La lucha por proteger a los Cárpatos de la explotación forestal

«¿Ven esta colina? La arrasaron. A unos 50 metros de la madriguera», detalla un portavoz de Greenpeace, Marek Jozefiak, en el municipio de Zatwarnica (sudeste).

En Polonia, solo quedan 150 plantígrados y hay que preservar su hábitat, asegura Jozefiak. Pero los bosques que recubren los Cárpatos, estos lugares «sagrados», están demasiado poco protegidos, dice.

La cordillera de los Cárpatos se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros por ocho países de Europa central. Sus bosques, algunos con más de 150 años de antigüedad o incluso primarios (nunca alterados por la actividad humana), son unos de los últimos refugios de la biodiversidad del continente.

Poblados de hayas y coníferas, cientos de especies de plantas, bisontes, linces, lobos, gatos salvajes y numerosas especies de pájaros, estos bosques desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático al atrapar CO2.

En un informe de noviembre de 2022, Greenpeace señaló que «en promedio, más de cinco terrenos de fútbol de bosque desaparecen cada hora» en los Cárpatos.

Esta pérdida genera relativa indiferencia en Polonia, pero en Rumanía ya provoca revuelo constataron periodistas de AFP.

Lucrativa explotación

En teoría «es una de las regiones más protegidas de la Unión Europea», indica Greenpeace en su informe. Pero en la práctica, en Polonia, solo está «estrictamente» protegida una fracción del 1 al 3% del terreno forestal, añade la oenegé.

La agencia forestal estatal, encargada a la vez de preservar y explotar los bosques, posee la mitad. Sus ingresos aumentaron un 50% interanual en 2022 a 15.200 millones de zlotys (3.800 millones de dólares), un 90% procedente de la venta de madera.

Esta agencia «intenta obtener tanto dinero como puede», critica Marek Jozefiak.

En 2018, Polonia fue condenada por la justicia europea por la tala del bosque primario de Bialowieza (este), el más grande que persiste en Europa, clasificado como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Ante las críticas, las autoridades se comprometieron a plantar nuevos árboles. Pero los militantes aseguran que esta solución no compensa el daño causado.

A lo largo de las últimas dos décadas, Polonia no creó un solo parque nacional debido a una ley local que otorga derecho de veto a las autoridades locales. Y en los que existen, la explotación forestal no está prohibida.

«El proceso no tiene un impacto negativo en el ecosistema forestal», asegura la responsable de una explotación, Ewa Tkacz. «Apreciamos mucho la naturaleza», añade.

Defensores del medioambiente organizan regularmente protestas. Los Cárpatos «se convirtieron en una especie de tierra agrícola, subordinada a la explotación forestal», reprocha Andrzej Zbrozek, profesor de biología y que vive en el corazón de estos bosques.

«Me resulta difícil aceptar que los bosques vayan desapareciendo poco a poco», destaca el quincuagenario.

Las talas ocurren también en Eslovaquia.

El geógrafo Mikulas Huba asegura que, aunque la superficie forestal supera oficialmente 40% del territorio del país, «no son verdaderos bosques», sino que a menudo son explotaciones o simples matorrales.

Ante lo que considera inacción de parte de Polonia, Greenpeace pidió a la Unión Europea desarrollar y financiar un plan para «proteger» los Cárpatos «como legado natural clave».

Esto ocurrió en Rumania.

Aplicaciones y cámaras de vigilancia

En los Cárpatos rumanos, el ingeniero forestal Gabriel Oltean se adentra a la búsqueda de árboles que marcó con un número hace dos años.

Este método todavía usado para verificar si ocurrieron talas ilegales es poco eficaz, reconoce el experto de 32 años, incapaz de encontrar algunos de los árboles en el pueblo rural de Ghimes Faget (este).

«Imaginen lo que le ocurre a un inspector que llega y no conoce el lugar», asegura.

Falta personal y las marcas se desvanecen con el tiempo o desaparecen bajo la resina.

Relativamente conservados bajo el régimen del dictador comunista Nicolae Ceausescu, que convirtió los Cárpatos en su sitio de caza, los bosques sufrieron después de su muerte en 1989 una tala clandestina que las autoridades tardaron mucho tiempo en controlar.

Desde el cielo, las cicatrices de esta actividad aparecen en forma de enormes huecos en medio del verdor. Los tocones que sobresalen del suelo recuerdan los árboles que antes poblaban zonas convertidas ahora en enormes pastizales.

Unos 80 millones de metros cúbicos de madera fueron talados ilegalmente entre 1990 y 2011, según una estimación del Tribunal de Cuentas rumano de 2013.

Actualmente, los bosques cubren unos 65.000 kilómetros cuadrados –un cuarto de Rumania– y su explotación representa un total del 4,5% del PIB, casi  11.000 millones de dólares, según el gabinete de auditoría PwC.

Los árboles talados sirven para leña, especialmente en zonas rurales, o se destinan al mercado internacional del mobiliario.

Aunque es difícil obtener cifras exactas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) estima -basándose en actividades de vigilancia puntuales- que un tercio de la producción es ilegal.

La Comisión Europea inició a principios de 2020 un procedimiento de infracción y amenazó a Rumania con sanciones financieras.

Para mejorar el seguimiento de los saqueadores, desde 2014 se modernizó «Sumal», una herramienta digital de rastreo de camiones. Los transportistas deben subir a una aplicación fotos que muestren la cantidad de madera que sale del bosque para compararla con la que entra en los almacenes.

A finales de enero, el entonces ministro de Medio Ambiente, Barna Tanczos, se jactó ante la prensa de disponer del sistema de control «más sofisticado de Europa».

Sin embargo, los grupos delictivos a menudo consiguen eludir los controles organizando varios transportes con una sola autorización. Solo unos 90.000 m3 de madera fueron confiscados en 2022, según las cifras oficiales.

El gobierno decidió ir más lejos y, en junio, el Parlamento aprobó una ley para hacer obligatorias las cámaras en las rutas forestales. Las primeras 350 serán desplegadas en 2024.

Corrupción

Gabriel Oltean colocó algunas desde 2021 para supervisar la zona de Ghimes, a las puertas de la legendaria Transilvania.

Al difundir sus imágenes en directo en YouTube -mostrando camiones y presuntos saqueadores que transitan las carreteras en las que se apilan los troncos-, provocó «un choque psicológico» a los habitantes, cuenta.

Al igual que otros denunciantes, pudo detectar varios camiones sospechosos, casos que posteriormente dieron lugar a investigaciones y confiscaciones de madera.

Hasta la fecha no se dictó ninguna condena. Para poder interceptar a los culpables, se necesitaría un programa capaz de alertar en tiempo real, explica Radu Melu, experto de WWF en Rumania.

De lo contrario, a menos que haya una vigilancia constante, «los camiones pasan delante de la cámara, las imágenes se archivan y se borran después de un tiempo sin que ocurra nada», indica.

El gobierno planea implementar un sofisticado sistema de vigilancia con imágenes satelitales, drones y aviones sobrevolando las zonas, una inversión de 50 millones de dólares) financiada por fondos europeos.

Para Gabriel Oltean, solo la tecnología permitirá luchar contra la deforestación «reduciendo la intervención humana». Porque la mafia de la madera a menudo se beneficia de complicidades en el seno de una administración forestal corrupta, como lo demostraron varios escándalos en los últimos años.

«Es como un radar de tráfico. Aunque seas amigo del policía que te detiene, tu exceso de velocidad está registrado y nada puede salvarte», resume el joven que ahora trabaja como consultor en el tema.

En su zona de Ghimes, el guardabosques Petre Oltean (sin relación de parentesco con Gabriel), afirma que el combate contra la deforestación salvaje mejora día a día gracias a la movilización de «personas competentes» y la llegada de colegas «más jóvenes, con una mentalidad diferente».

Pero los que luchan lo hacen a veces arriesgando su vida. Se registraron ataques contra activistas y agentes forestales, dos de los cuales fueron abatidos en 2019.