La minería amenaza al Río Lempa: comunidades rurales piden su protección

El Salvador.

Pobladores de una zona rural de El Salvador y miembros de una organización comunitaria exigieron al Estado la protección del Río Lempa, el más largo de Centroamérica, ante la inminente explotación minera en el país y tras la aprobación de una ley para este fin. 

Vidalina Morales de la Organización No Gubernamental Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta, ADES, considera que se dañaría el diario vivir de miles de personas que utilizan el agua del Río Lampa a diario para sus actividades y para la agricultura. 

“La minería es una de las industrias que utilizan cantidades enormes de agua y estamos justo. A mis espaldas está el Río Lampa y este río se ve amenazado si se dan los proyectos mineros”, dijo Morales.

El agua del Río Lampa es utilizada principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica. 

“Para nosotros pues es un río sagrado, es un río que da vida y queremos junto a las comunidades aledañas y transmitir esa voz al pueblo salvadoreño”, acentuó  Morales.

La actividad se desarrolló en la zona conocida como el embalse Cerrón Grande, cerca de una central hidroeléctrica con el mismo nombre que se encuentra en el cauce del Río Lampa, a casi 80 kilómetros de la capital, San Salvador.

Los asistentes participaron de un acto religioso de bendición del río, lanzaron flores al agua e hicieron una oración. También recordaron a los ambientalistas Ramiro Rivera y Dora Sorto, que fueron asesinados en diciembre de 2009, por, según señalaron, oponerse a proyectos de explotación minera.

Organizaciones sociales, ambientalistas y comunitarias han rechazado la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, que ya está en vigencia luego de ser avalada por el presidente Najib Bukele. El mandatario aseguró en diciembre de 2024 que el país centroamericano posee los yacimientos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Aunque ninguna institución del gobierno ha presentado estudios técnicos que comprueben esta afirmación.

Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas en la zona norte del Salvador, que integra a los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y la Unión.