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En Perú, un pueblo sufre las consecuencias de la contaminación de metales

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Perú.

La Oroya en el centro del Perú, es una de las localidades más contaminadas del planeta. Aquí operó desde 1922 y durante casi 90 años una fundición metalúrgica que procesaba todo tipo de metales, provenientes de minas de la zona. La empresa era clave para la economía de la ciudad, pero también provocó altos niveles de contaminación que causaron enfermedades entre los pobladores.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, en 2013 el 97 por ciento de niños, de entre 6 meses y 6 años, y el 98 por ciento de entre 7 y 12 años, tenían niveles elevados de plomo en la sangre. “Parece que se han acostumbrado a esta forma de vida, dentro de humo, de gases tóxicos, pero no se conocía la gravedad que tenían estos contaminantes”, expresó Manuel Apolianrio, profesor que vive frente a la fundición.

La fundición quebró en 2019 y desde entonces la Oroya agoniza conforme el comercio cae y la ciudad de despuebla. Pero el futuro del lugar podría cambiar si se reabre el complejo. Al menos esa es la apuesta de los nuevos propietarios: un grupo de 1.270 extrabajadores de la fundición que anunciaron su reapertura para el 2023 bajo la promesa de no contaminar. “Lamentablemente en estos 13 años que hemos vivido, ha habido una decadencia enorme y un despoblamiento”, comentó Luis Mantari, representante del consejo de administración de Metalurgia Business Perú.

A un lado de la carretera, la empresa almacena 14 millones de toneladas de residuos o escoria de cobre y plomo, pasivos ambientales que les servirán para obtener zinc. Muchos lugareños esperan la reapertura con esperanza, ante la promesa de nuevos puestos de trabajo en la ciudad. Pero otros temen el regreso de la contaminación y las enfermedades.

En 2006, habitantes de la Oroya denunciaron a Perú ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos por violar su derecho a la salud. En 2021 la comisión respondió, responsabilizó al estado y remitió el caso ante la Corte Interamericana. Los demandantes alegan que Perú, no fiscalizó a las empresas que controlaban la fundición, lo que permitió altos niveles de contaminación en detrimento de la población.

Una de las litigantes es Yolanda Zurita. “Somos conscientes que el complejo metalúrgico es una fuente de trabajo, no negamos eso. Pero una fuente de trabajo debe ser respetando la salud de la población”, explicó Yolanda Zurita, integrante del Movimiento por la Salud de Oroya. Mientras espera la resolución de la Corte Interamericana, Zurita siembra árboles para aminorar la contaminación.

Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano – Noticias NCC
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