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Panameños rechazan posible reactivación de la mina de Remance

Published 2 años ago Noticias NCC2 años ago • Bookmarks: 9

Protesta realizada por grupos de campesinos y sociedad civil organizada, ambientalistas y gremios en contra de la reapertura de la mina. Foto: Mirna González.

Veraguas, Panamá.

La posible reapertura de la antigua mina de Remance, en la provincia de Veraguas, Panamá, ha puesto en alerta a grupos de la sociedad civil, ambientalistas, campesinos y organizaciones no gubernamentales que exigen al Gobierno Nacional rechazar este proyecto, que pondría en riesgo a las comunidades aledañas y al río Santa María, principal cuenca hidrográfica de la zona central del país que abastece de agua a más de 75 mil panameños.

«Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional y a las autoridades para exigir justicia ambiental, que se base en el respeto a la seguridad hídrica y en especial de todos los que consumimos agua del río Santa María», señaló Olmedo Carrasquilla, representante del colectivo «Voces ecológicas» y miembro del movimiento «Panamá vale más sin minería».

La solicitud de las organizaciones y de las comunidades surge luego que mes pasado la empresa Greenfield Resources Inc, presentó al Ministerio de Ambiente un Estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, que corresponde al Proyecto minero “GREENFIELD MINING”, con el que se busca explotar una zona de 2,400 hectáreas ubicada en los corregimientos de Remance, San Juan y San José, en el distrito de San Francisco, en la provincia de Veraguas.

Esta mina operó en la década de los 90 y fue cerrada hace unos 20 años, luego de la caída del precio del oro en el mercado internacional. Según informes del Ministerio de Ambiente durante los años que operó ocurrieron algunas situaciones, como el deslizamiento de material sólido y líquido en la Relavera hacia el curso de la quebrada Chitreca, afluente del río Santa María, por lo que fue ordenado el cierre de esta regadera y la suspensión temporal de la planta de tratamiento, hasta tanto se construyera una nueva regadera. También hubo descarga de material contaminante acuoso a los afluentes y quebradas aledañas.

Carrasquilla explicó que en ese tiempo, las tinas de oxidación no tuvieron un plan de contención con el que se pudiera procesar el agua y los residuos, lo que provocó el desbordamiento de esas tinas y que todo eso fuera a parar a los riachuelos. “El interés por esta mina es de los empresarios que apuestan más al consumo irresponsable que causan daños ambientales y que en la mayoría de los casos esa riqueza se queda en mano de pocos”, apuntó.

El año pasado el presidente de la república, Laurentino Cortizo, vetó el proyecto de Ley 171 que buscaba declarar Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida de Reserva Hidrológica la Cuenca del río Santa María, pese a que este había sido aprobado con el consenso de los diputados en la Asamblea Nacional de Panamá y recibió el respaldo de comunidades campesinas y sociedad civil organizada, así como de ecologistas y gremios.

Luego del rechazo del presidente, el proyecto pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por insistencia de la Asamblea Nacional, la cual deberá determina su aprobación o rechazo. Esta iniciativa de ley establece medidas de protección ambiental para el río Santa María desde su nacimiento hasta la desembocadura en el mar (Bahía de Parita), lo cual abarca una superficie de es de 3,400.63 kilómetros cuadrados, dentro de las cuales no se podrán desarrollar incursiones, deforestaciones o cualquier actividad que ponga en riesgo la calidad del agua de este afluente. Además, prohibirá cualquier actividad fuera del área protegida, que pueda causar daños a la cuenca del río Santa María o interferir con las acciones de manejo del área protegida.

La directora del movimiento “Mi Mar”, Serena Vamvas señaló que son evidentes los intereses ocultos detrás y lo que está impulsando el gobierno actual es a convertirse en un país minero y por ello se han empezado a ingresar estudios de impacto ambiental, como lo hicieron con el de Remance. Comentó que esta es una situación que no se puede permitir, porque eso significa que se pondrían en riesgo los recursos y el futuro del país. “Estas empresas prometen trabajo, pero eso es solo a corto y mediano plazo, cuando se cierre la mina, la contaminación queda para siempre”, expresó.

Vamvas indicó que el recurso hídrico del país corre peligro, porque la minería es una de las actividades más contaminantes del agua y la reapertura de esta mina causará graves afectaciones, pues eso tiene un efecto dominó ya que, si se contamina y llega a haber un derrame miles de personas, así como las industrias de la agricultura y la ganadería se verían seriamente afectadas. “Es nuestro deber cuidar los recursos naturales de Panamá, porque somos un país que tiene una biodiversidad única, que la podemos desarrollar de una manera sostenible”, sostuvo.

Por su parte, Francisca Rodríguez dirigente campesina del distrito de San Francisco denunció que la reapertura de esta mina representa un riesgo de contaminación para el río Santa María y además dejará a los campesinos sin tierras y sin lugar para trabajar ya que es la agricultura su principal forma de subsistencia y alimentación. “Esto es un engaño para los campesinos pobres de la región, por esta razón le pedimos al gobierno que no intente reabrir esa mina, porque no lo vamos a aceptar, ya que defenderemos al río Santa María para que no sea contaminado”, aseveró.

El ministerio de ambiente informó que actualmente, el estudio de impacto ambiental se encuentra en la fase de evaluación y análisis y se tomarán en consideración los aspectos técnicos, ambientales y de sostenibilidad dicho proyecto. De acuerdo con el Decreto 123 de 2009, el promotor deberá realizar una consulta ciudadana (con actores clave como alcaldes, representantes, jueces de paz, entre otros).

El tiempo total en este proceso de evaluación de un estudio de Impacto Ambiental Categoría III, oscila entre 74 y 138 días calendario.

Por: Mirna González / Periodista del Postgrado en ‘Periodismo 4.0’ © del Instituto de Investigaciones Aplicadas, iiafEC, Panamá.