Plumas NCC | Subsidios distorsivos en la agricultura: Ampliando nuestra mirada

Por: Walter Pengue (Argentina).

 

«La agricultura es la cosa más fácil del mundo, cuando el arado de uno es un lápiz y se está a mil millas del maizal»

Dwight Eisenhower(1890-1969)

 

La política agrícola, el uso intensivo de los recursos vinculados, los canales de comercialización, la estabilidad de los agricultores y la estabilidad ambiental vienen siguiendo un proceso distorsivo a los largo de los años, que impacta de manera diferente sobre los agricultores del Norte y del Sur Global.

En mi columna anterior (Pengue 2023), he hurgado sobre los grandes números de estos efectos e intentando analizar la coyuntura a la que nos enfrentamos. Pero el tema no es nuevo.

Los subsidios con fines ambientales y la promoción de políticas verdes en algunos sectores del mundo influyen de manera distintiva y en la mayoría de los casos no han logrado los objetivos para los cuales fueron creados (Pengue 2023).

Luego de más de 20 años de la creación de la Ronda de Doha y el cambio de una agenda ámbar hacia un respaldo mayor “verde”, las implicancias, tanto en la política comercial como ambiental han sido importantes.

Las discusiones que pasaron por la eliminación, reducción o reorientación de los apoyos internos y los subsidios a la exportación junto a una liberalización del acceso a los mercados claramente distorsionaron los precios internacionales de los productos agrícolas y promovieron artificialmente exportaciones a destinos inesperados, como así también competencias entre sectores subsidiados o sectores que sufren imposiciones sobre sus exportaciones.

A pesar de la aparente discusión por la liberalización en los mercados, las distorsiones existentes, sumados a barreras paraarancelarias y aparentes salvaguardas ambientales, provocaron presiones sobre el ambiente, que en lugar de promover una gestión sostenible que mejore el adecuado uso de los recursos, promovieron proceso de degradación y prácticas que beneficiaron artificialmente a los agricultores de las economías más poderosas. Y ponen una mayor presión para producir y exportar en las agricultoras del Sur, impulsando agendas de ampliación de fronteras agropecuarias que terminan afectando sustantivamente a los recursos de base, entre estos: el suelo.

El cambio de uso del suelo (CUS) y la expansión de las fronteras, especialmente en aquellos países que, en lugar de subsidiar, aplican impuestos a sus agricultores como la Argentina o liberan el mercado totalmente como Brasil o Paraguay, sigue siendo una respuesta de los agricultores – especialmente de los más grandes – para sostenerse en un sistema productivo complejo.

Las economías desarrolladas suelen subsidiar los ingresos de los agricultores directamente en función de su volumen de producción o estableciendo precios mínimos para los cultivos fundamentales, lo que a menudo beneficia a los grandes productores, causando distorsiones en los precios, que, dependiendo de la elasticidad de la demanda del producto, benefician o no a los propios consumidores.

Los subsidios a los agricultores en países en vías de desarrollo, generalmente se basan en apoyos para la compra de insumos sintéticos, fertilizantes, agroquímicos o tecnologías que pueden aumentar el rendimiento de los cultivos, pero también generan impactos. La aplicación excesiva de insumos viene a un alto costo ya que sustituye la sostenibilidad y prosperidad del medio ambiente y del sector agrícola a largo plazo con beneficios económicos de corto plazo. Cuando se usan en exceso, pueden perjudicar la salud del suelo y los rendimientos de los cultivos. En muchos países, los fertilizantes subsidiados y otros insumos artificiales han dañado la tierra y agotado los recursos naturales de los cuales dependen los agricultores, como suelos en buen estado (WRI 2021).

Los gobiernos de los países desarrollados, destinan más de 700.000 millones de dólares anuales a subsidios agrícolas. Sin embargo, muchos de estos incentivos agrícolas no lograron alcanzar los objetivos políticos esperados: mejorar el rendimiento de los cultivos, aumentar los ingresos de los agricultores y desarrollar las economías rurales.

Estos subsidios, han fomentado la aplicación excesiva de fertilizantes químicos, mayor consumo de agroquímicos y una expansión agrícola insostenible, lo que se ha traducido en deforestación a gran escala y degradación de las tierras; estos factores pueden convertir los sumideros de carbono en fuentes de carbono y acelerar el cambio climático. Debido a esta tendencia, la agricultura, la silvicultura y otros sectores que dependen del uso de la tierra representaron el 18,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en 2016 (WRI 2021).

Si a los subsidios a la agricultura, sumamos los subsidios a la pesca y a los combustibles fósiles, nos encontramos con un efecto distorsivo en la economía que sólo beneficia a los grandes jugadores de la economía global, en detrimento de los países exportadores (grano, energía, alimentos) y una mayor competencia y presión sobre la naturaleza. En lugar de desalentar, la explotación y prácticas extractivistas, esto parece aún promoverla más intensamente.

Un reciente informe del Banco Mundial (2023) critica cada día más los impactos y los efectos de estos subsidios distorsivos, que se direccionan especialmente además a los grandes agricultores.  En el reporte se afirma que los gastos públicos directos a nivel mundial en los tres sectores mencionados alcanzan los USD 1.250 billones al año, lo que se compara con una economía grande, como la de México. Para subsidiar el consumo de combustibles fósiles, los países gastaron alrededor de seis veces el monto que prometieron movilizar al año en favor de las energías renovables y el desarrollo con bajas emisiones de carbono, en virtud del Acuerdo de París.

En el ámbito de la agricultura, los subsidios directos, que superan los u$s 635.000 millones al año, conducen al uso excesivo de fertilizantes que deterioran el suelo y el agua y perjudican la salud de los seres humanos. Directamente hasta 7 billones de dólares en fondos asignados son directamente perjudiciales para la biosfera y son subsidiados tanto por el sector privado como por el público (PNUMA, 2023).

Por otro lado, los subsidios a la pesca, que superan los u$s 35.000 millones al año, son factores claves que fomentan la disminución de las poblaciones de peces, las flotas pesqueras sobredimensionadas y la rentabilidad decreciente. Dado que la proteína de origen animal que consumen más de 1.000 millones de personas pobres en el mundo proviene de la pesca, es fundamental que las pesquerías se restauren a niveles saludables (BM 2023).

Actualmente, se estima que los subsidios públicos perjudiciales son del orden de casi 2 billones de dólares por año y los flujos privados hacia actividades económicas que dañan directamente la naturaleza están estimados según distintas fuentes entre los 3 a los 6 billones de dólares por año. Por otra parte, los delitos ambientales están estimados entre 0,1 billones de dólares y 0,3 billones de dólares por año. Las investigaciones sugieren que el gasto que se considera perjudicial para la biodiversidad es al menos 35 veces mayor que el gasto que tiene como objetivo protegerla o restaurarla.

En el Informe sobre la Economía Verde del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2011) se estimaba que el costo de la transformación agrícola mundial sería aproximadamente de un tercio de los subsidios agrícolas anuales hasta 2050. Ese mismo año, el Comité Permanente de Investigación Agrícola de la Unión Europea, destacaba los problemas relacionados con el agotamiento de los recursos naturales que superaban los límites planetarios e instaba a centrarse tanto en la producción como en el consumo como un paso clave en el proceso de transformación, es decir, impulsar a adoptar un enfoque sistémico.

Dependiendo de los países y las regiones, los intereses son distintos. Actualmente, crecen las propuestas de reforma al sistema de subsidios y una clara reorientación y mayor control en su uso, aplicación y resultados. Los países desarrollados, como la Unión Europea, aceptan en algunos casos su reorientación. Un ejemplo, ha sido impulsado por Dinamarca, con el fin de reorientar sus subsidios verdes en la agricultura. Pero no su eliminación, con el argumento de un aparente daño social y costos de adaptación insostenibles, sumado a efectos en la seguridad social.

En 2019, se firmó El Pacto Verde Europeo, que parece ser una oportunidad para mejorar el sistema productivo de la región y su relación con la sociedad, pero claramente necesita de un equilibrado enfoque ambiental, económico y social y su relación con otras regiones y dentro incluso de los diferentes países europeos. Las discusiones y presiones entre sectores, por ejemplo, en el dilatado acuerdo UE-Mercosur, es sólo un ejemplo de todas estas cuestiones. Ahora impulsan una reorientación hacia prácticas sostenibles, entre ellas, la agricultura orgánica. Y promueven sistemas que se basen en la agroecología y que reducen la dependencia de insumos externos como los fertilizantes sintéticos, agroquímicos y coadyuvantes. Claramente la solución implica una poderosa reformulación de las políticas y un equilibrio en el uso de los subsidios explícitos e implícitos que apoyen – y puedan contrastarse – con resultados concretos en mejoras de la performance ambiental.

Por otro lado, eso puede redundar en el aumento en el precio de los alimentos, lo que claramente implica cabildeos de uno u otro lado y fuertes presiones de las multinacionales agrícolas, los poderosos grupos sindicales del campo y hasta sectores urbanos vinculados al consumo, que presionan por precios mínimos, más allá de los alimentos que se encuentren involucrados.

Es claro que las economías poderosas, no quitarán los subsidios a la agricultura. Y también lo es, que los países productores de alimentos, especialmente los ubicados en el Sur global, se ven afectados directamente con estas prácticas y subsidios. A ello se suma, la interdependencia entre uno y otro sector. Por ejemplo, el llamativo caso de la dependencia europea por los piensos del mundo en desarrollo. Que, por una parte, sostienen una parcializada práctica ecologista, promoviendo por otro lado, la sobreexplotación de los recursos – especialmente las tierras – en el sur planetario.

A esto es a lo que se enfrenta la agricultura global. A un escenario de intervenciones en los mercados y presiones varias y complejas, que claramente la tienen alejada de la sustentabilidad de los sistemas alimentarios mundiales. Sigue y seguirá siendo distorsivo, más allá de lo cursivo de las propuestas.   Otro caso diferente, es cuando se promueven prácticas de producción, consumo e interacciones locales. Sobre ello, hablaremos en nuevas columnas en el futuro.

 

Fuentes de base:

Banco Mundial (2023). Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies. https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/detox-development

Pacto Verde Europeo (2019). El Pacto Verde Europeo.  https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/

Pengue, W.A. (2023). Economía ecológica, recursos naturales y sistemas alimentarios ¿Quién se come a quién?. https://ppduruguay.undp.org.uy/wp-content/uploads/2023/04/Economia-Ecologica-Recursos-Naturales-y-Sistemas-Alimentarios.-Quien-se-Come-a-Quien.pdf

Pengue, W.A. (2023). Los subsidios a la agricultura del mundo desarrollado y sus impactos sobre América Latina. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/12/20/plumas-ncc-los-subsidios-a-la-agricultura-del-mundo-desarrollado-y-sus-impactos-sobre-america-latina/

WRI (2021). Los subsidios agrícolas inteligentes pueden restaurar granjas degradadas y generar beneficios para las economías rurales.

 

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).