Ecuador: ¿qué sigue tras el No a la explotación de petróleo en Parque Nacional?

Pero ahora se inicia una nueva etapa, para garantizar la remediación ecológica y la vigilancia con miras a que el resultado se respete, indicaron.

Según lo establecido por la Corte Constitucional, estos resultados obligan al gobierno ecuatoriano a prohibir cualquier nuevo contrato de explotación petrolera en la zona de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), conocido como bloque 43, de la que se extraen 55 mil barriles de petróleo por día, y cuya explotación comenzó en 2016.

Ello implicará mantener bajo tierra alrededor de 726 millones de barriles de petróleo que, se estima, posee este bloque, ubicado dentro del Parque, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y hogar del pueblo Waorani, y las comunidades Tagaeri y Taromenene, las últimas en aislamiento voluntario que quedan en el país.

El gobierno, además, deberá hacer un retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera en la zona en un máximo de 18 meses, lo que significa retirar la maquinaria y cerrar los pozos en operación.

Según datos del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, aproximadamente 10,4 millones de personas participaron en este ejercicio de democracia directa, de los cuales el 58,97 por ciento votó a favor de mantener el crudo bajo tierra, mientras que el 41,03 por ciento votó en contra.

Esta es la primera vez que la ciudadanía de un país productor de petróleo ha tenido la potestad de decidir sobre los límites de la extracción del recurso, lo que sienta un precedente jurídico muy importante.

También es el resultado de una década de lucha por parte de la sociedad civil y grupos indígenas, quienes, en 2013, frente a la iniciativa del expresidente Rafael Correa de iniciar la explotación del crudo en el bloque 43, juntaron cerca de 750 mil firmas para realizar un referéndum. El esfuerzo fue bloqueado por los sucesivos gobiernos, hasta que finalmente, en mayo de 2023, la Corte Constitucional emitió el dictamen a favor de realizar a consulta.

“¡Hoy hicimos historia!”, anunció este lunes en sus redes sociales Yasunidos, organización de diversos colectivos que desde hace 10 años ha luchado para llevar a cabo la consulta. “Es la primera vez que un país decide defender la vida y dejar el petróleo bajo tierra”, celebraron.

Si bien el triunfo ha propiciado regocijo, también ha detonado reflexiones profundas sobre lo que significa para un país que atraviesa una de las peores crisis políticas y de violencia exacerbada. Solo en los días previos a las elecciones y consulta popular del domingo fue asesinado a tiros el candidato presidencial Fernando Villavicencio, así como un alcalde, un aspirante a diputado y un dirigente local del movimiento del expresidente Correa.

Los retos por delante

Tras los resultados, uno de los temas pendientes tiene que ver con la remediación ambiental. “Tendría que haber un proceso de reforestación de árboles nativos de la zona. Evidentemente la biodiversidad que había en esas hectáreas ya se perdió, sin embargo, con un proceso de remediación se puede evitar, por ejemplo, la colonización o la cacería ilegal”, dijo a SciDev.Net Pedro Bermeo, vocero del colectivo Yasunidos.

Parte del desafío de llevar a cabo esta remediación es la ausencia de datos sobre el impacto ecológico que ha tenido la industria petrolera en la reserva del Yasuní.

“Ha sido una zona que ha estado constantemente militarizada, y se ha prohibido el acceso a cualquier tipo de investigación independiente”, denuncia Bermeo.

La zona está habitada mayoritariamente por los Waorani, que viven de la caza, la pesca y la agricultura, aunque hay reportes de que varios de ellos han migrado en busca de trabajo en las compañías petroleras.

En conferencia de prensa, varios representantes de estos grupos hablaron del desastre ecológico que ha provocado la explotación del crudo en la zona, que incluye contaminación de agua y cultivos por derrames de petróleo, así como una intensa contaminación lumínica y acústica.

La sociedad civil también deberá enfrentar el embate de la industria petrolera y extractivista que, durante los meses previos a la consulta, promovió votar por no detener la explotación, con el argumento de que ello traería grandes pérdidas económicas.

El mismo gerente del Banco Central de Ecuador, Guillermo Avellán, informó en varios medios de comunicación locales que de ganar el sí, habría pérdidas de US$ 14.709 millones hasta 2043, aumentaría el déficit y se perderían 107.098 empleos hasta 2025.

Pero esas cifras son engañosas. Investigadores de la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador afirmaron en una carta publicada el 16 de agosto que “un análisis económico y de costos de oportunidad resulta incompleto sin la valoración de todos los servicios ecosistémicos e implicaciones sociales”.

Lo que sí ha permeado en algunas comunidades involucradas es la idea de que la extracción petrolera es la única vía de desarrollo. “Vamos a garantizar los derechos de las poblaciones que estuvieron secuestradas por las actividades petroleras a las que convencieron que la única manera de tener empleo, salud y educación era con la petrolera”, dijo en conferencia de prensa Esperanza Martínez, representante de la organización Acción Ecológica de Ecuador.

Para el investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, Carlos Larrea, este triunfo fue detonado por la fuerza y creatividad de Yasunidos en redes sociales. Sin embargo, dijo a SciDev.Net, no se puede descartar que el gobierno encuentre “algún artificio jurídico para violar la ley, por eso es importante mantener una movilización y una presión política muy grande”.

“Nos han bloqueado esta consulta por 10 años, no les ha importado vulnerar los derechos de la naturaleza y de los pueblos aislados, ¿por qué no lo harían ahora que ya ganó el sí? (…) La experiencia en Ecuador nos demuestra que no sólo tenemos que ganar los resultados en las urnas, sino que luego debemos defenderlos”, dice Bermeo.

Ahora, los defensores del territorio deberán presionar para que los dos candidatos que disputarán la presidencia el próximo 15 de octubre, Luisa González y Daniel Noboa, respeten el resultado de la consulta.