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La mayoría de los planes nacionales de biodiversidad excluyó a las comunidades indígenas

Published 6 meses ago EFE6 meses ago • Bookmarks: 19

Indígenas tsotsiles en México. Foto de Carlos López vía EFE.

Iberoamérica.

La mayoría de los planes nacionales en marcha para proteger la biodiversidad y combatir la crisis climática no contaron con la participación de las poblaciones indígenas y, por tanto, «corren el riesgo de fracasar», concluye un estudio publicado este jueves.

Tras evaluar los planes de acción en biodiversidad de 27 países, los autores de la investigación -Climate Focus, el Instituto Mundial de Recursos y Parabukas- detectaron que menos de un tercio de esos consideró las decisiones de las personas que habitan en territorios indígenas, que comportan el 22 % de la superficie terrestre.

Las comunidades autóctonas «gestionan el 80 % de la biodiversidad del mundo y lo hacen mejor que cualquier otro actor«, aseveró en la presentación del informe Darragh Conway, consultor legal en Climate Focus, y uno de los autores del análisis.

«No vamos a llegar» a las metas a largo plazo de frenar la extinción de especies y combatir la crisis climática sin contar con la participación de estas comunidades, advirtió Conway en la rueda de prensa que se celebró este jueves, a dos semanas de que arranque en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) la 28ª cumbre del clima de Naciones Unidas.

Además de los objetivos en materia de clima –reducir las emisiones de gases invernadero y aumentar la capacidad de los ecosistemas para absorber CO2-, los autores del estudio se refirieron a la meta de preservar en 2030 al menos el 30 % de la biodiversidad del planeta, como se fijó el pasado diciembre en la cumbre de biodiversidad de la ONU en Montreal (Canadá).

«Ninguno de los países incluye salvaguardias en sus planes nacionales para ampliar las áreas protegidas«, resalta el documento, que analiza en su mayoría las estrategias de biodiversidad adoptadas por los países antes del acuerdo de Montreal, pero también siete planes nacionales desarrollados después del encuentro de alto nivel en la ciudad canadiense.

El peligro, señalan los autores, es que, al tratar de cumplir con los objetivos a corto plazo adoptados en las cumbres, los países excluyan a las comunidades nativas de los territorios donde se llevan a cabo las acciones.

«No imagino a nuestras comunidades lidiando con todas estas ideas, con todas sus terminologías difíciles para entender. Es un hecho que el mercado de carbono ya está surtiendo efectos, y los pueblos indígenas se están removiendo«, aseguró la activista indonesia y directora de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN), Mina Setra.

Setra recalcó, asimismo, los riesgos de que estos planes climáticos y de biodiversidad se enfoquen en «soluciones del mercado», en base a la experiencia en su país, Indonesia, donde la transición ecológica «ha resultado en más minas para coches eléctricos».

En Indonesia, donde se halla la mayor reserva de níquel del mundo -21 millones de toneladas, según la estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos-, el creciente apetito por este mineral para fabricar baterías de vehículos eléctricos se ha traducido en una serie de conflictos entre los campesinos indonesios y las mineras.

«No podemos dejar el destino de la humanidad y del planeta en el mismo camino que llevó su destrucción: el mercado», incidió Setra, antes de reclamar a los gobiernos del mundo que aseguren que puedan seguir en sus papeles «como protectores», no solamente con un reconocimiento legal de los derechos «sino garantizando también la seguridad para ello».

Por su parte, el coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y copresidente del Alianza Global de Comunidades Territoriales, Levi Sucre, resaltó la necesidad de cambiar los mecanismos de financiación en marcha para estos territorios, que al no contemplar la perspectiva indígena «no funcionan».

En su lugar, Sucre propone implementar un mecanismo global que idearon desde las poblaciones autóctonas para mejorar el acceso a esas ayudas, con unos criterios e indicadores que se implementarían a través de sus propios fondos regionales.