Q&A: Al ritmo del desarrollo científico actual y no del sector público

Flavio Caiafa es un ingeniero civil con posgrado en economía, y ese perfil es el que aplica en su trabajo actual como director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay, el órgano del gobierno dedicado a promover la investigación, la formación científica y la innovación, además ser brazo ejecutor de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Creada en 2007, esta agencia cuenta con cerca de 30 instrumentos para financiar la CTI, desde formación de posgrado, investigación en ciencia básica y aplicada, hasta innovación en agro y salud, compra de equipos y articulación Academia-Empresa y apoyo al patentamiento, entre otros.

Caiafa, que antes fue asesor de startups tecnológicas, consultor, gerente de marketing y emprendedor, conversó con SciDev.Net sobre el papel de la ANII y los desafíos y lecciones en común con países de la región.

Uruguay tiene una comunidad científica chica, concentrada en la capital. ¿Cuáles son los desafíos para impulsar la ciencia en un país con esas características y qué lecciones pueden aplicarse a otros países con realidades similares?

Como país chico (en población), la clave es que nuestro mercado no sea nuestro país, sino el mundo. Es lo que hemos visto en países pequeños, algunos geográficamente mucho más pequeños que Uruguay, como Singapur, Israel, Holanda o Suiza. Esto requiere abrirse al mundo a nivel comercial y tender redes de investigación e innovación.

En este sentido nos ayuda la tradición de Uruguay como país con una democracia plena, seguridad jurídica y personal, mínima corrupción y facilidad para realizar negocios internacionales. Para complementar estas ventajas es necesaria una estrategia de innovación que haga foco en las capacidades científicas y de innovación preexistentes y emergentes en el país.

En este sentido, el Uruguay Innovation Hub —un programa creado en 2023 para impulsar al país a la vanguardia de la economía y el conocimiento, inspirado en programas como Yozma de Israel, Born2Global de Corea del Sur— hace foco en tres grandes líneas estratégicas: tecnologías digitales avanzadas (deeptech), biotech, y green tech.

En esta línea, ¿la ANII cuenta con mecanismos para apoyar colaboraciones con otros países en América Latina?

Sí, participamos activamente en el Global Research Council (que reúne a gran parte de los research councils del mundo) y en la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (RELAI), con quienes realizamos llamados a proyectos con equipos internacionales.

Junto al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC de Canadá) apoyamos proyectos de investigación y desarrollo en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA), que involucra grupos de Uruguay y de países de renta media/baja.

A su vez, participamos en redes de investigación e innovación internacionales como Horizonte Europa, IBEROEKA y la red de colaboración Europea Eureka, entre otras.

Usted viene del ámbito privado. ¿Qué aspectos de estas agencias considera que aún no lograron su máximo potencial?

ANII es un buen ejemplo de una política de estado de promoción de la CTI que comenzó hace más de 15 años. Como institución pública es una agencia ágil, surgida con el concepto de evaluar el impacto de sus programas y mejorarlos en función de estas evaluaciones y del feedback de sus beneficiarios.

Sin embargo, hay mucho por hacer. Hoy estamos trabajando en mejorar el acceso a todos los proyectos, productos y resultados que ejecutó la agencia, sobre todo para difundir las capacidades de investigación e innovación que existen en el país, facilitando la transferencia tecnológica entre el mundo de la investigación y el sector productivo. Este engranaje hace que la ciencia y la innovación sean el motor del crecimiento y desarrollo en los países que tomamos como referencia.

Esto es clave para Uruguay y América Latina, donde tradicionalmente las universidades y los institutos de investigación se enfocaron más en la investigación fundamental, mientras que las empresas tuvieron, también tradicionalmente, poco interés en innovar basados en capacidades nacionales de investigación y desarrollo.

En este contexto, un factor clave para que las agencias públicas sean relevantes, es que se adapten al ritmo del desarrollo científico y tecnológico actual, y no al ritmo del sector público.

Precisamente, en países como Uruguay y la región, casi la totalidad de la financiación para investigación es pública, y con recursos limitados. Eso lleva a que en las diferentes convocatorias haya proyectos que, pese a su excelencia, no sean financiados. ¿Qué rol juega la ANII para aumentar esa inversión?

En 2023, ANII recibió un aumento de sus ingresos provenientes del gobierno nacional del 76 por ciento respecto a 2022, pasando de ser una agencia de US$ 30 millones a una que maneja un presupuesto anual de US$ 50 millones (incluye US$ 30 millones para la ejecución del UIH en tres años).

Dicho esto, los recursos siempre serán limitados. El camino que recorrieron los países que vimos converger rápidamente es el de apalancar la inversión pública con la privada, generando un círculo virtuoso de inversión en CTI, resultados, y más inversión tanto del gobierno como de inversores privados.

Por eso, la transferencia tecnológica es una de las grandes líneas estratégicas de la ANII, promoviendo el acercamiento de investigadores con emprendedores, inversores y empresas a través de diferentes instrumentos.

Por su parte, el UIH está diseñado para que la inversión que aporta el gobierno se apalanque con inversión privada, duplicando o triplicando su tamaño a través de esa inversión.

¿Qué papel cree que tiene la divulgación de la ciencia y el periodismo científico para apoyar la financiación de la ciencia y su valorización social?

La divulgación científica es clave para llegar y motivar al principal recurso de toda actividad humana: las personas. Sin ciudadanos (contribuyentes), investigadores, emprendedores, empresarios, inversores y gobernantes que reconozcan el valor de la ciencia y la innovación para el desarrollo de nuestros países, el crecimiento económico y desarrollo social no alcanzarán su potencial. Por eso la divulgación es una parte importante de esta transformación.

Un aspecto positivo del COVID-19, al menos en Uruguay, fue visibilizar la ciencia nacional y su valor para salvar vidas, permitir a la gente continuar con su actividad y enfrentar un fenómeno tan devastador como una pandemia.

En una nota más personal, muchos de los que hoy nos dedicamos a la ciencia y la innovación nos criamos leyendo y viendo en la televisión a gigantes de la divulgación científica como Isaac Asimov, Carl Sagan o Richard Dawkins (por nombrar solo algunos de mis preferidos).

Uruguay invierte históricamente 0,4 por ciento de su PBI en CTI y el reclamo de los científicos, de llegar al menos a 1 por ciento, también es histórico. ¿Considera que llegar a ese porcentaje haría un gran impacto para la ANII y para la comunidad científica nacional?

La respuesta estrictamente correcta es: depende. Si el incremento en recursos se invierte adecuadamente, la evidencia internacional muestra que muchos países generan períodos de crecimiento acelerados en sus economías, convirtiéndose en economías y sociedades basadas en el conocimiento.

La apuesta que hace ANII es promover la creación de un ecosistema moderno de CTI donde participan la academia, emprendedores, empresarios, inversores y el gobierno, apoyados en instituciones que promuevan la interacción virtuosa entre ellos.

Otra fuente de financiamiento que puede ser muy importante para el desarrollo del ecosistema innovador es la compra pública innovadora. Este mecanismo permite a las organizaciones públicas realizar llamados para desafíos de innovación abierta para resolver problemas en los servicios públicos que no puedan ser resueltos con los productos disponibles en el mercado.

En 2024 se creará un Laboratorio de Innovación Pública para promover activamente esta iniciativa, que representa potencialmente una gran fuente de financiamiento para la innovación destinada a mejorar la calidad, efectividad y eficiencia de los servicios públicos a través de la innovación.

Se estima que por lo menos entre 10 y 20 por ciento del PBI de un país se destina a compras del gobierno. Si tomamos un PBI de Uruguay de US$ 60.000 millones, el 10 por ciento son US$ 6.000 millones. La ley de compra pública innovadora permite a cada institución gastar hasta 10 por ciento de su presupuesto en este tipo de contratación, por lo que el mercado potencial es de unos US$ 600 millones, que se aplicarían estrictamente a proyectos innovadores.