Centroamérica: planes climáticos no abordan protección de la salud

Tras 25 años de advertencias científicas y compromisos políticos, la mayoría de países de Centroamérica y el Caribe reconoce los riesgos del cambio climático para la salud, pero aún no avanza en la definición de medidas específicas para enfrentarlos, ni precisa cuánto costarán o cómo se financiarán.

Así lo concluye un estudio que analizó 147 planes de adaptación de 20 países de esa región, publicados en los últimos 25 años, para evaluar en qué medida y de qué manera incorporaban la salud en sus estrategias, desde los objetivos y las acciones hasta los costos, la financiación, el monitoreo y la atención a las poblaciones más afectadas.

Publicado en la revista The Lancet Regional Health – Americas, el estudio también evaluó si los planes definían cómo se supervisaría la implementación de las medidas y si estas estaban funcionando; si identificaban a las poblaciones más expuestas y contemplaban medidas específicas para protegerlas; y si incluían mecanismos de colaboración regional entre países para hacer frente a los riesgos climáticos sobre la salud.

Uno de los puntos más débiles fue el de costos y financiación: solamente los planes de Barbados, Belice, Panamá y San Vicente y las Granadinas tenían información detallada sobre los importes de sus acciones y cómo se financiarían, mientras que uno de los aspectos más desarrollados fue el de objetivos. Dominica presentó el peor desempeño, con un nivel máximo de detalle en solo una de las dimensiones evaluadas (objetivos).

Impactos en la salud

Se estima que el cambio climático tendrá un impacto cada vez mayor en la salud de las poblaciones, al aumentar su exposición a fenómenos extremos, modificar la distribución y frecuencia de enfermedades y ejercer una mayor presión sobre los sistemas de salud.

Según el Banco Mundial, en países de ingresos bajos y medios, estos y otros impactos podrían causar entre 14,5 y 15,6 millones de muertes hasta 2050, con un costo económico acumulado superior a US$ 20,8 billones durante el mismo período, lo que equivale hasta al 1,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de dichos países.

Las regiones tropicales podrían verse especialmente afectadas. En muchas de ellas se prevé un aumento sustancial de las temperaturas y cambios en los patrones de lluvia, que ya se han asociado con un incremento en la transmisión de enfermedades como el dengue y el zika.

Palabras sobran, acciones faltan

Los autores asignaron una puntuación de 0 a 3 a cada dimensión, según el nivel de detalle con que era abordada en los documentos: 0 cuando no se mencionaba el tema y 3 cuando el documento proporcionaba información detallada sobre él.

En general, solo los planes de Panamá, República Dominicana, Barbados, Belice, Guatemala, Honduras y Jamaica alcanzaron altos niveles de detalle en las seis dimensiones analizadas. Y aunque 15 lo hicieron en objetivos, solo 13 alcanzaron los niveles más altos en acciones, lo que sugiere que, incluso cuando los objetivos están definidos, los planes suelen ser menos claros sobre qué se hará concretamente.

“Pasar de la definición de objetivos a acciones concretas implica traducir lo que se quiere lograr en decisiones sobre qué hacer, quién debe hacerlo y cómo se va a llevar a cabo”, señaló a SciDev.NetLidia Bonilla Zarrazaga, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (México), una de las autoras del estudio.

“Esto requiere información y diagnósticos adecuados, así como coordinación entre distintos sectores, lo que puede ser particularmente complejo, una vez que las acciones relacionadas con salud pueden estar distribuidas entre diferentes áreas y documentos de política”, añadió.

“Pasar de la definición de objetivos a acciones concretas implica traducir lo que se quiere lograr en decisiones sobre qué hacer, quién debe hacerlo y cómo se va a llevar a cabo”.

Lidia Bonilla Zarrazaga, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, México.

Tatiana Souza de Camargo, profesora de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, Brasil, quien no participó en el estudio, comentó a SciDev.Net que es preocupante el escaso número de planes que alcanzó el nivel máximo en costos y financiación.

“Muchos gobiernos reconocen el problema, pero pocos saben explicar cómo van a transformar ese reconocimiento en acciones concretas”, subrayó.

También fue bajo el número de planes que alcanzaron el nivel máximo en monitoreo y evaluación de las acciones previstas (Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica y Panamá), y en colaboración regional entre países (Barbados y República Dominicana), “lo que no necesariamente significa que no exista colaboración regional en los demás”, aclara Zarrazaga.

Sea como sea, según la experta, una colaboración regional limitada o poco integrada podría dificultar la coordinación, la identificación de prioridades compartidas y el intercambio de capacidades técnicas frente a riesgos que trascienden las fronteras. “También podría limitar oportunidades para desarrollar esfuerzos conjuntos de adaptación”, sostiene.

“Esto es particularmente relevante porque muchos riesgos climáticos y sanitarios, como las enfermedades transmitidas por vectores, no respetan las fronteras nacionales”, dijo a SciDev.NetZaray Miranda-Chacón, profesora de la Universidad de Costa Rica, quien tampoco participó en el estudio.

“Aunque los países pequeños tienen limitaciones de recursos, sus soluciones innovadoras y el conocimiento ancestral de las poblaciones indígenas pueden beneficiar a otros países”, agrega.

Para Miranda-Chacón, el bajo nivel de detalle sobre la ejecución de los planes de adaptación frente a los efectos del cambio climático en la salud “radica en la dificultad de la política latinoamericana para establecer metas e indicadores claros que permitan hacer un seguimiento de los avances”.

Además, señala que los documentos técnicos sobre cambio climático y salud en la región suelen ser elaborados por especialistas que, sin embargo, no tienen capacidad directa para implementar las medidas propuestas.

Para ella, los planes necesitan traducirse en medidas concretas, con responsables, plazos, costos, fuentes de financiación e indicadores que permitan evaluar los avances. “Sin estos elementos, el riesgo es que terminen siendo más una declaración de intenciones que una verdadera herramienta para orientar las políticas públicas”, concluye.