Por: Carlos Iván Moreno (México).

Pocas cosas detestamos tanto como la burocracia. Declarar impuestos, obtener un permiso o pagar una multa son actos que con tan sólo nombrarlos quitan el apetito. Inclusive, decimos “es solo un burócrata” para calificar con desdén a quien, desde un escritorio, procesa solicitudes, permisos y todo tipo de trámites.

El “gobierno es el problema”, decía Ronald Reagan, cuando inició el desmantelamiento de los servicios públicos en aras de la eficiencia, dando paso al odiado neoliberalismo desburocratizado.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del INEGI, en México sólo 48% de la población mayor de 18 años confía en los servidores públicos. Además, el 52% refirió estar insatisfecho con la calidad de los servicios públicos básicos, aspectos fundamentales como el suministro del agua, la recolección de basura o el estado de las vías públicas, por mencionar algunos (ver cutt.ly/R6NdsNj).

Tenemos motivos para que la burocracia nos provoque desagrado: su lentitud, rigidez y la corrupción que puede incentivar en los funcionarios que la habitan. Sin embargo, las burocracias existen, precisamente, para todo lo contrario: eficientar procesos, lograr que la conducta de los funcionarios sea sistemática y estandarizada, y generar “valor público” con calidad aceptable.

Permítame el atrevimiento, apreciable lector, de hacer algo altamente impopular: defender las burocracias gubernamentales. Para ello, retomo dos argumentos del muy recomendable libro de Fernando Nieto, Profesionales del Gobierno (COLMEX, 2023): 1. La burocracia es igualadora y 2. La burocracia no es el problema, sino la política.

Para bien y para mal, las burocracias nos igualan. Al menos al morir y al nacer, todos recibimos un acta de nacimiento y otra de defunción. Todos tenemos una cartilla de vacunación o una identificación para votar. La burocracia no distingue (o no debería) entre clases sociales y niveles de ingresos, sino que ve a todos los ciudadanos por igual. De acuerdo con el sociólogo y político alemán Max Weber, la burocracia debería ser el mejor sistema de organización del trabajo asegurando la neutralidad y el trato equitativo de las administraciones públicas. Para los prepotentes, ese es un problema.

La burocracia es una herramienta para la garantía de los derechos. No podemos hablar de salud, educación o de seguridad sin estructuras organizacionales y servidores públicos (bien pagados) que los garanticen. De hecho, aunque no lo crea, la vida sería bastante desordenada y difícil de sobrellevar sin burócratas, profesionales y éticos. A eso debemos aspirar, cueste lo que cueste.

No obstante, en México se mantiene la debilidad del aparato burocrático. Somos el país de la OCDE con la inversión más baja en gasto social, apenas 7.4% del PIB; Costa Rica invierte el 14.5%, Colombia 15.2%, Chile 19.6% y Francia 31.6%.

El gasto social per cápita de México es también el más bajo; apenas $1,394 dólares anuales (casi 25 mil pesos). Esto es 17 veces menor a lo que invierte Luxemburgo; 10 veces menos que EEUU ($14,097); y 3 de lo que invierte Chile ($4,584) (ver: cutt.ly/26NiYq7).

Respecto a 2015, el gasto corriente (el gasto burocrático) aprobado para la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2023 ha disminuido 14% en términos reales, pasó de 464 millones de pesos a sólo 401millones. En este mismo periodo, el gasto corriente para el ramo de Salud permanece prácticamente igual: en 2015 fue de 200 millones, actualmente son 202.7 millones; una variación de apenas 1% en términos reales (ver: https://n9.cl/tkn0). Tenemos un Estado famélico.

En estos tiempos donde predomina el discurso antiburocrático que busca convertir al Estado en un cuerpo raquítico en aras de la austeridad, siempre merecerá la pena defender algo impopular pero indispensable.

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Car­los Iván Mo­reno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.