«La inversión en ciencia y tecnología

es una inversión en la humanidad»

Neil deGrasse

Por: Car­los Iván Mo­reno (Mé­xi­co).

¿Es necesaria una nueva Ley en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en México? Para responder a esta pregunta, primero se debe hacer un diagnóstico de cómo y dónde estamos en estas materias. La realidad es que las cifras son -o deberían ser- alarmantes.

México es uno de los países que menos invierte en CTI; apenas 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB). En contraste, países como Corea invierte el 4.8% de su PIB; Estados Unidos el 3.5%; China 2.4%; Brasil 1.2% y Cuba 0.5% (ver: bit.ly/3XXBD7M).

Las cosas ya estaban mal, pero siempre pueden estar peor: de 2015 a la fecha, el presupuesto federal para el sector científico y tecnológico ha disminuido casi 40% en términos reales; pasando de 97 mil a 60 mil millones de pesos.  La caída más dramática ha sido desde 2018, justo cuando se comenzó a hablar de “soberanía científica”.  Al día de hoy, apenas uno de cada 100 pesos disponibles del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se invierten en CTI; sin embargo, se destinan 4 de cada 100 pesos a las fuerzas armadas. Así las prioridades en nuestro país.

Por ello, no sorprende que por cada millón de habitantes tengamos apenas 349 científicos; muy por debajo de otros países latinoamericanos, como Argentina que tiene 1,231; Brasil 888; Chile 510; o Ecuador con 399 (ver: bit.ly/3DyoppT). No podremos revertir este rezago mientras que, del total de estudiantes universitarios en nuestro país (alrededor de cinco millones), apenas 1% se encuentren cursando un doctorado y, de estos, solo el 12% esté en algún programa educativo en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En Brasil, el porcentaje de estudiantes de posgrado en estas áreas es de 30%; en Portugal es de 38%; en España 22.5%; y Colombia 15% (ver: stats.oecd.org/#).

El registro de patentes, otro indicador clave para medir la capacidad científica de los países, también hace notar el atraso en el que nos encontramos. En 2021, México registró apenas 17,037 solicitudes de patentes; esto es 50 veces menos que lo registrado por Estados Unidos (839,093) y 100 veces por debajo del valor registrado por China (1.6 millones) (ver: t.ly/P6E_).

De acuerdo con el Índice de Conocimiento 2021, países como Chile, Uruguay y Costa Rica tienen mayor capacidad institucional para generar y desarrollar el conocimiento que México (ver t.ly/7Ppk); donde, por cierto, ocupamos el lugar 72 de los 137 países evaluados por este índice. Un puesto que no corresponde a la decimoquinta economía más rica del mundo.

En este contexto, la iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación propuesta por el Ejecutivo Federal en México no representa una alternativa genuina para revertir el rezago nacional en este sector, sino que incluso, abona a empeorar las condiciones ya existentes.

Sí, necesitamos una nueva ley, pero una mejor ley. Mientras el sistema requiere de una mayor inversión pública y privada, la iniciativa elimina todo compromiso presupuestal; cuando el país necesita una mayor colaboración entre los sectores gubernamental, privado y social, la propuesta estigmatiza a las empresas y a la sociedad civil; mientras se requiere mayor participación de la comunidad científica, se excluye a las universidades e incorpora a las fuerzas armadas en la toma de decisiones.

La mejor muestra de humanismo en esta Ley sería que fuera incluyente y consensuada, no impuesta. Solo así podemos alcanzar la soberanía científica a la que tanto aspiramos.

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Car­los Iván Mo­reno es Li­cen­cia­do en Fi­nan­zas por la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra (UdeG), Maes­tro en Ad­mi­nis­tra­ción Pú­bli­ca por la Uni­ver­si­dad de Nue­vo Mé­xi­co y Doc­tor en Po­lí­ti­cas Pú­bli­cas por la Uni­ver­si­dad de Illi­nois-Chi­ca­go. Reali­zó es­tan­cias doc­to­ra­les en la Uni­ver­si­dad de Chi­ca­go (Ha­rris School of Pu­blic Po­licy) y en la North­wes­tern Uni­ver­sity (Ke­llog School of Ma­na­ge­ment). Ac­tual­men­te se desem­pe­ña como Coor­di­na­dor Ge­ne­ral Aca­dé­mi­co y de In­no­va­ción de la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra.