Ciudad de México, México.

 

México da marcha atrás en su intento por frenar la entrada a su territorio del maíz transgénico estadounidense, después de que un panel de solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC) fallara en su contra.

Recientemente (5 de febrero), el gobierno mexicano publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por el que deja sin efectos la aplicación de diversas disposiciones sobre maíz genéticamente modificado (GM).

Específicamente, elimina el artículo que limitaba las autorizaciones para el uso de grano de maíz GM para alimentación humana y, por otro lado, cancela el plan original de que el país sustituyera de forma gradual el maíz GM para la alimentación animal y su uso industrial para alimentación humana.

Este cambio es consecuencia de lo que concluyó el panel de solución de controversias el 24 de enero de 2025, que calificó como una barrera comercial injustificada las limitaciones impuestas por el decreto para frenar el uso de maíz GM de Estados Unidos, impulsado desde 2020 por el ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La razón, de acuerdo con este panel, es que México no había presentado respaldo científico sólido sobre los potenciales riesgos de este grano a la salud humana y, por lo tanto, la recomendación para México era poner “sus medidas en conformidad con sus obligaciones en el marco del T-MEC”.

 

Más información

 

Ante la resolución, México tuvo que dar marcha atrás para eludir sanciones. “Esta medida es un ajuste normativo necesario para evitar represalias comerciales por parte de Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales”, aseguró a SciDev.Net J. Reyes Altamirano, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en problemas económico-agroindustriales.

“Es lo que México tenía que hacer (…) Estados Unidos estaba incómodo porque veía que podían afectar las ventas de maíz transgénico a nuestro país”, aseguró Quetzalcóatl Orozco, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en conservación y diversidad de maíces nativos mexicanos.

La decisión ocurre sólo unas semanas después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los productos mexicanos. “El país busca cumplir con sus compromisos internacionales y prevenir la imposición de aranceles compensatorios sobre productos estratégicos de exportación”, añadió Altamirano.

 

Sobre el asunto

 

Para varios expertos, como Omar Arellano-Aguilar, especialista en riesgo ecológico y profesor de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, la forma en la que se ha dirimido esta disputa ha tenido muchas fallas; primero, por el lado de México, al no hacer lo suficiente por proteger el maíz y su importancia como alimento, para la salud y la biodiversidad.

“La nueva administración tiene al frente nuevos funcionarios quienes no estuvieron cerca del proceso de elaboración de los decretos de 2020 y 2023, por lo que no necesariamente tienen todos los elementos para apuntalar la defensa tanto del maíz como herencia biocultural, de la salud ambiental y la población humana”, dijo a SciDev.Net.

Por otro lado, se le exige evidencia a México de potenciales daños por el maíz transgénico, pero “Estados Unidos no presentó evidencias de impactos económicos en su mercado ni mucho menos evidencias de inocuidad de su maíz transgénico dependiente de herbicidas”, añadió Arellano-Aguilar.

A este nuevo acuerdo se suma una propuesta de reforma a la Constitución por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

 

Más datos

 

La mandataria propuso añadir en los artículos constitucionales 4 y 27, respectivamente, que “el maíz es un elemento de identidad nacional” y que “el Estado tiene la obligación de garantizar el cultivo del maíz libre de transgénicos en el territorio nacional”.

En respuesta, varias organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la mandataria en la que cuestionan la reforma. “Es insuficiente”, dicen, pues debería incluir “otras formas de maíz genéticamente modificado que alteran la herencia de este grano fundamental”.

Otros cuestionan que los cambios en la Constitución no garantizan acciones concretas. “En lugar de establecer prohibiciones constitucionales específicas, podría ser más efectivo reformar leyes y hacer reglamentos con principios regulatorios claros y mecanismos de evaluación de riesgos conforme a estándares internacionales”, dijo Altamirano.

El problema es que “deja la interpretación de cómo y hasta qué punto [se garantizará el cultivo de maíz libre de transgénicos] (…) La propuesta debería ir encaminada a incorporar el concepto de inocuidad en el artículo 4 y en el 27 ampliar la protección para garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos y libre de plaguicidas altamente peligrosos”, dijo Arellano-Aguilar.

“Los que hemos estado en contra de los transgénicos no podemos estar en contra de que quede establecido en la Constitución la prohibición de la siembra de maíz transgénico, pero en términos prácticos eso no disminuye el problema: seguimos importando un gran volumen de maíz transgénico”, aseguró Orozco.

 

Invertir en investigación sobre riesgos

 

Independientemente del nivel de regulación que se adopte (constitucional, legal o reglamentario), varios especialistas coinciden en la necesidad de que México invierta en investigación científica sobre maíz GM.

Se requieren estudios para evaluar “de manera objetiva los impactos del maíz transgénico en la salud humana, el ambiente y la economía. Esto permitiría diseñar regulaciones más sólidas y alineadas con estándares internacionales”, dijo Altamirano.

Arellano-Aguilar coincide: “México debe continuar con el impulso de la investigación científica y tecnológica para generar conocimiento propio de los riesgos ambientales y la salud, pero al mismo tiempo continuar impulsando innovaciones y alternativas para la transición agroecológica”.

La idea, y el gran desafío, dicen los especialistas, es garantizar un equilibrio entre el cumplimiento de compromisos comerciales, al mismo tiempo que se impulsa la soberanía alimentaria.

“Más que un discurso de regulación, México requiere un fuerte programa de apoyo a la agricultura maicera. Y hasta el momento, no se ha hecho ningún anuncio en ese tema”, concluyó Orozco.

 

Por: Aleida Rueda vía SciDev.Net América Latina y el Caribe.