Un millón de personas en defensa de los glaciares argentinos

Argentina

Cerca de un millón de personas en Argentina han firmado hasta el momento un pedido de amparo colectivo para defender los cursos de agua derivados de los glaciares, luego que el Congreso nacional aprobara la reforma de una ley con consecuencias negativas para la protección de estos cuerpos de agua.

La ley N°26.639 de 2010 establecía presupuestos mínimos para proteger los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, y prohibía actividades mineras, industriales y de construcción en las zonas, entre otras cosas. La reforma aprobada el 8 de abril retira esos presupuestos y otorga a los gobiernos de las provincias argentinas la facultad de decidir acerca de los cursos de agua.

Ante ese escenario, el amparo colectivo —una acción judicial rápida que permite proteger derechos o intereses compartidos por un grupo de personas— es una de las respuestas para revertir esta reforma.

La medida —que será presentada ante la justicia para su consideración— está encabezada por las organizaciones Greenpeace, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de que se declare que la nueva ley es inconstitucional y no se aplique.

“La nueva ley rompe con el marco normativo y quita presupuestos mínimos de cuidado ya que cada provincia decidirá si hay o no relevancia hídrica, en base a estudios poco rigurosos y permeables a los intereses de las empresas mineras”.

Fabián Maggi, abogado de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

En el proceso de aprobación de la ley, “se desoyeron a comunidades locales, se ignoraron aportes científicos y técnicos, se desestimaron voces expertas y se limitaron las instancias de participación. Mas de 102.000 personas no fueron escuchadas en la audiencia pública”, dice la convocatoria.

La afirmación hace referencia a la audiencia pública récord, que tuvo más de 100.000 inscritos, y a las manifestaciones masivas frente al Congreso denunciando la situación.

“Se vulneraron derechos fundamentales y le corresponde al Poder Judicial devolverlos”, dijo a SciDev.Net Fabián Maggi, abogado de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

“La nueva ley rompe con el marco normativo y quita presupuestos mínimos de cuidado ya que cada provincia decidirá si hay o no relevancia hídrica, en base a estudios poco rigurosos y permeables a los intereses de las empresas mineras”, agregó.

Pero no se trata de la única movida judicial en torno a los glaciares.

La provincia de La Pampa, ubicada geográficamente en el centro del país, presentó una medida similar en los juzgados federales locales al día siguiente de aprobada la nueva ley.

La Pampa no tiene glaciares, pero sus escasos cursos de agua nacen en la cordillera de los Andes, y cree que la habilitación a su destrucción “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución nacional y en convenciones internacionales”, según declaró a la prensa el gobernador de esa provincia, Sergio Ziliotto.

El pedido plantea la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la nueva ley y fue hecho entre el gobierno provincial, la universidad local y ONG ambientalistas provinciales.

“El agua es un tema central para La Pampa”, dijo a SciDev.Net Francisco Marull, decano de la Facultad Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

“La escasez de agua es un problema histórico del territorio provincial y no hay río que lo atraviese; solo tenemos el río Atuel, que retiene ilegalmente Mendoza, y el río Colorado al sur, que es el límite con la provincia de Río Negro y que provee el 40 por ciento del consumo humano provincial”, describió.

“Si ese río se corta y pierde caudal o se contamina, en La Pampa se afectaría la salud de manera inmediata”, agregó.

Lo que se busca es que la justicia federal declare la inaplicabilidad de la nueva ley para que se analice el fondo de lo que está en juego. Y que, eventualmente, pasadas las instancias, se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene jurisprudencia de cuidado ambiental.

Hecha la ley

“La ley anterior protegía todos los cuerpos de hielo, ahora solo aquellos que son considerados estratégicos, incluso sin definir qué es estratégico, y que contribuyan a cuencas”, dijo a SciDev.Net Laura Zalazar, investigadora del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.

Esta modificación permite un campo entero de subjetividad y de decisiones discrecionales, que con la reforma pasan a las provincias, en manos de autoridades políticas y no de los expertos científicos, agregó.

“No hay antecedentes mundiales en cuanto a inventarios de glaciares donde se defina qué es estratégico. Esto permite la desprotección de los hielos”, concluyó Zalazar, quien fue coordinadora del inventario nacional de glaciares que comenzó en 2011, después de sancionada la ley que ahora se reforma.

En total, son 16.000 glaciares continentales argentinos, fuentes de agua dulce, que ahora corren riesgo de ser sujeto de explotación minera, a discreción de los gobiernos provinciales.

La voz minera

La intención del gobierno del presidente Javier Milei al propiciar la norma es incentivar las inversiones extranjeras mineras, para las que además garantiza exenciones fiscales.

Esa idea es compartida por algunos gobiernos de las provincias cordilleranas, al oeste del país, como Catamarca, cuyo gobernador, Raúl Jalil, fue uno de los defensores públicos de la reforma.

“Esta ley viene a darle federalismo a las provincias, algo que había prácticamente fracasado con la mal llamada Ley de Glaciares”, dijo en declaraciones periodísticas.

Jalil agregó que “la minería tiene un proceso de audiencias públicas, de control muy estricto, el más estricto dentro de los sectores económicos”.

SciDev.Net contactó a empresarios mineros, abogados del sector, así como a diputados que votaron la reforma para cotejar sus puntos de vista, pero ninguno respondió la consulta periodística.