Brasil.
Con el voto de tres nuevos jueces, ocho de los once magistrados de la máxima corte rechazaron el «marco temporal», una tesis defendida por el poderoso lobi agrícola que solo reconoce a los indígenas derechos sobre los territorios que ocupaban cuando se promulgó la Constitución, en 1988.
La magistrada Carmen Lucia afirmó que la sociedad brasileña tiene una «deuda impagable» con los pueblos indígenas.
«No puede haber retrocesos en los derechos reconocidos, incluidos los que se refieren a las tierras ocupadas tradicionalmente», añadió.
El «marco temporal» amenazaba casi un tercio de las más de 700 reservas indígenas existentes en Brasil (la mayoría en la Amazonía), según la ONG Instituto Socioambiental.
La homologación garantiza a estos pueblos el derecho de ocupar esas tierras, así como el uso exclusivo de los recursos naturales.
Resta un solo juez por votar. Otros dos se pronunciaron a favor del marco.
La corte todavía debe concluir el juicio y decidir por ejemplo si prevé indemnizaciones a propietarios de tierras que serían transformadas en reservas.
»Juicio del siglo»
Como en sesiones anteriores, cientos de indígenas se movilizaron en Brasilia para seguir las discusiones.
Reunidos bajo una gran carpa frente al STF, los manifestantes, varios con el cuerpo pintado y coloridas coronas de plumas sobre sus cabezas, acompañaron el debate en una pantalla gigante.
Tras alcanzar la mayoría, algunos estallaron en gritos y se pusieron a bailar, otros participaron en emotivos abrazos.
«La justicia está del lado de los pueblos indígenas», dijo a la AFP Joenia Wapichana, presidenta de la Funai, ente gubernamental de defensa de las poblaciones originarias.
Considerado el «juicio del siglo» para los indígenas, el proceso comenzó en agosto de 2021 pero necesitó once sesiones para dar con una mayoría.
El STF, ente guardián de la Constitución, evalúa en concreto una disputa del pueblo Xokleng sobre el territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur).
En 2009 una sentencia de primera instancia despojó al territorio su estatus de reserva, con el argumento de que las comunidades no vivían allí en 1988.
«Estoy muy emocionada porque mi abuelo luchó mucho por esto y no está aquí para verlo», dijo Txului Namblá, una joven Xokleng de 18 años.
El veredicto debe afectar a muchas otras tierras en disputa.
Bajo discusión en el congreso
Las comunidades indígenas rechazan el marco temporal argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
En cambio, la tesis cuenta con el apoyo de representantes del poderoso agronegocio, que consideran ese límite necesario para dar «seguridad jurídica» a los grandes productores rurales.
Los dos magistrados que apoyan esa tesis fueron nombrados por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), un aliado del agronegocio bajo cuyo gobierno la deforestación tuvo un fuerte repunte.
El resultado del juicio es observado de cerca también por organizaciones ambientalistas.
Numerosos científicos consideran las reservas indígenas, protegidas por el Estado, como barreras contra la deforestación y claves en la lucha contra el calentamiento global.
El asunto también se debate en el Congreso. La cámara baja aprobó un proyecto de ley en mayo validando un límite temporal a la homologación de tierras.
Eso supuso una derrota para el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, un declarado defensor de las causas indigenistas.
Un voto sobre ese proyecto de ley está previsto la semana que viene en una comisión del Senado.
Los parlamentarios defienden que es potestad del Congreso – y no de la corte- tomar la decisión sobre la validez de esa tesis.
Lula ha ordenado hasta ahora la demarcación de ocho nuevas reservas indígenas.
Bolsonaro por su parte cumplió su promesa de no homologar un «centímetro» de tierra durante su mandato.
La decisión de la corte es una «respuesta muy importante frente al escenario de amenazas y criminalización que vivimos los últimos cuatro años», dijo a la AFP Kleber Karipuna, director ejecutivo de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Pero también es un llamamiento al gobierno de Lula para que «avance en la demarcación de tierras indígenas», añadió el dirigente, de 45 años.
Según datos de la Funai, las reservas en Brasil ocupan 13,75% del territorio del país.
En Brasil viven cerca de 1,7 millones de indígenas dentro y fuera de reservas, de los 203 millones de habitantes, según el último censo.
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