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América Latina no se ha librado de las grasas trans

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Latinoamérica.

Chile, Perú y Brasil son los tres países de la región que han adoptado las mejores prácticas de regulación para limitar a menos del 2 por ciento la presencia de grasas trans de producción industrial (AGT-PI) en alimentos. Perú es el único que, además, incluye advertencias publicitarias en los empaques.

Así lo señala el “Reporte sombra de las políticas públicas de las grasas trans de producción industrial”, elaborado por integrantes de la organización de la sociedad civil Salud Justa México.

Publicado el 29 de marzo, sus autoras evaluaron las mejores políticas sobre AGT-PI que se han implementado en la región, para que sirvan de ejemplo al resto de países que buscan regularlas.

Los ácidos grasos trans de producción industrial son compuestos artificiales producto de la hidrogenación, proceso por el cual se introduce gas hidrógeno a los aceites vegetales, lo que permite que los alimentos se conserven durante mucho tiempo.

Pero el beneficio para la industria tiene un costo para la salud: varios estudios muestran que el consumo de los AGT-PI está relacionado con los accidentes cardiovasculares y el aumento del colesterol malo. La OMS atribuye 500 mil muertes al año por enfermedades cardiovasculares debido a la ingesta de estos compuestos.

Según el informe, Argentina, Colombia y Ecuador también han establecido regulaciones, aunque menos restrictivas. Uruguay está a punto (24 de abril) de aplicar una normativa para limitar el contenido de grasas trans al 2 por ciento; mientras que en México la regulación fue aprobada en el Senado, pero está pendiente de ser discutida este año en la Cámara de Senadores. El resto de la región carece de políticas restrictivas sobre estos compuestos.

Para las autoras del reporte, la región ha tenido avances significativos, pero aún prevalecen condiciones que impiden que estas regulaciones se aprueben y apliquen rápidamente: desde la falta de participación y conocimiento de la sociedad hasta la industria que busca retrasar estas regulaciones.

Aunque en el reporte las autoras muestran que en la mayoría de los países la injerencia de la industria en la regulación de los AGT-PI fue prácticamente nula, también señalan que se debe a un interés en retrasar otras iniciativas, como el etiquetado frontal.

En Brasil, sin embargo, sí hubo injerencia de la industria. Cuando estaba en proceso de lograr la regulación, “la industria decía que era muy costoso sustituir los AGT-PI y que se necesitaba mucho tiempo para hacerlo. Abiertamente no podían decir que estaban a favor de las grasas trans, frente a toda la evidencia que hay, pero lo que hacían era retrasar la política. Y lo lograron” [por un tiempo], dijo a SciDev.Net Darina García Toledo, autora del reporte.

La falta o retraso de una regulación permite que los consumidores accedan a una gran cantidad de alimentos que contienen AGT-PI: grasas vegetales endurecidas como la margarina, y otros productos procesados como pan, galletas, dulces y frituras.

En México, “el pan con el que hacemos un sándwich tiene grasas trans. Sorprende que se venda como un producto saludable, la gente piensa que le está dando a los niños algo muy saludable, pero tiene grasas trans”, dijo Claudia Moreno, Oficial de Incidencia Legislativa de Salud Justa MX, también autora del reporte.

En los países donde ya existen estas regulaciones, como en Perú, las empresas trasnacionales de alimentos ya han sustituido los AGT-PI con otros aceites. Pero en donde no hay, las grasas trans siguen presentes en sus productos. “Si ya tienen la reformulación, no entendemos por qué no la hacen en todos los países”, dijo Moreno a SciDev.Net.

El reporte concluye que la reducción o eliminación de grasas trans es una política pública viable y de bajo costo, pero recomienda que los países tengan dependencias que vigilen el contenido de los AGT-PI en los alimentos y que la sociedad civil colabore activamente con la academia, el gobierno y la industria para incidir en los tomadores de decisiones.

Además, sugieren seguir el ejemplo de Perú, que no solo alerta sobre las grasas trans en el etiquetado frontal, sino en advertencias publicitarias en productos y medios de comunicación.

Fabio Gomes, asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien no participó en la elaboración del reporte, dijo a SciDev.Net que “los países que tarden más en eliminar los AGT-PI amplían los costos de salud, sociales y económicos para toda la sociedad”.

Por eso, conocer las políticas implementadas en otros países debe servir como ejemplo para la región. “El reporte permite demostrar que la eliminación de AGT-PI es una medida de salud pública que puede salvar muchas vidas y es factible”, dijo.

Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano – Noticias NCC
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