Donde no hay médicos, hay parteras: la realidad del Pacífico colombiano

Colombia.

En el municipio de Iró, en el departamento colombiano del Chocó, las mujeres embarazadas recorren 50 pasos desde la casa de la partera ‘Chilina’, hasta el Centro de Salud Santa Rita para someterse a un chequeo médico.

‘Chilina’ les brinda atención y les aconseja seguir las recomendaciones médicas para garantizar un embarazo saludable. Aunque muchas mujeres prefieren parir en casa con parteras en vez del centro de salud, donde no hay ni aire acondicionado para sobrellevar el duro trabajo de parto, dijo Francisca Córdoba, partera de istmina.

“Porque en donde nosotros vivimos no hay centro de salud como ya le habíamos comentado. Entonces si no hay una partera no hay quien reciba un bebé. Antes había un centro de salud donde había una enfermera y luego había un enfermero, ese centro de salud se cayó, y hasta el momento, no hubo quien lo reparara”, dijo.

Las fachadas pintadas por el clan del Golfo han sido tapadas por las del ELN en el territorio, en un alarde de control que amenaza y calla. La presencia de estos grupos unida a la ausencia estatal, evidencia una falta de centros y personal médico, y por ende, más enfermedades y muertes prevenibles que en el resto de Colombia.

La tasa de natalidad en el Chocó es casi tres veces mayor que la media nacional, habló Manuel a Mosquera presidenta de la Asociación de Parteras del Chocó: “Podemos decir que el 90% de la muerte materna en el Pacífico han sido prevenibles, pero quién me cierra las brechas de los territorios, quién me cierra las brechas de la violencia armada, que es la que me impide levantarme y moverme a cualquier hora con una materna, quién me cierra las brechas de la violencia intrafamiliar. Hay muchas cosas, el hambre, las necesidades que viven muchas maternas, que cuando buscan ayuda ya no hay nada que hacer”, apuntó.

La solución sería una mejor articulación con la medicina y que los médicos las respetaran y reconocieran que con su conocimiento han salvado vidas. La Corte Constitucional obligó al gobierno a que las integre en el sistema de salud y les dé un incentivo por su invaluable trabajo durante la pandemia, pero hasta ahora, no saben cuánto les van a pagar.