Madrid.
A partir de este 1 de enero comienza a regir en España, de forma pionera en toda la Unión Europea (UE), el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que recaerá sobre toda la industria con un tipo impositivo de 0,45 euros por cada kilogramo de este material que fabrique o adquiera.
Esta es una de las medidas fiscales que más han dado que hablar en los últimos meses en el país, impulsada por el Gobierno de izquierda para incentivar la economía circular con el objetivo de lograr para 2030 una reducción del 20 por ciento de las botellas de plástico de un solo uso.
La patronal del sector, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), estima que puede tener un impacto de alrededor de 7.000 millones de euros y amenaza la supervivencia de 2.400 empresas y más de 25.000 empleos.
Para julio de 2024 quedará la entrada en vigor de la normativa europea que obliga a los fabricantes de envases con tapón a que vaya unido al cuerpo para facilitar el reciclaje.
La industria se ha manifestado en contra de este tributo argumentando que perjudicará a las empresas, muy castigadas ya con los altos tipos de interés y unos mayores costes de producción, pero también a las familias, que lo verán repercutido en la cesta de la compra.
Las diferentes organizaciones del sector han pedido en múltiples ocasiones una moratoria de al menos un año.
Bruselas estableció en 2020 que cada país tiene que pagar 0,8 euros por kilo de residuo que no se recicle y cada Estado miembro ha ido implementando diferentes medidas, en algunos casos también impositivas, pero que aún no han entrado en vigor, lo que deja a España como el único que ya aplica un impuesto de esta naturaleza.
Además de esta medida fiscal, España acaba de culminar la adaptación de su normativa de residuos de envases a las exigencias de la UE, con una norma que obliga a la industria reducir botellas de plástico de un solo uso, fomentar la venta a granel de alimentos o aumentar los envases reutilizables para impulsar la economía circular.
La FIAB ha indicado que supondrá inversiones de más de 6.000 millones de euros en la próxima década, que su directora de Competitividad y Sostenibilidad, Paloma Sánchez Pello, ha calificado como una inversión «inasumible» para algunos segmentos y una amenaza a la competitividad de muchas empresas, la mayoría pymes, y al empleo que generan.
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