Por: Carlos Iván Moreno (México).
Con la reciente elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, se abre una ventana de expectativas sobre el futuro de la educación superior. Con una importante trayectoria como académica y científica ambiental, gestada desde la izquierda, Sheinbaum genera esperanza, pero enfrentará un panorama complejo.
México tiene un rezago histórico en inversión para la educación superior. Según la OCDE, la inversión apenas alcanza el 1.2% del PIB, cifra menor en comparación con otros países de la región como Chile (2.7%), Estados Unidos (2.5%), Costa Rica (1.6%), España (1.5%), Colombia (1.5%) o Portugal (1.3%). Esta baja inversión, acentuada desde hace al menos ocho años, está precarizando el sistema público de educación superior, afectando la calidad educativa y la capacidad para aumentar la matrícula.
El porcentaje de población de entre 25 y 34 años cuenta con un título universitario en países de la OCDE es de 47%,mientras que México apenas alcanza el 27%, muy por debajo del que además es inferior al de países como Estados Unidos o España (51%), Chile (41%) y Colombia (34%). Esta cifra no se alinea con el tamaño ni la importancia de la economía mexicana a nivel global.
Por otro lado, aún estamos lejos de alcanzar la meta del 50% de cobertura, con apenas 42%; mientras otros países como Argentina y Chile superan el 90%. Para cerrar esta brecha necesitamos crear alrededor de 900 mil nuevos espacios educativos, lo cual debiera ser una prioridad para la nueva administración. No solo es expandir la infraestructura educativa creando nuevas universidades y fortaleciendo a las existentes, sino también apostar de manera más decidida por el aprendizaje digital.
Además, apenas 8% de la matrícula total de educación superior en México está cursando algún posgrado; cuando en Corea del Sur es el 20% y EEUU el 18%. Esta limitación reduce la capacidad del país para el desarrollo tecnológico y para lograr una mayor soberanía científica. El impulso al posgrado es esencial, sin ello habrá poca innovación.
El gasto total por alumno en instituciones de educación superior es otro indicador que nos permite evaluar el gasto real en educación. En este contexto, México se sitúa muy por debajo del promedio de gasto de los países de la OCDE, invirtiendo $5,887 dólares por alumno; seis veces menos que Estados Unidos ($36,172 dólares), cuatro veces menos que Canadá ($24,363 dólares) y 2.4 veces menos que Costa Rica ($15,424 dólares).
Tenemos un problema estructural en el financiamiento. La educación superior en México se sostiene mayoritariamente con recursos públicos, pero la recaudación fiscal apenas alcanza el 17%, la más baja entre los países de la OCDE. Esta incongruencia limita a la educación superior y en general el gasto social. Una reforma fiscal es inaplazable.
En un escenario de limitados recursos públicos y una intensa competencia política para acceder a ellos, Hanni (2019) identificó varias políticas innovadoras, particularmente instrumentos fiscales constitucionales, que algunos países de la región han adoptado para financiar sus sistemas educativos:
- Brasil: Introdujo un impuesto del 2.5% sobre la nómina, específicamente destinado a la educación, logrando recaudar el 0.3% del PIB.
- Uruguay: Implementó un impuesto sobre bienes inmuebles que financia elementos esenciales para la educación, como útiles escolares y mantenimiento de infraestructuras, recaudando el 0.15% del PIB.
- Costa Rica: Estableció un impuesto al capital neto de las empresas que recauda el 0.002% del PIB, destinando el 60% a la Universidad de Costa Rica, el 30% a la Universidad Estatal a Distancia y el 10% a proyectos de conservación cultural.
- Colombia: Desarrolló un Sistema Nacional de Regalías que dirige los ingresos de la explotación de recursos naturales, como petróleo, gas y minerales, hacia proyectos de ciencia, tecnología e innovación, fortaleciendo así el sistema universitario.
Aunque México aún tiene mucho por hacer, el genuino interés por la educación superior deberá reflejarse en la implementación de políticas efectivas y sostenibles. En este nuevo periodo presidencial es imperativo que la comunidad académica se mantenga colaborativa, pero sin perder su vocación crítica.
Fuentes
Hanni, M. (2019), “Financiamiento de la enseñanza y la educación y formación técnica y profesional en América Latina y el Caribe”, serie Macroeconomía del Desarrollo, N° 200 (LC/TS.2019/29), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 33.
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Es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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