalece la capacidad del gobierno para, a través de buenas políticas públicas, resolver los graves problemas sociales; sin embargo, estas buenas noticias son, a todas luces, insuficientes para siquiera matizar los problemas del país en términos de pobreza, inseguridad, salud y educación, por mencionar algunos.
México sigue siendo uno de los países con las recaudaciones fiscales más bajas del mundo; apenas 18 por ciento del PIB, a nivel de países africanos y/o Estados fallidos. Entre países de América Latina y el Caribe, México es el sexto país con la menor recaudación fiscal, por debajo de países como Jamaica (28 por ciento), Nicaragua (25.4 por ciento), Bolivia (22.4 por ciento) y El Salvador (22 por ciento), entre otros. Esta ínfima recaudación se traduce en un Estado débil, famélico. Veamos los datos.
El gasto público per cápita en México es de apenas 5,706 dólares anuales (alrededor de 114 mil pesos). En contraste, en Noruega es de 33,649 dólares, Estados Unidos 30,242, Alemania 30,207 y Brasil 10,182. Si solo consideramos el gasto social (salud, educación, combate a la pobreza), México destina únicamente 1,420 dólares al año por persona (28 mil pesos); Noruega 15,481 dólares, Alemania 12,467, Estados Unidos 10,785 y Chile 2,639.
La debilidad del Estado mexicano se acentúa año con año. De acuerdo con un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto per cápita disponible en las entidades federativas para proveer bienes y servicios a su población ha disminuido 27 por ciento desde 2018. Estamos peor que hace cuatro años.
El problema central es el dañino mito histórico de que en México tenemos un “gobierno rico y pueblo pobre”. Nada más alejado de la realidad. Tenemos un gobierno muy pobre, sin dinero ni instituciones para resolver los enormes problemas de pobreza e inseguridad de su pueblo.
En un país dónde el 50 por ciento de la población más pobre reúne solo 9 por ciento de la riqueza total, pero paga el 18 por ciento del total de impuestos, mientras el 10 por ciento más rico acumula el 80 por ciento de la riqueza y solo contribuye con 36 por ciento de la recaudación total, reformar de fondo el sistema tributario debería ser impostergable.
Estamos lejos de una verdadera estructura fiscal progresiva. De acuerdo con Viri Rios, reconocida analista política, los hogares del 10 por ciento de mexicanos más ricos deberían pagar más de 405 mil pesos adicionales de impuestos cada año para que su participación fiscal fuera proporcional a sus Ingresos, ¡cada año!
Una alternativa, ampliamente discutida alrededor del mundo para tratar de aliviar estas desigualdades son los impuestos a la riqueza. Según el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG), en México un impuesto a la riqueza (aplicable únicamente al 10 por ciento más rico, con tasas mínimas de 0.9 a 1.9 por ciento) tendría un potencial recaudatorio de 373 mil millones de pesos al año (1.5 por ciento del PIB). Esto representa, en un solo año, más del 70 por ciento del aumento en la recaudación de los últimos cuatro años.
En México sale muy barato ser Slim o Salinas Pliego.
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Carlos Iván Moreno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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