Brasil: proyecto de ley equipara aborto legal con homicidio

Por: Washington Castilhos | SciDev América Latina.

Diputados conservadores brasileños aprobaron apresuradamente el régimen de emergencia para la votación de un proyecto de ley que establece un límite de 22 semanas de gestación para que una mujer pueda interrumpir un embarazo. Luego del aborto, podría enfrentar una pena de 6 a 20 años de prisión, equivalente al delito de homicidio simple.

Con este régimen de urgencia, el texto va directamente a votación en el plenario de la Cámara, sin pasar por comisiones. De aprobarse, quedará sujeto a la decisión del presidente.

La ley actual, de 1940, no establece límites gestacionales en ninguna de las tres permisivas legales del país: embarazo producto de violación, riesgo para la vida de la mujer y gestación de fetos anencefálicos (una anomalía que afecta la formación del cerebro e inviabiliza a vida).

En particular, la propuesta afecta el derecho al aborto de las víctimas de violación, porque las dificultades para acceder a servicios legales de aborto pueden implicar que el procedimiento se realice en etapas más avanzadas del embarazo.

El proyecto provocó protestas públicas en un país donde 80 por ciento de las víctimas de violencia sexual son niñas menores de edad. Sólo en 2022, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, se registraron 74.930 violaciones de niñas de 10 a 13 años, la cifra más alta de su historia.

Para la antropóloga Débora Diniz, establecer un límite gestacional empeora una situación ya trágica. “Estas niñas llegan tarde a los servicios porque son violadas en casa, lo que dificulta la identificación de estos casos”, afirmó Diniz a SciDev.Net. La experta es profesora de la Universidad de Brasilia (UnB) e investigadora del Anis – Instituto de Bioética, una de las organizaciones responsables de la iniciativa que permitió interrumpir el embarazo en caso de anencefalia, en 2012.

Muchas niñas acaban teniendo hijos con sus agresores, normalmente hombres cercanos a ellas, como padres, padrastros y tíos. Según una publicación del Ministerio de Salud (2018), de las 49.489 notificaciones de violación entre 2011-2016, 9.467 casos (19,5 por ciento) resultaron en el nacimiento de uno o más niños vivos.

Fátima Marinho, coordinadora de este estudio y ex directora del Departamento de Prevención de Enfermedades Crónicas y Problemas de Salud y Análisis Epidemiológico del ministerio, afirmó que la atención después de una violación continúa fracasando. “El Estado no atiende completamente a las niñas. Están teniendo hijos a través del Sistema Único de Salud, pero eso significa que no se están tomando las medidas adecuadas luego de la denuncia de violación”, dijo a SciDev.Net.

“Es un país con niñas que son violadas y obligadas a ser madres. Y este proyecto no se propone mejorar la atención, sólo se preocupa por castigar a la víctima”, señaló a SciDev.Net la abogada de derechos humanos Beatriz Galli, asesora de políticas y promoción de la Red Global IPAS.

Los abortos después de las 20 semanas no son comunes, pero son necesarios en circunstancias como malformaciones incompatibles con la vida, enfermedades de mujeres embarazadas y en casos de niñas violadas.

“Ni siquiera saben qué es el embarazo. Sólo lo notan cuando la barriga se hace visible, a los cuatro o cinco meses. Además, tienen miedo de las amenazas y de la culpa”, comentó a SciDev.Net el ginecólogo Olímpio Moraes, director médico del hospital vinculado a la Universidad de Pernambuco (UPE), donde, en 2020, fue atacado por religiosos radicales por interrumpir el embarazo de una niña de 10 años, violada por su tío.

Para la obstetra peruana Susana Chávez, directora de PROMSEX – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI, el proyecto de ley brasileño va en contra de los avances observados en otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile, México y Ecuador.

“Muchos de los países de la región incorporaron el aborto por violación en su enfoque integral de salud. Al criminalizar la medida, este proyecto hace retroceder a Brasil”, dice Chávez a SciDev.Net.

Disputa con la Corte Suprema

Si el proyecto se transforma en ley, las víctimas enfrentarán una pena mayor que sus abusadores: ellas, hasta 20 años (sentencia máxima por homicidio simple); ellos, hasta 10 años (pena por el delito de violación).

“Quien mata a un ser humano comete homicidio, de ahí la equiparación de la pena”, respondió a SciDev.Net el diputado federal Sóstenes Cavalcante (Partido Liberal), uno de los autores del proyecto.

El diputado admitió que el proyecto es una reacción contra el Supremo Tribunal Federal (STF), por haber suspendido una resolución del Consejo Federal de Medicina (CFM) que prohibía el uso de una técnica clínica (asistolia fetal) para la interrupción de embarazos de más de 22 semanas. También informó que hay un acuerdo con el presidente de la Cámara para llevar el proyecto al Plenario a finales de este año.

La diputada federal Maria do Rosário (Partido de los Trabajadores), parlamentaria que votó contra la urgencia del proyecto, destaca la falta de competencia de la Cámara para decidir sobre un procedimiento médico y lamenta la utilización de víctimas de violación en este conflicto con el STF . “Utilizaremos todos los instrumentos regulatorios para que el asunto no llegue al plenario y quede archivado”, informó a SciDev.net.

En la clausura de la Cumbre del G7 en Italia (13 al 15 de junio), el presidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que “es necesario tratar el aborto como un problema de salud pública”, y que “querer castigar a la mujer con una pena mayor que al criminal es una locura”.

Varias instituciones se pronunciaron en contra del proyecto, entre ellas el Consejo Nacional de Salud y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC). Por el momento, la ministra de Salud, Nísia Trindade solo declaró en las redes sociales que “es necesario garantizar la atención en el Sistema Único de Salud a las niñas y mujeres víctimas de violación y cuya vida está en riesgo”.