El sistema de salud chileno amenazado por la crisis de las aseguradoras privadas

«Si cierran, ¿dónde me voy con la enfermedad que tengo?», se preguntó Molina, que desde hace dos años recibe tratamiento. A raíz del cáncer, no ha vuelto a su trabajo, en el área de recursos humanos de una multinacional.

Con el seguro que paga (de unos 375 dólares mensuales por él y su esposa) sobrevive y cubre gran parte de su atención médica.

Las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) fueron creadas en 1981 bajo la dictadura del difunto general Augusto Pinochet (1973-1990) para generar una alternativa privada en la salud, tras el recorte severo del gasto público que instauró en el marco de una serie de reformas de libre mercado.

Desde ese momento, los chilenos pueden elegir destinar el 7% de su cotización de salud obligatoria al sistema público o a las Isapres, mientras que los empleadores quedaron excluidos de pagar por la salud de sus trabajadores.

Quienes optan por una Isapre acceden a una atención médica más rápida y cómoda en centros privados de salud que, gracias a la existencia de estos seguros, vivieron un fuerte crecimiento.

Las Isapres hoy atienden al 16% de los chilenos, principalmente de clase media y alta. El grueso de la población acude al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y se atiende en hospitales públicos.

Después de hacer frente a la pandemia del coronavirus, que derrumbó sus utilidades en 2021, las Isapres enfrentan un difícil panorama tras un fallo de la Corte Suprema que las condenó a pagar 1.400 millones de dólares por cobros en exceso a sus usuarios.

La Corte falló a fines de noviembre y les dio seis meses para cumplirlo. En mayo, extendió ese plazo hasta noviembre.

«No voy a tener cómo costear mis gastos en una clínica si me voy al sistema público» porque su cobertura financiera es menor, se lamentó Molina, uno de los tres millones de usuarios de las Isapres.

Metodología adecuada

La sentencia respondió a las más de 2,3 millones de demandas contra estas aseguradoras que colmaron las Cortes de Apelaciones en los últimos años de la mano de quejas crecientes de por un sistema cada vez más costoso.

Las Isapres cubren en promedio sólo 60% de la atención de salud. Para el resto, se deben contratar pólizas complementarias.

El conflicto data de 2010, cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal el alza de precio de los planes con tarifas diferenciadas por edad y género, aplicando cobros adicionales a adultos mayores, menores de dos años o mujeres en edad fértil.

Pero las aseguradoras ignoraron los veredictos y continuaron incrementando tarifas. En 2019, la Superintendencia de Salud -ente regulador- estableció una tabla única de precios, que las Isapres aplicaron sólo a clientes nuevos.

«Pensamos que eso es lo que hay que hacer (acatar el fallo) pero con una metodología tal que permita que el sistema siga funcionando», declaró a la AFP Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres.

Las aseguradoras estiman que el monto corresponde a varias décadas de utilidades, pero para el subsecretario de Salud, Víctor Torres, «no es una cifra significativa considerando cuánto ingresó» al sistema.

El gobierno del izquierdista Gabriel Boric aseguró que no promoverá un «salvataje», en una decisión que a juicio de las Isapres disfraza el intento de avanzar hacia su cierre «por secretaría» para instaurar un Sistema Universal de Salud que no contempla su funcionamiento.

Modelo inviable

La incertidumbre sobre las Isapres paralizó inversiones, aceleró la fuga de usuarios (250.000 en los últimos dos años) e hizo crecer la inquietud entre quienes se mantienen en el sistema.

«Me preocupa, porque a mí el sistema de salud pública no me da confianza», aseguró la corredora de propiedades Marcia Marchant, de 59 años.

Si bien consideró «muy caro» lo que paga por su seguro (200 dólares al mes) afirmó que estar en una Isapre le da «más tranquilidad y seguridad de una mejor atención». Y si las Isapres caen, los centros médicos privados quedarían también en mal pie.

«Creemos que si sucede un colapso tendría un efecto muy negativo para la comunidad y eso creemos que hay que evitarlo de todas maneras», advirtió el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza.

Pero el conflicto judicial sería un escalón más en una crisis más profunda de las aseguradoras privadas debido al sostenido aumento de los costos y la cada vez mayor regulación de ingresos.

Es «la crónica de la muerte de un modelo inviable financieramente», sostuvo Daniela Sugg, experta en temas de salud de la Universidad Diego Portales.