Buenos Aires, Argentina.
En un contexto de recesión y aumento de pobreza, el sector científico de Argentina atraviesa una crisis profundizada por el congelamiento presupuestario, la parálisis de sus organismos y la creciente incertidumbre entre los investigadores.
Desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, el presidente ultraliberal Javier Milei degradó el Ministerio de Ciencia al rango de Secretaría y paralizó los ingresos de becarios al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyos trabajadores también denuncian la posibilidad de que se pierdan proyectos ya aprobados.
En las últimas semanas, Milei insistió en su objetivo de “déficit cero” -que implica fuertes recortes en todo el aparato estatal– y en su desprecio hacia los científicos, que según él “creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”.
Con el propio financiamiento público de la ciencia puesto en cuestión, la inversión en el área disminuyó un 30 por ciento durante esta presidencia, según denuncian los propios científicos.
El poder adquisitivo de sus salarios se degradó en el mismo porcentaje, calcula Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y actual secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).
“Los jóvenes que se están formando tienen menos acceso a becas de posgrado, y de los que habían ganado su posición el año pasado todavía no entró uno solo”, agrega en diálogo telefónico con SciDev.Net.
Falta de apoyos y financiamiento
El monto de los subsidios que otorga la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i), encargada de financiar proyectos, se mantuvo para este año en los mismos valores de 2023, pese a que la inflación interanual ronda el 260 por ciento.
Pero incluso ese financiamiento -cuyos recursos mayoritarios provienen de organismos internacionales- está en duda, dado que depende de la firma de funcionarios que, en varios casos, aún no han sido nombrados.
Para la viróloga Andrea Gamarnik, con más de 30 años en el sector, “el plan es destruir la cultura científica argentina”, “no solo mediante la reducción de presupuesto, sino también por la inacción e impericia de las autoridades”.
Su equipo de trabajo, especializado en dengue, está paralizado por “la desorganización administrativa y la falta de pago de subsidios que impide la compra de insumos”.
Esto sucede luego de que Argentina atravesara la peor epidemia de esa enfermedad en su historia, y en la antesala de una nueva temporada de circulación del virus.
Aunque también se prorrogaron los presupuestos para programas como Construir Ciencia (dedicado a crear o adecuar infraestructura) y Equipar Ciencia (adquisición de equipamiento), este año “no se ejecutó nada”, critica Aliaga.
Proyectos detenidos
En el marco de esas iniciativas, la UNAHUR había postulado para la construcción de un edificio del área de Biotecnología, ejemplifica. “Pero solo se ejecutó el 35 por ciento. Está el esqueleto, con el resto de la obra parada, como todos los grandes proyectos de la ciencia argentina”, afirma.
Entre ellos se cuentan investigaciones sobre cáncer de mama y de piel, resistencia a los antibióticos y las contribuciones de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria.
También está frenada la compra de equipos médicos, como tomógrafos y resonadores, y la construcción de satélites y reactores nucleares de investigación, en los cuales Argentina es referencia mundial desde hace décadas.
Aun considerando la dimensión de los recortes, hay casos de subejecución llamativos, como el de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que al 22 de septiembre solo había gastado el cuatro por ciento de los fondos asignados.
Ese organismo también tiene paralizadas la elaboración de planes nacionales, la coordinación con universidades y organismos especializados, la recopilación de datos que se envían a organismos internacionales y los procesos de evaluación institucional.
Ante la consulta de SciDev.Net, un vocero respondió que “el secretario [Darío Genua] no está dando notas”, al menos hasta que se complete una auditoría institucional.
Más recortes y temores
El proyecto de presupuesto para 2025 contempla un gasto de 1,7 billones de pesos (US$ 1700 millones) para la función ciencia y técnica, lo que representa un 0,22 por ciento del producto bruto nacional, casi lo mismo que este año y en contraste con una leve alza registrada hasta 2023.
Así, el objetivo de alcanzar el uno por ciento del PBI para 2031 parece cada vez más lejano. Ese incremento progresivo, fijado por ley en 2021, no se concreta porque la norma “no prevé sanción alguna”, reconoció el Poder Ejecutivo ante el Congreso.
El año que viene, la Agencia I+D+i quedará “completamente desfinanciada”, mientras que organismos energéticos, agropecuarios e industriales también verán sus funciones seriamente recortadas, con 3.471 despidos proyectados, advirtió Aliaga.
La retracción es tan severa que el proyecto también busca suspender la inversión estatal del 6 por ciento en educación, además del andamiaje legal que financia el sistema científico, amparándose en la “emergencia pública” postulada en la llamada Ley de Bases.
Gamarnik, en cambio, clama por “un plan de emergencia para salvar al sistema científico y tecnológico”, con presupuestos acordes para cubrir los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional.
Si la situación no cambia, “la gente no va a poder trabajar, viajar a congresos ni comprar insumos”, advierte Aliaga. “Algunos van a tratar de zafar yéndose al exterior”.
Las consecuencias
Así, vuelve a corporizarse uno de los mayores temores de la comunidad científica: perder a una generación completa de investigadores, algo que el país vivió durante la última dictadura militar (1976-1983) o en los años posteriores al colapso socio-económico de 2001.
“La magnitud de la crisis ya es gravísima”, cierra Aliaga. “El costo lo va a marcar su duración”.
Por: Pablo Corso vía Sci.Dev.Net América Latina y el Caribe.
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