Colonias religiosas deforestan sin control la Amazonía peruana

Perú.

Desde enero de 2022 hasta agosto de 2023, las colonias menonitas han deforestado 2.426 hectáreas de bosques primarios amazónicos en el nororiente del Perú, lo que totaliza más de 7 mil hectáreas deforestadas en esa zona desde 2017, según muestran imágenes satelitales de alta resolución.

Los menonitas, una secta religiosa protestante que se originó en Suiza en el siglo XVI y pregona el apego a la tierra y la actividad agrícola, poseen cinco colonias en Perú (Vanderland, Osterreich, Providencia, Chipiar, y Masisea; véase Mapa), y aparentemente cuentan con la complacencia o indiferencia de las autoridades.

Una prueba de ello es el ingreso reciente [agosto] de un grupo de menonitas a la comunidad de Caimito respaldados por la Policía Distrital de Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, región de Ucayali, en plena selva amazónica.

Sucedió pocos días después de que los pueblos indígenas Shipibo Conibo, Ashaninkas y Asheninkas emitieron una declaración en la que exigen al gobierno nacional y a la comunidad internacional tomar medidas para frenar el acaparamiento de tierras y la tala de árboles por parte de los menonitas y otros grupos religiosos.

“(…) Ratificamos nuestra unidad orgánica y declaramos en estado de emergencia y alerta roja de nuestros territorios, frente a la invasión, deforestación y asesinatos de nuestros principales líderes defensores de nuestros territorios. No podrán ingresar personas ajenas a nuestras comunidades, a excepción de representantes del gobierno y organizaciones aliados”, expresan en el décimo punto de la citada declaración de Masisea.

Matt Finer, director de Conservación Amazónica (ACCA) en Perú, organismo que monitorea la deforestación, sostiene que los menonitas se han convertido en uno de los principales impulsores de este problema en la Amazonía peruana y boliviana.

ACCA viene monitoreando en tiempo real la rápida expansión de la deforestación por las colonias Menonitas. Según sus reportes en 2021, fueron 3,400 ha; en 2022, 4,800 y hasta agosto de 2023, 7.032 ha. Es decir, en dos años duplicaron las áreas deforestadas.

“Otro motivo de alarma para la conservación de los bosques es que sabemos que los menonitas en Tierra Blanca ya han empezado a sembrar soya. Este cultivo ha sido causa de deforestación masiva en la Amazonía de Brasil y Bolivia, y puede ser el inicio de una nueva ola de deforestación en el Perú”, dice Finer a SciDev.Net.

Pero además de los menonitas, especialistas consultados por SciDev.Net señalan que hay otras comunidades religiosas, como los Israelitas del Nuevo Pacto Universal, que habitan en la región de Madre de Dios, en el suroriente peruano, que también están deforestando bosques primarios.

Según denuncias periodísticas, desde el 2017 hasta mayo del 2019 los israelitas habrían deforestado alrededor de 1,85 mil hectáreas en la zona de Iberia, provincia de Tahuamanu, región de Madre de Dios, en el sur oriente peruano. Los israelitas incluso llegaron a tener una participación parlamentaria muy importante en el pasado congreso de la república.

Tabla rasa de leyes ambientales y forestales

Un estudio publicado en la Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu de Perú, pone de relieve que, a pesar de que los menonitas suelen ser considerados una secta muy apegada a la naturaleza, “practican una agricultura moderna, intensiva, de alto impacto ambiental, con uso y abuso de agroquímicos, maquinaria agrícola pesada y técnicas agronómicas de alto impacto, incluido uso generalizado de variedades de cultivos genéticamente modificados”.

En el Perú rige una moratoria a los organismos genéticamente modificados que, entre otras cosas, prohíbe la siembra de cultivos transgénicos hasta el 31 de diciembre de 2035.

“Las comunidades menonitas violan varias leyes: la legislación de tierras, la forestal y la ambiental y, además, invaden tierras indígenas. Lo hacen con total impunidad, a pesar de existir muchas denuncias, inclusive del Ministerio Público. Pero los jueces fallan a favor de ellos o nunca emiten sentencia; tienen un fuerte apoyo nacional e internacional, tanto financiero como religioso”, dice a SciDev.Net Marc Dourojeanni, autor del artículo.

El especialista agrega que: “Disponen de mucho dinero para sobornar a autoridades. Y, finalmente, su eficiencia productiva impresiona a muchos que pasan a admirar lo que hacen, equiparándolo a ‘progreso’, ‘desarrollo’. Así, ellos se atreven a ir al Congreso a pedir leyes que favorecen la deforestación”.

La legislación que protege estas tierras proviene de los artículos 66 y 67 de la Constitución Política vigente y en especial de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Para Sydney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación, de Conservación Amazónica, en Lima, “las razones por las cuales no se frena la deforestación masiva de estas colonias menonitas es esencialmente porque ellos han adquirido las tierras y lo han hecho en el marco de los procedimientos que se ajustan a la compra de terrenos en la Amazonia, obviamente con la complicidad de autoridades locales, gobiernos de turno que en su momento brindaron ese tipo de facilidades para ellos”.

“El mayor delito es que se han saltado otro tipo de procedimientos como la autorización del desbosque, que es lo primero que hay que tramitar antes de iniciar algún tipo de plantación. Han aprovechado los vacíos en términos legales que países con una legislación débil como Perú, Paraguay, Bolivia tienen en la región para sacar provecho”, explica Novoa a SciDev.Net.

Para José Luis Capella, director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), “el modus operandi de las colonias menonitas es un gran peligro para la Amazonía peruana, como lo es también para otros países, como Brasil, donde también existen estas colonias”.

Dado que actúan por fuera del marco normativo, “estos hechos son materia de investigación por parte del estado peruano, la fiscalía, que entiendo que está actuando, la procuraduría del Ministerio del Ambiente, el Ministerio Publico regional, en cada zona”, agrega.

Capella añade que esas entidades están tratando de evaluar cómo llegaron a esas tierras estas personas, prometidas por quienes, y con ayuda de qué autoridades del ámbito regional.

Opina que las consecuencias de esa deforestación son nefastas. Entre ellos, la pérdida de biodiversidad y de bosques produce pérdidas de servicios ecosistémicos, afectación a pueblos indígenas que se encuentran cerca, destrucción de la fauna y la flora.

“La fauna que es arrasada en esa zona genera bosques vacíos, fenómeno que además puede llevar a la sabanización de esa zona. Tenemos avance de frontera agrícola por nuevas vías de comunicación que pueden conectar con más y peor deforestación”, afirma.

Capella, especializado en áreas naturales protegidas y forestales, señala que desde la evidencia científica esas zonas deberían ser dedicadas a actividades forestales.

“Podrían ser parte del manejo forestal de productos no maderables, de productos maderables, de ecoturismo, de conservación, de investigación científica, o cualquier actividad incluida en la ley Forestal y de Fauna Silvestre. Pero no son compatibles con una destrucción, un levantamiento de esta área para hacer agricultura en limpio; si se quisiera hacer, debería pasarse por un procedimiento administrativo para solicitar un permiso de cambio de uso, una autorización de desbosque, cosa que no ha sido solicitada por las comunidades denunciadas”.

Capella refiere que el tráfico de tierras es un problema muy grave en la extensa amazonía peruana.

“Existe evidencia, en lugares como los departamentos de Madre de Dios y San Martín, de que hay un aumento de asociaciones de agricultores que se dedican al tráfico de tierras. Se instalan en una zona sin tener ningún derecho previo, sin haber estado ahí, y se presentan ante las autoridades del sector de agricultura, para requerir tierras para avanzar la frontera agrícola y luego venderlas para obtener un rédito”, afirma.

En la declaración de Masisea, los pueblos indígenas proponen una serie de medidas para frenar la deforestación en sus territorios. Entre ellas, garantizar su participación efectiva en las fases de planificación y evaluación de proyectos de infraestructura en esas tierras, promover el cumplimiento del derecho a la consulta, y el consentimiento previo libre e informado, frente a iniciativas del estado.

Por: Claudia Mazzeo de América Latina y el Caribe de SciDev.Net