Por: Carlos Iván Moreno (México).
México es, actualmente, el país de América Latina con el mayor número de personas desaparecidas. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “más de 100 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas en México representa una tragedia desgarradora”; sin embargo, para el Gobierno de México —y sobre todo para el de Jalisco— parece ser una fría gráfica; una simple estadística.
Sólo en los últimos cuatro años se han registrado 39 mil 123 desapariciones en nuestro país, más del doble que las cifras reportadas durante todo el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (17 mil 449) (ver: bit.ly/3k6AwEj). Una crisis humanitaria que ha evidenciado la cada vez más grave debilidad de las instituciones del Estado mexicano, incapaces de frenar la creciente violencia que vivimos.
No se ve luz al final del túnel. México cuenta con una tasa de 83 policías por cada 100 mil habitantes, cuando la ONU recomienda al menos 280 (en Jalisco la tasa es de apenas 53). El país invierte únicamente 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad pública y justicia, mientras que países como Chile y Colombia, por ejemplo, invierten casi el doble. Estamos, incluso, por debajo de la inversión promedio de los países de la OCDE (1.7%) (ver: bit.ly/3jX5T4f y bit.ly/3I1S64h).
No sorprende que México se encuentre entre los 20 países del mundo con el peor aparato de seguridad. De acuerdo con el Índice de Fragilidad de los Estados, ocupamos el lugar 17 de entre 179 países en este indicador (ver: cutt.ly/Q3oL8VR). Aspiramos a ser como Dinamarca, pero estamos a niveles de Etiopía o el Congo.
Entre las entidades federativas del país, la situación de Jalisco es particularmente alarmante. En la entidad hay casi 14 mil personas desaparecidas, según los propios registros de las autoridades estatales (ver: sisovid.jalisco.gob.mx/), y 60% de los casos –alrededor de 8 mil- fueron denunciados a partir de 2019. Para ocho de cada 10 jaliscienses el mayor problema estatal es la poca efectividad del gobierno en materia de seguridad (INEGI, 2022).
El año pasado, ante el hartazgo y la falta de resultados, familiares de las personas desaparecidas realizaron 80 marchas en Jalisco para exigir justicia. ¿Cuál fue la respuesta gubernamental? Negación, descalificación, cifras a modo y revictimización; una estrategia que lo único que ha hecho es acentuar la desconfianza de la población hacia el gobierno y desarticular cualquier intento de colaboración.
No, las personas no desaparecen por voluntad propia; ni es una crisis de valores; tampoco son problemas de la vida privada que no le corresponde atender al gobierno. Es la debilidad del Estado y la ineficacia gubernamental. Un Gobierno que no puede garantizar la seguridad de las y los ciudadanos pierde su razón de ser.
Según la Real Academia Española (RAE), empatía es la “identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro”.
La narrativa y el “spin” tienen sus límites. «No se puede construir un futuro sólido sobre una base de mentiras y negaciones», decía la ex canciller alemana, Ángela Merkel. Indigna que nuestros gobernantes insistan en querernos vender la narrativa de que “vamos bien”.
Ante tragedias como la que vivimos, lo que se espera del gobierno no son cifras ni gráficos, es empatía. Al menos un poco de empatía.
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Carlos Iván Moreno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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