Plumas NCC | Soberanía científica: ¿sin científicos?

Por: Iván Moreno (México).

La anhelada soberanía científica solo se logrará, obviamente, formando a más científicas y científicos mexicanos, brindándoles oportunidades y seguridad laboral para desarrollar sus investigaciones y, de paso, siendo mejor pagados. De modo que, si la meta nacional es lograr la soberanía científica, no vamos por buen camino.

El número de investigadores por millón de habitantes en México es de los más bajos en América Latina: apenas 315. La media de la región es de 514 investigadores, Argentina tiene 1,211; Brasil, 887; y Uruguay, 696 (UNESCO). Si ya hablamos de países desarrollados, EEUU tiene 4,400 y Corea 7,900 investigadores por millón de habitantes.

Nótese que este país asiático, en los años 80´s, tenía un nivel de desarrollo similar al nuestro y ahora es una potencia científica que registra 14 veces más patentes que México: 218,975 versus 15,941 respectivamente. Además, el 92 por ciento de las patentes registradas en nuestro país son para extranjeras y extranjeros. Como la 16° economía mundial, México no merece ese rezago.

Para acercarnos a los niveles de “capital científico” de Brasil y Uruguay, requeriríamos alrededor de 40 mil nuevos investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Probablemente hacia allá apunte el aumento presupuestal para el SNI, de 26 por ciento en términos reales, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF, 2022); el mayor incremento en por lo menos los últimos 10 años. Es una buena señal, pero no será suficiente si no se complementa con otras políticas, principalmente para el impulso al posgrado en México.

La matrícula de educación superior prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años en México, llegando a 5 millones de estudiantes; no obstante, la participación del posgrado sigue siendo muy baja. Solo ocho de cada 100 estudiantes universitarios están en posgrado y sólo uno de cada 100 está cursando un doctorado. Esta relación se ha mantenido sin cambios durante la última década. En ese sentido, no es de extrañar que, por ejemplo, Brasil gradúe a más del doble de doctores que México, o que en comparación con EEUU la relación sea de 7 a 1 (OCDE).

Formamos pocos investigadores y a quienes formamos se concentran en áreas “tradicionales”. Fortalecer las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) continúa siendo uno de nuestros grandes retos. Si bien el 29 por cientos de los investigadores vigentes en el SNI están en áreas STEM, apenas el 12 por ciento de los estudiantes de posgrado están en estas disciplinas; porcentaje muy bajo para un país que aspira a la soberanía científica y la innovación tecnológica. En contraste, en países como Corea el porcentaje de estudiantes en STEM es de 24 por ciento y en Francia, 28 por ciento (OCDE).

Las universidades son actores clave para fortalecer la capacidad de producir conocimiento y tecnología propios. En México, las instituciones de educación superior públicas aportan alrededor del 50 por ciento del gasto total en ciencia, tecnología e innovación (CTI) (UNESCO). Sin embargo, la política presupuestal de los últimos años ha acentuado el rezago y la desinversión en este importante sector estratégico.

En el PPEF 2022, el subsidio para las instituciones de educación superior públicas apenas supera la inflación estimada. No obstante, el conjunto de universidades públicas estatales acumula una pérdida de más de 27 mil millones de pesos desde el 2015 (unos 1,350 mdd). A esto hay que agregarle que prácticamente han desaparecido todos los fondos extraordinarios de concurso, al acumular, desde 2016, un recorte del 99 por ciento.

Un elemento problemático adicional dada la incertidumbre que atraviesan las universidades públicas en México, son las posibles externalidades del mandato constitucional de “obligatoriedad” y “gratuidad” en la educación superior. Siendo ambas metas loables, si no hay mecanismos resarcitorios eficaces por parte del Estado, que compensen la caída en los ingresos propios de las instituciones educativas, éstas podrían reducir su oferta de posgrados -sobre todo de programas STEM- para concentrarse en el pregrado, de menor costo y con mayor presión social para que aumenten los espacios. Toda política tiene consecuencias, no siempre son las deseadas.

En suma, históricamente México ha invertido poco y mal en CTI. Para el 2022 la inversión pública federal propuesta para CTI es 35 por ciento menor a lo aprobado en el 2015; la pérdida acumulada en este periodo equivale a más de todo el presupuesto anual para CONACYT y cuatro veces el gasto presupuestado para el SNI.

Con las cifras actuales de inversión pública -y privada-, no podemos hablar de desarrollo, mucho menos de soberanía científica. La inversión pública federal será de apenas el 0.2 por ciento del PIB, más la inversión privada de apenas 0.07 por ciento; esto nos pone muy por debajo del 1 por ciento del PIB que establece la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Es impostergable una gran reforma al posgrado en México, de la mano de las universidades, que al menos lleve a duplicar el número de estudiantes y futuros científicos, sobre todo en áreas STEM. Necesitamos ajustar el rumbo de la educación superior, la ciencia y la tecnología, a partir de una visión largo aliento, donde haya más inversión y certidumbre presupuestal. Si no damos pasos claros, la soberanía científica será una mera utopía.

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Iván Mo­reno es Li­cen­cia­do en Fi­nan­zas por la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra (UdeG), Maes­tro en Ad­mi­nis­tra­ción Pú­bli­ca por la Uni­ver­si­dad de Nue­vo Mé­xi­co y Doc­tor en Po­lí­ti­cas Pú­bli­cas por la Uni­ver­si­dad de Illi­nois-Chica­go. Reali­zó es­tan­cias doc­to­ra­les en la Uni­ver­si­dad de Chica­go (Ha­rris School of Pu­blic Po­licy) y en la North­wes­tern Uni­ver­sity (Ke­llog School of Ma­na­ge­ment). Ac­tual­men­te se desem­pe­ña como Coor­di­na­dor Ge­ne­ral Aca­dé­mi­co y de In­no­va­ción de la Uni­ver­si­dad de Gua­da­la­ja­ra.