En la mayoría de los países de América Latina aumentó la interferencia de la industria tabacalera en las políticas para reducir el consumo de cigarros, dispositivos electrónicos y vapeadores, en casos como “sabotear procesos políticos y legislativos, exagerar la importancia económica de la industria” y difundir información para proyectar “respetabilidad”, afirma el Índice para América Latina y el Caribe.
Este documento, que desde hace tres años publica anualmente el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC, por su sigla en inglés), es una encuesta global que monitorea “cómo los gobiernos están respondiendo a la interferencia de la industria tabacalera y protegiendo sus políticas de salud pública de los ataques comerciales”, indica su web.
La encuesta se realiza en 17 países de la región y este año incluyó a dos del Caribe: Jamaica y República Dominicana.
Específicamente, el índice busca revisar la implementación del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptado en 2003 y al que se han adherido 182 países.
El artículo dice: “[A] la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional”.
Resultados 2023
El índice en su edición del 2023 concluye que, si bien hay un incremento “del nivel de interferencia de la industria tabacalera” en las políticas públicas en comparación con 2021, seis países mejoraron sus acciones.
Pero mientras Panamá, Guatemala, Ecuador, México, Argentina y Nicaragua redujeron la interferencia, en Costa Rica, Honduras y Uruguay aumentó respecto al 2021.
República Dominicana, Colombia, Argentina, Paraguay y Honduras se mantienen a la cabeza del índice. Dominicana “incluso tiene una ley que declara al tabaco y al puro dominicano como patrimonio cultural”, ejemplifica el documento. En Honduras, el puro artesanal también es “patrimonio cultural intangible de la República”.
En Guatemala, agrega el estudio, una tabacalera alega apoyar el combate al cambio climático invitando a los usuarios de vapeadores a llevar sus dispositivos usados para reciclarlos.
Respecto a el caso de México, que disminuyó los casos de interferencias en esta edición, Maximiliano Cárdenas, coordinador legal de la organización Salud Justa MX, resalta las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco de 2021. En ella se establecieron áreas 100 por ciento libres de humo de tabaco en espacios públicos, la prohibición de promoción y la exhibición de productos de tabaco.
No obstante, Cárdenas lamentó que luego de que en 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmara un decreto para prohibir la comercialización de vapeadores, en diciembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo en contra del decreto.
“La Corte debería tener mucha más información y estudiar de otra manera los casos: priorizando el derecho a la salud frente a la libertad de comercio”, critica Cárdenas.
Entre otros ejemplos, el índice 2023 afirma que “la industria (tabacalera) ha intervenido en el Tratado del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente sobre Contaminación de Plásticos”, el cual está siendo negociado y que también considera los daños de la industria al ambiente.
“Este instrumento será clave para controlar la enorme cantidad de plásticos altamente contaminantes que contienen los filtros de los cigarrillos, cigarrillos electrónicos y vapeadores”, destaca.
Ese tema cobra relevancia pues en febrero de 2024 será la décima conferencia de las partes del CMCT donde los países presentarán propuestas.
Laura Salgado, encargada de campañas y alianzas del GGTC, destaca la propuesta de Brasil, Panamá y Ecuador respecto al artículo 18 del convenio, que aborda el tema ambiental y conecta el tabaco con los plásticos. “Buscamos alinear las políticas de control de tabaco con las de Control de Plástico”, lo cual podría abrir la puerta para prohibir las colillas de cigarro, explica Salgado.
Una de las recomendaciones del índice es establecer un código de conducta para funcionarios públicos: “Deben desarrollar una política a través de todos los sectores del gobierno para rechazar alianzas o acuerdos con la industria tabacalera y limitar cualquier interacción con la industria tabacalera, a menos que sea estrictamente necesario para una regulación eficaz”, resalta Keltie Vance, directora adjunta de campañas en Corporate Accountability, una de las organizaciones que colaboraron en la elaboración del Índice.
Si bien SciDev.Net consultó a la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión (Alterpro) para recoger la opinión de las tabacaleras, no hubo respuesta al cierre de la edición.
Vapeadores en la mira
La OMS también llamó la atención recientemente sobre la necesidad de regular los cigarros electrónicos. En Colombia, una carta al editor publicada en el Jornal Brasileiro de Pneumología señaló que entre 2020 y 2022 murieron 59 personas por enfermedades relacionadas al vapeo.
Jeadran Malagón-Rojas, médico especialista en salud pública por la Universidad El Bosque de Colombia, y colegas, analizaron la Encuesta sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas y el Sistema de Información de Prestaciones de Salud del país, y hallaron que 60 por ciento de los consumidores se concentran en cinco ciudades y los usuarios son principalmente hombres menores de 45 años.
El experto dijo a SciDev.Net que no hay evidencia de que estos dispositivos impliquen un menor riesgo de cáncer de pulmón ni enfermedades cardiovasculares. Pese a ello, se repite la afirmación de que los vapeadores son 95 por ciento más seguros que los cigarros normales y que incluso se promocionan como una opción para dejar de fumar, agrega Malagón-Rojas.
La publicación original de esta cifra provino del gobierno del Reino Unido en 2015, basándose en un reporte que posteriormente fue criticado por no aportar evidencia robusta y ser financiado por una organización ligada a la empresa British American Tobacco.
“Tras la publicación del artículo los productores y comercializadores de estos productos y salieron a darnos muy duro”, narró el experto a SciDev.Net. Uno de los ejemplos que cita es el comunicado publicado por la Asociación de Empresas de Productos Alternativos Libres de Combustión (Alterpro) donde tachan a la publicación de “imprecisa o carente de un sustento concluyente”.
La carta fue respaldada por organizaciones como la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica.
Por Roberto Gonzáles vía Scidev
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