Por: Vanessa Valerio, Sergio Molina y Alina Aguilar (Costa Rica).

Si consideramos que una ciudad resiliente es aquella que “evalúa, planifica y actúa para prepararse y responder a peligros naturales y creados por el hombre, repentinos y de inicio lento, esperados e inesperados, a fin de proteger y mejorar la vida de las personas, asegurar los beneficios del desarrollo, fomentar un entorno de inversión y promover un cambio positivo” (ONU-HABI-TAT, s.f.), entonces, existe un gran desafío para articular las agendas internacionales y sus compromisos, con las políticas y planes nacionales, y de estos, con la planificación local.

Según Valerio-Hernández et al. (2016), los países requieren definir acciones concretas, y el espacio local es donde se puede incidir en la definición de políticas públicas que atiendan las afectaciones principalmente climáticas.

También, se considera que el tema de cambio climático es una sombrilla abrigadora para atender los temas socioambientales que se ocupan los gobiernos locales, es una oportunidad para articular las diferentes agendas de residuos, gestión del agua, gestión de riesgos, reforestación, otros. Además, se puede contribuir desde el espacio local con los compromisos internacionales y nacionales.

Por tanto, se requiere el planteamiento de enfoques alternativos que permitan empoderar a los gobiernos locales e incrementar su capacidad para afrontar los retos actuales y futuros en las distintas dimensiones de la sostenibilidad, de tal manera que puedan hacerse más resilientes a riesgos y continuar por la ruta del desarrollo sostenible.

En el ámbito local, los gobiernos locales tienen un estatus de primera línea en la respuesta a los desastres, pero con frecuencia se caracterizan por tener por un lado amplias responsabilidades, y por el otro, pocas capacidades (UNISDR, 2017).

Considerando lo expuesto anteriormente y la realidad que se experimenta en la mayoría de los gobiernos locales, específicamente para el caso de Costa Rica, aún prevalece la desarticulación entre los instrumentos de planificación y el proceso de desarrollo local, más aún cuando se aborda la acción climática local. Para trabajar esta necesidad, se ha incidido en la construcción de Planes de Acción Climática Cantonal (PACC) en ciertos territorios en específico.

Un PACC es un instrumento que considera la gestión de riesgos y el cambio climático como ejes transversales en la planificación local y de los procesos municipales, de tal forma que permita un desarrollo económico y social sustentable a favor del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y de los ecosistemas que lo rodean.

Su enfoque tiene por objetivo que un cantón y sus ciudadanos se comprometan a desarrollar estrategias y acciones para la reducción de emisiones gases de efecto invernadero y de riesgos socioambientales, al tiempo que promueva medidas de adaptación al cambio climático.

De las experiencias que han construido planes de acción climática cantonal, se parte del enfoque metodológico, donde la resiliencia (entendida como un requisito para el desarrollo de ciudades sostenibles, más seguras e inclusivas) se construye aumentando las capacidades locales para participar, decidir y planificar entre los grupos del cantón y las autoridades locales, valorando e integrando el conocimiento, las capacidades y los distintos recursos locales (PEPCCL, 2019).

Así, la organización y la participación social se consideran un eje fundamental. Se parte de la conformación de una estructura organizativa inclusiva, con el compromiso de diferentes sectores y actores sociales, donde se busca la representación de intereses; el tipo de participación que se promueve – trasciende a la consulta— al ser de asesoría y toma de decisiones en la gestión local.

Se conoce y se analiza la problemática ambiental y climática local y se promueven el desarrollo de políticas y acciones climáticas acorde a la composición y dinámica del territorio.

Las experiencias en la temática, nos permite señalar al menos tres importantes desafíos para lograr ciudades más resilientes.

Destaca alcanzar una consistencia entre la toma de decisiones y la declaración del territorio al que se aspira tener; la propia capacidad de organización y participación social de las comunidades, que con frecuencia limita su nivel de involucramiento en asuntos públicos y, por tanto, de empoderarse en temas estratégicos de desarrollo local. Y un tercer desafío, y quizás el más importante, es la construcción de un modelo de gobernanza climática conducido con una visión multinivel, que considere los compromisos internacionales, las políticas y procesos de planificación nacional y los procesos de planificación local.

El concepto de resiliencia en ciudades sigue irrumpiendo en espacios de discusión y en la política pública a medida que continúe creciendo el número de incidentes de desastres y sus costos. Por tanto, aumentar la resiliencia urbana requiere el fortalecimiento de las capacidades locales con modelos alternativos de gobernanza: participativos, inclusivos y empoderadores, que permitan por un lado atenuar la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, y por otro, propiciar el desarrollo sostenible de ciudades y comunidades, mejorando de manera justa y equitativa la calidad de vida de sus poblaciones.

La presente columna es un extracto del artículo “La construcción de ciudades y comunidades resilientes requiere una gobernanza alternativa” publicado previamente en la revista Ambientico N° 270 (2019).

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Vanessa es investigadora en la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Especialista en Gobernanza Climática y Desarrollo Local desde 2009. Coordinó el proyecto de investigación-extensión de la Universidad Nacional “Estrategias participativas de cambio climático a nivel local”. En 2018, impulsó la iniciativa nacional “Red Costarricense de Gobierno Locales ante el cambio climático”. Es miembro de la Comisión Nacional de Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

Alina es Licenciada en Ingeniería en Gestión Ambiental. Desde 2012, ha trabajado como investigadora y extensionista en temas de gobernanza climática y políticas públicas, en el marco del proyecto “Estrategias participativas de cambio climático a nivel local” de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha trabajado como voluntaria, maestra, consultora y asesora en temas de cambio climático, educación ambiental, gestión de residuos, en la Carta de la Tierra, entre otros. Forma parte de la ONG Ruta del Clima.

Sergio es Ingeniero Forestal con una Maestría en Mercadeo de Productos Forestales y un Doctorado en Administración de Recursos Naturales con énfasis en Economía y Política Ambiental de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos de América. Actualmente es el editor en jefe de la Revista de Ciencias Ambientales, la Revista Ambientico y académico de la Universidad Nacional.