Plumas NCC | Castigo a la educación superior

Por: Car­los Iván Mo­reno (Mé­xi­co).

Más allá de narrativas y discursos oficiales, es en los presupuestos donde se codifican las verdaderas prioridades de un gobierno. Pero, sobre todo, es donde se reflejan las filias y las fobias del gobernante en turno.

En México, por cuarto año consecutivo, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, castiga a la educación superior y a la ciencia. Un mensaje, sin lugar a dudas, inquietante.

De nada sirvieron los argumentos, explicaciones y los requerimientos que las propias instituciones de educación superior y organizaciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), hicieron a las autoridades del poder ejecutivo y a las y los legisladores. La desinversión para el sistema público de educación superior fue avalada sin mayor discusión.

De acuerdo con estimaciones de la ANUIES (ver cutt.ly/RMW3H3Y ), mientras las instituciones públicas de educación superior (IPES) aumentaron su matrícula en 20% desde 2015 (más de 500 mil nuevos espacios educativos), su subsidio federal decreció 13.5% en términos reales.

Además, en este mismo periodo, como resultado de la eliminación de los fondos de apoyo extraordinario, el recorte al financiamiento de becas para nivel superior y el dramático aumento de la inflación de los últimos años, actualmente las universidades acumulan un déficit presupuestal de 35 mil millones de pesos. Situación que ya genera inestabilidad en las instituciones educativas.

A nivel estatal el escenario no es mejor. En Jalisco, por ejemplo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 2023 evidencia el rechazo a las universidades públicas. Es una incongruencia, dado que Jalisco está por debajo de la media nacional en cobertura educativa, solo 36% de las y los jóvenes tienen acceso a la universidad. Ocupamos el deshonroso lugar 20 a nivel nacional en este indicador.

Contrario a la otra narrativa oficial, la del pacto fiscal y el supuesto maltrato por parte del Gobierno Federal, a Jalisco le va muy bien con este presupuesto. Los recursos para el Estado aumentan en 21 mil millones de pesos, 10% más en términos reales; superando los 158 mil millones. Esto se debe, irónicamente, al incremento de las “Participaciones” (recursos que le transfiere la federación), con 12 mil millones de pesos adicionales, 13% de aumento. ¿Mal trato?

Ante este importante crecimiento presupuestal para Jalisco, es revelador el maltrato que reciben la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICYT).

El subsidio estatal para la UdeG -que ha incrementado su matrícula en 103 mil estudiantes en los últimos 10 años- crece apenas 0.6%. Con ello, la Universidad continuará con el subsidio por alumno más bajo de la última década y difícilmente mantendrá su dinámica de crecimiento. Por otro lado, el presupuesto para los institutos tecnológicos y la política de ciencia y tecnología (a través de la SICYT) disminuye en 2.3%.

El desdén a la educación superior y la ciencia contrastan, por ejemplo, con el jugoso presupuesto para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que incrementa en 105%. El 2023 no es año electoral, por cierto.

Otro dato que contrasta -más bien ruboriza- es que, mientras que el presupuesto extraordinario para obras de infraestructura educativa de la UdeG, ejercido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del gobierno del estado, es de 235 millones, la partida para promover la imagen del gobernador alcanza los 245 millones de pesos. Así las prioridades en Jalisco.

El castigo presupuestal a la educación superior es una tendencia peligrosa y sin sentido. Sin educación no hay desarrollo ni bienestar, esto lo sabe tanto gobierno federal como estatal, pero aun así insisten en agudizar el deterioro en este sector estratégico.

De nuevo, otra oportunidad perdida.

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Car­los Iván Mo­reno es Es Li­cen­cia­do en Fi­nan­zas por la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra (UdeG), Maes­tro en Ad­mi­nis­tra­ción Pú­bli­ca por la Uni­ver­si­dad de Nue­vo Mé­xi­co y Doc­tor en Po­lí­ti­cas Pú­bli­cas por la Uni­ver­si­dad de Illi­nois-Chi­ca­go. Reali­zó es­tan­cias doc­to­ra­les en la Uni­ver­si­dad de Chi­ca­go (Ha­rris School of Pu­blic Po­licy) y en la North­wes­tern Uni­ver­sity (Ke­llog School of Ma­na­ge­ment). Ac­tual­men­te se desem­pe­ña como Coor­di­na­dor Ge­ne­ral Aca­dé­mi­co y de In­no­va­ción de la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra.