Plumas NCC | Trece preguntas que nadie quiere responder sobre la ley de economía digital y el avance del dinero digital en México

Por: Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez (México)

 

El 4 de noviembre de 2026 apareció en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos; al día siguiente ya era obligatoria. Son veintidós artículos y cinco transitorios. Es importante enfatizar que su brevedad no es descuido sino método, porque casi todo lo decisivo (sectores, plazos, consecuencias) quedó reservado a la regulación secundaria tal como enmarca Bernal et al. (2026).

Precisamente, se sostiene una postura que no es cómoda para ningún bando: la ley acierta en la dirección y se equivoca en el método. Es decir, digitalizar los pagos es deseable; hacerlo mediante habilitaciones en blanco traslada al reglamento lo que debió discutirse en el Congreso. Las trece preguntas que siguen intentan mostrar dónde se abre esa grieta.

l.Lo que la ley ordena y lo que deja en blanco

1.-¿Está obligado cualquier comercio a aceptar pagos digitales? No, al menos por ahora. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno sí deben aceptarlos en trámites y servicios; los proveedores privados, en cambio, “podrán” implementarlos (Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos [LEDPDE], 2026, arts. 10 y 11). Esta asimetría admite que el primer obligado es el Estado. Por ende, la ventanilla municipal que hoy solo recibe billetes tiene ya un deber legal que el ciudadano puede invocar, de modo que la exigencia corre, por una vez, de abajo hacia arriba.

2.-¿Con qué criterios elegirá la SHCP esos sectores? La ley guarda silencio. No exige un nivel mínimo de bancarización, cobertura de conectividad ni análisis de viabilidad (México Evalúa, 2026), y el reloj corre: quince días hábiles para la designación y otros quince para las reglas sectoriales (LEDPDE, 2026, transitorios tercero y cuarto). Bajo la lenta crítica, una facultad para excluir el billete de sectores enteros sin parámetros legales se acerca demasiado a una delegación en blanco; la reserva de ley exige que sea el Congreso, y no una Secretaría, quien fije por lo menos los criterios mínimos.

3.-¿Qué sucede si alguien incumple? Según el texto, nada. La ley carece de régimen sancionador y su exigibilidad dependerá de los marcos de cada regulador (Bernal et al., 2026). Paradójicamente, esa ausencia no protege al comerciante: lo expone a reguladores distintos con catálogos de consecuencias distintos, de suerte que la misma conducta podría castigarse con dureza en una gasolinera y pasar inadvertida en una caseta. Sin una regla común, la igualdad ante la ley se fragmenta por sector.

ll. Identidad, datos y la huella de cada pago

4.-¿La CURP Digital es realmente opcional? En la letra, sí: la persona usuaria elige entre ella y cualquier otra identificación oficial (LEDPDE, 2026, art. 6). Ahora bien, la libertad de elegir no se protege declarándola, sino impidiendo que la alternativa se encarezca o se demore. Si abrir una cuenta con otro documento toma tres días y con la CURP Digital tres minutos, la opción existe solo en papel. Falta una regla de no discriminación entre canales; sin ella, el “a su elección” del artículo 6 es una cortesía legislativa.

5.-¿Cómo se prueba un documento extraído del Expediente Digital Ciudadano? El artículo 9 le atribuye los mismos efectos que al documento físico, pero quedan abiertos problemas probatorios concretos: acreditar su procedencia, actualizarlo e integrarlo al expediente que revisará el supervisor como sostienen Bernal et al. (2026). Detrás se esconde un giro mayor. El particular deja de aportar el documento y se limita a autorizar su consulta. Si el expediente contiene un error, ¿quién carga con la prueba de corregirlo: la persona que no lo generó o el Estado que lo resguarda? La ley calla, y en ese silencio la carga tiende a caer del lado más débil.

6.-¿Quién custodia el historial de pagos? Ninguna autoridad designada. La ley no califica como sensibles la CURP Digital, el expediente ni los datos transaccionales (México Evalúa, 2026), pese a que, sin salvaguardas, el dinero digital facilita el perfilamiento de las personas (International Working Group on Data Protection in Technology [IWGDPT], 2024). Conviene expresarlo directamente: un pago revela más que una credencial. Indica dónde estuvo alguien, a qué hora y en qué gasta. Unir identidad estatal y huella transaccional en un mismo ecosistema exige una limitación de finalidad escrita en la ley, no prometida en una exposición de motivos.

III. El efectivo bajo sospecha

7.-¿Puede una determinación administrativa desplazar el poder liberatorio del billete? Aquí reside la tensión técnica más delicada. La Ley Monetaria reconoce a los billetes poder liberatorio ilimitado y la nueva ley no la armonizó (México Evalúa, 2026). De manera que, ni la regla de ley posterior ni la de especialidad resuelven el conflicto con limpieza, porque la restricción no proviene de la ley misma, sino de un acto de Hacienda. El transitorio segundo, con su derogación genérica, es justo la clase de cláusula que los tribunales tendrán que interpretar caso por caso.

8.-¿Cuándo deja una falla de ser contingencia? El artículo 15 permite efectivo o cheque ante caso fortuito o fuerza mayor; el 16 prohíbe invocar contingencias de forma permanente o recurrente. ¿Cuántas caídas al mes convierten la excepción en regla? La ley no fija umbral. La interrogante tiene consecuencias tangibles: si el criterio queda en manos del proveedor tecnológico, el riesgo operativo del sistema se traslada a quien, con dinero en la mano, no logra cargar combustible para volver a casa.

9.-¿Quién queda fuera? En la región, el rezago se concentra en personas de bajo ingreso, adultas mayores, indígenas o rurales, y en pequeños comercios con poco acceso al crédito (Vlaicu, 2025); en México, el 85.2 % de los adultos paga en efectivo compras de hasta 500 pesos (México Evalúa, 2026). Propongo verlo como un problema jurídico y no solo social. Cuando un medio de pago se vuelve el único admitido, no poder usarlo equivale a una barrera de acceso a bienes y servicios, y la igualdad exige ajustes razonables, no buena voluntad. India lo aprendió en 2016, cuando parte de la adopción forzada se revirtió en cuanto el efectivo regresó.

10.-¿Qué se pierde si el efectivo desaparece? Para el Banco de Canadá, una sociedad sin efectivo no generaría problemas sistémicos generales, empero sí comprometería la fiabilidad de los pagos minoristas y la reserva de valor segura en crisis extremas (Engert et al., 2018); incluso un lanzamiento fallido de monedas digitales podría eliminarlo (Pani y Maino, 2025). Alemania, por su parte, mide la aceptación del billete y halló que en 8 de 30 trámites públicos no pudo usarse (Deutsche Bundesbank, 2025). Es indispensable precisar que el efectivo debe tratarse como infraestructura crítica de respaldo y no como reliquia: su valor no se mide por cuánto circula en días normales, sino por lo que permite el día en que todo lo demás falla.

lV.-Dinero digital, algoritmos y responsabilidad

11.-¿Es esta ley la antesala de un peso digital? No lo menciona, pero tampoco lo descarta: el artículo 19, fracción V, faculta al Banco de México para «proveer infraestructuras» de acceso a servicios financieros. Si se recorriera ese camino, la literatura propone tomar el efectivo como modelo de diseño y preservar el sistema de dos niveles (Auer y Böhme, 2021). Conviene anticiparlo ahora: una moneda digital de banco central sería una decisión monetaria con efectos sobre la privacidad de toda la población, y no debería entrar por la puerta lateral de una facultad genérica sobre infraestructura.

12.-¿Está preparado el ecosistema para el fraude asistido por IA? El Banco de México reconoce que la inteligencia artificial no crea un riesgo nuevo, pero acelera las amenazas y transforma la naturaleza de los ciberataques (Banco de México, 2026). Más pagos digitales significan más superficie de ataque, y la ley no exige ciberseguridad certificada antes de restringir el efectivo (México Evalúa, 2026). El vacío más grave, sin embargo, es de responsabilidad. Cuando una voz clonada o una identidad sintética vacíe una cuenta abierta con CURP Digital, nadie sabe si el daño lo absorbe la entidad, el Estado que validó la identidad o la víctima. Promover un canal sin asignar ese riesgo equivale a socializar las pérdidas.

13.-¿Ante quién reclama quien no puede pagar? No existe vía. La ley omite un mecanismo para alegar que en un territorio faltan condiciones de transición y tampoco crea un órgano que coordine a la SHCP, al Banco de México, a la CNBV y a los reguladores sectoriales. Brasil muestra que la articulación importa: Pix sumó 133 millones de usuarios en menos de dos años con participación obligatoria, costo cero y un estándar único (México Evalúa, 2026). Toda política capaz de suprimir un medio de pago necesita su contrapeso procesal. Dejarlo todo al amparo supone confiar en un control que llega tarde, cuesta y queda fuera del alcance de quien, precisamente, fue excluido.

 

Reflexión general

La ley reconoce que el rezago en pagos digitales en México también responde a problemas de coordinación entre quienes pagan y quienes cobran. La obligación del Estado de aceptar estos medios busca superar esa dificultad (México Evalúa, 2026; LEDPDE, 2026, art. 10). Su principal debilidad consiste en delegar decisiones esenciales a disposiciones secundarias, sin fijar criterios para seleccionar sectores, sanciones ni una instancia que rinda cuentas. Una ley marco puede orientar la regulación; una habilitación en blanco, en cambio, traslada a la administración decisiones sobre el pago de bienes básicos que requieren deliberación parlamentaria.

El dinero digital puede facilitar el acceso al crédito, pero su trazabilidad también permite elaborar perfiles sin consentimiento. Por ello, su regulación debe limitar el uso de los datos, definir quién los custodia, establecer una vía de reclamación y conservar el efectivo como respaldo donde la conectividad sea insuficiente. La lista de sectores que publicará Hacienda precisará dónde se desplazará el efectivo, pero no resolverá quién responde cuando una persona no pueda pagar por fallas de conexión.

 

Referencias

Auer, R., y Böhme, R. (2021). Central bank digital currency: The quest for minimally invasive technology (BIS Working Papers No. 948). Bank for International Settlements.

Banco de México. (2026). Inteligencia artificial en el Banco de México.

Bernal, E., Campos, N., Flores, E., García, R., Mainero, C., Martín, J. A., y Mosqueira, A. (2026). Iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos: identidad, aceptación y sectores sin efectivo [Alerta]. White & Case.

Deutsche Bundesbank. (2025). Cash acceptance in Germany. Monthly Report.

Engert, W., Fung, B. S. C., y Hendry, S. (2018). Is a cashless society problematic? (Staff Discussion Paper 2018-12). Bank of Canada.

International Working Group on Data Protection in Technology. (2024). Working paper on central bank digital currency – CBDC.

Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Diario Oficial de la Federación, 4 de noviembre de 2026 (México).

México Evalúa. (2026). Digitalizar los pagos en México: una oportunidad para la Ley de Economía Digital (Incidir hoy: Políticas Públicas en Acción).

Pani, M., y Maino, R. (2025). Could digital currencies lead to the disappearance of cash from the market? Insights from a “merchant-customer” model (IMF Working Paper WP/25/56). International Monetary Fund.

Vlaicu, R. (2025). Digital payments adoption by consumers and firms: Implications for financial inclusion (IDB Working Paper No. IDB-WP-1705). Inter-American Development Bank.