Berlín, Alemania.
El gobierno alemán prometió el lunes examinar la legalización del aborto en la primera fase del embarazo, tras la recomendación de una comisión nombrada por el propio ejecutivo.
Según la legislación vigente, el aborto es ilegal en Alemania, pero se tolera en la práctica hasta las 12 semanas de embarazo.
El párrafo 218 del código penal, adoptado hace 153 años, establece excepciones para las mujeres que han sido violadas o cuya vida está en peligro.
La comisión, creada el año pasado por el gobierno de coalición del canciller Olaf Scholz, recomendó flexibilizar la ley en un informe de 600 páginas publicado el lunes.
La normativa actual «no se sostiene», afirmó Liane Wörner, profesora de Derecho y miembro de la comisión, instando al gobierno a «tomar medidas para que el aborto sea legal y no punible» en el primer trimestre.
La comisión también recomendó examinar si el aborto puede volverse legal hasta las 22 semanas de embarazo.
En las últimas fases del embarazo, el aborto debe seguir siendo ilegal, pero «no tiene por qué ser necesariamente punible», dijo Wörner.
El gobierno examinará el informe «de manera cuidadosa para determinar los siguientes pasos» a seguir, declaró el ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann, durante una rueda de prensa en la que advirtió contra «debates susceptibles de inflamar nuestra sociedad».
La ONG Centre for Reproductive Rights acogió con satisfacción las recomendaciones de la comisión y afirmó que Alemania tiene ahora una «oportunidad histórica de modernizar la ley».
La legalización del aborto ha sido una de las promesas del actual gobierno, una coalición entre los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, los liberales y los ecologistas.
En 2022, el Parlamento alemán votó a favor de eliminar una ley de la época nazi que limitaba la información que médicos y clínicas podían proporcionar sobre los abortos.
La portavoz del gobierno, Christiane Hoffmann, prefirió no comentar sobre la posibilidad de que el aborto se legalice antes del final de la legislatura, que concluirá con las próximas elecciones en 2025. «Dependerá de cómo se desarrolla el debate», insistió.
Tanto la oposición conservadora como la extrema derecha se han opuesto a cualquier flexibilización de la normativa vigente.
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