En El Salvador, la prohibición de abortar cuando una embarazada gesta un feto con malformaciones fatales puede aumentar la morbilidad, causando más complicaciones innecesarias, concluye un estudio publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology Global Reports.
La investigación analizó 239 embarazos entre 2013 y 2018 en el país centroamericano, utilizando los registros del Hospital Nacional de la Mujer —el hospital público de referencia en salud de la mujer— y las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud salvadoreño.
El estudio reportó que en más de la mitad de los embarazos (54,9 por ciento) y luego del diagnóstico de malformación fetal la mujer tuvo al menos una complicación de salud relacionada con el embarazo, como polihidramnios (exceso de líquido amniótico), infecciones, obstrucciones, preeclampsia (hipertensión arterial) y sangrado.
Además, 47,9 por ciento se sometió a un procedimiento invasivo, como cesáreas prematuras, extracción de líquido amniótico, descompresión de la cabeza fetal e histerectomía (extracción del útero).
En El Salvador, el código penal prohíbe la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia desde 1998. El personal médico que desobedezca puede enfrentar sanciones legales, y las mujeres tienen dos opciones: continuar el embarazo o hacerse un aborto ilegal. Según un otro estudio de 2013, el código anterior de 1974 era menos punitivo, y el actual no impide los abortos clandestinos.
La ginecóloga obstetra Sandra Carolina Ugarte, primera autora del estudio y especialista en medicina fetal que trabaja en el Hospital Nacional de la Mujer, afirma que todos los fetos de las mujeres incluidas en el estudio fallecieron al nacer o en el período neonatal. No hubo muerte materna, pero el sufrimiento causado a la paciente podría haberse evitado con un aborto seguro y consentido, asegura la investigación.
“No hay beneficio en continuar el embarazo en casos de una malformación incompatible con la vida extrauterina. Hay situaciones en las que el embarazo empeora la condición del bebé, como aquellos que tienen cerebro, pero no cráneo. El líquido amniótico destruye el cerebro. La medicina fetal se preocupa por el feto, pero llega un momento en que hay que reconocer que el bebé no va a vivir”, dijo a SciDev.Net.
La mayoría de las pacientes tenía baja escolaridad, bajos ingresos y solo 3,8 por ciento de las 239 mujeres trabajaban en condiciones de formalidad. De los embarazos, 74,5 por ciento fueron no planificados y el 53,1 por ciento eran mujeres de 24 años o menos. El 11,7 por ciento eran menores de edad.
La realidad socioeconómica asociada al aborto no sorprende, ya que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que las muertes de mujeres causadas por complicaciones en abortos inseguros suceden en particular en poblaciones socialmente vulnerables en países de bajos ingresos.
“Los datos publicados nos aseguran que, dentro de la práctica médica, podemos utilizar esta información para corregir conductas clínicas, en favor de las pacientes. Mientras no haya un cambio de ley, estas situaciones deben ser catalogadas como embarazos de alto riesgo”, advierte Ugarte.
Según directrices de la OMS para el aborto seguro y legal, entre 4,7 y 13,2 por ciento de las muertes maternas en el mundo pueden atribuirse al aborto inseguro. En América Latina y el Caribe, los abortos inseguros alcanzan 19,5 por ciento del total mundial.
El aumento de la morbilidad materna reportado en el estudio por la penalización del aborto también es una realidad en otros países de la región, pues solo Argentina, Colombia, Uruguay, las Guayanas y Cuba han legalizado el procedimiento. La prohibición total, así como en El Salvador, se da en Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.
En otras naciones, como Brasil, Chile, México y Perú, el aborto es un delito, pero generalmente se prevén excepciones para los casos de violación, feto anencefálico y riesgo de muerte de la madre. Aun así, los derechos de las pacientes pueden no ser respetados.
Para Marcos Nakamura, obstetra e investigador del Instituto Nacional de Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente Fernandes Figueira de Brasil, “una malformación featal conlleva aún más morbilidad. Cuando el feto resulta inviable, es éticamente incorrecto no priorizar la vida de la mujer”.
En el caso de una malformación letal, la recomendación de un aborto seguro debe provenir del equipo de salud y realizarse lo antes posible, dentro de los primeros tres meses.
En Brasil, donde la ley admite la interrupción para una sola malformación letal (anencefalia), Nakamura cree en inequidades del tratamiento médico: “A veces, algunos hospitales no realizan el procedimiento y remiten al paciente a otra institución. Eso es un problema porque puede llevar a un retraso y, en consecuencia, a complicaciones, sobre todo si es desde la mitad hasta el final del embarazo”.
Por: Renata Fontanetto.
