Bolivia.
Las comunidades indígenas de la Amazonía boliviana se han declarado en «emergencia» este sábado y anunciaron que se defenderán ante cualquier intento de explotación aurífera en sus territorios y áreas protegidas como el Madidi, una de las reservas naturales con mayor biodiversidad del mundo.
«Nos encontramos en estado de emergencia y todas las comunidades están listas a un solo llamado para poder concentrarnos y defender nuestros derechos», aseguró el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Gonzalo Oliver Terrazas.
Esta organización, que aglutina a unas 11 organizaciones indígenas del norte amazónico del departamento de La Paz, alertó sobre un «nuevo intento» de los mineros auríferos organizados en cooperativas para modificar la «zonificación» de las áreas protegidas.
La emergencia es «ante cualquier ingreso que se quiera dar, ya sea por la fuerza o intentando manipular (las normas) de forma engañosa para entrar a las comunidades del Madidi y Pilón Lajas», indicó Terrazas.
El parque Madidi, en La Paz, es una de las zonas más ricas del mundo en flora y fauna, mientras que Pilón Lajas, compartido con el departamento de Beni, está conformado por bosques secos y húmedos además de serranías.
Esta semana, los mineros auríferos dieron un ultimátum al Gobierno de Luis Arce para que hasta el 21 de agosto dé una respuesta a su solicitud de conclusión de trámites de legalización en algunas zonas de explotación, ya que de lo contrario comenzarán sus protestas.
«Queremos reivindicar (nuestras demandas) y dar a conocer el crecimiento masivo que hemos experimentado», dijo el dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), Róger Coata.
Al respecto, el Presidente de Cpilap afirmó que ese anuncio es «engañoso, manipulador además de hostigador» puesto que consideró que los mineros buscan una «modificación arbitraria» de los planes de manejo en las áreas protegidas.
Esa labor es competencia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) «en consenso pleno con los pueblos indígenas» que habitan esos territorios, remarcó Terrazas. Cpilap sostuvo que firmó un acuerdo con el Gobierno en noviembre del año pasado que impide una «rezonificación de las áreas protegidas», algo que estaba establecido en un acuerdo anterior entre los mineros auríferos con el Ejecutivo nacional.
En el último tiempo, el uso de mercurio por parte de los mineros cooperativistas para la extracción de oro en los ríos de la Amazonía boliviana ha generado una amplia discusión, por los efectos negativos que esa sustancia ocasiona en el medioambiente y en la salud humana, como daños neurológicos y otras afecciones.
Un estudio que presentó a mediados de junio la Cepilap, basado en 302 muestras de cabellos de varias personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte boliviano, estableció que los niveles de mercurio están por encima de lo permitido.
Esta semana, varias instituciones y líderes indígenas reunidos en Bolivia en el Pre Foro Social Panamazónico (Pre Fospa) se pronunciaron en contra de los proyectos extractivistas y en favor de un plan para una Amazonía «libre de minería y mercurio».
Ante esta situación, el Gobierno aprobó el mes pasado un decreto para regular el uso de mercurio en la minería y hace unos días anunció que alista dos normas adicionales que atenderán cuestiones sanitarias relacionadas a los efectos de sustancia.
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