Por: Rodolfo Guerrero Martínez (México).
Como antecedente es esencial recordar que, el desarrollo de la política informática en México en el año 1993 cuando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) elaboró el documento “Elementos para un programa estratégico en informática”, que conformó las bases para la inclusión de México a la sociedad del conocimiento y la formulación de un programa estratégico.
En ese sentido, es valioso añadir que, en 1995, como resultado de los trabajos emprendidos en el foro de análisis de política informática, se promulgo la Ley Federal de Telecomunicaciones, lo cual impulso y dio comienzo al desarrollo de infraestructura tecnológica que a posteriori representó, la evolución del e-gobierno. Así mismo se estableció la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y se creo el programa de desarrollo informático.
Por otra parte, durante el sexenio 2000 – 2006 se realizaron diversas acciones para impulsar la política informática, como el Programa de Gobierno Digital -dentro de la agencia de buen gobierno- y el Sistema Nacional e-México cuyo objetivo fue acercar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la población, además de otorgar servicios de educación, salud, economía y gobierno.
Conforme al hilo establecido líneas arriba, sucedió algo parecido durante el sexenio 2006-2012, periodo en el cual se desempeña una primera aproximación hacia una agencia digital con la propuesta de agencia digital nacional, y en un segundo punto, la Agencia Digital.MX, dirigida a fomentar un mejor uso de las tecnologías de la información, reducir la brecha digital y fortalecer la infraestructura tecnológica y los servicios de telecomunicaciones.
Posteriormente, se encuentra en el sexenio 2012 – 2018, en el marco de la reforma constitucional de telecomunicaciones, lo establecido en el artículo 6° para garantizar a los mexicanos el acceso a las tecnologías de la información, y se presentó la estrategia digital nacional, teniendo con finalidad tanto la promoción del derecho al acceso a la información y de hacer al gobierno más eficiente y acercarse a la sociedad de forma directa e inmediata mediante la adopción y desarrollo de las TIC.
Ahora bien, se debe resaltar que, el titular del ejecutivo federal de periodo señalado, el LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO creo dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, la coordinación para la estrategia digital, misma que tuvo a cargo, ALEJANDRA LAGUNES que en septiembre y de manera oficial el 25 de noviembre del año 2023 presentó en dicho proyecto, cinco habilitadores: (1) conectividad; (2) inclusión de habilidades digitales; (3) interoperabilidad; (4) marco jurídico; y (5) datos abiertos (también denominado como open data).
Precisamente, dicha estrategia nacional presentó entre sus objetivos principales:
(I) Transformación gubernamental. Establece la creación de una ventanilla única para realizar todos los trámites gubernamentales en línea.
(II) Economía digital. Buscar promover la inclusión de los mercados digitales y la digitalización de empresas.
(III) Educación de calidad. Establece el aumento de los medios tecnológicos en los centros médicos y trámites entre las instituciones de salud pública.
(IV) Salud universal y efectiva. Comprende la creación de un sistema digital sobre datos médicos y trámites ante las instituciones de salud pública.
(V) Seguridad ciudadana. Propone el uso de las nuevas tecnologías en materias de seguridad pública y protección civil.
Con respecto al sexenio 2018 – 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador continúo la coordinación de la Estrategia Digital Nacional en la oficina de la Presidencia de la República, nombrando como su coordinador a CARLOS EMILIANO CALDERÓN MERCADO, y el 6 de septiembre de 2021 a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (referido bajo las siglas DOF), se dio a conocer el acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021 – 2024, sobre los principios de austeridad, combate a la corrupción, eficiencia en los procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica.
De esta manera, teniendo presente el contexto expuesto en los párrafos precedentes que, para el sexenio 2024 – 2030 se dio conocimiento de la Agencia de transformación digital y telecomunicaciones (que se nombrará con las siglas ATDT) el 14 de noviembre del año pasado durante la Conferencia Presidencial matutina, la cual tendrá como titular a JOSE´ANTONIO PEÑA MERINO, quien estuvo a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública durante la jefatura del gobierno de la Ciudad de México con la actual Presidente, CLAUDIA SHEINBAUM, entonces Jefe de Gobierno.
Dicha agencia fue oficializada por medio de la publicación de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el DOF del 28 de noviembre del año 2024.
Y, conforme a estos trabajos, ¿qué funciones se comprenden? Justamente, se pone en relieve para estos efectos el artículo 42 ter, donde enmarcaremos las primeras cuatro fracciones, haciendo comentarios concretos para cada una.
A la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
1.-Formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal;
En esta primera fracción se requiere mayor precisión para evitar la superposición o duplicidad de funciones con otras dependencias, reconociendo las competencias que tendrá esta Agencia en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones.
También, uno de los puntos valiosos a desempeñar es definir los conceptos de inclusión digital y de gobierno digital, además de la inclusión de criterios como el acceso a internet, la alfabetización digital, la disponibilidad de servicios públicos en línea y la participación ciudadana digital, entre otros.
1.-Formular políticas y emitir lineamientos para la promoción, implementación y diseño de las siguientes materias:
Debe considerarse la armonización con la legislación vigente y los instrumentos internacionales en materia de protección de datos personales, acceso a la información y derechos digitales, recordando los desafíos que ello demanda tras la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
De esta manera, sería provechoso explicitar los criterios y principios rectores de dicha transformación, asegurando la coherencia con los objetivos de desarrollo nacional y la protección de los derechos digitales (los cuáles deben definirse también).
1.-a) La adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital;
Se deben establecer mecanismos de acceso universal a la identidad digital, considerando las brechas digitales existentes y la diversidad de la población.
2.-b) El mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población con la protección de los datos personales, en coordinación con la Secretaría de Gobernación;
La coordinación con la Secretaría de Gobernación, responsable del Registro Nacional de Población, es crucial para garantizar la integridad y actualización de los datos.
1.-c) La integración del sistema de servicio nacional de identificación personal, en colaboración con la Secretaría de Gobernación;
2.-d) La gestión de bases de datos que permitan interoperar los sistemas nacionales y de la Administración Pública Federal con el Registro Nacional de Población, en coordinación con la Secretaría de Gobernación;
3.-e) La interoperabilidad de los sistemas de información, basado en una arquitectura de datos consumible, con excepción de la información en materia de seguridad nacional y el conjunto de bases de datos del Sistema Nacional de Información, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Segurida Pública;
Es menester definir con mayor precisión el concepto de «arquitectura de datos consumible«, estableciendo estándares técnicos para la interoperabilidad.
La excepción de la información en materia de seguridad nacional es comprensible, pero se deben establecer criterios claros para determinar qué información se considera sensible.
1.-f) El análisis de datos e información de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal;
2.-g) Las acciones en materia de datos abiertos y gobierno abierto;
Es importante capacitar a los funcionarios públicos en materia de gobierno abierto, promoviendo una cultura de transparencia y colaboración. En ese sentido, el estado Jalisco ha sido pionero en establecer dichos trabajos, generando y presentando el tercer plan de Gobierno Abierto el día 10 de octubre del año 2024 en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Esto como resultado de los trabajos emprendidos por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI Jalisco) y el Secretario Técnico Local, como organismo creado para coordinar y promover la agencia de Gobierno Abierto, encargado en reunir a entes gubernamentales y sociedad civil (https://www.gobiernoabiertojalisco.org.mx/v2/).
1.-h) La cobertura universal y social de servicios de telecomunicaciones a cargo de la Administración Pública Federal, así como de conectividad en sitios públicos, e
2.-i) El desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas en la Administración Pública Federal, así como la fábrica de software público;
La creación de la denominada fabrica de software público podrá reducir costos y promover la soberanía tecnológica, de hacerse idóneamente. Para esto la calidad y seguridad del software desarrollado es crucial, implementando estándares de desarrollo de control.
Adicionalmente, es oportuno promover la colaboración con la comunidad de software libre, que fomente el intercambio de conocimiento y la realización de código.
III. Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal;
Esto presenta un amplio margen de acción para la ATDT, no obstante, para prevenir y asegurar su correcta implementación es recomendable delimitar con precisión las competencias de la Agencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en relación con otras dependencias; especificar los mecanismos de coordinación, así como, la incorporación de la perspectiva de los derechos humanaos que promueva la inclusión digital, la diversidad de contenidos y la protección de la libertad de expresión.
1.-Definir la capacidad satelital que, en su caso, se requiera de las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autorizadas para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros para prestar servicios en el territorio nacional, como reserva del Estado para redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades del gobierno, así como vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital.
Respecto al contenido de la cuarta fracción surge diversas interrogantes como: ¿Qué parámetros se utilizarán para determinar la capacidad necesaria para redes de seguridad nacional, servicios sociales y demás necesidades del gobierno? ¿Se establecerán mecanismo de consulta con las entidades gubernamentales que requieran de este recurso? La falta de claridad de esto puede generar problemas entre los operadores satelitales y dificultar la planificación de sus inversiones.
Por otra parte, en relación con los transitorios se menciona en el DÉCIMO SEGUNDO que: “Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Coordinación de Estrategia Digital Nacional serán transferidos a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Los procesos de transferencia de dichos recursos deberán concluir el 31 de diciembre del 2024, con la finalidad de que dicha Agencia inicie funciones a partir del 1 de enero de 2025”.
Todas las referencias que hagan mención a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional se entenderán hechas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las entidades paraestatales denominadas Servicio Postal Mexicano, Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Agencia Espacial Mexicana e INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, (deja de estar adscrito al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONACYT) quedan sectorizados a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria queda adscrito a dicha Agencia.
Y, en el DÉCIMO TERCERO señala que: Los Centros Públicos de Investigación Humanística y Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación que estaban sectorizados al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías antes de la entrada en vigor del presente Decreto quedarán sectorizados a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con excepción del fideicomiso público denominado INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.
Cabe mencionar y destacar en esta visualización amplia más no limitativa de la Agencia que, el día 15 de noviembre del año anterior, el próximo titular de la ATDT, JOSÉ PEÑA MERINO, expreso que, durante el primer año de operación de la dependencia, se desempeñaran diversos proyectos estratégicos entre los que se localizan: (I) Llave MX; (II) La fábrica de software; (III) el Programa Espacial Mexicano; (IV) el centro de Atención para el Bienestar, así como (V) Centro Nacional de Tecnológica Pública y (VI) un área de inteligencia de datos.
En suma, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) representa una apuesta ambiciosa por modernizar la administración pública y acercarla a la ciudadanía.
La agencia asume un rol central en la construcción de un gobierno digital eficiente, transparente e inclusivo, con la responsabilidad de formular e implementar políticas en áreas clave como la identidad digital, la interoperabilidad de sistemas, el análisis de datos y la expansión de la cobertura de telecomunicaciones.
Sin embargo, esta nueva dependencia enfrenta también desafíos significativos tales como la complejidad de las materias que aborda, la necesidad de coordinar esfuerzos con diversas dependencias, la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales, son algunos de los retos que deberá superar.
El éxito de la Agencia dependerá en gran medida de su capacidad para articular un marco normativo claro, asegurar la asignación de recursos suficientes y fomentar la participación activa de la sociedad civil en la construcción de una transformación digital que beneficie a todos.
Fuentes de consulta
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2012). Agenda Digital.mx. México. Recuperado de http://www.sct.gob.mx/uploads/media/AgendaDigital_mx.pdf
Estrategia Digital Nacional (2013). Véase en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17083/Estrategia_Digital_Nacional.pdf
Estrategia Digital Nacional 2021-2024. Recuperado de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021#gsc.tab=0
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
Nota
Lawgic Simple y Claro. Agencia de transformación digital y telecomunicaciones | Julio Téllez | Legal AI Week 2024. Veáse en: https://www.youtube.com/watch?v=T5mgdZY05WE
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Rodolfo Guerrero es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en derecho con orientación en materia Constitucional y administrativo por la misma casa de estudios. Es Socio Fundador y Representante Legal de la Sociedad Civil Coffee Law “Dr. Jorge Fernández Ruiz”. Socio fundador de la Academia Mexicana de Derecho “Juan Velásquez” A.C. Titular de la Comisión de Legaltech del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México A.C. Capítulo Occidente. Vicepresidente de la Academia Mexicana
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