Científicos argentinos se organizan contra la “motosierra” de Javier Milei

Tras concretar su anuncio de campaña de cerrar el Ministerio de Ciencia, al que degradó al rango de Secretaría, Milei ordenó destinar al sector el mismo presupuesto que 2023, cuando el país sufre una inflación interanual del 250 por ciento.

A esa pérdida en términos reales se suman severas restricciones al funcionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), uno de los organismos de investigación más prestigiosos de la región.

Entre otras medidas, la gestión de su nuevo presidente, el médico veterinario Daniel Salamone —a quien Milei consultó años atrás por la clonación de su perro, finalmente concretada en Estados Unidos—, redujo la cantidad de becas doctorales de 1.300 a 600, cesó a 40 empleados administrativos y puso en duda la continuidad de otros 1.200.

Científicos organizados

Ante este panorama, el grupo Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) decidió organizarse en asambleas y “ruidazos” en la sede del CONICET, que incluso ocupó pacíficamente el 14 de febrero.

JCP había ganado visibilidad durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), que también redujo el presupuesto científico y evitó resolver los reclamos de los 12.000 becarios del CONICET, la mitad de su planta.

Estos jóvenes investigadores perciben el equivalente a unos US$ 600, mucho menos que pares chilenos, uruguayos o brasileños. “No tenemos aguinaldo ni jubilación, no se nos considera trabajadores y resulta fácil despedirnos”, plantea su referente Juliana Yantorno, en diálogo telefónico con SciDev.Net.

Los institutos de investigación del organismo tampoco están recibiendo las erogaciones correspondientes para sus gastos de mantenimiento. La situación es tan crítica que los investigadores destinan dinero de su bolsillo a la compra de insumos o el pago de servicios básicos.

Doscientos de los 280 directores de los institutos que integran el CONICET formaron a principios de este año la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), que busca concientizar sobre la situación y activar una campaña de solidaridad internacional que ya incluye el apoyo de tres premios Nobel.

La RAICYT, además, estudia presentar recursos de amparo ante la posibilidad de que se pierdan proyectos de investigación en marcha, varios de ellos con financiación internacional.

También está en alerta la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que advirtió que podría quedarse sin fondos en abril, mientras que la Universidad Nacional de San Martín describió una situación “insostenible”, con la posibilidad de que sus laboratorios dejen de funcionar y sus aulas queden vacías.

¿Regreso a los 90?

Salamone —quien no respondió al pedido de entrevista para esta nota— pretende imprimir un cambio sustancial al organismo: valorar la productividad de los investigadores según la cantidad de artículos científicos publicados, un fenómeno creciente pero problemático en la región.

También busca atraer fondos de inversión, aumentar la participación privada e impulsar startups basadas en conocimiento, opciones ya puestas sobre la mesa ante representantes de las embajadas china, alemana y estadounidense.

“Quiere que sostengamos nuestras propias producciones”, afirma Yantorno, crítica del ingreso de capitales privados, ya que “en general se meten para hacer copy-paste [de un desarrollo financiado por el Estado] y llevárselo”.

En este punto, Lino Barañao —ministro de Ciencia entre 2007 y 2018— tiene una mirada más benévola: “Las empresas de base tecnológica crean puestos de trabajo y generan ingresos mejor distribuidos, ya que el grueso del dinero va a los empleados, no al capital”.

Aunque reconoce que la participación privada aún es baja, el investigador superior del CONICET, Jorge Geffner, advierte que “la solución no pasa por ahí, sino por una fuerte inversión del Estado, que en Argentina no llega al 0,5 por ciento” del PIB.

“El país pasó por épocas similares”, recuerda Barañao. “En los 90, cuando trabajaba en el CONICET, llegamos a cobrar US$ 50 por mes”. Esos años serían recordados como los de la “fuga de cerebros”, un escenario que hoy corre riesgo de repetirse.

Criticado desde el peronismo (que gobernó el país durante 16 de los últimos 20 años) por haber sido el único ministro en mantener su cargo durante el macrismo, Barañao reconoce que en su gestión “hubo ajustes presupuestarios, pero la línea se mantuvo. Si se destruye la estructura y se desmantelan los grupos de trabajo, no se puede rearmar nada. Hoy no le están poniendo menos combustible a la máquina; la están desmantelando”.