Por: Carlos Iván Moreno (México).
Con la designación de Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), termina el debate (morbo) nacional entorno a quien sustituiría a la maestra Delfina Gómez, como si eso, en sí mismo, hiciera la diferencia ante los graves problemas –añejos y nuevos- del sistema educativo nacional. Es una de las tragedias de nuestro país: desde el futbol hasta los gobiernos, le apostamos más al voluntarismo que a las políticas públicas; más a los salvadores (as) de la patria que a la creación de reglas e instituciones sólidas.
La realidad es que, independientemente de quien llegara a la SEP, se encontraría con un sistema en profunda crisis post-pandémica:
México fue uno de los países con los cierres escolares más largos en el mundo; alrededor de 70 semanas con cierre total y parcial, en contraste, el promedio de cierre en América Latina fue de 58 semanas (UNESCO). Estamos a niveles de países como Venezuela, Ecuador y Perú.
Recortes presupuestales sin precedentes. Somos el país de la OCDE con la menor inversión anual por estudiante de nivel básico: alrededor de 2,950 dólares por cada estudiante de primaria. El promedio de la OCDE es de 9,700 dólares; Chile invierte 6,425 dólares y Corea 12,500 dólares ¡cuatro veces más!
Aún más, en México se han eliminado programas como Escuelas de Tiempo Completo, programa que contribuía al fortalecimiento de los aprendizajes de más de 3.6 millones de niñas y niños de educación básica.
Poca o nula información sobre la magnitud del rezago educativo. Según estimaciones de organismos internacionales, como el Banco Mundial, México fue uno de los países con más pérdida de aprendizaje durante la pandemia; alrededor de 1.5 años, mientras en Brasil, por ejemplo, fue de menos de un año. No obstante, en nuestro país no se ha realizado un gran diagnóstico para conocer la situación real en las diversas comunidades educativas. No sabemos lo que no sabemos.
Ante este panorama, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), no la SEP, dio algunas luces sobre la crisis educativa en su informe “Las Experiencias de las Comunidades Educativas en el Contexto de la Pandemia por Covid-19”, donde se realizó una primera evaluación en escuelas de educación básica en cinco estados de la República (Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Yucatán y el Estado de México). Los hallazgos son, por decir lo menos, desesperanzadores.
El Informe evidencia, por ejemplo, que no hubo una estrategia nacional para documentar las acciones implementadas por las comunidades educativas durante la pandemia, información vital que se perderá en el anecdotario. Seguimos sin un marco nacional ante eventuales crisis en el sistema educativo –como otra pandemia-.
Pero, lo más crítico, es que reafirma que la SEP no ha realizado un diagnóstico nacional sobre la situación de los aprendizajes en educación básica. Además, la estrategia “Aprende en Casa” (la apuesta educativa durante los cierres escolares) resultó regresiva, pues no consideró ni el contexto ni las diferencias en el nivel lectivo de las y los estudiantes, lo que contribuyó a que las brechas de aprendizaje se ampliaran aún más.
Por si fuera poco, todo apunta a que México no participará ya en la Prueba PISA, que evaluaba los aprendizajes en matemáticas, ciencia y lectura en estudiantes de 15 años.
El CONEVAL concluye recomendando lo obvio: “es necesario realizar una evaluación de los aprendizajes adquiridos, solo con evidencia suficiente será posible diseñar estrategias de recuperación”. No es mucho pedir.
Ojalá que la maestra Leticia Ramírez reconozca el valor y la necesidad de un amplio ejercicio de evaluación como base para una verdadera estrategia que contribuya a mejorar las condiciones del sistema educativo, y a partir de esto, buscar unir a los distintos actores del sistema. La educación no puede seguir siendo arena de conflicto.
Pongámonos de acuerdo, qué mejor que en el tema educativo.
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Carlos Iván Moreno es Licenciado en Finanzas por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México y Doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Illinois-Chicago. Realizó estancias doctorales en la Universidad de Chicago (Harris School of Public Policy) y en la Northwestern University (Kellog School of Management). Actualmente se desempeña como Coordinador General Académico y de Innovación de la Universidad de Guadalajara.
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