Plumas NCC | El agua vale más que el oro: Conexiones científicas y populares

Por: Walter Pengue (Argentina).

 

«El escritorio está en los valles y las montañas; las cátedras, en los surcos y caminos de los pueblos saqueados del sur»,

Javier Rodríguez Pardo, luchador ecologista y escritor, (aprox 1935-Julio 15, 2025)

Vienen por el oro. Vienen por todo (2009, Ediciones Ciccus)

 

En un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas (UN 2026, Madani 2026), se acaba de alertar con vehemencia, que las fuentes de agua dulce se están degradando rápidamente. Indica la ONU que estamos en una «bancarrota hídrica», donde estas llamadas «fábricas de agua» naturales —glaciares, humedales y acuíferos— se agotan irreversiblemente al extraer más agua – y contaminarla – de la que el planeta puede recargar. Esta crisis, exacerbada por la agricultura industrial, los escenarios casi catastróficos vinculados al cambio climático, las crecientes demandas urbanas e industriales y una fuerte presión de la megaindustria minera, para hacerse de minerales en las altas montañas, amenazan tanto a los ecosistemas, como a los agroecosistemas y la estabilidad actual de las poblaciones de nuestra especie como de todas las otras especies del planeta.

Insiste la ONU y los científicos que le colaboran desde todo el mundo, en que “la humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos. El resultado son sistemas acuáticos quebrados –acuíferos compactados, lagos fantasmas, deltas que se hunden– sin capacidad de recuperarse”.

Actualmente, son varios los países que enfrentan una crisis potencial de acceso, justamente por la fuerte presión sobre la forma en que se están utilizando los recursos y por el otro lado, debido a una quizás, muy pobremente fundamentada, flexibilización de normativas ambientales y de gestión de los recursos hídricos estratégicos, que permiten que se acceda a los mismos, sin un adecuado contralor a través de las políticas públicas. Países como los Estados Unidos, Argentina o Chile, están dando pie a una apertura, prácticamente irrestricta de sus bienes naturales, subestimando los alertas científicos sostenidos a través de normativas previas existentes, que daban al menos una garantía de cuidados mínimos de recursos vitales, tanto para humanos como para los ecosistemas.

Las prestaciones dadas tanto por los humedales como por los glaciares son destacadas en el sentido de su relevancia para el sostenimiento no de la mera estabilidad de los ecosistemas, sino especialmente para la propia supervivencia de la sociedad y su economía (Figura 1).

 

La sequía antropogénica es fundamental para la nueva realidad hídrica mundial. Existe una estrecha relación entre la disponibilidad hídrica y el cambio climático, hoy negado por algunos gobiernos, sin ninguna fundamentación científica.  La sequía y la escasez de agua se deben cada vez más a las actividades humanas — sobreexplotación, agotamiento de las aguas subterráneas, degradación de la tierra y el suelo, deforestación, contaminación y cambio climático—, en lugar de a la variabilidad natural por sí sola. La escasez de agua afecta tanto a la cantidad como a la calidad. La disminución de las reservas, la desaparición de los glaciares, el desecamiento de humedales, la contaminación de los ríos, la degradación de los acuíferos, el aumento del riego y la salinización de los suelos implican que la fracción realmente utilizable del agua disponible se está reduciendo, incluso cuando los volúmenes totales parecen estables.

Así como los suelos son los Bancos Naturales, que contienen los nutrientes vitales para el desarrollo de los cultivos (Pengue 2023), los glaciares y los humedales son también la “Reserva Federal del Planeta”,  que combinadas coadyuvan a la interconexión de funciones vitales para la supervivencia nuestra como especie.

Sin embargo, actualmente, la presión sobre los glaciares, redunda por dos corrientes diferentes. Por un lado, el cambio climático, se muestra firme a través del retroceso de los glaciares en una buena parte del mundo.  En definitiva, estos Bancos Naturales, se cierran y con ello la oportunidad de sostenimiento de poblaciones enteras que se benefician – gratuitamente – de ellos, aguas abajo. Y por el otro lado, la búsqueda – por el mero acceso a fuentes minerales “más baratas” – disponibles justamente, bajo, cerca o vinculadas a los glaciares o su área periglacial. Nos enfrentamos a una prácticamente batalla por los recursos (Pengue 2026). Los países más poderosos y sus grupos mineros corporativos globales, están poniendo una presión sin precedentes, por acceder a fuentes mineras “en las fronteras planetarias”: países de la periferia, Ártico, Antártida y por supuesto, Los Andes.

En este punto, un caso paradigmático se ha planteado muy recientemente en la Argentina. En marzo de 2026, la actual Ley de Glaciares – impulsada por la ex diputada y Maestra, Marta Maffei, promulgada en 2010,  registrada bajo el número 26.639, se encuentra hoy amenazada y enfrenta un intento de proceso de reforma impulsado por un fuerte lobby de la minería a gran escala, acuerdos y necesidades provinciales coyunturales por acceso a alguna fuente de dinero “fresco y rápido” y un conjunto de diputados y senadores, muy limitadamente formados, que buscan modificar el alcance de la protección hídrica, permitiendo actividades mineras en áreas anteriormente restringidas, vinculadas a los glaciares y protegidos por esta ley. La actual legislación prohíbe la exploración, explotación minera e hidrocarburífera, así como la construcción de infraestructura, en glaciares y áreas periglaciares. El objetivo político es el cambio de esta legislación, permitiendo el acceso a estas fuentes vitales para la sociedad toda, por parte de los grupos mineros, bajo el contralor no ya del Estado nacional – a través de sus Institutos científicos – sino por parte de las provincias, en varios casos, muy limitadas en recursos humanos, tecnológicos y financieros para lograr un control adecuado de estos recursos.

La nueva ley promovida por la política actual en la Argentina, debe pasar, para ser aprobada por dos Cámaras: senadores y diputados. En el caso del Senado, fue aprobada rápidamente, pero bajo argumentos en muchos casos espúreos u errados, totalmente alejados del sostenimiento científico, bajo situaciones tan flagrantes, que motivaron – entre otras instancias – una reacción social, sin precedentes. Las normas ambientales, deben pasar por un contralor social, especialmente cuando se pretende desarticularlas o desmerecer su funcionalidad. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, enfocado en garantizar tres derechos clave: el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afecten el entorno y el acceso a la justicia ambiental. Además, obliga a proteger a los defensores ambientales.

Atentos a ello y en respuesta a la demanda popular, los diputados – sindicados como representantes del pueblo – se vieron obligados a habilitar una Audiencia Pública para escuchar a los ciudadanos sobre sus pareceres al respecto. La respuesta social fue increíble. Los diputados aguardaban una presentación limitada y pobremente comprometida en virtud de los otros problemas que socialmente enfrenta el país.

Pero no fue así. Más de 100 mil ciudadanos se registraron para tener la oportunidad de exponer sus ideas y conocimiento relacionados con un tema, que al parecer, les ocupa y preocupa muy especialmente, en un país, semidesértico como la Argentina. Cada uno dedicó tiempo y esfuerzo para registrarse y acudir a la cita. Pero esta oportunidad se vio frustrada, en tanto la Cámara de Diputados, decidió que sólo unos pocos – muy pocos – podrían participar y exponer durante cinco minutos sus opiniones y conocimientos, cambiando las reglas del juego previamente informadas y acordadas para el cumplimiento de una obligación formal, en los términos del cumplimiento de las premisas mínimas del Acuerdo de Escazú para una Audiencia Pública.

De los más de 100 mil inscritos, apenas 200, fueron invitados durante los días 25 de Marzo (presencial) (Figura 2) y 26 de Marzo (virtual), a realizar sus exposiciones, frente a algunos diputados, algo díscolos en la forma y destrato presentado frente a los ciudadanos. Ciudadanos de a pie, que hicieron un esfuerzo notable, para desplazarse y hablar tan sólo durante 4 minutos, frente a los representantes de una Comisión de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, ambas lideradas por diputados que representan las políticas actuales del gobierno de turno. Argentina es un país muy extenso, y estos ciudadanos – a su propio costo y tiempo – se desplazaron desde los lugares más recónditos del país para exponer sus posiciones e intentar ser escuchados. Algunos eran científicos, otros tantos miembros de ONGs, sociales, ambientales, otros funcionarios públicos, algunos representantes de empresas mineras, jóvenes, mayores y quienes en su mayoría, se presentaron como renuentes al cambio de legislación, destacando especialmente, el retroceso en la calidad ambiental que implica para el país, el cambio actual propuesto por el legislativo.

 

 

Casi a la par de ello, dado el resultado de la audiencia pública por la reforma a la ley de Glaciares, donde cientos de miles no fueron escuchados, se conoció un proyecto de convocatoria a Consulta Popular vinculante y obligatoria. La misma, cuya modalidad está prevista en el artículo 40° de la Constitución Nacional de Argentina (luego de la reforma de 1994) y la Ley 25.432, se realizaría a través de la siguiente pregunta: “Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”, con sólo dos alternativas: si o no.  Pero para ello, ambas cámaras de representantes, deben proactivamente expedirse y llamar a la misma, cosa que a la luz de los hechos, sería casi un imposible.

No obstante, el cambio de la Ley de Glaciares actual, por una nueva, acordada a los intereses de las provincias y las mineras, dejaría una amplia tela de juicio y una segura falta de licencia social para actividades en estos espacios, lo que llevaría en el futuro, a una judicialización de las actividades mineras, con el consiguiente costo económico, afectación a las inversiones y disminución de las actividades que impactaría sobre todo el tejido social, incluso, sobre los propios promotores de una legislación que retrasa, cuando no se toman en cuenta parámetros científicos y demandas sociales preexistentes.

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras un amplio consenso social y con el respaldo de toda la comunidad científica argentina. La ley promueve el proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, fuentes de agua para consumo humano, la agricultura, el sostenimiento de la biodiversidad y regulación climática.

Logró, en su momento, un consenso muy amplio. El Congreso la impulsó porque entendió algo fundamental: los glaciares no son rocas frías ni terrenos yermos. Son “tanques” de agua. Agua congelada, acumulada durante siglos, que se derrite gradualmente y alimenta los ríos que llegan a nuestras ciudades, campos e industrias.

Argentina es uno de los países con mayor riqueza glaciar del mundo. Existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan más de 8.400 km² a lo largo de 5.000 km de cordillera, desde la provincia – estado – de Jujuy hasta la Tierra del Fuego, en 12 provincias y 36 cuencas hídricas. Esos glaciares y el ambiente periglacial sostienen el acceso directo al agua de siete millones de personas, que representan casi el 20 % de la población argentina. La ley existente, no prohíbe la minería en todo el país. Prohíbe la minería donde hay hielo. Por tanto, no es menester, cambiarla, por otra cuestionada, claramente orientada hacia intereses de coyuntura y hasta presentados como espúreos por algunos sectores y directamente opuesta al interés popular y al conocimiento científico.  Bajo los actuales escenarios de cambio ambiental global y cambio climático, esto debería ser doblemente contemplado, más ahora (2026) que en el propio 2010. Y no al revés.

El caso de la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares es icónico. Muestra a las claras, como un tema ambiental, aparentemente distante al interés popular, mueve las fibras más profundas de una sociedad que a veces pareciera aletargada frente a la problemática de la naturaleza y que sin embargo reacciona y mancomunadamente con el saber científico se planta y propone un no, frente al atropello de los intereses y casi la desesperación política por fondos coyunturales del poder público y el interés privado.  Históricamente, los pueblos al pie de Los Andes, se plantaron frente a la discusión minera con un leitmotiv: El agua vale más que el oro.  En un mundo con el agua en bancarrota, parece que los argentinos, han comprendido a cabalidad que los servicios ambientales dados por los recursos hídricos, son imprescindibles para algo que parece que los funcionarios públicos aparentan olvidar: la vida misma.  Un interesante ejemplo de lucha social por un recurso vital.

                                                                                             

Referencias

Madani K. (2026) Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era, United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Richmond Hill, Ontario, Canada, doi: 10.53328/INR26KAM001

Pengue, W.A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? Orientación Gráfica Editora.  Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370068450_Economia_Ecologica_Recursos_Naturales_y_Sistemas_Alimentarios_Quien_se_Come_a_Quien

Pengue, W.A. (2026). Las fábricas de agua se agotan: Inicia la batalla por los recursos. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. NCC. Columna: Plumas, Desde el verde sur. https://noticiasncc.com/plumas-ncc/01/27/plumas-ncc-las-fabricas-de-agua-se-agotan-inicia-la-batalla-por-los-recursos/

UN (2026) a. El agua se agota: la ONU declara la «bancarrota hídrica» de un planeta que vivió a crédito. Disponible en:  https://news.un.org/es/story/2026/01/1541043

 

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Walter Alberto Pengue es Ingeniero Agrónomo, con una especialización en Mejoramiento Genético Vegetal (Fitotecnia) por la Universidad de Buenos Aires.  En la misma Universidad obtuvo su título de Magister en Políticas Ambientales y Territoriales. Su Doctorado lo hizo en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes en la Universidad de Córdoba (España) en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible.  Realizó estancias postdoctorales en las Universidades de Tromso (Noruega) y en el INBI, University of Canterbury (Nueva Zelanda).

Pengue es Profesor Titular de Economía Ecológica y Agroecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA). 

Es fundador y ex presidente de la Sociedad Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y fue miembro del Board Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica (ISEE).  Es uno de los fundadores de SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), de la que actualmente es responsable de su Comité de Ética. Lleva más de 30 años de estudios sobre los impactos ecológicos y socioeconómicos de la agricultura industrial, la agricultura transgénica y el sistema alimentario a nivel nacional, regional y global y su relación con los recursos naturales (suelos, agua, recursos genéticos). Experto Internacional, revisor, autor principal y coordinador de autores del IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) (desde 2019), TEEB (2015 a 2019) y del Resource Panel de Naciones Unidas Ambiente (2007 a 2015). Ha sido autor principal del Capítulo 16 de la Ronda 6 del IPCC (2019/2022), presentado en 2023. Es autor principal y coordinador de autores en el Proyecto Nexus IPBES, análisis temático sobre las interrelaciones entre los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la salud, el agua y el cambio climático (2021 a 2025). Participa de la Red CLACSO sobre Agroecología Política y es tutor del Grupo de Agroecología Andina. Académico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente y de Varias Comisiones Científicas Asesoras en Desarrollo Sustentable, Ambiente, Agricultura y Alimentación de Argentina. Profesor invitado de Universidades de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Consultor internacional sobre ambiente, agricultura y sistemas alimentarios.  Miembro del Grupo de Pensadores Fundacionales del Ambiente y el desarrollo sustentable de la CEPAL, Naciones Unidas, cuyo último libro es AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida (noviembre 2024). Pengue es investigador invitado de la Cátedra CALAS María Sybilla Merian Center de las Universidades de Guadalajara y CIAS, Center for InterAmerican Studies de la Universidad de Bielefeld (2024/2025) y del Center for Advanced Study (HIAS) de la Universidad de Hamburgo (2024/2025).

Publicaciones

Todas sus obras pueden bajarse de:  https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue  

Últimos libros

GLIGO, N., PENGUE, WALTER y otros (2024).  AMÉRICA LATINA y EL CARIBE: Una de las últimas fronteras para la vida. El libro (español, inglés, francés y portugués), puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue

PENGUE, WALTER A. (2023). Economía Ecológica, Recursos Naturales y Sistemas Alimentarios ¿Quién se Come a Quién? – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orientación Gráfica Editora, 2023.354 p.; 24 x 16 cm. – (Economía ecológica / Walter Alberto Pengue ISBN 978-987-1922-51-2 – El libro puede bajarse de: https://www.researchgate.net/profile/Walter-Pengue