Brasil registró 34 homicidios de activistas del medioambiente en 2022, según un informe
EFE 
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Brasil.
Brasil registró 34 homicidios de activistas que defienden el medioambiente o a las comunidades indígenas, según un informe difundido este martes por la organización Global Witness.
Ese dato supone un incremento del 30 % con respecto al año anterior, cuando 26 activistas fueron asesinados, y sitúa a Brasil como el segundo país de la región más peligroso para los defensores de la naturaleza por detrás de Colombia, de acuerdo con los datos del informe.
El caso más sonado en Brasil fue el asesinato del indigenista Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, muertos a manos de pescadores furtivos en una región de la selva amazónica fronteriza con Perú en julio de 2022.
A mil kilómetros de distancia, cerca de la frontera con Venezuela, el pueblo indígena Yanomami «casi fue arrasado por completo» de sus tierras en la selva amazónica de Brasil por la acción de mineros ilegales, agrega el documento.
El informe apunta precisamente a la Amazonía como uno de los lugares más peligrosos del mundo para esos activistas y en esa área el pasado año, se produjeron 39 asesinatos, el 22 % de los registrados en todo el mundo.
Global Witness relacionó el aumento de muertes de activistas en la Amazonía con las políticas del Gobierno del ahora expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y, en especial, con su «desdén hacia el medioambiente y hacia los derechos humanos».
Esta organización señala que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el Gobierno el 1 de enero pasado, tendrá un reto colosal para revertir los daños sociales y medioambientales que atribuye a Bolsonaro y para garantizar la protección efectiva de los pueblos indígenas y de sus tierras.
Desde que Lula asumió el poder, el Gobierno brasileño ha reforzado los organismos de vigilancia ambiental que trabajan en la Amazonía y ha puesto en práctica políticas para favorecer a los pueblos indígenas.
Una de sus primeras acciones fue el envío de ayuda humanitaria para rescatar a los yanomamis, citados por el informe, que se encontraban en una situación crítica, con numerosos casos de desnutrición y enfermedades causadas por los metales pesados usados por los mineros ilegales.
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