Paola Gordon

1 de cada 4 personas en América Latina y el Caribe no tiene acceso a agua gestionada de manera segura

Published 1 año ago Noticias NCC1 año ago • Bookmarks: 46

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Por: Paola Gordon Luna (México).

Según datos estimados al 2020 por el JMP, el 75 por ciento de la población en América Latina y el Caribe (ALC) contó con acceso a agua gestionada de manera segura (AS) y el 34 por ciento con saneamiento gestionado de manera segura (SS), esto significa que más de 163 millones de personas no contaron con AS y más de 400 millones no contaron con SS.

AS se refiere al agua para consumo humano, procedente de una fuente mejorada ubicada dentro de la vivienda o en el patio o parcela, disponible en el momento necesario y libre de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias, mientras que SS se refiere al uso de instalaciones sanitarias mejoradas que no se comparten con otros hogares y donde los excrementos se eliminan de manera segura in situ o se retiran y se tratan en otro lugar.

Entre los años 2000 y el 2020, la región de ALC aumentó su población en 25% para alcanzar los 654 millones de habitantes, de los cuales el 81 por ciento habita en zonas urbanas.

Se calcula que la región continuará con un crecimiento poblacional importante y alcanzará una población de 706 millones de habitantes en el año 2030, es decir, 52 millones de habitantes adicionales a los del 2020. Esto significa que, en promedio, cada año habrá que dotar de infraestructura de Agua y Saneamiento a 5.2 millones de personas adicionales solo para mantener los niveles de cobertura. Estos datos fueron compartidos durante la presentación del Informe Regional por el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento durante la VI Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Agua y Saneamiento (LATINOSAN Bolivia 2022) que se realizó en octubre, poniendo en evidencia la necesidad de actualizar y crear políticas públicas efectivas en los países de la región, incrementar la inversión, fortalecer la colaboración y emprender todas las acciones necesarias para atender y resolver de una vez por todas esta situación, que de no atenderse, mermará la calidad de vida y desarrollo de nuestras comunidades.

Infralatam, una iniciativa de colecta estandarizada de información de recursos destinados a la infraestructura de la región de ALC, permite identificar los montos de inversión pública en infraestructura de agua y saneamiento de 21 países de ALC, evidenciando que las inversiones en la mayor parte de los países de la región, incluyendo fuentes públicas y privadas, son inferiores al 0.5 por ciento del PIB, con excepción de Belice a partir de 2014, el Estado Plurinacional de Bolivia y Nicaragua a partir de 2013 y Perú a partir de 2017.

En general, el nivel de inversiones de los países de la región está por debajo de los requerimientos para cumplir con las metas del ODS 6. De acuerdo con un estudio realizado por el BID, para lograr acceso seguro a agua potable y saneamiento en ALC se requiere que los países de la región pasen de invertir anualmente 0.39 por ciento del PIB a por lo menos 0.52 por ciento del PIB anualmente hasta el año 2030.

Por lo tanto, en total, los 33 países de la región tienen que invertir más de 382.500 millones de dólares en infraestructura nueva, mantenimiento y reemplazo de activos en lo que respecta agua potable y saneamiento, sin contabilizar la reposición de los activos correspondientes a las plantas de tratamiento de aguas residuales, cuya complejidad aumenta debido a las diferentes tecnologías de tratamiento y las normas de cada país.

Por otro lado, también la mala calidad ambiental del agua es un problema que sigue incrementándose en gran parte de las cuencas de ALC debido principalmente a que solo el 41 por ciento de las aguas residuales domésticas que se producen son tratadas. Este hecho, junto con otras fuentes de contaminación, como la descarga de aguas residuales industriales sin tratamiento adecuado y la escorrentía agrícola ha provocado que muchas partes de ALC tengan una calidad de agua superficial gravemente degradada y, con ello, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para consumo.

Ante este panorama, es imperante incrementar la inversión pública en agua y saneamiento en la región. Los compromisos para lograrlo fueron discutidos ampliamente durante la VI Conferencia LATINOSAN Bolivia 2022. Las delegaciones gubernamentales de los países participantes acordaron 24 acciones prioritarias que quedaron plasmadas en la Declaración Conjunta de Tiquipaya “Un Llamado a la Acción por la Vida”:

Reafirmar el compromiso de los países para implementar la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de julio del 2010, que reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Exhortar a los Estados y los organismos internacionales y multilaterales, a que asignen recursos y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación, en particular a los países de América Latina y el Caribe, a fin de intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso adecuado al agua potable y al saneamiento.
Fortalecer el principio del agua para la reproducción de la vida, promoviendo la convivencia armónica entre todos los seres vivos de la Madre Tierra, incluyendo garantizar las necesidades de acceso al agua potable y al saneamiento.
Fortalecer la cooperación internacional, mediante los mecanismos de Cooperación Norte – Sur, Triangular, Sur – Sur, incluyendo la provisión de financiamiento, así como la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades, conocimientos técnicos y tecnológicos alternativos para la gestión del recurso hídrico, los servicios de agua y saneamiento, con énfasis en la economía circular, gestión del riesgo y la acción climática.
Exhortar a los Estados a que garanticen el cumplimiento progresivo de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas y todos de manera inclusiva, eliminando las desigualdades de acceso, en particular de los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, y otros grupos vulnerables, excluyendo cualquier tipo de discriminación por motivos de género, edad, capacidades diferentes, discapacidad, identidad cultural, religión, condición económica o por cualquier otro motivo.
Eliminar progresivamente la defecación al aire libre mediante la adopción de políticas, planes, programas y proyectos para aumentar el acceso al saneamiento con seguridad y privacidad en el uso de los servicios, en particular para las personas que son vulnerables o marginadas, con seguridad y privacidad en el uso de los servicios, incluyendo el uso de tecnologías costo-eficientes, efectivas, adecuadas y sistemas no convencionales con el objetivo de tener un medio ambiente limpio y saludable tanto en la vivienda como en las infraestructuras comunitarias.
Participar en la Conferencia sobre el Examen Amplio de Mitad de Período del Logro de los Objetivos del Decenio Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible 2018 – 2028”, a realizarse en Nueva York, del 22 al 24 de marzo del 2023, con el fin de presentar los esfuerzos regionales que coadyuvan al logro de los objetivos y las metas sobre el agua, convenidos internacionalmente, incluidos los enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental para la dignidad humana y la vida ya que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la salud pública y la calidad de las reservas de agua potable.
Avanzar en la obligación de los Estados de ampliar progresivamente los servicios de agua y saneamiento, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas marginadas, teniendo en cuenta las particularidades en las necesidades de los pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres, niñas y niños; aumentar el acceso a los servicios de agua y saneamiento más allá del hogar y asegurar el servicio en los centros educativos y establecimientos de salud, como respuesta preventiva a cualquier pandemia y al impulso del desarrollo integral y sostenible y de esta forma reducir las brechas existentes y eliminar progresivamente las desigualdades.
Priorizar el saneamiento básico entre las políticas nacionales de desarrollo integral, incluyendo la protección de fuentes de agua, la gestión sostenible de aguas residuales, residuos sólidos, aguas pluviales y la disposición ambientalmente adecuada de residuos sanitarios, a través de un fuerte compromiso de los países para invertir en el sector.
Promover la implementación de buenas prácticas de higiene para la mejora de la calidad de vida y la salud pública, con equidad social y territorial en el acceso al saneamiento básico, especialmente en áreas periurbanas y rurales; así como, de estrategias adaptadas culturalmente y que integren un enfoque de género.
Reforzar la implementación del Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS) para su plena operatividad de tal forma que sea el referente regional en gestión de información comparable y conocimiento en agua potable y saneamiento, fortaleciendo las capacidades nacionales de generación y análisis de información.
Continuar con los esfuerzos en materia de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, u otros enfoques, para la gestión de las cuencas hidrográficas, así como asegurar y priorizar el uso de agua para consumo humano, promoviendo la conformación de organizaciones de cuenca con la participación de los diversos sectores, actores estratégicos y grupos especializados técnicos de las diferentes disciplinas.
Promover la implementación de proyectos de siembra de árboles, reforestación, cosecha de agua, protección de fuentes y gobernanza del agua, recuperación de la calidad del agua, implementación de planes de adaptación y aumento de resiliencia frente a la crisis climática, de acuerdo a las prioridades de los países.
Incorporar planes de adaptación y gestión del riesgo frente al cambio climático, para favorecer la protección de las fuentes de agua para consumo humano y facilitar la infraestructura que promueva la sostenibilidad y resiliencia, asegurando la gestión de riesgos por la crisis climática, para detectar posibles amenazas y proteger la accesibilidad al agua potable, saneamiento y reúso de aguas residuales, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
Fortalecer la innovación tecnológica, la gestión social, la operación y mantenimiento de los sistemas convencionales, no convencionales y soluciones basadas en la naturaleza; a través de la gestión del conocimiento, en consonancia con las necesidades de las poblaciones, asegurando la sostenibilidad técnica, financiera y social; y el reconocimiento de los sistemas de conocimiento, tecnologías y prácticas de los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes.
Alentar a los países desarrollados, a las empresas públicas y privadas, a que flexibilicen los mecanismos de liberación de las patentes, propiedad intelectual y/o licencias obligatorias o voluntarias para tecnologías necesarias de la cadena del agua y saneamiento, el tratamiento adecuado y la eliminación segura de las aguas residuales, sistemas de descarga de las aguas residuales y para incrementar la accesibilidad a los baños en todos los niveles.
Promover la participación ciudadana por medio de procesos formativos, de sensibilización, acceso a la información y procesos de rendición de cuentas, fiscalización y control social, que aseguren la prestación sostenible de los servicios de agua y saneamiento y enfatizar la participación activa para establecer la importancia y el rol de las mujeres en el área urbana y rural en agua, saneamiento e higiene.
Garantizar que el agua y los derechos de agua no sean convertidos en mercancías ni objetos de especulación comercial en mercados de aguas y de derechos de aguas, comerciados como valores negociables o activos futuros aprovechando la escasez y la necesidad de este recurso y sus servicios de agua potable y riego.
Fortalecer las capacidades de las Organizaciones Comunitarias de los Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS), para asegurar el cumplimiento del derecho humano al agua potable y el saneamiento en sus áreas de prestación de servicios y promover medidas de adaptación y fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas.
Fortalecer los mecanismos de vinculación con las universidades y la academia en el sector de agua potable y saneamiento con la finalidad de contribuir a la generación y apoyo a la implementación de políticas públicas sectoriales, en un contexto de diálogo intercientífico e intercultural, que garantice la disponibilidad de agua para consumo humano.
Realizar mecanismos de seguimiento periódico de los compromisos de la Declaratoria de la VI LATINOSAN, con énfasis en el cumplimiento de las iniciativas presentadas por los países en la Rueda de Cooperación en Agua y Saneamiento.
Acoger con beneplácito, que la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Saneamiento (VII LATINOSAN) se realizará en el año 2025 en la hermana República Dominicana, país que asumirá la Secretaría Pro Témpore en los próximos años y hasta la conclusión del evento.
Agradecer la hospitalidad y compromiso del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Organizadora Nacional, así como a la cooperación internacional por los esfuerzos en la coordinación y realización de la VI Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Saneamiento.

Sin duda, los desafíos relacionados con el acceso y calidad del agua continúan en América Latina y el Caribe; se necesita urgentemente una activa participación y demanda ciudadana para lograr que las autoridades gubernamentales prioricen inversiones para el incremento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento y la mejora de su calidad, además de una combinación de innovación, creatividad y la colaboración de todos los sectores para resolver dichos retos.

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Paola Gordon Luna:

Especialista en gestión de recursos naturales. Tiene estudios en Biología y en Manejo de Proyectos en la Universidad de Panamá y en la Universidad de Utah. Es Maestra en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya a los gobiernos brindando asistencia técnica para mejorar el desempeño y la eficiencia de los sistemas de agua potable y desarrollar estrategias de planificación hídrica.