Por: Alejandro Linares
¿Cuánta privacidad estamos dispuestos a entregar a cambio de sentirnos protegidos?
¿La seguridad de mi conjunto residencial depende de la inseguridad de mis datos personales? Hace unas semanas presencié una escena que muchos lectores quizá han visto o protagonizado. Un visitante llegó a una unidad residencial, se ubicó frente a una cámara de reconocimiento facial y esperó a que la tecnología hiciera su trabajo. La cámara le pidió mirar al frente, levantar un poco la cabeza, quitarse las gafas y acercarse. Tras varios intentos apareció el mensaje: “Usuario no identificado”. Lo curioso era que el vigilante sí sabía quién era. El residente al que iba a visitar lo esperaba; algunos vecinos también lo reconocieron. La única confundida parecía ser la tecnología.
La escena me hizo pensar en algo que ocurre cada vez con más frecuencia. Durante años imaginamos un futuro lleno de sistemas inteligentes capaces de resolver cualquier situación con rapidez y precisión. Ese futuro ya llegó: vivimos rodeados de aplicaciones, plataformas, cámaras y sensores que simplifican tareas. El problema aparece cuando adoptamos herramientas más rápido de lo que pensamos sus consecuencias.
Los conjuntos residenciales son un buen ejemplo. Hace no muchos años, ingresar a una copropiedad implicaba hablar con el vigilante, hacer un registro y confiar en el reconocimiento visual. Hoy hay códigos QR, aplicaciones, lectores biométricos y cámaras inteligentes que prometen reforzar el control de acceso. La tecnología puede facilitar procesos y apoyar la seguridad. Pero junto con sus beneficios surgen preguntas necesarias: ¿qué información entregamos?, ¿quién la guarda y por cuánto tiempo?, ¿quién puede consultarla?, ¿qué opciones tiene quien decide no suministrarla?
En Colombia, la Ley 1581 de 2012 incluye los datos biométricos entre los datos sensibles, por el impacto que su uso indebido puede tener sobre la intimidad y la posibilidad de discriminación. Su tratamiento está sometido a las reglas especiales de la ley, entre ellas, como regla general, la autorización explícita del titular y el deber de informarle sobre el uso de sus datos. La norma contempla excepciones; por eso no conviene resumir el régimen como una prohibición absoluta ni afirmar que toda situación es idéntica. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia en esta materia, pero cualquier caso concreto exige revisar sus circunstancias y las normas aplicables.
La cautela tiene una razón sencilla. Una contraseña se puede cambiar. Un correo electrónico puede reemplazarse. Pero no podemos cambiar nuestro rostro o nuestras huellas si una base de datos se vulnera. Por eso importa saber no solo si un sistema funciona, sino también qué datos recoge, para qué los necesita, cómo los protege y qué ocurre cuando dejamos de usarlo.
Con frecuencia se presenta la seguridad y la privacidad como si hubiera que escoger una y renunciar a la otra. Esa es una falsa disyuntiva. La pregunta útil es cómo construir espacios seguros respetando al mismo tiempo los derechos de quienes los habitan y los visitan. Un sistema de reconocimiento facial puede ser técnicamente posible, pero eso no demuestra por sí solo que sea indispensable ni que sea la opción más adecuada para cada conjunto.
Durante años nos hemos acostumbrado a compartir información personal con sorprendente naturalidad: publicamos fotografías, autorizamos accesos a aplicaciones y aceptamos condiciones que muchas veces no leemos. A cambio, a menudo buscamos unos segundos de comodidad. No se trata de demonizar la tecnología ni de idealizarla. Es una herramienta; su valor depende de cómo se diseña, se implementa y se gobierna.
Desde mi experiencia liderando procesos de transformación digital en el sector de medios públicos, he aprendido que una pregunta central para cualquier organización no es solo qué tecnología puede implementar, sino cuál necesita realmente. Poder hacer algo no significa que debamos hacerlo. Que una cámara permita identificar rostros no vuelve indispensable su uso en todos los escenarios. Y que una solución sea novedosa tampoco la convierte automáticamente en la mejor.
Las copropiedades reflejan un debate que también enfrentan empresas, universidades y entidades públicas: ¿qué información es necesaria?, ¿quién responde por ella y la protege?, ¿qué alternativas existen para quienes prefieren no compartirla? En un sistema de acceso, esas alternativas podrían ser, según el contexto, una tarjeta, un código o la verificación por parte del personal de vigilancia. Lo importante es que no se conviertan en una barrera injustificada y que las reglas sean claras.
La confianza no se construye únicamente con cámaras, rejas o controles automáticos. También nace de la transparencia, de saber cómo se toman las decisiones y de comprobar que los derechos serán respetados. La seguridad seguirá siendo prioritaria para cualquier comunidad; la privacidad tampoco es un capricho ni un freno a la innovación. Es un derecho que suele valorarse más cuando se pierde.
La transformación digital no debería medirse solo por la cantidad de tecnología que incorporamos, sino por nuestra capacidad de proteger a las personas mientras avanzamos. El reto no consiste únicamente en que las máquinas aprendan a reconocernos mejor. También necesitamos aprender a decidir qué información compartimos, con quién y bajo qué condiciones.
Al final, la pregunta no es tecnológica, sino profundamente humana: ¿estamos construyendo comunidades más seguras o entregando más datos de los necesarios para sentirnos seguros?.
políticas públicas, transformación digital y medios de comunicación.
- Plumas NCC | El precio digital de sentirnos seguros - noviembre 13, 2026
