Por: Carlos Iván Moreno (México).
El gran economista y filósofo, Amartya Sen, afirmaba que el verdadero desarrollo se mide por la ampliación de las libertades de las personas. Así, la defensa de los derechos adquiridos —especialmente los sociales y económicos— es esencial para eliminar las diversas formas de exclusión que limitan el potencial humano.
Este mes, el 1 de marzo, se conmemoró una edición más del Día de la Cero Discriminación decretado por las Naciones Unidas desde 1960. Paradójicamente, estamos ante un preocupante avance de las leyes anti Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el mundo. Somos testigos de regresiones autoritarias que obstaculizan los derechos de las minorías y, por ende, limitan los derechos humanos. Para muestra algunos botones.
Según los datos de la última edición del Índice de Estado de Derecho, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP), se observa un aumento en la discriminación en el 70% de los países del planeta (ver: t.ly/_a3Hr).
En Latinoamérica, por ejemplo, Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública y todo lo referente a la perspectiva de género en Argentina. En Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron de Santis, prohibió a las universidades públicas utilizar fondos estatales o federales para programas sobre diversidad, equidad e inclusión en el proceso de admisión. En El Salvador, Nayib Bukele de plano eliminó la perspectiva de género en las aulas: “los padres confían en las escuelas para transmitir valores morales y religiosos”. Los valores de él, como encarnación del “pueblo”, por supuesto. Revertir las iniciativas para la inclusión en espacios educativos es doblemente perverso; sólo contribuye a perpetuar la discriminación en la sociedad, cuando en Latinoamérica es un laste que sigue azotando a diversos sectores de la sociedad.
De acuerdo con el Informe del Latinobarómetro 2020, los países latinoamericanos donde la población experimenta mayor discriminación son Brasil (39%), Chile (34%), Bolivia (33%) y Argentina (28%). En Colombia, por ejemplo, los grupos más discriminados son la comunidad LGBT+ y los afrodescendientes; en Costa Rica, son los inmigrantes; en Chile, los adultos mayores y las personas con discapacidad; en Bolivia, los campesinos; en Guatemala y Panamá, los indígenas; y en Brasil, los afrodescendientes. La mayor discriminación política se observa en Nicaragua y Venezuela, países con regímenes autoritarios (ver: t.ly/2koiw).
La discriminación, además de socavar las oportunidades económicas y sociales, afecta el bienestar emocional de quienes la padecen. A pesar de que a nivel mundial la tasa de suicidio ha disminuido, en el continente americano ha aumentado de 7 muertes por cada 100,000 habitantes en el año 2000 a 9.6 en 2019, siendo los grupos discriminados los que muestran las tasas más elevadas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.
En México, según la “Encuesta de Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+”, 57% de jóvenes entre 13 y 17 años pensaron en el suicidio en 2023; 38% lo intentó. Después de la familia, la escuela es el entorno más hostil detrás de los pensamientos autodestructivos, con 60% de incidencia (ver: t.ly/FW0Nn). Algo está fallando en nuestro sistema educativo.
Las escuelas y universidades no pueden ser reflejo -ni presa- de las dinámicas políticas y sociales, deben moldearlas para bien. La educación inclusiva no es un ideal abstracto ni un proceso de adoctrinamiento; es un deber cívico. Además, prepara a las futuras generaciones para convivir en un mundo hiperconectado y diverso. Derechos que se dan por sentados, fácilmente se pueden perder.
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Es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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