Policías panameños lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes que bloquearon este lunes calles de la capital y de otras regiones para protestar contra el contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Efectivos antimotines intentaron desalojar a los manifestantes que, en algunos puntos, quemaron neumáticos y volcaron escombros, pero los bloqueos persisten en rutas estratégicas de la capital y otras ciudades y provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas y Los Santos.
Las protestas fueron convocadas por sindicatos, ambientalistas y organizaciones indígenas, luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara el viernes la ley que establece el contrato, aprobada pocas horas antes por el Congreso.
«¡Abajo los vendepatria!», «¡No al contrato minero!», corearon manifestantes. Algunos llevaban banderas panameñas y pancartas que rezaban: «Protejamos nuestros recursos naturales», «Basta de destruir nuestras tierras», «La Patria se defiende».
El gobierno suspendió la jornada escolar en prevención de disturbios por las protestas, que empezaron desde temprano este lunes, más fuertes que las registradas el viernes y el fin de semana en la capital.
Los manifestantes piden la derogación de la ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. «Es una mejora sustancial», argumentó este lunes el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
Sin embargo, algunos sectores se oponen porque consideran que el contrato es «inconstitucional» y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.
«Estamos en posición de lucha frente a la venta de la patria», dijo Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el mayor sindicato panameño.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
El gobierno destaca que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
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