Argentinos luchan por medicinas en medio de la crisis económica

Argentina.

La crisis económica argentina también alcanza al sector salud. Muchos pacientes han abandonado sus tratamientos contra enfermedades crónicas y otros dejaron de recibir medicinas por parte del Estado mientras el gobierno audita el sistema asistencial.

Desde que asumió el poder el presidente Javier Miley en diciembre, los medicamentos aumentaron un 40% por encima de una inflación anual del 254%, una de las más altas del mundo, y golpea con un nivel de pobreza superior al 50% de la población.

Los más afectados son los jubilados y trabajadores informales, que representan cerca del 40% del mercado laboral. Algunos acuden al banco comunitario de medicamentos de la Fundación Tzedaká, una entidad judía que entrega remedios gratuitos a la población vulnerable.

“Económicamente un montón. Yo estoy sin trabajo, también tengo problemas de la columna y todas esas cosas y me ayuda en el día a día por el hecho de que se está haciendo el tratamiento y no tiene uno que dejarlo hasta que llegue el tiempo de la operación”, dijo el albañil Juan Carlos Orellana.

Las ventas de medicamentos cayeron en un 70% en remedios recetados en enero. Trabajadores farmacéuticos advierten que la gente está comprando unidades más pequeñas y toma su tratamiento de manera salteada, lo que a la larga terminará en un gasto mayor, incluso, para el sistema sanitario.

“Hay momentos como este donde las necesidades de la familia son mucho mayores, de aquellas que ayudamos son mucho mayores, sencillamente porque no se puede acompañar a la inflación, y parece que con lo que tengan, vale menos”, dijo Ruth Heymann, directora de comunicación de la Fundación Tzedaká.

Pero hay pacientes que no pueden darse el lujo de aplazar su tratamiento. Pablo Riveros de 20 años, debe inyectarse tres ampollas de las que depende su vida, padece hemoglobinuria paroxística nocturna, una rara enfermedad que destruye los glóbulos rojos.

“Me dijeron que esta enfermedad no tiene cura, pero sí tenía tratamiento. Es una droga muy cara, la cual los médicos en parte dudaban de si yo la pedía o la conseguía, pero que la necesitaba sí o sí”, contó Pablo Rivero.

El tratamiento cuesta 42 mil dólares al mes, imposible para su madre, una costurera a cargo de otros seis hijos. Desde marzo de 2023, al mes de ser diagnosticado, empezó a recibir la medicación del Estado mediante un programa de asistencia social. La última vez que la recibió fue en noviembre.

“Tendría que volver a recibir medicación, no tiene y esta enfermedad provoca algunas crisis y cuando las crisis son, son agudas y esta le puede provocar una trombosis que la anterior no dejó secuelas, pero ahora no sabemos y bueno, una trombosis también te puede provocar la muerte”, dijo Estela Coronel, madre de Pablo Rivero.

La familia presentó un recurso de amparo, la respuesta fue que esperaran a que termine la auditoría de los programas de asistencia para terminar con la corrupción. El gobierno promovió una auditoría del programa que depende del Ministerio de Capital Humano y asiste con medicamentos a pacientes como Pablo o que padecen de cáncer, epilepsia o VIH entre otras enfermedades.