Guadalajara, Jalisco.

Todo empezó con un tweet. Una discusión cinematográfica en redes sociales que, a raíz del consumo digital de la película coreana “La decisión de partir”, que aún no se exhibía en salas de cines ni plataformas pagadas -sólo en el Festival Internacional de Cine de Morelia-, dio pie a una discusión entre defensores de los derechos de autor y el acceso libre a la cultura. Un ejemplo que tiene aristas y orígenes profundos. ¿Es este consumo de contenidos audiovisuales un problema o una solución?

Dicha interrogante fue el punto yugular del Panel «¿Es la piratería una consecuencia de la falta de distribución?», realizada dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en el cuarto día de actividades.

En la charla, moderada por la directora del festival, Estrella Araiza, también participó el crítico de cine Erick Estrada; el productor Jaime Rosales y la directora general de Latam Pictures Mineko Mori. Este abanico de matices y opiniones, aunado a la presencia de representantes de distribuidoras y público cinéfilo, creó un círculo de debate diverso, en torno a una de las circunstancias de consumo más controvertidas de la industria: el cine a través de medios no legítimos.

Inicialmente, la también guionista Mineko Mori hizo referencia al trabajo y esfuerzo realizado por las distribuidoras audiovisuales, que invierten en contenidos fílmicos para sus regiones, «sin embargo, antes de que éstas películas sean exhibidas, ya se encuentran disponibles en plataformas digitales. Es muy doloroso. Hablamos de una necesidad de las audiencias por consumir contenidos inmediatos, aunque estos infringen la ley», explicó.

Entre la ilegalidad y el acceso libre a la cultura

Por otro lado, Erick Estrada recalcó la importancia de dialogar sobre esta problemática de manera integral, más allá del término «Piratería». Para el director de la plataforma Cinegarage, el cine es una manifestación mucho más compleja, y «(…) entenderla es observar el trabajo de las distribuidoras, pero también conocer lo que ocurre con los consumidores. Yo no estoy de acuerdo en señalar al consumidor como el causante de la ilegalidad. Los consumidores son parte de la problemática y una de las caras más visibles, pero no existe la piratería sólo por ellos».

Para Estrada, también existe una falta de tacto de las propias distribuidoras, en donde predominan intereses económicos. «Tenemos que apuntar a las otras causas que van más allá del simple consumo», enfatizó.

¿Qué fue primero, la distribución o los públicos?

Por su parte, Estrella Araiza, quien también dirige la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, ahondó en la capacidad de afectación que tiene este tráfico de contenidos, así como los retos institucionales que aún se necesitan atender. «Este consumo repercute en quienes distribuyen, quienes exhiben y gestionan las ventas. ¿Cómo controlar esto? Se debe hacer algo desde las propuestas alternativas. Las instituciones cinematográficas del país deberíamos poner un espacio en común para crear soluciones que abonen a que esta situación se detenga», propuso Araiza.

Y es que al profundizar en el ecosistema que propicia la distribución-consumo ilegal, ¿cómo es posible encontrar su verdadero origen? En muchas ocasiones, los análisis estadísticos de las compañías distribuidoras no encuentran redituable la inversión y oferta de obras que no cuentan con el público suficiente para generar ganancias. En consecuencia, la falta de pantallas que oferten dichos filmes provoca una ausencia de públicos consumidores consistentes.

«Es la situación del huevo y la gallina. Este es un problema universal, en donde las empresas crean estrategias para traer -o no- ciertos contenidos, provocando que el consumo ilegal sea una de las alternativas tangibles. Está tan normalizado que ni siquiera pensamos en las afectaciones que ello provoca», añadió Estrella.

El acceso a la cultura cinematográfica

Por otro lado, el productor Jaime Rosales profundizó en los posibles trasfondos culturales y políticos que envuelve el consumo ilegal de cine: «todos hemos tenido algún consumo pirata. No existe justificación alguna para ello pero, ¿por qué lo hacemos? Porque nadie nos va a penar por hacerlo. No hay consecuencias legales y judiciales sobre este contenido. Es la cultura de la ilegalidad la que propicia estos actos sin tener consecuencias», comentó.

No obstante, Erick Estrada compartió la importancia de no criminalizar todo lo que no es legal por sí mismo. Al respecto, mencionó que «crear un sistema punitivo para castigar a alguien a quien no puede acceder a un contenido audiovisual, es también parte del problema».

Legitimar el derecho al ocio

La respuesta a este debate no es fácil. En palabras de Estrella Araiza, la discusión traciende más allá de la defensa o reprobación del consumo ilegal, sino que debe centrarse en acciones para que las películas estén disponibles para todos y todas, sin afectar a ningún sector. «Lo que tenemos que hacer en comunidad con la industria cinematográfica es accesibilizarla. Cómo hacemos que este Festival sea gratuito. Cómo podemos llegar a más personas».

Ante ello, Rosales propone la creación, difusión y apoyo de alternativas de contenido. «Podemos tener propuestas diversas de consumo cinematográfico de calidad, accesible e impulsadas por esquemas institucionales, con base en otro tipo de películas, no las que forzosamente no están disponibles en el país».

Y es que finalmente, existe algo que prevalece por encima de cualquier variable que obstaculice el acceso a la cultura cinematográfica. En palabras finales de Erick Estrada, «(…) tienen derecho a la cultura, tienen derecho al ocio de calidad».

Miriam Jiménez / NCC Iberoamérica