Falta de datos enmascara crisis de opioides en México

Ciudad de México.

Ante el aumento del uso indebido de opioides como el fentanilo en la frontera norte de México, la sociedad civil y especialistas proponen un plan de acción enfocado en la reducción de daños. Señalan la necesidad de mejorar el monitoreo de muertes por sobredosis, crear estrategias de prevención y tratamiento basadas en evidencia científica y legislar para volver accesible la naloxona, medicamento que revierte los efectos de la sobredosis de estas sustancias.

Sin embargo, en un artículo publicado en The Lancet, diversas instituciones del norte de América señalan que la falta de datos de calidad es el principal obstáculo para dimensionar realmente la magnitud del problema, una limitación que también se da en otros países de América Latina.

El fentanilo es un opioide potente que puede sintetizarse en laboratorios, a diferencia de otras drogas de la misma familia que tienen que fabricarse a partir de la planta de la amapola, como la heroína. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fentanilo es aproximadamente 50 o 100 veces más fuerte que la morfina (otro opioide sintético). Forma parte de la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales para el dolor junto a sus análogos: acetil fentanilo, furanil fentanilo y carfentanilo. Sin embargo, también es sintetizado ilegalmente para su venta en el mercado negro.

Un diagnóstico realizado en 2020 por la Comisión Nacional contra las Adicciones en México detectó 73 personas que buscaron tratamiento en centros públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil por consumo de fentanilo. Además, las muertes por sobredosis subieron a 11.

Sin embargo, el artículo de The Lancet advierte que estos datos estarían subestimando la magnitud del problema, según la experiencia de organizaciones comunitarias que trabajan en “puntos calientes” de consumo de opioides como Tijuana y Mexicali en el estado de Baja California, o Ciudad Juárez en Chihuahua.

En México, la principal fuente de datos para quienes realizan investigación sobre consumo de sustancias adictivas era la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, la última data del año 2016.

Debido a esto, la primera recomendación del artículo es crear mecanismos y materiales adecuados para medir la magnitud del problema del consumo de opioides en el país. Sin esos datos “lo que nos queda es información fragmentaria y producto de la experiencia de quienes trabajan con los usuarios en la frontera”, explica a SciDev.Net Jorge Javier Romero Vadillo, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y coautor del estudio.

Jaime Arredondo Sánchez Lira, investigador de salud pública en la Universidad de Victoria, Canadá, quien también colaboró en el artículo, añade que la falta de datos es una de las primeras problemáticas que enfrentan quienes hacen ciencia sobre consumo de drogas en México. Enfatiza que la Ley General de Salud mexicana establece que la política de drogas debe estar fundamentada en estudios científicos.

Pese a ello, “no sabemos ni siquiera cómo están las tendencias en cuanto a consumo en nuestro país. […] Estamos en 2023 y los tomadores de decisiones siguen citando números del 2016, lo cual es un absurdo”. Agrega que en los últimos años han ocurrido transformaciones importantes, como el aumento en el uso de fentanilo y la semilegalización de la marihuana en los Estados Unidos.

Angélica Ospina, psicóloga y experta en estudios de población, quien no participó en el artículo, coincide en la necesidad de recopilar mejores datos.

Añade que ninguno de los actores involucrados en la atención a personas que usan drogas tiene toda la información, “por eso me parecen importantes los observatorios comunitarios epidemiológicos de sustancias. Me parece que debería ser un esfuerzo donde la sociedad civil junto a la academia y responsables estatales se unan para ver qué datos tenemos”.

Pero no solo en México

La falta de datos en torno al consumo de drogas es un problema compartido en la región de América Latina y el Caribe, afirma Pablo Cymerman, psicólogo y director ejecutivo de la Asociación Civil Intercambios, de Argentina. Y aclara que “el consumo de opiáceos está muy restringido a lugares focalizados: en algunas zonas de Colombia y la frontera de México con Estados Unidos”.

Según el informe The Global State of Harm Reduction 2022, la cocaína es la droga más usada en la región, con un estimado de 4,7 millones de consumidores, más del doble del cálculo hecho en 2010, que llegaba a 1,8 millones de consumidores.

Como alternativa a la prohibición, Cymerman aboga por medidas orientadas a la reducción de riesgos en el consumo de estas sustancias.

Define este enfoque como “una política de salud pública que acepta el hecho de que el uso de drogas ha existido a lo largo de la historia de toda la humanidad y que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para querer reducirlos, no ha funcionado. Por lo tanto, tenemos que aceptar esa realidad y ver cómo hacer para darle a las personas herramientas para que puedan lidiar con una práctica que tiene riesgos”.

Por ejemplo, en Argentina, Intercambios tiene el Proyecto de Atención en Fiestas (PAF!) donde proveen de un espacio seguro a personas que consumen drogas en eventos musicales. En México, algunas organizaciones han implementado salas de consumo seguro de opioides, distribución de jeringas nuevas y de naloxona para revertir la sobredosis de opioides.

Sánchez Lira advierte que la militarización de la seguridad pública ha implicado un retroceso en México. “Nosotros ya demostramos cómo hay un impacto positivo cuando capacitas a las policías, pero ahora lo que tenemos son los militares en las calles. Me ha tocado ver cómo confiscan las jeringas y las naloxonas que nosotros damos en la calle”, denuncia.

 

Por: Roberto González