A pocos días de las elecciones presidenciales a celebrarse este domingo 22 de octubre, el Congreso argentino aprobó, el 11 de octubre, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que fija los lineamientos del sector para lo que resta de la década.
La noticia llega en un clima de gran incertidumbre, signado por la intención del candidato ultraliberal Javier Milei —el más votado en las primarias de agosto— de cerrar el Ministerio de Ciencia y de privatizar o reducir las funciones de los principales organismos de investigación.
Elaborado por el Poder Ejecutivo, el plan busca “fomentar la generación y gestión del conocimiento para la innovación social y productiva, inclusiva y sostenible” en instituciones y empresas del sector público y privado que realizan actividades científicas y tecnológicas.
A modo de diagnóstico, recuerda que la trayectoria productiva de Argentina está mayormente basada en el uso intensivo de recursos naturales, patrón que —combinado con un escaso valor agregado— deriva en bajos niveles de inversión en investigación e innovación.
“En diciembre de 2019, cuando empezamos a elaborar el plan, sabíamos que el problema también era la inestabilidad política, económica e institucional que sufre el país desde hace cinco décadas”, reconoce en diálogo telefónico con SciDev.Net el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado.
En aquel momento, cuando se iniciaba el gobierno del peronista Alberto Fernández, “también entendimos que la ciencia y la tecnología podían ser dimensiones que tendieran puentes en lo que había sido una grieta destructiva” con la gestión saliente de la actual alianza Juntos por el Cambio.
Desde entonces se celebraron más de 50 reuniones con entidades científicas y otras con representantes de las 24 jurisdicciones del país, cuyos aportes sirvieron para modificar el proyecto inicial.
Tras la media sanción del Senado en octubre de 2022, un año después, este miércoles 11 de octubre, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley, con 156 votos afirmativos (en su mayoría oficialistas) y 98 ausencias, entre ellas la de Milei.
El texto final propone diez grandes desafíos. Entre ellos, erradicar la pobreza mediante la producción de bienes y servicios basados en el conocimiento; impulsar la biotecnología para alcanzar la soberanía alimentaria; potenciar el desarrollo aeronáutico, espacial y de telecomunicaciones; y promover la industria informática, incluyendo la aplicación de inteligencia artificial en los procesos productivos.
También busca mejorar el uso sostenible de los bienes marítimos y consolidar un sendero para la transición energética con alta participación de fuentes renovables, entre ellas la nuclear.
Cada provincia ejecutará los fondos de acuerdo con sus agendas, pero el Gobierno nacional exigirá que los proyectos estén alineados con los lineamientos acordados.
Hurtado resalta el papel dentro del plan de ciencia otorgado al mundo laboral, ya que “en la elaboración participaron las centrales de trabajadores, organizaciones de la economía popular, y las pequeñas y medianas empresas (…) Quisimos que el trabajador apareciera como sujeto productor de conocimientos”.
Además valora el hecho de que dos de los desafíos tengan su núcleo en las ciencias sociales: contribuir al diseño de políticas que fortalezcan la democracia (por ejemplo, mediante investigaciones sobre delitos complejos) y construir una educación de calidad, fortaleciendo la enseñanza en contextos digitales.
La iniciativa proyecta una inversión del 0,85 por ciento del producto bruto interno para 2025 y del 1,7 por ciento para 2030. El sector recibe hoy unos US$ 2.000 millones anuales, de los cuales el ámbito privado solo aporta el 25 por ciento.
Uno de los objetivos en el plan de ciencia es equilibrar esa ecuación mediante los Fondos Argentinos Sectoriales, que —inspirados en el caso brasileño— fomentan estrategias de asociatividad público-privada.
A nivel político, la ley enfrenta el gran desafío de un eventual triunfo de Milei, un economista novato en la arena política y refractario a cualquier intervención estatal.
Aunque no podría vetarla (el presidente solo está habilitado a hacerlo hasta diez días hábiles después de su sanción), no se descarta que intente desarticular sus principales definiciones.
“Este es un gobierno que se va y no garantiza la estabilidad necesaria”, plantea en ese sentido el médico Rubén Manzi, uno de los dos diputados que se abstuvo.
“Es cierto que en Argentina a veces las leyes se pasan por alto, pero si el gobierno que viene no cumple con esta, el sector científico y todos los actores involucrados podrían salir a la calle para exigir que lo haga”, responde Hurtado.
Manzi, en tanto, critica que el plan no define completamente los mecanismos de control y seguimiento, ni garantiza el cumplimiento de las metas presupuestarias.
Y aunque reconoce que no fue capaz de votar en contra de desafíos como lograr una salud equitativa y de calidad, también alerta sobre la necesidad de mejorar el acceso a las tecnologías médicas mediante iniciativas de telecomunicación y digitalización.
A pesar del contrapunto, el hecho de que el sistema político haya logrado trazar una senda para la ciencia mereció los elogios de uno de sus compañeros de interbloque, el también médico Facundo Manes: “La política científica y tecnológica debe ser una política de Estado. La ciencia argentina no es de ningún partido político, es de la sociedad”.
En un mensaje que excede a las dos fuerzas que se repartieron el poder en los últimos 20 años, el diputado advirtió que, cuando no se entiende así, “los que ganan son los que vociferan discursos pre modernos o fantasiosos, como cuando dicen sin ponerse colorados que el Estado debe abandonar la investigación y el desarrollo científico”.
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